¡Ayotzinapa vive!
Carlos Fazio
05 de Marzo de 2012
Acasi tres meses de los hechos en
la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, en los que tres personas
murieron, cuatro más resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego y 24
fueron sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes, el caso exhibe la
manera autoritaria en que se maneja un conflicto social en México. También
devela la colusión de las autoridades encargadas de administrar e impartir
justicia –en la represión extralegal a los estudiantes de la normal de
Ayotzinapa hubo una coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad
federal, estatal y municipal– y desnuda el sistema de seguridad y justicia
mexicano, que con base en una cultura del engaño y la simulación está
estructurado de manera clasista para servir, encubrir y propiciar la impunidad
de quienes ostentan el poder.
Los asesinatos de los estudiantes
Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Isidro
Burgos, no debieron ocurrir. Tampoco la muerte del ex paracaidista de la Marina
Gonzalo Cámara Rivas, encargado del sistema de cómputo del establecimiento Eva
II, quien falleció a consecuencia de quemaduras múltiples al tratar de contener
el incendio de una de las bombas de suministro de gasolina. Si ocurrieron, fue
porque alguien en la cadena de mando del Operativo Guerrero Seguro ordenó el
uso de armas de alto poder contra estudiantes desarmados que defendían que la
escuela siga abierta.
El homicidio de los estudiantes y
el incendio de la gasolinera fue producto de la represión violenta. De un uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza pública y las armas de fuego, con el
objetivo de contener una manifestación pública. La utilización de la fuerza
letal contra civiles siempre debe ser el último recurso. Es una alternativa
extrema y excepcional cuando se han agotado todas las vías de negociación y
persuasión, y no se puede ejercer de manera arbitraria; es necesario observar
los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad y razonabilidad,
situaciones que no se dieron en el caso de marras el 12 de diciembre de 2011.
De acuerdo con el informe
preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para reprimir una
manifestación de 300 estudiantes –y sin que existan elementos fehacientes del
uso de protocolos o lineamientos de actuación antimotines– se utilizaron 165
elementos policiales: 61 de la Policía Federal, 73 de la policía ministerial;
19 de la policía estatal y 12 policías preventivos municipales, de los cuales
al menos 67 portaban armas de alto poder. Según la prueba de Griess practicada
por la Procuraduría General de la República (PGR), 91 por ciento de las armas
detonadas pertenecían a policías federales.
Sin entrar en la lógica perversa
del sistema, en la cual instancias federales, estatales y ministeriales se
encubren y acusan mutuamente para enredar y dilatar el caso, sacar ventajas y
pretender eludir responsabilidades –y prescindiendo también de la guerra civil
molecular en el estado de Guerrero, donde participan la Zona Militar, la
Marina, las procuradurías federal y estatal (incluido un grupo duro de
“incontrolados” locales que gozan de autonomía y tienen presuntos nexos con
bandas de la economía criminal), partidos políticos (PRI, PRD, PAN), el
sindicato de maestros que controla Elba Esther Gordillo, narcotraficantes y
organizaciones guerrilleras en fase de acumulación de fuerzas–, persisten varias
preguntas claves:
¿Quién estuvo a cargo del
operativo? ¿Quién en la línea de mando dio la orden de que las “fuerzas del
orden” participaran con armas de alto poder al margen de los protocolos
antimotines? ¿Quién ordenó disparar y con qué criterios?
¿Por qué si existen evidencias de
que el ex fiscal especializado para la investigación de delitos graves, Esteban
Maldonado, y el ex coordinador de zona de la policía ministerial, David Urquizo
Molina, participaron en la tortura al estudiante Gerardo Torres Pérez y le
sembraron un arma AK-47 de las llamadas cuerno de chivo, sólo han sido
destituidos, no están siendo investigados y permanecen libres?
¿Por qué intervino en el caso la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)?
¿Se intenta vincular a algunos mandos con el llamado cártel Independiente de
Acapulco para que la PGR haga un uso político del caso en tiempos electorales?
¿Qué tiene que ver con lo anterior la ejecución de dos policías ministeriales
que actuaban como escoltas del subprocurador de Justicia, César de los Santos,
el pasado 24 de febrero? ¿Existe una guerra sucia interna por el control de la
procuraduría estatal?
Más allá de esas interrogantes,
una aproximación a la verdad histórica de los hechos parece evidenciar que hubo
un plan predeterminado para cerrar la normal de Ayotzi y de paso incendiar
Guerrero. Que en la cadena de mando alguien dio la orden de tirar a matar y
modificar la escena del crimen. Después, siguiendo la lógica carroñera del
poder, los estudiantes Herrera y Echeverría fueron estigmatizados junto con sus
compañeros de Ayotzi, en tanto Cámara, “el héroe de la gasolinera”, recibió un
reconocimiento post mortem tras ser designado por el cabildo local “hijo
predilecto” de Chilpancingo.
La reanudación de clases y el
nombramiento de un nuevo director son un triunfo de los normalistas. Se evitó
el cierre. ¡Ayotzinapa vive! Pero ahora, en un uso faccioso de la justicia, se
está chantajeando a los estudiantes con el incendio de la bomba de gasolina
–que bien pudo ser cometido por un agente provocador encubierto– y se quiere
criminalizar su protesta atribuyéndoles ataques a las vías de comunicación,
delito federal. ¿Acaso se pretende cambiar dos muertos por uno? Y, en el colmo
del absurdo, si no fuera moneda corriente: ¿por qué se están haciendo
seguimientos a miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan? ¿También se busca incriminarlos?
No hay comentarios:
Publicar un comentario