Se desata violencia antizapatista
en
Chiapas
Dos hechos violentos
contra zapatistas y prozapatistas marcaron esta semana en Chiapas, estado en el
que fue asesinado un dirigente campesino adherente a la Sexta Declaración; y,
al mismo tiempo, toda una comunidad es amenazada de desalojo, muerte y
violación.
HERMANN BELLINGHAUSEN
Fotos: Desinformémonos
Publicado el 29 de
abril de 2013 en Desinformémonos
San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. Soplan vientos alarmantes de
violencia política antizapatista en la región tzeltal de Chilón, donde el
gobierno oficial, como el del estado, pertenece al Partido Verde Ecologista
(PVEM), en caso de que eso signifique algo. En el ejido San Marcos Avilés,
individuos identificados con los diferentes partidos políticos (que por acá
siempre comienzan, y terminan, por oler a PRI) han escalado su hostilidad, de
por sí sostenida desde hace más de dos años, contra las familias zapatistas de
la comunidad. Lo mismo con amenazas reiteradas de muerte y violación, que
robos, envenenamiento del agua y de los animales domésticos, amagos con arma de
fuego, destrucción de parcelas y el riesgo de ser desplazados violentamente,
como ya ocurrió en 2010.
Y entonces, sin aparente explicación, el
conocido dirigente de los adherentes de la Sexta en el ejido San Sebastián
Bachajón, también en Chilón, Juan Vázquez Guzmán, es asesinado de cinco
certeros balazos a la puerta de su casa por personas no identificadas que luego
abordaron un vehículo rojo y se perdieron en las carreteras de la impunidad
chiapaneca. Esto, la noche el miércoles 24, a las 23 horas.
En el ejido Jotolá, vecino de San Sebastián
Bachajón, las familias adherentes de la Sexta están amenazadas con ser pronto
despojadas de sus tierras por el grupo oficialista, con antecedentes penales,
de la misma comunidad.
La señal de alarma, que llevaba zumbando
varias semanas, sonó fuerte el sábado 20 de abril cuando la Junta de Buen
Gobierno del EZLN, en el caracol de Oventik, emitió un comunicado que detallaba
una veintena de incidentes de agresión, algunos graves, en San Marcos Avilés,
este año y los dos anteriores. Ese mismo día llegó a San Marcos una misión
civil de la Red por la Paz en Chiapas, compuesta por 10 centro de derechos
humanos y organismos independientes, para realizar una observación directa de
carácter humanitario.
Esa noche, los grupos oficialistas del PRI,
PVEM y PRD amagaron con expulsar a los observadores y despojarlos de sus
vehículos, “aunque haya sangre”. No obstante, la Caravana Civil de Observación
cumplió su cometido el domingo 21, y el jueves 25 dio a conocer su reporte, que
confirmaba, con vívidos testimonios de las mujeres zapatistas del ejido, lo
denunciado por la JBG.
Apenas unas horas antes habían asesinado a
Juan Vázquez, firme defensor del territorio de su pueblo contra el
avasallamiento gubernamental, a favor de la explotación turística de las
cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, contiguas a San Sebastián
Bachajón.
Las nuevas denuncias en San Marcos Avilés
tienen un denominador común con todas las anteriores: se trata de los mismos
autores materiales. Sus nombres están detrás de cada agresión. Que se sepa,
ninguno ha sido investigado. Más bien lo contrario, trabajan hombro con hombro
con la alcaldía de Chilón y desde hace varios años con el respaldo directo del
gobierno estatal, con una persistencia ya transexenal.
La JBG de Oventic “culpa directamente” a
Lorenzo Ruiz Gómez y Ernesto López Núñez, así como a los hijos del primero,
Sócrates e Ismael Ruiz Núñez. También los prístas José Cruz Hernández, Santiago
Cruz Díaz, Vicente Ruiz López, Manuel Vázquez Gómez y José Hernández Méndez,
además de los “verdes” Rubén Martínez Vásquez, Manuel Díaz Ruiz, Victor Núñez
Martínez, Victor Díaz Sánchez y otras 30 personas. Estos agresores “no dejan
vivir en paz” a las bases zapatistas, que ya fueron desalojadas temporalmente
en 2010.
La JBG recuerda que ha denunciado “los
actos vergonzosos de estas personas partidistas” que provocan problemas entre
indígenas de la misma comunidad, organizados por los gobernadores Juan Sabines
Guerrero y Manuel Velasco Coello”. Y apunta: “La respuesta a nuestras denuncias
ha sido de groserías, burlas y más amenazas”.
El comunicado detalla más de 20 agresiones
contra las familias zapatistas desde julio de 2011 hasta el pasado 18 de abril,
cuando un zapatista fue despojado de un predio por el edil de Chilón, quien
“mandó un tractor para aplanar un solar de 32 por 25 metros propiedad de Javier
Ruiz Cruz, y así empezó a trabajar, resguardado por 120 personas de los diferentes
partidos” el 17 de abril. “Nuestro compañero no pudo hacer nada para defender
su propiedad”. Antes, el pasado 29 de enero, Ruiz Cruz había informado a la JBG
que el terreno, a orillas de una laguna, “fue cercada por los agresores”, entre
“rumores de que se trata de la construcción de un campamento militar”.
Desde 2011 no han cesado amenazas ni
hostigamientos, “encabezados” habitualmente por el policía municipal y
militante del PVEM Lorenzo Ruíz Gómez. La JBG relata diversas agresiones contra
las familias autónomas. Ya en marzo de 2012, el priísta Ernesto López Núñez
alardeaba “que los de su partido tienen un nuevo plan” para desalojar a los
zapatistas, y que habría una “segunda etapa para quitarles sus derechos”.
El 3 de marzo de este año, “agresores y
autoridades del PVEM se reunieron con el principal cabecilla” (el mencionado
Ruiz Gómez), quien habría dicho “que no hay otra forma que asesinar a los hijos
de nuestros compañeros” y después pidió a sus cómplices “que asesinen a Juan
Velasco Aguilar y a los demás zapatistas”; sus correligionarios, según la JBG,
se dijeron “listos” para hacerlo y que tienen “suficientes armas”.
La Red por la Paz informa
La Red por la Paz en Chiapas sostuvo días
después: “La fuente de la agresión principal es el despojo de las tierras
laborables de las bases zapatistas por parte de miembros de los partidos PRI,
PVEM y PRD”. El informe privilegia los testimonios de las mujeres del EZLN de
San Marcos Avilés, quienes se dijeron hostigadas constantemente por los partidistas:
“Dicen que si salimos solas nos van a violar. Hace dos años murió mi hija de 10
años por tristeza, porque le dijeron muchas veces que la iban a violar”, dijo
una. Niños y niñas “preguntan constantemente porqué no pueden salir a jugar, y
sienten la preocupación de sus padres”. Las consecuencias psicológicas “son
fuertes”, sostiene el informe. Según otro testimonio, “ya no dormimos por el
riesgo”. La discriminación y la
exclusión contra los zapatistas “es marcada”, y las provocaciones “constantes”.
Se documentaron diversas amenazas de
muerte. “Por ejemplo, el 27 de marzo autoridades ejidales y municipales se
reunieron en un lugar privado para compartir información sobre un hombre
zapatista y decidir si lo matarían. Acordaron que una vez ejecutado, harían lo
mismo con las demás bases del EZLN”.
Posteriormente, la misión civil se
entrevistó con autoridades oficiales, aunque el edil verde Leonardo Rafael
Guirao Aguilar tuvo el tino de no presentarse. Los observadores hablaron no
obstante con el delegado de Gobierno Nabor Orozco Ferrer, el síndico Francisco
Guzmán Aguilar y otros funcionarios municipales.
Ante la documentación de las violaciones a los derechos humanos, el
síndico “reconoció el desplazamiento y el despojo de tierras de las bases del
EZLN desde 2010, comentando que ‘lo que sí es cierto es que los zapatistas
compraron tierras, pero se las volvieron a quitar porque no pagan predial, luz
ni agua’, pero negó la existencia de una situación de violencia en la
actualidad”. El delegado de Gobierno admitió “que existen intereses políticos
detrás de estos sucesos por parte de algunas personas que podrían estar
provocando la conflictividad”.
La misión detectó “precariedad alimentaria”
en las familias del EZLN, y el “riesgo inminente” de un desplazamiento forzado
por acción de los pobladores que se dicen afiliados al PRI, PVEM y PRD. Con su
informe, la Red por la Paz expuso con claridad al gobierno “la gravedad y
urgencia de la situación” y le demandó “acciones inmediatas para evitar daños
irreparables a la vida e integridad personal de los indígenas pertenecientes al
EZLN”.
Desde agosto de 2010
El inicio de la desventura de la comunidad
zapatista San Marcos Avilés fue el establecimiento de la escuela Emiliano
Zapata, parte del Sistema Autónomo Educativo Zapatista, en agosto de 2010. Los
oficialistas desataron una hostilidad ya latente, y a las pocas semanas las
familias zapatistas debieron refugiarse en las montañas durante 33 días. Al
regresar, encontraron sus casas y sembradíos saqueados y destruidos.
Las amenazas de expulsión y de
muerte alcanzaron proporciones alarmantes en junio de 2011, fecha en la que ya
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señalaba la
responsabilidad del Estado por omisión en estas agresiones, ya que las
autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las
bases zapatistas y el acceso a la tierra. Ello, a pesar de las denuncias de la
junta de buen gobierno (JBG) de Oventik y las varias intervenciones enviadas
por el propio Frayba al gobierno de Chiapas.
El organismo, que preside el obispo Raúl
Vera, demanda desde entonces el cese de las amenazas de muerte, el
hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes
de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y
seguridad, respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años,
en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, sancionado por
la OIT, la ONU y firmado por el Estado mexicano.
Las 170 personas desplazadas de
San Marcos Avilés el 9 de septiembre de 2010, regresaron el 12 de octubre de
ese año. En aquella ocasión, la JBG de Oventik responsabilizó al gobierno
estatal de cualquier nueva agresión contra sus compañeros, quienes eran y son
perseguidos por practicar la autonomía de manera pacífica.
En septiembre de 2010, la junta denunció
que 30 personas del ejido, integrantes de los mencionados partidos, encabezadas
por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, habían irrumpido violentamente,
con palos, machetes y armas de fuego, en las casas de los zapatistas, donde
intentaron violar a dos mujeres, que lograron escapar. Para no responder a la
agresión, las bases zapatistas se refugiaron en el monte. Después de 33 días de
desplazamiento forzado, sin alimentos y desprotegidos, retornaron a sus casas.
El Frayba documentó entonces que las
viviendas de los desplazados habían sido saqueadas de todas sus pertenencias,
incluyendo cosechas de maíz y frijol. Sus cultivos, cafetales y árboles
frutales fueron destruidos, y robados sus animales de corral.
Desde entonces, el centro ha informado en
varias ocasiones a las autoridades sobre la situación en San Marcos Avilés, a
fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y
seguridad de los habitantes, y buscar una solución al conflicto. Pese a esto,
no hubo respuesta del gobierno.
Aun cuando la población desplazada decidió
retornar, el Frayba ha seguido documentando amenazas persistentes y cotidianas
en la comunidad, y sostiene que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El 6
de abril de 2012 se instaló en el ejido un campamento civil por la paz, cuyos
observadores civiles también fueron amenazados, algo sin precedente, que habla
del escalamiento de las agresiones contra las bases zapatistas.
Más adelante, en agosto del año pasado,
nuevamente las bases de apoyo zapatistas denunciaron que se estaría
planificando un nuevo desalojo en su contra. Los partidistas se la pasaban en
asambleas extraordinarias para discutir estos asuntos, e incluso hicieron
público el plan de desalojo violento. La comunidad agredida reportó que estos
partidistas estaban tratando de conseguir a más personas en las comunidades de
Pantelhó, Corralito y La Providencia para ayudarles en realizar el desalojo.
Los indígenas en resistencia y perseguidos,
unas 200 personas, compraron el terreno hace 13 años y poseen la escritura. Sin
embargo, igual que en todo el territorio zapatista, esto no detiene a los
gobiernos y siguen entregándole la tierra a otros a cambio del desplazamiento
forzado de lo que más temen los de arriba: un buen ejemplo.
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