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domingo, 23 de junio de 2013

Brasil: el rostro que se mantenía oculto

Río de Janeiro: de la ciudad maravillosa a la ciudad-negocio
Los indignados de Brasil
Raúl Zibechi
Publicado en La Jornada. 23 de junio de 2013
Este reportaje vislumbró los acontecimientos actuales en Brasil. Fue publicado originalmente en el sitio kaosenlared.net el 26 de diciembre de 2012



Marcan tres letras, SMH, y un número, y ya se sabe que las van a derribar. A simple vista, una de cada tres o cuatro casas de Villa Autódromo están marcadas.





Inalva Britos es profesora jubilada de 66 años. Hija de emigrantes nordestinos, tres décadas atrás llegó a la villa que era un refugio, una isla de libertad bajo la dictadura militar. El barrio se pobló con militares expulsados del ejército, profesores y pescadores. Ahora integra el Comité Popular de la Copa y Olimpiadas, ya que los megaeventos amenazan desalojar a quienes llevan treinta años viviendo junto al autódromo.

La ciudad maravillosa se ha convertido en el lugar de mayor concentración de inversiones públicas y privadas del mundo, gracias a los grandes eventos de esta década: la conferencia Río+20 celebrada en 2012, el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, a lo que deben sumarse los Juegos Mundiales Militares de 2011 y la Copa Confederaciones de 2013. Se calcula que hasta 2020 la ciudad recibirá mil millones de dólares para obras de infraestructura, servicios e industria.

Los megaeventos van de la mano de megaemprendimientos, que están radicados en tres lugares y tienen como trasfondo el petróleo de la capa pre-sal, puertos, siderurgia y mineral de hierro: el complejo de Açu en el norte de la ciudad, para la exportación y procesamiento de mineral de hierro que proviene de Minas Gerais; el puerto maravilla, que supone la remodelación del centro para convertirlo en espacio turístico; y la bahía de Sepetiba, al oeste, donde se trasladará la operativa del puerto de Río.

Estas gigantescas inversiones tienen su cara oculta: el desalojo de miles de familias y la consolidación de un modelo de seguridad que militariza la pobreza, como asegura el último informe de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento del estado de Río. En 2011 fueron desaparecidas 5 mil 488 personas, hubo 4 mil 280 homicidios y 524 ejecuciones sumarias bajo la modalidad de autos de resistencia, figura legal nacida en la dictadura.

La policía de Río tiene el récord mundial de muertos en enfrentamientos armados, asegura el informe de la comisión. En Sao Paulo la policía provoca 0.97 muertos cada 100 mil habitantes, en África del Sur 0.96 y en Río 6.86. En Sao Paulo la policía detiene a 348 personas por cada muerto que provoca, mientras en Río son apenas 23 detenidos por muerto.

Polvo de plata
 
Marta se arrellana en el sillón, alisa el pañuelo que le cubre el pelo, tan oscuro como su piel y saca unos frascos pequeños de su bolso. Cada frasco está prolijamente tapado con un corcho y sobre sus laterales aparecen dos símbolos: una calavera negra y una mano con las letras TKCSA. Dentro, un polvo gris brillante que recoge cuando barre el patio de su casa, a 500 metros de la chimenea de la enorme siderúrgica.

Estamos en la casa de Telma, en la periferia de Santa Cruz a poca distancia de la mayor siderúrgica de América Latina, la Compañía Siderúrgica del Atlán­tico de la alemana Thyssen Krupp (TKCSA). La ciudad de más de 200 mil habitantes está a una hora de Río junto a la bahía de Sepetiba, refugio de aves endémicas y migratorias por sus bosques y manglares. Por ser un ambiente marino de transición, estuarios donde convergen aguas marinas y dulces de los ríos, es lugar privilegiado para la pesca.

Santa Cruz forma parte de la periferia oeste de Río, la más pobre y la que más creció en las últimas décadas. Llegamos luego de atravesar Barra de Tijuca, la zona residencial de las clases medias altas, en la misma franja costera de las célebres Copacabana, Ipanema y Leblon. La región sur de la ciudad, la que concentra los mejores servicios y la edificación lujosa, parece apenas un paréntesis entre las favelas del centro de Río y esta región oeste, dormitorio de trabajadores y subocupados.

En los planes gubernamentales figura convertir la bahía de Sepetiba en un gran polo siderúrgico y portuario, junto al vecino puerto de Itaguaí donde la marina desarrolla su programa de submarinos nucleares. En la década de 1980 se desarrollaron dos polos industriales en Santa Cruz, cuyos efluentes dañaron manglares y pesca. En 1986 la región litoral de la bahía fue declarada área de protección ambiental.

El nuevo ciclo de desarrollo de Brasil llevó a la bahía a la petrolera Petrobras, a las siderúrgicas Gerdau y TKCSA, y varias empresas de menor tamaño. Entre ellas promueven la construcción de un enorme puerto, que se suma al puerto y astillero de la marina en Itaguaí, con capacidad para drenar 50 millones de toneladas de mineral de hierro. Sepetiba se convierte en el puerto alternativo al de Río de Janeiro.

Las grandes obras tienen impactos poderosos. Para tener idea del tamaño del proyecto, los miembros del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) aseguran que la obra para construir la siderúrgica TKCSA (que produce 10 millones de toneladas anuales de acero) ocupaba un espacio similar a la suma de los barrios cariocas de Leblon e Ipanema.

Hasta la llegada de la industria la población vivía de la pesca y la artesanía, estaba integrada por quilombolas, indios, pescadores artesanales y pobladores del litoral marítimo. La primera agresión que sufrieron fue el desalojo de 75 familias del MST que estaban acampadas en el predio que ocupa TKCSA, donde acampaban desde hacía cinco años viviendo de la agricultura.

La segunda agresión afecta a los pescadores. La TKCSA no pudo instalarse en el estado de Maranhão, en el nordeste, por la potente movilización de pescadores, ambientalistas, sindicatos, iglesias y autoridades. Ahora las aguas de la bahía están contaminadas con cadmio, plomo y zinc. Como consecuencia de la instalación de equipos y de la masiva circulación de barcos de gran calado amplias zonas de la bahía están excluidas para la pesca. Más de 8 mil pescadores se quedaron sin su fuente de vida.

El tercer impacto es sobre la población en su conjunto. La Secretaría de Medio Ambiente del estado calculó que la TKCSA eleva 76 por ciento las emisiones de CO2 en Río de Janeiro y emitirá 12 veces más gas contaminante que toda la industria del estado. El hierro en el aire aumentó mil por ciento, según estudios oficiales.

Los resultados son evidentes. Miguel, pescador desde hace cuatro décadas, asegura que sacaba hasta 80 kilos de corvina y parati y que ahora apenas recoge tres kilos cuando sale con su barca. Los 8 mil pescadores estamos desempleados y en trabajos informales, se queja con rabia e impotencia. Nueve asociaciones de pescadores artesanales están denunciando la contaminación y resistiendo la siderúrgica.

La lluvia de plata que recoge doña Marta en sus frascos es consecuencia de que la empresa almacena arrabio en pozos al aire libre que termina siendo arrastrado por el viento. Las autoridades ambientales desconocían la existencia de esos pozos y la TKCSA aún no tiene autorización legal para operar.

Como sucede en todos los casos de agresión ambiental y social por las grandes empresas, la población está dividida. Los pobladores organizados son apenas un puñado, aunque las organizaciones de pescadores y profesores rechazan la siderurgia. Hay miedo, dice Marta. Ellos son poderosos y fuertes y los vecinos se sienten pequeños, aunque todos saben que algo malo está pasando con su salud. Alude a la multiplicación de afecciones respiratorias, de la vista y la piel.

Agrega que como las empresas modificaron el curso del río, los barrios más pobres se inundan cada vez que llueve. La palabra milicias se pronuncia en voz baja. Nadie se atreve a preguntar y los pobladores nunca hablan del tema ante desconocidos. Estas bandas armadas ilegales de policías, bomberos y militares, controlan, en todos los barrios pobres y en las favelas, el transporte, la distribución del gas y la seguridad del pequeño comercio.

Las milicias trabajan junto al poder político local y del estado de Río de Janeiro, y son apoyadas por algunos partidos porque las consideran un mal menor frente al narcotráfico. En Santa Cruz apoyan a las multinacionales controlando a la población que protesta y resiste.

El cielo y el infierno se tocan

Cada escalón es una exhalación dolorosa y una gota de sudor. El termómetro marca 36 grados a la sombra mientras Carlos Walter (quien nos conduce durante todo el recorrido) asegura que la sensación térmica es de 45 grados Celsius. La subida parece interminable. El Morro de Providencia es tan empinado que los coches deben quedar a mitad de camino. Nos acompaña Marcia, una mujer tan alta como elegante que porta su pobreza con orgullo. Integra la Comisión de Vecinos por Derecho a la Vivienda.

Nos conduce cuesta arriba por escaleras y callejuelas laberínticas, entre gruesos caños de agua en los que se incrustan pequeños caños blancos que abastecen a los domicilios. Cada pocos metros tiene la gentileza de parar para mostrarnos los huecos dejados en la favela por las máquinas que aquí y allá derribaron viviendas por razones de seguridad para las familias. La elección se antoja caprichosa.

“Ésta –señala un enorme pozo repleto de escombros, trozos de chapas, maderas y restos de ropa– fue derribada con la familia dentro.” Parece un mal chiste en un día de calor insoportable, pero el estupor que causó el relato permitió un descanso más largo que en las otras paradas. Seguimos cuesta arriba, hasta que llegamos a un punto donde la vista de la ciudad es, aunque suene vulgar, maravillosa.

Agua fría embotellada, sillas de plástico y un balcón enorme volcado hacia el puerto y la bahía de Guanabara. Debajo nuestro, el puente a Niteroi de 13 kilómetros, las islas y las autopistas, y la Cidade da Samba. Girando la cabeza se divisan el Pan de Azúcar, el Cristo del Corcovado, verdes y recortadas montañas a lo lejos y el Sambódromo bien cerca. Estamos bien arriba del =0.


viernes, 21 de septiembre de 2012

Indígenas: Más allá del abandono...

Gobierno federal recorta inversión 
en regiones indígenas
16. septiembre, 2012
Autor: Mariela Paredes        
Publicado en Revista Contralínea
Fotos: David Cilia y Contralínea

Durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50 por ciento las inversiones en el sector de desarrollo humano en las regiones indígenas. Durante 2008 la inversión en este sector fue de 5 mil 497 millones de pesos, mientras que para 2010 fue tan sólo de 2 mil 780 millones de pesos. Es decir, se destinaron 50.7 por ciento menos recursos para atender necesidades de salud, educación y previsión social en comunidades indígenas de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz



Las comunidades indígenas de siete entidades de México sufren los azotes de la enfermedad, la falta de educación y el hambre. Las condiciones de vida de estas comunidades indígenas mantienen una amplia brecha respecto de la población no indígena. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 77.7 por ciento de la población de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) habla una lengua indígena. Es decir, los habitantes de las poblaciones más pobres de México pertenecen mayoritariamente a los pueblos indios. Esto representa 1 millón 553 mil 433 personas, de acuerdo con datos del Inegi.

Durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que realizó en este mismo sector durante 2008. Jesús Mena Vázquez, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, revela en su documento de trabajo Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, que la inversión en desarrollo humano (educación, salud y previsión social, entre otros) es la que ha mostrado mayor reducción. En cuanto a inversión en infraestructura e inversión productiva no se ha presentado un rezago tan significativo.

Las dependencias responsables de asignar y vigilar que los recursos destinados al sector de desarrollo humano sean suficientes son: el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las responsables de inversión en infraestructura son: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Energía. En el sector de inversión productiva las instancias responsables de la asignación de recursos son: el Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura; Nacional Financiera; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía,; la Secretaría de la Reforma Agraria, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A decir de Jesús Mena Vázquez, cada una de estas dependencias debiera articular sus programas y amalgamarlos con los tres niveles de gobierno. Es decir, se requiere voluntad política de los gobiernos locales, estatales y federales para conseguir que los programas destinados a coadyuvar a las comunidades indígenas logren ser efectivos. La doctora Mirna Aragón, directora general de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) agrega que se necesita “armonización legislativa” para solventar los problemas que viven las comunidades indígenas de México.


Educación y campo, sectores debilitados

Entre 2000 y 2010 se redujo tan sólo 9 por ciento, aproximadamente, el rezago educativo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano. Mirna Aragón, de la Cdi, destaca a la educación como el tema más importante que habría que atender, específicamente la calidad de los profesores. Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincide en que hoy es incluso oneroso acceder a la educación pública. Los padres de familia tienen que sostener los centros educativos mediante cuotas y no hay profesores suficientes ni de calidad.

En entrevista con Contralínea, el antropólogo señala que otro sector en abandono es el campo. Se requiere mayor apoyo a la producción de maíz y frijol, pues actualmente muchos se han visto obligados a dejar este tipo de siembra por una ilícita, la de la amapola: “No es redituable ya sembrar maíz en la Montaña”. Estas actividades lo llevan a sentenciar que el saldo de la actual administración panista que está por concluir arroja “nulas expectativas a las nuevas generaciones”.

La inversión en salud ha mostrado algunas mejorías. El documento Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, de Jesús Mena Vázquez, señala que formalmente “el Estado mexicano provee cobertura casi universal tanto en educación básica (seis a 14 años) como en salud para los indígenas de estos municipios”. Sin embargo, no se puede asegurar una cobertura total para los ciudadanos mexicanos, indígenas o no indígenas.

De acuerdo con datos del censo 2010 del Inegi, hubo una disminución del porcentaje de personas que no se atienden medicamente. Por ejemplo, en Chiapas durante el año 2000 no se atendía el 22.10 por ciento de la población. Para 2010 sólo fue el 10.45 porciento. En Veracruz, del 5.03 por ciento en 2000 se redujo a 1.81 por ciento para 2010.

En cuanto a las condiciones básicas de vivienda, actualmente más del 93 por ciento de la población indígena de Nayarit no cuenta con un refrigerador, un electrodoméstico básico para la conservación de alimentos y la prevención de enfermedades causadas por descomposición; y más del 81 por ciento de las comunidades indígenas de Nayarit no cuentan con sistema de drenaje. Las condiciones de higiene con las que viven estas comunidades ponen en riesgo su salud y calidad de vida.



Hacia programas más efectivos

A decir de Abel Barrera, el gobierno mexicano aún tiene una agenda pendiente con los pueblos indígenas. Para conseguir mejores condiciones de vida e igualdad entre la población indígena y no indígena es necesario que se respete su patrimonio, sus territorios y su derecho a la libre determinación. El director de Tlachinollan, cuya labor de defensa de derechos humanos se realiza en una de las zonas más pobres de México, explica que “el modelo de desarrollo comunitario no necesita de proyectos privatizadores para explotar sus recursos” para ser exitoso.

La consulta a los pueblos indígenas y el respeto a su forma de organización son clave para promover el desarrollo de estos pueblos, insta la directora general de planeación y consulta de la Cdi. De acuerdo con su análisis, los programas federales que se han emprendido para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades han sido favorables, no obstante, necesitan ser mejor focalizados y requieren de una coordinación adecuada entre los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, programas que solventen problemáticas inmediatas o de corto plazo no serían la única solución. Jesús Mena, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, asegura que para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas se requiere una planeación a largo plazo, y mayor inversión en infraestructura para poder acceder a nuevos mercados y promover así actividades que permitan generar más y mejores ingresos para estas comunidades. Además, el éxito de los programas de gobierno depende de la evaluación que se haga de los mismos para redirigirlos hacia las nuevas necesidades de estos pueblos.

Programas como Procampo u Oportunidades no serían suficientes para las 125 comunidades indígenas con menor Índice de Desarrollo Humano en México, pues sus condiciones de vida aún no son favorables ni en alimentación, salud, educación y otras áreas. Abel Barrera sentencia que “se han negado las condiciones para vivir dignamente en esta región”.