Cuenta regresiva para las Olimpíadas.
O ¿para el desalojo en Brasil?
Robo a los desposeídos
Son familias que, a diferencia de todo el mundo, no esperan el inicio de los mega eventos deportivos y tampoco ansían una ola en los estadios de fútbol, que nunca tuvieron un gusto tan amargo.
TEXTO: TATIANA LIMA
TRADUCCIÓN: JOANA MONCAU
FOTOS: TATIANA LIMA Y AGENCIA NÚCLEO PIRATININGA DE COMUNICAÇÃO
Fuente: Desinformémonos
Río de Janeiro, Brasil. La elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos fue motivo para que el alcalde Eduardo Paes decretara el expediente facultativo en la ciudad, con la intención de garantizar playa llena y un espectáculo de imágenes para las agencias internacionales. El apoyo de la población local a la realización de los Juegos Olímpicos en la ciudad debería parecer irrefutable. Con sol, samba y fiesta en las arenas de Copacabana, el clima de carnaval se fortaleció y la población hizo su parte conmemorando ampliamente la victoria de Río de Janeiro como ciudad sede de los Juegos Olímpicos del 2016.
Una alegría distinta a la realidad diaria de mujeres, hombres y niños de poblaciones pobres que son amenazadas de remoción por la alcaldía de Río de Janeiro. Son familias que, a diferencia de todo el mundo, no esperan el inicio de los mega eventos y tampoco ansían una ola en los estadios de fútbol, que nunca tuvieron un gusto tan amargo. Sus casas están en el trayecto de intervenciones urbanísticas que serán realizadas para construir las sede del Mundial (2014) y las Olimpíadas. Está prevista la remoción de 130 favelas antes de las Olimpíadas para la construcción de tres grandes vías: Transcarioca, Transoeste y Transolímpica.
Por esta causa, 50 mujeres se dirigen una mañana lluviosa al Aeropuerto Internacional del Río de Janeiro, para protestar en contra de los despojos en comunidades pobres de la ciudad. Vestidas de rojo –en sus playeras se leía el mensaje: Ciudad ¿para quién?– las manifestantes denunciaban las acciones del poder público que califican como “limpieza social”.
En el acto nombrado “Mujeres en contra el apartheid social de los mega eventos”, no se intimidaron por la poca atención de los pasajeros de la sala de desembarque internacional del aeropuerto. “Estamos aquí para llamar la atención de la sociedad sobre la discriminación del alcalde a los pobres. Yo vivo hace más de 40 años en el área de la Barra de Tijuca. Somos mujeres que tenemos hijos, nietos y bisnietos ahí. Llegamos antes que los ricos y de los hijos de la clase media. ¿Por qué soy yo quien tiene de salir?”, cuestiona Vera, una habitante de la comunidad de Villa Autódromo, sin importarle que un ejecutivo se reía de la manifestación mientras tomaba su café.
En total, activistas contabilizan dos mil 92 personas expulsadas de sus casas; tan sólo en Río de Janeiro, suman un total de 523 familias. Ante tantas remociones, activistas sociales dispusieron de un contador de despojos en internet para denunciar las expulsiones. “Los funcionarios de la alcaldía están derrumbando las casas en la madrugada, a las dos de la mañana para que la gente no pueda llamar a los medios de comunicación”, contó Vera.
El robo del derecho a la vivienda
Las comunidades de Restinga, Vila Recreio II y Vila Harmonia, con el apoyo de la Red de Comunidades y Movimientos en Contra la Violencia, de la Pastoral de Favelas y del Consejo Popular, ya hicieron una denuncia de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA). En el documento señalan que a nombre de los mega eventos deportivos la esfera pública ha violado derechos sociales recurriendo a prácticas de despojos forzados para realizar intervenciones urbanísticas que hieren las legislaciones de planeamiento urbano y ambiental. De modo sistemático, según la denuncia, el poder municipal falta a la transparencia pública y niega la participación de la población en las decisiones referentes a los reasentamientos.
La alcaldía alega que no hay modo de ejecutar las obras sin que se realice la transferencia de las familias. Entre los principales motivos de las protestas están la falta de preocupación por evaluar los impactos de las remociones para los afectados y el hecho de que no hay alternativas para el trayecto de las obras, además de la falta de respeto en los procedimientos previos a las reubicaciones de las comunidades.
Lo que para el poder público es un simple “reasentamiento”, para las familias es una mudanza total de las formas de vida y del acceso, aunque precario, a los derechos. Si la remoción en sí es ya algo grave, la “remoción sumaria” es todavía peor, ya que se caracteriza por el despojo forzado, sin ningún diálogo o información a las personas afectadas. Los reasentamientos realizados por la alcaldía de Río de Janeiro, se encuentran justamente en este último tipo de remoción.
La denuncia también fue realizada por la propia relatora de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, Raquel Rolnik. En su blog, la relatora clasificó como “un abuso de poder y un verdadero estado de excepción” las remociones “sumarias” ocurridas en la comunidad de Vila Harmonia, en el Recreio de los Bandeirantes, en la zona oeste do Río de Janeiro. “Muchos describen las escenas como las de una batalla: ropas, objetos personales, maletas, todo tirado en el suelo, en la orilla de la vía por donde transitan continuamente camiones, automóviles y, ahora, personas sin un lugar a dónde ir o volver”, sigue.
Según relatos de habitantes de Vila Harmonia hechos a defensores públicos del Núcleo de Tierras y Habitación (NUTH) de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, durante la madrugada del 18 de diciembre del 2010, policías irrumpieran en las casas expulsando a las familias y amenazando a todos con llevarlos a prisión. El manifiesto publicado en el “blog Pela Moradia” describe esta situación desoladora: “Personas desorientadas, ofendidas en su dignidad de seres humanos, le robaron uno de los derechos más fundamentales: la vivienda”.
Una de las habitantes removidas, mencionó a los defensores públicos que esa acción de la alcaldía obligó a los familiares a separarse, pues fueron forzados a pasar la noche en distintos lugares. Otra habitante, que se mantiene firme en la resistencia a la remoción, dijo estar sintiéndose impotente al “ver un amigo en el suelo, necesitado de ayuda y la alcaldía pasando por encima de él en nombre de lo que ellos llaman progreso”.
Además, de acuerdo con la defensora pública del NUTH, Adriana Brito, que acompaña el caso de diversas comunidades, la alcaldía ya dejó claro que no está abierta a cualquier negociación. “Los habitantes no tienen acceso al proyecto y, aun cuando la Defensoría Pública pida el proyecto de las obras, le niegan la información. La presión psicológica en la comunidad es intensa”, cuenta.
De hecho, con tractores, policías y funcionarios del gobierno frente a sus casas, las familias se sienten presionadas y terminan por aceptar devaluadas indemnizaciones. O, peor, ser reubicadas en una vivienda popular ubicada muy lejos del área en que vivían y tenían raíces.
El la mayoría de los casos, el departamento ofrecido por la alcaldía es subsidiado por el programa federal de Habitación “Mi casa, mi vida”. El sistema de contrato utilizado, entretanto, apenas otorga la propiedad del departamento al contratante cuando éste termina de sufragar todos los pagos previstos. En la práctica, las familias salen de sus casas y asumen una deuda de años con la Caixa Econômica Federal (uno de los bancos públicos brasileños). Además, con el bajo valor de la parcela (50 mil reales, aproximadamente 30 mil dólares), muchas familias no tienen cómo pagar o ni siquiera saben que hay una deuda por ser pagada.
“La alcaldía quiere pasar el tractor, no le importa cómo”, dice defensora pública
Uno de los grandes argumentos de la alcaldía es calificar a las comunidades pobres de invasoras y de ocupar irregularmente el suelo, pues muchas no poseen el registro del inmueble. Sin embargo, como destaca Raquel Rolnik, el derecho a la vivienda está garantizado y figura jurídicamente en la Constitución Federal de 1988, así como en el Plan Director de las Ciudades, reconocido por el Ministerio de las Ciudades.
Para la relatora de la ONU, “es una arbitrariedad la acusación de la alcaldía de que las personas son invasoras”. Ella destaca que Brasil es signatario de legislaciones internacionales que establecen una serie de procedimientos para la transferencia de las familias en caso de obras de infraestructura y de urbanización. “Existen protocolos a seguir que no están siendo cumplidos. Además de eso, la integridad de las personas no puede ser violada, independientemente de tener o no el título o documentación formal relacionados a su casa o tierra”, destaca.
De acuerdo a la defensora pública del NUTH el proceso de remoción no es transparente. “La alcaldía entra con acciones de despojo y cuando logramos evitar el barrido de las demoliciones, se recurre a todos los mecanismos para derrumbarlas. En el mismo instante que lo logran ya tienen un equipo allá en la comunidad para demoler las casas, es casi automático”, explica Adriana Brito.
Tanto las leyes municipales de la ciudad de Río de Janeiro, como las de ese estado, determinan que la remoción de moradores debe ser realizada apenas corra riesgo una vida. Además, exigen la participación de la comunidad interesada y de las entidades representativas en el análisis y definición de las soluciones, ya sea el asentamiento en localidades próximas a los lugares de la vivienda o del trabajo, o, en caso necesario, el desplazamiento.
No se están cumpliendo esas leyes. De hecho, la Secretaría Municipal de Habitación no ha negociado de forma colectiva y tampoco discutido una solución para la transferencia de la comunidad junto a los habitantes.
Según la legislación, la alcaldía también tendría la obligación de conceder un plazo para que las familias desocupen la región después de la notificación da remoción. Sin embargo, no es esa la postura adoptada. En un documento expedido por la alcaldía para el desalojo en la Comunidad Vila Harmonia, en octubre del 2010, la alcaldía establece un plazo de “cero” días para la salida de los moradores a partir del recibimiento del oficio. En otro documento emitido para la misma comunidad, los habitantes son notificados de que deben dejar sus casas inmediatamente. Sobre ese tipo de postura, Adriana Brito es enfática: “La alcaldía quiere pasar con el tractor, no importa cómo”.
En la denuncia hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los casos que más llamó la atención fue el de Francisca, habitante de la Vila Recreio II. Como muchos en esta comunidad, Francisca vivía al fondo de su casa y al frente tenía un comercio, una pequeña tienda que era su fuente de ingresos. Un día después de la demolición de su negocio, en un intento desesperado por evitar que derrumbasen también su casa, estuvo amarrada durante horas en el portón de entrada para impedir el paso. Finalmente, aceptó salir y mirar la demolición. Corría el 17 de diciembre, Francisca se quedó en la calle con todos sus productos de trabajo y sin ninguna protección. En la alcaldía, según la denuncia enviada a la OEA, cuando ella fue recibir el dinero de la indemnización la obligaron a firmar un papel, donde renunciaba a cualquier derecho de protestar por el valor del pago.
Cabe destacar que en las acciones de despojo, la Secretaría Municipal de Habitación no acepta negociar indemnizaciones para los pequeños comercios de los moradores, como era la tienda de Francisca. Y, según Adriana Brito, las indemnizaciones pagadas por la alcaldía se calculan apenas por las mejoras, sin tomar en cuenta el valor inmobiliario del local en que se ubica la comunidad. Raquel Rolnik señala para la ilegalidad de dicho procedimiento: “Los moradores tienen derecho de recibir una indemnización de acuerdo al valor financiero e inmobiliario real y relativo a la localidad de las residencias, además de las mejoras”.
La defensora pública llegó incluso a cuestionar el valor de las indemnizaciones en reunión con el secretario municipal de Habitación, Jorge Bittar. Para Adriana Brito, el valor mínimo de la indemnización tendría que ser igual a lo valor del departamento popular del programa “Mi casa, mi vida”, a donde la alcaldía reenvía a las familias que aceptan ser removidas. El valor del inmueble es de 50 mil reales (30 mil dólares). Mientras las indemnizaciones pagadas por la alcaldía varían entre tres mil reales (mil 800 dólares) y quince mil reales (nueve mil dólares).
Tras bambalinas: la especulación inmobiliaria
La Villa Autódromo es una de las comunidades ubicadas en la zona oeste, Barra da Tijuca, región que, a lo largo de veinte años, alcanzó una fuerte expansión inmobiliaria. Una mirada más atenta a esta comunidad amenazada de remoción nos ayuda a entender por qué las comunidades de esa región son las que más han sufrido con los despojos forzados. También ayuda a contestar una simple pregunta: al fin y al cabo, ¿quién gana y quién pierde con el proceso de construcción del Mundial y de las Olimpiadas?
La comunidad de Villa Autódromo fue fundada hace más de 40 años por pescadores que vivían a la orilla de la Laguna de la Barra, que se juntaron a los caseros que allí vivían con sus familias. En el periodo de construcción del Autódromo, la región comenzó a ser poblada por emigrantes y desempleados que buscaban trabajo en las obras que entonces se estaban realizando. Más tarde, la región recibió a universitarios, maestros y servidores públicos.
Fue esa red social mixta la que garantizó las condiciones de vida en la comunidad con un sistema de “mutirões”. Eran los propios habitantes quienes construían, no sólo sus casas, sino todo el espacio urbano, incluyendo calles, red de distribución del agua, sistema sanitario y espacios de convivencia, como cancha de fútbol, iglesia y la sede de la Asociación de Moradores, Pescadores y Amigos de Villa Autódromo (Ampava). La maestra Inalva Mendes, una de las moradoras más antiguas de la comunidad, recuerda: “Había un vecino que tenía una combi, hacíamos compras todos juntos porque era el único carro de la comunidad”.
De hecho, la organización social de Villa Autódromo llama la atención. La conciencia de que la tierra no es mercancía nace de la necesidad, pero también de la inspiración en los movimientos sociales del campo y de la ciudad, de toda la América Latina. El estatuto de la Ampava, por ejemplo, fue fundamentado en el estatuto de barrio de Cuba.
Con el avance de la urbanización, la ciudad descubrió los placeres de la Barra da Tijuca. Como consecuencia, llegó el modelo de ciudad de los departamentos y condominios de lujo que acarreó la elevación en los precios de los terrenos de la región, cercados por mata, mar y lagunas. Comenzaron entonces las amenazas de remoción en la comunidad de Villa Autódromo.
La primera remoción ocurrió en 1992, cuando el municipio de Río de Janeiro alegó “daño estético y ambiental” en una acción judicial que pedía la retirada total de la comunidad. En la época, la Barra da Tijuca ya despuntaba como el nuevo centro para emprendimientos inmobiliarios, comerciales y deportivos, exigiendo, como bien tradujo el procurador del municipio, una nueva “estética”, en la cual los pobres no estaban incluidos.
La Villa Autódromo se organizó. Como respuesta a la tentativa de expulsión en 1994, logró integrarse al programa de regularización agraria. Con eso, el estado, que es el propietario de la tierra, reconocía a la Villa el derecho de uso del área para vivienda y le daba concesión de posesión por 40 años. El gobierno estatal que se siguió, postergó la concesión de posesión por 99 años más. Al mismo tiempo, los moradores de Villa Autódromo articularon su defensa jurídica para impedir la remoción judicial de las casas, demostrando la fragilidad de los argumentos municipales en un litigio que se arrastra hasta hoy.
Pasaron años hasta la llegada de los Juegos Panamericanos y, con ello, las nuevas amenazas de despojos, en el 2007. Nuevamente, la alcaldía no logró remover a los habitantes, que se organizaron jurídicamente e impidieran la remoción de las casas. Ahora, desde el anuncio de Río como ciudad sede de los Juegos Olímpicos, el poder público retoma el intento de remoción de los habitantes del lugar. Primero, con la disculpa de que necesita el terreno para la construcción del Centro de Medios para el evento. Después, con la transferencia de esa instalación para la zona portuaria de la ciudad, el gobierno afirmó que el área donde se localiza la comunidad sería utilizada como “espacio de seguridad”, destinado a garantizar la seguridad de los atletas y periodistas que circulasen por los equipamientos deportivos. Finalmente, la alcaldía alegó que el área no era apropiada para la urbanización.
Sin embargo, ante la escasez de argumentos para la remoción de los moradores, el mismo proceso que acusaba a la comunidad de “daño estético” y destrucción del medio ambiente resurgió. Con base en esos argumentos, el pasado 16 de febrero, la jueza Cristiana Aparecida de Souza determinó la remoción de parte de la comunidad de Vila Autódromo, decisión que afectará principalmente a las personas que viven cerca de la Laguna de Jacarepaguá. Según informaciones de la Defensora Pública, cabe el recurso a la sentencia.
Sobre la determinación de la jueza, Raquel Rolnik es enfática: “Jurídicamente es absolutamente lamentable que una jueza brasileña desconozca la Constitución del proprio país y de los tratados internacionales que Brasil ratificó. Es una decisión que no respeta el derecho constitucional a la vivienda”. Y concluye: “Es para desconfiar, que en nombre de los eventos deportivos sean juzgadas de modo positivo las remociones de comunidades pobres en asentamientos en áreas de lagunas. No estoy segura de que la jueza sepa, pero casi toda la región de Barra da Tijuca es de laguna y hay muchos condominios que circundan sus márgenes. Entonces, se trata de una decisión discriminatoria”.
Existen diversos conjuntos inmobiliarios vecinos a la Villa Autódromo e inmunes a las políticas de remoción. Uno de ellos es el Condominio Río 2, construido en el 2007 y ya habitado. También existe un conjunto de habitación para funcionarios de la aeronáutica, que cuenta incluso con casas a la orilla de la laguna. Además, hay también un gran proyecto que está en la fase inicial de construcción: el Condominio Cidade Jardim.
En la publicidad promocional del Cidade Jardim ofrecen, para aquellos que decidan residir allí, un árbol con el nombre de la familia del nuevo propietario grabado en ella. Esta sería apenas una muestra del perfil atribuido al condominio: el de la responsabilidad socio-ambiental. “Comportamiento social, colecta selectiva, reutilización del agua, sólo sirve para ellos, para la clase media y para los ricos. Este discurso no se aplica a los pobres, porque para el gobierno nosotros no somos portadores de derechos”, comenta Inalva Mendes. Un departamento de dos cuartos en dicho Condominio cuesta cerca de 270 mil reales (unos 163 mil dólares). Los departamentos de tres cuartos llegan a valer 510 mil reales (307 mil dólares).
El actual alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, intenta retirar la comunidad de Villa Autódromo de la región de la colonia de Barra da Tijuca desde 1993, cuando era subalcalde de la región. Desde entonces existe la acción civil pública en contra los moradores, la misma que ahora amenaza la comunidad.
En Villa Autódromo viven cerca de 60 pescadores profesionales reconocidos por organismos oficiales. Los habitantes preservan el libro de registro que confirma que fueron realizados cursos de preservación ambiental ofrecidos por oficiales de la Marinea Brasileña a los moradores. Además de eso, ellos tienen permiso para realizar la actividad de acuicultura. La comunidad creció y hoy hay allí más de 900 familias.
La remoción de Villa Autódromo transgrede la legislación brasileña y la mayoría de los principios y compromisos internacionales adoptados por Brasil sobre la efectividad de los derechos de la ciudad. De la Constitución Federal al Estatuto de la Ciudad, de la Agenda Habitat a las observaciones generales de la ONU sobre el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pasando por la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad elaborada por los movimientos sociales, es posible encontrar fundamentos para un total rechazo al “reasentamiento” que pretenden realizar en Villa Autódromo.
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