"La construcción cotidiana de esa otra forma de hacer política es lo que desvela, angustia y preocupa al Poder."

México: Pronunciamiento de la RvsR contra las agresiones a las bases de apoyo del EZLN de la zona de la Garrucha Destacado

Red contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)

Jueves, 13 de Diciembre de 2012 15:30

Fotografías tomadas de Internet

Exigimos que se cancele la orden de aprehensión en contra del compañero Alonso Cruz Espinosa, hacemos responsables de su integridad y de cualquier acto represivo en contra de las Bases de Apoyo del EZLN a Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Velasco Coello, Julissa Camacho Ramirez, Juan Yadeum...

La Primera Declaración de la Selva Lacandona, del EZLN, no es sólo un llamado a derrocar a un Estado, sino terminar con la pesadilla capitalista y crear, entre todos y con todos, otros mundos y otras realidades. El sueño zapatista se empezó a materializar con la recuperación de tierras, con la elección libre y democrática de sus autoridades, con el ejercicio de sus distintas formas de gobierno de acuerdo a su historia y su cultura, con la participación fundamental y directa de las mujeres en las decisiones de sus comunidades, con la recuperación de su identidad colectiva, en suma, con tomar en sus manos el control de sus vidas, sin recibir nada, absolutamente nada de los partidos políticos, del Estado o de los consorcios internacionales. A lo largo de estos casi 19 años, el proyecto zapatista sigue vigente, la construcción cotidiana de esa otra forma de hacer política es lo que desvela, angustia y preocupa al Poder.

Las comunidades indígenas zapatistas han construido, por medio de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles, un referente a nivel global de esa otra forma de hacer política. Los proyectos de educación, salud, de cooperativas de mujeres, de agroecología son parte de ese proyecto que vislumbra la liberación nacional y el florecimiento de otro mundo. Han demostrado que sí es posible, en la práctica, desarrollar otro tipo de relaciones sociales: ahí está el proyecto zapatista para demostrarlo.

No han sido pocos los intentos del mal gobierno y del capital que pretenden (de manera estéril) acabar con la resistencia zapatista; se han valido de militares, policías, paramilitares, “programas sociales”, desalojos, desplazamientos forzados, matanzas, traiciones, persecuciones, y la cárcel. Frente a este proceso de destrucción, las comunidades rebeldes han elegido crear las condiciones necesarias para una vida digna, por medio de la palabra, el acuerdo, el diálogo y el consenso.

Durante este año, particularmente en el último tercio, las Juntas de Buen Gobierno han hecho públicas distintas denuncias. La más reciente de estas denuncias públicas, viene de las compañeras y los compañeros del Caracol de La Garrucha, las autoridades de la Junta de Buen Gobierno, nos explican que los gobiernos federal y estatal han girado una orden de aprehensión en contra del compañero base de apoyo Alfonso Cruz Espinosa del pueblo San Antonio Tonina, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Francisco Gómez. El burdo pretexto de las autoridades de los malos gobiernos es por el hecho de que en su legítimo derecho, el compa construyó una tienda colectiva de artesanía en Tonina, el terreno dónde está el proyecto es recuperado y es utilizado en beneficio de la comunidad. De nueva cuenta se desconocen los acuerdos firmados y con ello comienza la persecución de compañeros zapatistas.

Pero no conforme con ello y demostrando que sólo se busca el lucro y beneficio personal, las autoridades del municipio oficial de Ocosingo, están llevando a cabo la destrucción del patrimonio cultural de la zona mencionada, esto con el objetivo de construir un puente que beneficiará al ex alcalde Arturo Suñiga y otros rancheros de la zona.

Esta denuncia, se da en el marco del cambio de poderes en el estado de Chiapas, donde Manuel Velasco Coello, el nuevo virrey del estado, hace de manera cínica, un “reconocimiento” al EZLN y a las Juntas de Buen Gobierno; confirmando con ello lo que desde hace más de once años el Ejército Zapatista ha venido afirmando y remarcando, allá arriba, con la clase política y sus partidos, no hay nada qué hacer, no se puede esperar más que mentiras, golpes, cárcel y muerte.

La manera en cómo inician sus mandatos los grupos de poder enquistados a nivel local y nacional, atrincherados en sus palacios, valiéndose de leyes amañadas y racistas y utilizando la fuerza pública como argumentos, nos habla del miedo que les produce que experiencias como la zapatista cobren más fuerza y más eco en los procesos organizativos que desde abajo y a la izquierda se construyen en el día a día.

 

Nosotras y nosotros, integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, refrendamos nuestro compromiso con las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, seguiremos difundiendo la propuesta zapatista, los avances de su autonomía y lo que han construido, así como dar eco a las distintas agresiones, en las cuales TODA la clase política es culpable y responsable.

Exigimos que se cancele la orden de aprehensión en contra del compañero Alonso Cruz Espinosa, hacemos responsables de su integridad y de cualquier acto represivo en contra de las Bases de Apoyo del EZLN a Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Velasco Coello, Julissa Camacho Ramirez, Juan Yadeum, Maria del Socorro Espinosa Trujillo, Berenice Cruz Espinosa y Dalia Maribel Cruz Espinosa.

Nos sumamos a la exigencia de la Junta de Buen Gobierno de que renuncien a sus cargos Juan Yadeum y Juliza Camacho Ramirez.

Entendemos y sabemos que estas y otras agresiones tienen la intención de intimidar e inhibir la resistencia zapatista, pero no lo lograrán, las comunidades zapatistas han demostrado en este tiempo que sólo con la organización se puede poner fin a esta pesadilla, la madrugada del 1 de enero de 1994 aún nos sigue cobijando, la esperanza que nos devolvió a millones de mujeres y hombres no permitiremos que nos la roben, la antesala de ese nuevo mundo se llama zapatismo.

¡ALTO A LAS AGRESIONES EN CONTRA DE LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS!

¡CANCELACIÓN INMEDIATA DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN!

¡LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS NO ESTÁN SOLAS!

¡SI TOCAN A LOS ZAPATISTAS, NOS TOCAN A TODOS!

¡VIVAN LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO!

¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

Contra el despojo y la represión… ¡la solidaridad!

Red contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)

"No importa cuánto quieras deslindar, ese es tu partido"

Por qué Atenco no se olvida                   

Adolfo Gilly

07 de Junio de 2012

Fuente: La Jornada

Enrique Peña Nieto fue a la Ibero el viernes 11 de mayo a un encuentro bien preparado y sin problemas previsibles. Los estudiantes, ellas y ellos, le plantearon sus preguntas; entre otras, qué había pasado en Atenco seis años antes. El candidato dio una respuesta administrativa. No satisfizo a nadie, pero tal vez la habría librado si, antes de irse, no se le ocurre tomar otra vez el micrófono y, a modo de Santo Papa, declarar a voz en cuello:

“Asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial, pero, reitero: fue una acción determinada en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública para restablecer el orden y la paz”.

Mala hora, viernes negro: se armó la de Dios es Cristo. Los estudiantes gritaron y clamaron: “¡Atenco no se olvida!”, “¡Atenco no se olvida!”, el candidato perdió el aplomo y, perseguido por las voces de los jóvenes, se refugió en los baños, para su esquiva suerte, los baños de mujeres. Las cámaras registraron su expresión de desconcierto y la de quienes lo acompañaban; finalmente atinó a salir por las escaleras entre gritos de: “¡fuera! ¡fuera! ¡fuera!”.

De ahí nació y se extendió por las universidades y sus alrededores el imprevisto, desparpajado, inencuadrable y desordenante movimiento de los estudiantes: primero de los 131 de la Ibero que dieron la cara, mostraron su credencial y desafiaron a quienes pensaban, tal vez como en Atenco, encontrar culpables para aplicarles “el uso legítimo de la fuerza pública”; y después de todos los que, atraídos por ese gesto de desafío, se fueron sumando como torrentera para declarar, cada uno y todos juntos, “#YoSoy132”.

* * *

El 28 de mayo, como es sabido, tuvo lugar el encuentro con los cuatros candidatos presidenciales en el castillo de Chapultepec, organizado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Las crónicas se ocuparon sobre todo de cuanto dijeron los abanderados y mucho menos de los testimonios de las víctimas, sobre lo cual pude escribir en estas páginas.

Quiero retomar ahora otro registro de la reunión del castillo: el alegato desafiante y acusador de la señora Trinidad Ramírez, en nombre del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, dirigido al candidato Enrique Peña Nieto allí presente. Esas palabras, y la actividad tenaz de doña Trini y sus compañeros durante años, hasta lograr la absolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la liberación de los 12 presos de Atenco, en julio de 2010, declarados inocentes de toda culpa más de cuatro años después de haber sido encarcelados, explican bien por qué hoy, en mayo de 2012, Atenco no se olvida.

* * *

Dijo Trinidad Ramírez a Enrique Peña Nieto en el castillo de Chapultepec:

En México, los pueblos han aprendido a defender a la madre tierra frente al despojo de los gobiernos que pierden los principios y la moral y se convierten en meros ejecutantes de intereses mezquinos de empresas trasnacionales. Violan la Constitución, humillan la voluntad de los pueblos y cometen toda clase de agravios contra la población que se defiende y se organiza para evitar que su patrimonio y raíces sean exterminados. Cherán, Ostula, Wirikuta, Temacapulín, La Parota y muchas más resistencias se viven hoy en nuestro país. Todas han recibido como respuesta represión, desprecio, asesinatos, engaños y la descalificación sistemática. Todos los agravios en su contra han permanecido impunes.

Atenco es un botón de muestra. Y tú, Enrique Peña Nieto, lo sabes perfectamente. Sabes que en 2001 intentaron arrebatar nuestras tierras para la construcción de un aeropuerto. Como resultado de la defensa legal y legítima del pueblo tuvieron que derogar el decreto que nos despojaba.

Siendo gobernador del estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006 tú ordenaste el operativo contra nuestros pueblos. La violencia la provocó tu gobierno. A pesar de haber alcanzado un acuerdo el día 2 de mayo, tú traicionaste y ordenaste golpear a nuestros compañeros en Texcoco. No fue una situación fortuita, fue una venganza planeada de tu parte. Venganza en contra del pueblo que se resistió al despojo de sus tierras. Pretendían desaparecer al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para apoderarse de lo que es nuestro, y hoy mantienen vigente esa amenaza.

Has repetido que fue tu decisión la que se llevó a cabo en ese operativo, en el que fueron asesinados dos jóvenes: Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea Hernández, (este último) estudiante de la UNAM, a manos de las fuerzas que tú llamas “del orden”. Tú has reiterado que eres responsable de lo sucedido en Atenco, donde fueron torturadas sexualmente 46 mujeres, entre ellas cuatro extranjeras. Entonces, Peña, eres responsable de dos asesinatos impunes, eres responsable de que una banda de violadores siga actuando al amparo de la policía que tú creaste. Esas son tus credenciales para intentar llegar a la Presidencia.

Además de ser ilegalmente detenidos y bestialmente torturados, nuestros compañeros fueron encarcelados. Moviste todos los instrumentos de tu gobierno para condenar a 112 años de prisión a quienes defendieron la tierra. Se tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cabe aclarar que no avaló el operativo, sino que reconoció que hubo tortura sexual y violaciones graves a los derechos humanos. La misma Suprema Corte dictaminó la liberación de nuestros compañeros después de cuatro años de procesos.

No fue para ti importante cuántos hijos y esposos sufrieron la impotencia frente al agravio a sus mujeres. Cuántas familias quedaron sin hijos, sin sus esposos y sin ingresos por los años de persecución y cárcel que sufrieron siendo inocentes. No te importó porque el dolor y el sufrimiento de nuestros pueblos es para ti un trofeo. Por eso también nadie ha sido castigado por todos estos delitos, nadie de los tuyos pisó nunca una cárcel. Los muertos, las agraviadas y los presos los puso el pueblo.

Intentas tapar el sol con un dedo. Ahora quieres volver a justificar tu imperdonable represión recurriendo a la imagen del policía que fue golpeado. Te recordamos que esa reacción del pueblo fue a consecuencia del cruel asesinato de Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad. Las televisoras pasaron una y otra vez la escena de un hecho que no debió ocurrir, indudablemente no debió ocurrir. Pero nunca salió en la televisión cómo golpearon y detuvieron a nuestros compañeros, ni los allanamientos ilegales, ni a nuestros niños rociados con gas lacrimógeno, etcétera. Desde entonces era evidente la nefasta alianza con la manipulación de las televisoras.

La brutalidad de tu policía no se debió a “excesos” individuales. Lo ratifican decenas de organismos e instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro, Amnistía Internacional, la ONU, la Comisión Internacional, once premios Nobel de la Paz y la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, por mencionar algunos, coinciden en señalar el operativo Atenco, en su conjunto, como “violaciones graves a los derechos humanos”.

Esto es lo que el PRI representa. Ustedes tratan al pueblo y sus líderes como delincuentes. Lo hicieron en 1968 y en 1971, en las masacres de Aguas Blancas y Acteal. No importa cuánto quieras deslindar, ese es tu partido.

Lo que tú representas es un gobierno prepotente y violento, incapaz de aceptar la crítica y acostumbrado a imponerse por la fuerza y la manipulación. Tu campaña es un peligro para esta nación, sobre todo para los pueblos y para cualquier espíritu crítico y honesto.

No venimos a pactar, sino a señalarte y decirte que sabemos que la justicia no vendrá de ustedes, los represores, sino del pueblo.

* * *

Así concluyó el alegato de San Salvador Atenco en la voz de la señora Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en el castillo de Chapultepec. Poco o nada musitó al respecto Enrique Peña Nieto. ¿Qué podía decir? No hay que olvidar que en la represión de Atenco participó también la Policía Federal por órdenes del entonces presidente Vicente Fox, hoy aliado de Enrique Peña Nieto. El abogado Leonel Rivera, defensor de Atenco, declaró entonces a Emir Olivares y Blanche Petrich (La Jornada, 5 de mayo de 2006):

“Desde que la movilización popular frustró el proyecto del aeropuerto internacional para defender sus tierras, hace tres años, estaba pendiente un ajuste de cuentas por parte de quienes, dentro de los círculos del presidente Vicente Fox y el ex gobernador Arturo Montiel, perdieron negocios por muchos miles de millones de dólares. Estos intereses no iban a perdonar a los campesinos. Y el miércoles se la cobraron”.

Está claro, entonces, por qué hoy Atenco no se olvida. #

Comunicado sobre la represión a casas de estudiantes en Michoacán

Comunicado sobre la represión a casas de estudiantes en Michoacán

 Tomado de Pozol Colectivo

Morelia, Michoacán 28 de abril de 2012

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES E INDEPENDIENTES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

AL PUEBLO EN GENERAL

Las organizaciones estudiantiles y populares denunciamos que el día de hoy 28 de abril de 2012 en punto de las 3:30 de la madrugada entro el Grupo de Operaciones Especiales GOE, la Policía Estatal y la Policía Federal allanando con lujo de violencia en acción simultánea  las casas del estudiante 2 de Octubre y casa de Estudiante Nicolaita en el  centro histórico de Morelia, desalojando a todos los moradores, saquearon las casas, robando las pertenencias, computadoras, celulares, hurgando entre la ropa.

Acto seguido arrojaron  gases lacrimógenos e hicieron disparos de armas de fuego, en tanto que arremetían, con sus toletes a los estudiantes inermes, posteriormente  a las 10:53 de la mañana llegaron con lujo de violencia en 50 patrullas a la Casa Lucio Cabañas en la avenida Madero con la misma saña arremetieron contra todo el conjunto de integrantes de diversas organizaciones que estábamos ahí derribaron a patadas la puerta golpeando a todos los que se encontraban y llevándoselos detenidos, la policía estatal arremetió en contra de estudiantes y transeúntes, arrojando gases lacrimógenos y abriendo  fuego  con armas de alto poder, finalmente  incendiaron la Casa de Estudiantes Lucio Cabañas.

 

Hasta ahora el saldo que arroja la represión de policías  Federal y Estatal con mas de 200 presos y más de 300 desaparecidos, es de dominio público el asesinato de un estudiante de la casa Nicolaita, seis heridos de gravedad por la golpiza propinada por los granaderos, entre los detenidos hay miembros de organizaciones solidarias  que estaban apoyando el movimiento Estudiantil-popular de los cuales se desconoce hasta el momento su paradero, por la negativa de las autoridades de informar a familiares, estudiantes y ciudadanos que solicitan información.

Esta es la forma  de gobernar del gobierno “conciliador” de Fausto Vallejo, ni más ni menos que el dialogo de las balas y el tolete ante las demandas del movimiento popular estudiantil, la represión, la vejación, el desalojo, la desaparición forzada, el asesinato.

Exigimos la presentación con vida de todos los estudiantes de la CUL, entre ellos el Estudiante  Carlos Cesar Cruz Huacuz miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo detenido desaparecido en estos hechos represivos.

Responsabilizamos al Gobierno estatal que encabeza el Lic. de Fausto Vallejo Figueroa y al Gobierno Federal encabezado por el ilegitimo Felipe Calderón Hinojosa de la integridad física y psicológica de los integrantes de las casas de Estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha CUL, así como de diversos integrantes de las organizaciones populares solidarias.

En virtud de esta denuncia solicitamos a todas las organizaciones de derechos humanos, populares y políticas para que realicen acciones urgentes ante los gobiernos Federal y Estatal, para que cese la represión, se libere a los estudiantes encarcelados, se presente con vida a todos los detenidos desaparecidos, se garantice la integridad fisisca y psicológica de todos y se atienda y proteja a los estudiantes heridos.

FRATERNALMENTE

¡VIVOS LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!

¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN!

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

CASA DE ESTUDIANTE RICARDO FLORES MAGÓN

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO FNLS

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA MIR

CASA DE ESTUDIANTE LUCIO CABAÑAS

CASA DE ESTUDIANTE NICOLAITA

CASA DE ESTUDIANTE ROSA LUXEMBURGO

CASA DE ESTUDIANTE AMÉRICA LIBRE

CASA DE ESTUDIANTE RESIDENTES UNIVERSITARIOS

CASA DE ESTUDIANTE 2 DE OCTUBRE

NORMAL RURAL “VASCO DE QUIROGA” DE TIRIPETIO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MICHOACÁN

ESCUELA NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Ayotzinapa: Cuestiones pendientes

¡Ayotzinapa vive!

Carlos Fazio

05 de Marzo de 2012

Acasi tres meses de los hechos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, en los que tres personas murieron, cuatro más resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego y 24 fueron sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes, el caso exhibe la manera autoritaria en que se maneja un conflicto social en México. También devela la colusión de las autoridades encargadas de administrar e impartir justicia –en la represión extralegal a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa hubo una coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal– y desnuda el sistema de seguridad y justicia mexicano, que con base en una cultura del engaño y la simulación está estructurado de manera clasista para servir, encubrir y propiciar la impunidad de quienes ostentan el poder.

Los asesinatos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, no debieron ocurrir. Tampoco la muerte del ex paracaidista de la Marina Gonzalo Cámara Rivas, encargado del sistema de cómputo del establecimiento Eva II, quien falleció a consecuencia de quemaduras múltiples al tratar de contener el incendio de una de las bombas de suministro de gasolina. Si ocurrieron, fue porque alguien en la cadena de mando del Operativo Guerrero Seguro ordenó el uso de armas de alto poder contra estudiantes desarmados que defendían que la escuela siga abierta.

El homicidio de los estudiantes y el incendio de la gasolinera fue producto de la represión violenta. De un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de contener una manifestación pública. La utilización de la fuerza letal contra civiles siempre debe ser el último recurso. Es una alternativa extrema y excepcional cuando se han agotado todas las vías de negociación y persuasión, y no se puede ejercer de manera arbitraria; es necesario observar los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y razonabilidad, situaciones que no se dieron en el caso de marras el 12 de diciembre de 2011.

De acuerdo con el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reprimir una manifestación de 300 estudiantes –y sin que existan elementos fehacientes del uso de protocolos o lineamientos de actuación antimotines– se utilizaron 165 elementos policiales: 61 de la Policía Federal, 73 de la policía ministerial; 19 de la policía estatal y 12 policías preventivos municipales, de los cuales al menos 67 portaban armas de alto poder. Según la prueba de Griess practicada por la Procuraduría General de la República (PGR), 91 por ciento de las armas detonadas pertenecían a policías federales.

Sin entrar en la lógica perversa del sistema, en la cual instancias federales, estatales y ministeriales se encubren y acusan mutuamente para enredar y dilatar el caso, sacar ventajas y pretender eludir responsabilidades –y prescindiendo también de la guerra civil molecular en el estado de Guerrero, donde participan la Zona Militar, la Marina, las procuradurías federal y estatal (incluido un grupo duro de “incontrolados” locales que gozan de autonomía y tienen presuntos nexos con bandas de la economía criminal), partidos políticos (PRI, PRD, PAN), el sindicato de maestros que controla Elba Esther Gordillo, narcotraficantes y organizaciones guerrilleras en fase de acumulación de fuerzas–, persisten varias preguntas claves:

¿Quién estuvo a cargo del operativo? ¿Quién en la línea de mando dio la orden de que las “fuerzas del orden” participaran con armas de alto poder al margen de los protocolos antimotines? ¿Quién ordenó disparar y con qué criterios?

¿Por qué si existen evidencias de que el ex fiscal especializado para la investigación de delitos graves, Esteban Maldonado, y el ex coordinador de zona de la policía ministerial, David Urquizo Molina, participaron en la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez y le sembraron un arma AK-47 de las llamadas cuerno de chivo, sólo han sido destituidos, no están siendo investigados y permanecen libres?

¿Por qué intervino en el caso la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)? ¿Se intenta vincular a algunos mandos con el llamado cártel Independiente de Acapulco para que la PGR haga un uso político del caso en tiempos electorales? ¿Qué tiene que ver con lo anterior la ejecución de dos policías ministeriales que actuaban como escoltas del subprocurador de Justicia, César de los Santos, el pasado 24 de febrero? ¿Existe una guerra sucia interna por el control de la procuraduría estatal?

Más allá de esas interrogantes, una aproximación a la verdad histórica de los hechos parece evidenciar que hubo un plan predeterminado para cerrar la normal de Ayotzi y de paso incendiar Guerrero. Que en la cadena de mando alguien dio la orden de tirar a matar y modificar la escena del crimen. Después, siguiendo la lógica carroñera del poder, los estudiantes Herrera y Echeverría fueron estigmatizados junto con sus compañeros de Ayotzi, en tanto Cámara, “el héroe de la gasolinera”, recibió un reconocimiento post mortem tras ser designado por el cabildo local “hijo predilecto” de Chilpancingo.

La reanudación de clases y el nombramiento de un nuevo director son un triunfo de los normalistas. Se evitó el cierre. ¡Ayotzinapa vive! Pero ahora, en un uso faccioso de la justicia, se está chantajeando a los estudiantes con el incendio de la bomba de gasolina –que bien pudo ser cometido por un agente provocador encubierto– y se quiere criminalizar su protesta atribuyéndoles ataques a las vías de comunicación, delito federal. ¿Acaso se pretende cambiar dos muertos por uno? Y, en el colmo del absurdo, si no fuera moneda corriente: ¿por qué se están haciendo seguimientos a miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan? ¿También se busca incriminarlos?

"Torreblanca nos dejaba sin comer, este gobernador nos mata"

“Ya tenemos luz verde”: dijeron policías antes de disparar

Autor: Rogelio Velázquez       

Sección: Sociedad        

13 DICIEMBRE 2011 Fuente: Contralínea 

Estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, exigían una mesa de trabajo con el gobernador y el reconocimiento de su pliego petitorio. Bloquearon la Autopista del Sol como media de presión; el saldo del operativo de desalojo: dos estudiantes asesinados; al menos cinco heridos de bala y 18 detenidos. “Fue la Policía Federal la que nos disparó; muchos huimos a los cerros y hasta allá nos persiguieron con helicópteros”, comentan en entrevista

El pasado 12 de diciembre alrededor de las 11 de la mañana, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, comenzaban a bloquear el tránsito de la Autopista del Sol que va del Distrito Federal a Acapulco. Sus demandas eran claras: una mesa de diálogo con el gobierno estatal y el cumplimiento de un acuerdo adquirido verbalmente por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero: ampliar la matrícula de 140 a 170 alumnos y el otorgamiento de 30 plazas de profesores para los egresados  de la normal.

El operativo de desalojo fue encabezado por la Policía Federal, acompañada por la Policía Ministerial y la Policía estatal.

“Éramos como 400 personas, entre estudiantes y gente de organizaciones sociales. Bloqueamos la autopista por que el gobernador nada más dice que sí, pero no firma nuestro pliego petitorio, el cual tendría que estar firmado antes de que acabe el año”, comenta a Contralínea uno de los estudiantes que participaron en los hechos, escondido en algún lugar de Chilpancingo.

“Llegaron las fuerzas especiales de la Policía Federal para quitar nuestro bloqueo, nosotros estuvimos dialogando con ellos: uno de los policías hizo una llamada, no sabemos a quién; al colgar, dijeron que ya tenían luz verde para hacer lo que quisieran.

“Fue cuando los policías federales empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno, algunos corrimos; inmediatamente después empezaron a dispararnos a quemarropa, no les importo que hubiera niños y mujeres entre nosotros; los disparos seguían; todos corrimos en diferentes direcciones.”

Alcanzados por las balas, cayeron sobre la carretera los cuerpos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 y 21 años, respectivamente; los dos jóvenes eran estudiantes de la normal.

“Después, nos persiguieron en vehículos y a pie mientras nos seguían baleando; algunos que nos escondimos en el cerro fuimos perseguidos por helicópteros hasta allá. No podemos comunicarnos con nuestros compañeros porque los celulares no dan línea”, comenta, aduciendo que les cortaron la comunicación y finaliza: “aún nos están buscando”.

Bertoldo Martínez presidente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero explica que la protesta también incluía la exigencia de la aparición con vida de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, desaparecidos desde el pasado 6 de diciembre, cuando se dirigían de Chilpancingo al Distrito Federal.

El luchador social y defensor de derechos humanos, señala al gobierno de Guerrero de ser el responsable de  lo que está sucediendo: “es grave y vergonzoso lo que pasa en el estado; no se esclarecen este tipo de situaciones; por ejemplo, el supuesto suicidio de Joel Santana Villa fue un asesinato de Estado”, comenta, refiriéndose a la muerte del ecologista recluido en el penal de Iguala desde junio pasado? ocurrida el pasado 2 de diciembre en el interior del penal.

Por otro lado, estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México comentaron en conferencia de prensa –realizada en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– que aún no se ha informado el paradero de los detenidos (alrededor de 24) y culpan al gobernador Ángel Aguirre, a la Policía Federal, a la Policía Estatal y al Ejército Mexicano por el asesinato de los normalistas.

“El ataque se dio en medio de una situación de calma; era una protesta normal, como las que siempre hacemos. Ahora, después de esto, va haber movimiento”, lo que significa que tomaran acciones más contundentes y habrá más movilizaciones. “Hace meses se presentó el gobernador en la normal para platicar con nosotros pero no quiso firmar nada. Si el exgobernador Zeferino Torreblanca nos dejaba sin comer, este gobernador nos mata”.

Además, comentaron que la normal rural se encuentra sitiada por el Ejército Mexicano: aproximadamente 14 convoyes rodean la escuela; mientras que alrededor de 20 de sus compañeros se encuentran dentro, y temen que la normal sea tomada en próximas horas por las fuerzas armadas.

También, señalan que la Secretaria de Educación en Guerrero no ha dado respuesta a sus demandas, y responsabilizan directamente a Felipe Calderón por la estrategia de guerra que se está llevando a cabo y por políticas neoliberales impuestas que han deteriorado la educación en el país.

En un comunicado la Secretaría de Gobernación señaló que trabaja en coordinación con las autoridades guerrerenses para investigar los hechos y deslindar responsabilidades contra quien resulte responsable por los homicidios. Mientras que la Procuraduría General de la República integró la averiguación previa PGR/GRO/CHI/CASO/387/2011 por delitos federales que resulten de los hechos.

En ese sentido, José Ramón Salinas vocero de la Policía Federal señaló que ésta no había participado en el desalojo; sin embargo,  Ramón Miguel Arreola Ibarra, subsecretario de Control Policial del Gobierno del Estado, contradijo esta versión y comentó que los federales fueron quienes disuadieron la manifestación.

El Gobierno de Guerrero se pronunció al respecto, a través de su página web; explicó que el gobernador se ha reunido en varias ocasiones con los normalistas y se han resuelto la mayoría de sus demandas; las que no, “es porque se salen de la capacidad resolutiva inmediata” del gobierno.

Así mismo se reitera la disposición del gobierno para resolver los problemas y demandas de los diversos sectores de la sociedad, respetando la libre expresión de las ideas y manifestaciones.

Ante esto, los estudiantes mencionaron: “No les creemos; cómo es posible que quieran dialogar mientras preparan el desalojo de la escuela; lo que quieren es cerrarla porque dentro de ella practicamos el autogobierno”.

Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició la queja de oficio CGCP/309/11 por la agresión a los estudiantes, en un comunicado mencionan que se dará acompañamiento, apoyo jurídico, sicológico, y atención medica si es requerida a los familiares de las víctimas. Además, califica a los hechos como “lamentables y condenables, que por ningún motivo deben de quedar impunes”.

Privación ilegal de la libertad a adherentes de La Otra Campaña

Privan arbitrariamente de la libertad a 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón

Difusión Cencos

México D.F., 7 de febrero de 2011
Boletín de prensa

Frayba

•Graves violaciones al debido proceso y acceso a la justicia a presos indígenas, adherentes a la Otra Campaña.

•Detenidos afirman que no hubo extranjeros retenidos y que nunca hubo bloqueo carretero.

•Liberan a 107 personas y mantienen detenidos a 10 ejidatarios.

El pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas; las personas detenidas, adherentes a La Otra Campaña, señalaron que entre las múltiples irregularidades en el proceso legal no contaron con abogado defensor ni traductor de oficio, además fueron amenazados por policías estatales y hostigados por autoridades locales encargadas de la procuración de justicia.

Según testimonios documentados, el día de hoy en el Ejido de Bachajón, la detención de las 117 personas ocurrió el pasado jueves 3 de febrero, aproximadamente a las 11:30 a.m, cuando el grupo de ejidatarios se encontraba reunido sobre la carretera, a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, tomando acuerdos sobre la respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de diálogo y negociación que los operadores políticos de la zona les habían ofrecido, “entonces se acercaron aproximadamente 300 elementos de la policía estatal, lanzaron un gas lacrimógeno que cayó en una de las ollas de frijol que estábamos cociendo y después un Comandante (de la misma Policía) se acercó para pedir la respuesta a la negociación; como ya lo habíamos hablado anteriormente se decidió no aceptar entrar en ese diálogo que el gobierno (estatal) había propuesto”.

La negativa de los ejidatarios al diálogo, mencionan en sus testimonios, fue motivado debido a que anteriormente ya habían denunciado públicamente los planes del gobierno estatal de crear un escenario de confrontación entre los pobladores de la región para que el gobierno interviniera reprimiendo y terminara administrando el conflicto tomando control definitivo de la zona el cual tiene un interés territorial estratégico para inversión turística y de despojo hacia los pueblos que habitan en este lugar “cuando el Comandante tuvo nuestra respuesta se alejó, hizo una llamada por teléfono y cuando terminó de hablar dio la orden para que comenzaran a detenernos; nadie de nosotros estaba bloqueando, no teníamos ningún arma, los turistas que dicen nunca los vimos, pensamos que estaban en las Cascadas de Agua Azul; estábamos reunidos tomando acuerdos de no caer en provocaciones ni enfrentamientos cuando nos empezaron a detener a todos”.

Las personas que fueron detenidas refieren que, incluso, los Policías Estatales se metieron a distintas casas para perseguir y detener a los que intentaban refugiarse con vecinos del lugar “en las casas revisaron las cosas que habían (cajas y pertenencias de los pobladores), nos gritaban que quiénes eran los líderes y que nos subiéramos (a los camiones de la Policía) a las buenas o a las malas, hasta dijeron que íbamos a ser quemados”; Quienes vieron la detención masiva refieren que mientras los subían al camión estaban presentes las autoridades oficiales, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalando a las autoridades ejidales, adherentes a La Otra Campaña.

Durante los interrogatorios y el desahogo de pruebas, realizados en Palenque, los testimonios refieren lo siguiente: “al bajarnos del camión nos tomaron fotos a todos, hubo revisión de mochilas y revisión corporal, no hubo abogado o Ministerio Público presentes, no había traductor, nos tuvieron en un lugar chico donde dormimos parados mientras los mismos policías daban ordenes de sentarse y pararse siempre burlándose”. Ahí mismo, refieren, les hicieron la prueba de rodizonato de sodio y fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos.

A las 2:00 pm del 4 de febrero, según los testimonios, comenzaron a llamar de cinco en cinco a las personas detenidas y llevadas ante el Ministerio Público encargado; establecen que en ningún momento fueron asistidos por abogado defensor, ni auxiliados por traductores de lengua indígena, por el contrario fueron amenazados de “meternos una bolsa con agua en la cabeza y sacarnos los testículos”.

Apróximadamente a las 2:00 am, del día 5 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas liberó a 107 ejidatarios; sin embargo a las 20:00 horas, del mismo día, fueron consignados 10 personas, entre ellos un menor de edad, al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 17 del Municipio de Playas de Catazajá.

Las ejidatarios de San Sebastian Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, que permanecen detenidos son:

1. Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)

2. Domingo Pérez Álvaro (Forma parte de la Comisión de Promoción de La Otra Campaña)

3. Pedro Hernández López (Secretario del Comisariado ejidal, adherente a La Otra Campaña)

4. Miguel López Deara (Suplente del Consejero ejidal)

5. Domingo García Gómez (Integrante del Comité de Defensa de Derechos)

6. Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)

7. Pedro García Álvaro (con problemas de deficiencia mental, sin asistencia médica y legal)

8. Jerónimo Guzmán Méndez (Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)

9. Pedro López Gómez ((Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)

10. Miguel Álvaro Deara (Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)

Por la información documentada este Centro de Derechos Humanos confirma las violaciones al debido proceso que todas las personas detenidas sufrieron, consistentes en no contar con abogado o representante legal, no tuvieron traductor, entre otras violaciones.

Es clara la acción represiva del gobierno del estado de Chiapas el cual actúa junto con las autoridades oficiales (priistas) para señalar y detener de manera arbitraria a los ejidatarios adherentes de La Otra Campaña, acción en la que se han provocado hechos de violencia por el interés del territorio en la región.

Este Centro de Derechos Humanos condena las acciones del gobierno estatal al perseguir y criminalizar a los ejidatarios, adherentes de La Otra Campaña, toda vez que fueron estos últimos quienes fueron agredidos y despojados de la caseta de cobro por un grupo numeroso de ejidatarios, militantes del PRI, que de manera violenta tomaron el pasado 2 de febrero la caseta de cobro que hoy en día está bajo control de la Policía Estatal.

05 de febrero de 2011

Los Tobas en lucha y luto....

Infinita Tristeza, lucha de los TOBAS acampando en 9 de Julio, Y MI ENOJO . URGENTE !

Tomado de http://soyesclavadelparaiso.blogspot.com/ gracias al atento aviso de la Hija del viento....

Hace unos días publiqué ésto en mi Facebook:

" Gente !!! LLAMADO A LA UNIDAD !!!! Todos estamos al tanto de la resistencia ejemplar de los tobas en Formosa, (de los que NADIE HABLA, NI SALEN EN LA TV). En este momento sobre 9 de julio estánacampando ....resistiendo....exigiendo. ...LOS QUE PUEDAN APORTAR COMIDA, AGUA...ETC...MANDENME ...UN MSJ. PORFA MANDEN MAILS, PUBLIQUEN EN EL MURO, APORTEN CON LO QUE PUEDAN TODO SIRVE. Gracias

Oh sí, tuve como 20 "me gusta", pero ni un solo mensaje prestando colaboración para éstos hermanos. Ni una sola publicación en otros muros. Eso sí, me paso leyendo muchas veces a gente llenándose la boca de palabras y palabras y artículos y etcéteras... y más bla bla bla de nuestros "pueblos originarios".

Sigue ésto:

Ciudad de Buenos Aires,24 de Diciembre de 2010

HABIENDO YA COMENZADO EN EL DIA DE AYER LA HUELGA DE HAMBRE DEL REPRESENTANTE TOBA, HERMANO ORIGINARIO DE LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA , LA QUE SUFRIO EL ASESINATO DIRECTO DE DOS DE SUS HERMANOS HACE UN MES CON EL ATROPELLO VERGONZOSO DE UN GOBERNADOR GENOCIDA COMO GILDO INSFRAN Y LA COBARDE POLICIA QUE PROTEGE LA USURPACION DE TIERRAS POR PARTE DE MAFIOSOS QUE INCURREN EN EL GENOCIIDO DE NUESTROS HERMANOS.

HOY TODAVIA NUESTROS HERMANOS NO TIENEN RESPUESTA A SU RECLAMO, ESTAN ACAMPANDO SUS REPRESENTANTES EN AV 9 DE JULIO Y AV DE MAYO DE ESTA CIUDAD, Y HAN INICIADO EL DIA DE AYER (23-12 UNA HUELGA DE HAMBRE, AL NO RECIBIR NI SIQUIERA UNA RESPUESTA HUMANA DE LA SRA PRESIDENTA DE LOS ARGENTINOS, AL IGUAL QUE MUCHOS SECTORES ESTAN BORRADOS COMO COBARDES Y OTROS OPINAN BARBARIDADES IRRESPETUOSAS COMO EL FUNCIONARIO DE LA NACION COSCIA.

EN SINTESIS:

URGENTE!!! LA HUELGA DE HAMBRE DE FELIX DIAZ CONTINUA , ESTAN CON HERMANOS TOBAS Y OTROS ACAMPANDO EN 9 DE JULIO Y AV DE MAYO NECESITAN ALIMENTOS, AGUA MINERAL,PAPEL HIGIENICO, ART DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL BAÑO QUIMICO.

AHORA YO DIGO;

NO ME CONTACTEN, VAYAN DIRECTAMENTE, LO PRIMORDIAL ES:

PACKS AGUA
GASEOSAS O BEBIDAS TIPO GATORADE QUE LOS AYUDEN FÍSICAMENTE CON ÉSTE CALOR
ALIMENTOS FRESCOS, (FRUTAS)
HARINAS Y DERIVADOS

Qué te puede costar?, 50 pesos un par de packs de agua?, que de seguro te gastás en un trago en el bar?.

SOLO HAY QUE ACERCARSE Y LLEVARLES ALGO. Si nosotros sufrimos calor, imagínense ellos. Sumen la desidia, el destrato, el destierro, sumen toda la mierda junta. Ahí están, nuestros verdaderos ancestros, nuestros sabios, peleando estoicamente por sus derechos arrancados y abusados desde hace 500 años y más.

ESTO NO ES POLITICA, ESTO ES SENSIBILIDAD SOCIAL, ESTO ES RESPETO, ESTO ES SOLIDARIDAD, ES NO DEJARLOS SOLOS, TAN SOLITOS COMO ESTÁN EN ESTE BOSQUE SIEMPRE CRUEL.

LA LUCHA DE LOS TOBAS EN CONTEXTO (UNA NOTA)

Los Tobas en lucha y luto

Miércoles, 01 de Diciembre de 2010

Alfredo Leuco / Continental (enviada por Diego Ojeda)

Fuente: http://www.insurrectasypunto.org/

Hasta ahora el gobierno nacional en general y el ministro Julio Alak en particular mantuvieron un silencio demasiado parecido a la complicidad con un señor feudal llamado Gildo Insfran que es el responsable intelectual y político de la feroz represión que terminó con la muerte de dos personas.

Ese himno que popularizaron Mercedes Sosa y Jairo estalla en nuestras conciencias porque define a los tobas como “sombras errantes de la selva, dueños antiguos de las flechas, gente buena, gente pobre”.

Hasta ahora el gobierno nacional en general y el ministro Julio Alak en particular mantuvieron un silencio demasiado parecido a la complicidad con un señor feudal llamado Gildo Insfran que es el responsable intelectual y político de la feroz represión que terminó con la muerte de dos personas. Los victimarios fueron los integrantes de la policía de Formosa, gobernada por Insfran un cuadro histórico de la derecha peronista de Guardia de Hierro autotitulado menemista, duhaldista y por supuesto, kirchnerista de la primera hora.

Las prácticas clientelares de Insfran que hace 10 días también ordenó reprimir a estudiantes que protestaban, tiene a la provincia con indicadores sociales donde la pobreza, la marginación y el atraso parecen parte de su proyecto político. La estrecha relación política y de afecto personal con el matrimonio Kirchner tal vez influye para que el oficialismo haya tratado de tapar semejante horror.

Hay que recordar que la policía quebró un corte de ruta a sangre y fuego y que después como en los peores momentos de la historia se dedicó quemar sus humildes casas con sus pocas y más humildes pertenencias. Los dejaron llenos de hematomas en las espaldas, con ojos en compota producto de la paliza policial, sin documentos, sin un par de bicicletas, les robaron algunas bolsas de mandioca y porotos y les dejaron dos muertos tirados en el suelo.

Roberto López, un hermano toba de la comunidad qom “La Primavera” y un policía llamado Eber Falcón al que los manifestantes dicen que lo mató una bala de los propios uniformados. Como si esto fuera poco, aprovechándose de la debilidad de los integrantes del pueblo originario, llevaron detenidos a chicos que tenían entre 4 y 17 años, mujeres embarazadas con bebes en brazos y los ancianos que no pudieron correr para escapar. Los propios indígenas dijeron que la celda en la que los encerraron “era un río de sangre”.

Las fotos son conmovedoras. Esos rostros morenos, surcados por el esfuerzo, llenos de golpes, aterrorizados en sus ojos profundos por la brutalidad de la agresión policial. Una protesta pacífica que reclama las tierras en donde históricamente vivieron los tobas terminó con semejante castigo y por ahora con una terrible impunidad. Toba, en guaraní significa cara, es que son el rostro de la identidad criada entre “pilcomayos y bermejos llorando por mi” porque, como dice la poesía “campamento de mi raza la américa es”.

Ellos además pertenecen a la etnia qom que significa hombre, son los que ancestralmente viven de la agricultura, de la artesanía de cestería o cerámica y de la caza de tapires o guanacos. Incluso hoy suelen consultar a los chamanes por los males que sufren sus almas. No pueden entender tanta persecución, tanta discriminación por reclamar lo que les pertenece. Esa tierra comunitaria donde viven desde el fondo de los tiempos. El hermano que los lidera al que algunos llaman cacique se llama Félix Díaz y estuvieron punto de matarlo a balazos. Tuvo que esconderse en el monte para salvar su vida. Los indios tobas están reclamando justicia a los alaridos. No quieren que los maten. Quieren vivir en paz y en comunidad en sus tierras. Quieren juicio y castigo para los asesinos. Esta vez no fue una patota ferroviaria mercenaria como en el crimen de Mariano Ferrerya. Esta vez fueron las balas de la policía de Formosa. Balas de policías provinciales como las que mataron al profesor Carlos Fuentealba.

No se puede mirar para otro lado solo porque el gobernador Insfran es amigo del gobierno nacional. No se puede criminalizar ni judicializar la protesta. No se puede asesinar a nadie y mucho menos a la gente buena y la gente pobre que reclama por sus derechos. Todo ocurrió en el kilómetro 1341 de la ruta 86 en el departamento Pilcomayo de Formosa. Demasiado cerca de la impunidad. Demasiado lejos de Dios y de la casa rosada.

Represión a la disidencia en los tiempos del PAN...

En gobiernos panistas, 1 mil disidentes encarcelados
Autor: Érika Ramírez
15 AGOSTO 2010
Artículo e imágenes: Revista Contralínea

Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos

Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.

Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.

Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.

También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.

La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.

Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”.

Incapacidad para dialogar

El Reporte sobre la criminalización de la protesta social, elaborado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) –organismo dedicado a la defensoría de los derechos humanos–, indica que, en la confrontación entre movimientos sociales y el Estado, “se están reduciendo las condiciones para las salidas negociadas”.

El documento, coordinado por Pablo Romo Cedano, precisa que el “Estado está cada vez menos dispuesto a hacer concesiones sustantivas a los movimientos sociales; trata de justificar su endurecimiento al calificarlos de extralegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse a través de la presión a ningún tipo de negociación-acuerdo”.

Contrario a ello, “un número significativo de movimientos sociales está cada vez menos dispuesto a ceder frente a la decisión vertical o frente al daño o despojo que sufren”.

Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la protesta social es un derecho que cobra legitimidad ante la incapacidad de cauces institucionales adecuados para la atención de las demandas de los grupos sociales.

“Busca la plena garantía de derechos y permite en última instancia el acceso a la justicia. Esta forma de manifestación social se relaciona como la actuación u omisión del Estado, en situaciones de desigualdad y marginación social y con la impunidad que facilita la violación de derechos humanos”, dice.

Mil detenciones en una década

A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en la década reciente, 1 mil 194 personas han sido sometidas a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social.

Antonio Cerezo Contreras –acusado de terrorismo en 2001, junto con sus hermanos Alejandro y Héctor, por el gobierno federal, sin que éste haya podido comprobar los cargos– dice en entrevista que la criminalización de la protesta social es solamente un aspecto de la conformación del Estado mexicano en un Estado terrorista, al que se le suma la militarización del país y la modificación de leyes que validen el arraigo.

Las mismas estadísticas muestran que, durante el sexenio de Vicente Fox, 2006 fue el año en que más personas fueron aprehendidas. El caso que llevó más luchadores sociales tras las rejas fue el de Atenco, con el movimiento del FPDT. De las listas se destaca que, durante los primeros cinco años de administración, los detenidos por año no rebasaban la decena de personas.

En tanto que los procesados del sexenio de Fox Quesada que continuaban prisioneros hasta hace un mes eran 68; con el ascenso al poder de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra se incrementó en 219 por ciento, al contabilizar 149 detenidos a julio de 2010.

Para Romo Cedano, si bien la criminalización de la protesta social viene desde los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, es evidente que “en los últimos años se han incrementado notablemente este tipo de expresiones de criminalización y judicialización; es decir, entran en un proceso de descalificación social y un proceso judicial que cuesta la vida a quienes permanecen en las cárceles”.

El defensor de derechos humanos resalta el caso de Atenco, en el que más de 200 personas fueron sujetas a un proceso penal en 2006 y 12 continuaron presas hasta el pasado 30 de junio. También destaca el de las indígenas queretanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación. “Éstos no son hechos aislados, responden a una estrategia del gobierno y del Estado para reprimir, soslayar y acabar con la protesta social”.

Gobiernos opresores

Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.

En 2006, el caso que más presos tuvo en la entidad del Sureste mexicano fue el conflicto social entre el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizaciones que exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Éste había incumplido con el incremento salarial que prometió al magisterio, además estaba acusado de malversar fondos, incurrir en fraude electoral y fabricar delitos a sus opositores.

Michoacán ascendió a la segunda posición con la detención de 141 jóvenes. El 27 de noviembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaban en contra del proyecto Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa en los estados el gobierno federal y la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo. Ese día, fueron detenidos.

En Chiapas, las circunstancias no son distintas para los “luchadores sociales”. El acoso a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la detención de dirigentes campesinos –como ocurrió con José Manuel Hernández Martínez (don Chema), de la Organización Campesina Emiliano Zapata– y de integrantes del magisterio chiapaneco colocan al estado, gobernado por el perredista Juan Sabines, como el tercero con más presos políticos.

“En todas partes se expande esta situación de manera abominable, que responde a una inflexibilidad de las autoridades y de la incapacidad de entender a los interlocutores. Hay que recordar que éste es un problema de origen: este gobierno nace de la imposición y de la falta de diálogo”, explica Romo Cedado, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social en México.

Agrega que “estamos transitando hacia un régimen violento y no hacia una democracia liberal. No hay visos de cambio. Esto pasa a nivel federal y estatal porque están respondiendo a quienes son sus patrones: a los dueños del capital y a las grandes empresas, que han colocado en el poder a democracias débiles y pusilánimes para poder seguir gobernando”.

Golpeteo a la sociedad

Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, explica que la “protesta” representa un fenómeno de expresión colectiva, vinculada con la organización y las transformaciones populares y democráticas que enriquecen la vida pública al operar como mecanismo para la transformación y la realización de la justicia social.

La protesta también permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados, fungiendo en última instancia como elemento de la transformación social. Puede definirse como un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda, en general, con referencia directa o indirecta al Estado”.

Al criminalizar, el Estado utiliza una doble estrategia: “Primero, posterga la solución de las demandas sociales buscando el desgaste de los movimientos; luego, permite que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para justificar ante la opinión pública la inexistencia de salidas dialogadas, criminalizando al movimiento social y a sus demandas”, comenta.

El abogado indica que, cuando el ejercicio del poder estatal se distingue por la criminalización de la protesta, inhibe la discusión de los asuntos de interés general, la movilización de grupos sociales, el disenso, la crítica a las actividades del Estado y la participación política de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Esto evidencia no sólo la violencia institucional, sino la institucionalización de la violencia y la normalización de esta práctica como expresión de “gobernabilidad”.

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes Muñiz, observa que los delitos con los que se ha criminalizado la protesta social son el secuestro equiparado, despojo, robo, ataques a las vías de comunicación, sedición, entre otras.

Fuentes Muñiz agrega que entre las argucias legales que utilizan los ministerios públicos, se encuentran la fabricación de pruebas. Arman los expedientes y con ello se limita el derecho a la defensa adecuada.

Fases de la criminalización

En el Reporte sobre la criminalización de la protesta social, el Observatorio de la Conflictividad Social indica que hay tres premisas que “revelan un proceso enraizado en el sistema político mexicano, por medio del cual se aborda y confronta los conflictos sociales”:

Existe una tendencia a la invisibilización de los conflictos sociales por parte del Estado. Así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores.

La invisibilización y falta de reconocimiento provocan un escalamiento social de la conflictividad en el que se generan formas de confrontación más radicales.

A partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la confrontación, se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión y judicialización, que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos.