El gobierno pretende establecer centros ecoturísticos, acusan
Zapatistas denuncian desalojo y destrucción de comunidad indígena
“Reforestar”, el pretexto de las autoridades para realizar el operativo contra las bases del EZLN. Hermann Bellinghausen

Domingo 31 de enero de 2010

San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de enero. La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, con sede en el caracol de La Garrucha, denunció este viernes el desalojo y destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, el pasado 22 de enero. La intención gubernamental explícita es “reforestar” el área y establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules, dentro de la considerada reserva de la biosfera.
Mientras ardían las casas de los indígenas, relata la JBG, los zapatistas fueron forzados a abordar helicópteros oficiales para ser trasladados a la ciudad de Palenque, donde pasaron “hambre y frío” en un albergue hasta que recibieron atención de organismos civiles independientes.

Como ha ocurrido anteriormente, el operativo fue precedido de una oportuna “solicitud” al respecto de las autoridades lacandonas asentadas en Lacanjá Chansayab, dueñas legales de 600 mil hectáreas de selva y habitual ariete para expulsar a los pobladores de Montes Azules.

Antes del desalojo fuerzas enviadas por “el mal gobierno federal, estatal perredista de Juan Sabines Guerrero y (el) presidente municipal (panista) de Ocosingo Carlos Leonel Solórzano realizaron un operativo (con) policías federales, acompañados por funcionarios de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa)”, quienes sobrevolaron con cuatro helicópteros el poblado Laguna San Pedro “para causarle miedo a la población”, relata la JBG.

Ésta señala que participaron en la acción policías estatales y federales, tropas del Ejército, funcionarios del gobierno, camarógrafos y periodistas. Una vez en tierra, los funcionarios “platicaron con hombres y mujeres mientras los policías aprovechaban para quemar las casas de las bases de apoyo zapatistas”.

Cómo es posible que “el mal gobierno hable de diálogo mientras sus policías y Ejército queman las pertenecias de los compañeros”, cuestiona la JBG desde el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer. “Cómo es posible que el mal gobierno desaloje a los indígenas chiapanecos y mexicanos mientras ocupa la tierra para la construcción de ecoturismo para otras naciones”.

Cabe recordar que tras el desalojo el gobierno estatal anunció que en días próximos iba a desocupar seis poblados más, incluido el 6 de Octubre, también zapatista, además de Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, entre otras. Se sumarían a Suspiro, Buen Samaritano, Nuevo Salvador Allende y la mencionada Laguna San Pedro, que el gobierno llama San Pedro Guanil.

El ex gobernador panista de Yucatán Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa, visitó Chiapas en días pasados y acordó dichas acciones con el secretario de Gobierno de la entidad, Noé Castañón León, quien el martes 26 hizo público el acuerdo para “reforestar” y establecer un centro ecoturístico dentro de Montes Azules, se supone que a cargo de pobladores de Nueva Palestina, miembros secundarios de la denominada “comunidad lacandona” y responsables impunes de la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006, también en Montes Azules.

El “desarrollo ecoturístico” formaba parte de los proyectos de inversión del empresario Moisés Saba, fallecido semanas atrás en un accidente de helicóptero a las afueras de la ciudad de México. Otro proyecto suyo era la producción de biodisel en un millar de hectáreas de selva. Al parecer los proyectos siguen adelante, al menos por los gobiernos estatal y federal. Según Castañón León, se promoverá el “uso sustentable” de los recursos naturales con proyectos de “desarrollo comunitario” (para los lacandones y sus socios), “educación ambiental y circuitos turísticos de la ruta maya”.

La JBG acusa al gobierno de “mentiroso y tramposo, que quema casas de los indígenas”, mientras los periódicos hablan de la reubicación de los zapatistas de Laguna San Pedro, a quienes se les destruyeron sus viviendas, saquearon la tienda cooperativa y les ocasionaron pérdidas de árboles frutales, maíz, frijol, ropa y herramientas de trabajo. Los daños materiales ascienden a 585 mil pesos, además de las tierras, que como acostumbran decir los zapatistas no tienen precio.

Comunicado completo de la JBG.

CARACOL EN RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER
JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO.
LA GARRUCHA, CHIAPAS, MEXICO
28 DE ENERO DE 2010.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS COMPAÑEROS (AS) ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS HERMANOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANOS Y HERMANAS:

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO EL CAMINO DEL FUTURO, DENUNCIAMOS LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 22 DE ENERO DE 2010 EN EL POBLADO LAGUNA SAN PEDRO, MUNICIPIO AUTONOMO DE RICARDO FLORES MAGÓN, EL DESALOJO DE LOS BASES DE APOYO ZAPATISTA.

EL MAL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL PERREDISTA DE JUAN SABINES GUERRERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS LEON SOLÓRZANO ARCIA, DE OCOSINGO HAN REALISADO UN OPERATIVO MILITAR, POLICIAS FEDERAL, ACOMPAÑADO POR FUNCIONARIOS DEL MAL GOBIERNO, PROCURADURIA FEDERAL DEL MEDIO ANMBIENTE, (PROFEPA) SOBREVOLARON 4 HELICOPTEROS EN EL POBLADO LAGUNA SAN PEDRO, PARA CAUSARLE MIEDO A LA POBLACION.

LOS QUE PARTICIPARON EN ESTE OPERATIVO POLICIAS EJÉRCITO MEXICANO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, Y CAMARÓGRAFOS, PERIODISTAS, FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, PLATICAN CON LOS HOMBRES Y MUJERES MIENTRAS LAS POLICIAS APROVECHAN QUEMAR, LAS CASAS DE LOS BASES DE APOYO ZAPATISTA.

EL MAL GOBIERNO CÓMO ES POSIBLE HABLA DE DIÁLOGO MIENTRAS SUS POLICÍAS Y EJERCITO QUEMANDO LAS PERTENECIAS DE LOS COMPAÑEROS BASES DE APOYO ZAPATISTAS.

MIENTRAS ARDIENDO LAS LLAMAS DEL FUEGO DE LAS CASA DE LOS COMPAÑEROS FUERON OBLIGADO SUBIR EN EL HELICÓPTEROS HOMBRES Y MUJERES Y NIÑOS FUERON TRASLADADO EN PALENQUE.

CÓMO ES POSIBLE EL MAL GOBIERNO, DESALOJANDO A LOS INDÍGENAS CHIAPANECOS Y MEXICANOS MIENTRAS LA TIERRA, LO OCUPA PARA LA CONSTRUCCION DE ECOTURISMO PARA OTRAS NACIONES.

TAMBIÈN LOS TRES PODERES DEL MAL GOBIERNO HABLA DE LA REUBICACIÓN DE LOS POBLADORES MIENTRAS SUFRIENDO HAMBRE Y FRÍO EN ALBERGUE DE PALENQUE, ASI QUE PREGUNTAMOS DÓNDE ESTA LA REUBICACIÓN DE ESTOS HERMANOS ZAPATISTAS QUE EL GOBIERNO MENTIROSO TRAMPOSO, QUEMA CASAS DE LOS INDIJENAS MIENTRAS LOS PERIODICOS DICE LA REUBICACIÓN DE LOS COMPAÑEROS BASES DE APOYO ZAPATISTAS.

TAMBIEN LOS POLICIAS Y PERIODISTAS PREGUNTANDO, QUIÉN HACEN REUNIONES, QUIÉN DIRIGE LAS REUNIONES, ASÍ QUE SERÁ UNA REUBICASION. ESTOS SON LAS MALAS MANÍAS DEL GOBIERNO DICIENDO COSAS BONITAS MIENTRAS QUE LA FAMILIAS YA ESTÁN VOLANDO RUMBO A PALENQUE.

ESTOS SON LOS Y PERJUICIO, QUE PROVOCÓ EL GOBIERNO CON NUESTROS COMPAÑEROS BASES DE APOYO ZAPATISTA:

QUEMA DE CASA
DESTRUCCIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES
ROBO DE LAS TIENDAS COOPERATIVA
PÉRDIDAS GRANOS BÁSICOS MAIZ Y FRIJOL
ROPAS
ZAPATOS
TODOS LOS ARTÍCULOS DE LA PRIMERA NECESIDAD
TANTOS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

ESTOS LAMENTABLE ECHOS SUMAN UN MONTO TOTAL DE $ 585,115.00. ESTOS HECHOS OCURRIERON EN LAGUNA SAN PEDRO, MUNICIPIO AUTÓNOMO DE RICARDO FLORES MAGÓN, CHIAPAS, MEXICO.

ATENTAMENTE
JUNTA DE BUEN GOBIERNO
PEDRO GUTIÉRREZ GUZMÁN
LAURO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
REBECA LORENZO CRUZ
MARÍN JIMÉNEZ PÉREZ
GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

Lucía Morett, expediente abierto...

México, D. F. a 25 de enero de 2010
Economista Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la
República del Ecuador
PRESENTE.

CARTA ABIERTA.

Con el debido respeto quiero expresarle lo siguiente. Durante los tres años que ha dirigido a su país seguramente la invasión militar del 1 de marzo de 2008 ha sido uno de los temas más conflictivos que ha tenido que enfrentar, debido entre otras causas a que:

1) La deliberada agresión del gobierno colombiano, que contó con el apoyo de la mayor potencia militar del mundo, lo obligó a usted a hacer una firme defensa de la soberanía de Ecuador al tiempo que evitaba la provocación de la guerra.

2) En un contexto difícil por el conflicto geopolítico originado con los bombardeos, usted obtuvo del Sistema Interamericano apoyo para lograr el respeto a la integridad territorial para su patria, dadas las graves violaciones cometidas por el gobierno de Colombia.

3) Por el bien de la nación y su futuro, Ecuador requiere conocer lo sucedido, saber cómo se planeó el ataque, quiénes lo realizaron y cuáles fueron las complicidades que favorecieron la invasión. En este terreno los grandes intereses en juego han empañado y distorsionado la realidad.

Hoy lamentablemente los resultados no son alentadores para la justicia y la verdad:

1) El sistema judicial de su país retiró las órdenes de aprehensión contra los militares colombianos responsables del ataque, limitando incluso la acción de la justicia internacional. Los señores Juan Manuel Santos, Freddy Padilla y otros más podrán impunemente visitar al Ecuador que invadieron, bombardearon y donde cometieron crímenes de lesa humanidad.

2) Se mantiene el llamamiento a juicio y la solicitud de extradición de las tres sobrevivientes y testigos de los bombardeos acusadas de “atentar contra la seguridad interna de Estado”. Sobre ellas, que fueron víctimas de intento de homicidio, de lesiones, amenazas, torturas y violación a sus derechos humanos, recae la incomprensible acción de la justicia ecuatoriana.

3) La Comisión de Transparencia y Verdad Angostura entregó un informe parcial y con grandes omisiones, que más que aclarar lo sucedido encuentra culpables en Ecuador, se olvida de la masacre y las violaciones al derecho internacional y humanitario cometidas por Colombia. Esa Comisión guardó silencio en muchos temas e incluso se desentendió de las pruebas que le aportamos en descargo de mi hija Lucía Morett y que abrían nuevas líneas de investigación.

Ante las incongruencias judiciales con las que se disculpa a los agresores y se persigue a las víctimas, se violentan el debido proceso y el derecho internacional, quiero otra vez apelar ante usted como representante del Estado ecuatoriano, para que sean las razones y la verdad las que imperen, y no las posiciones de fuerza que han llevado a que de nueva cuenta Ecuador solicite la extradición de Lucía.

Por encima de mi condición de padre convencido que Lucía no cometió delito alguno, que existen injusticias y una persecución política en su contra, quiero aportarle más elementos además del material audiovisual que le entregué el 10 de agosto pasado y que es la prueba de la tortura que en Lago Agrio sufrió Lucía a manos de personal de inteligencia militar de su país y cuya conducta contrastó con la ejemplar atención humanitaria que tuvo de otros uniformados, autoridades y pueblo ecuatoriano.

Como lo señaló el defensor público en Lago Agrio que representó a Lucía, el proceso por el cual se solicita su extradición nunca debió establecerse ya que con él se coloca a las víctimas y ofendidas como supuestas agresoras. Además se violó la Constitución ecuatoriana, el derecho humanitario y los acuerdos internacionales contra de la tortura, como se muestra en los siguientes materiales:

1/Audiencia de Preliminar de la instrucción Fiscal No. 126-2008-JTPS, del proceso seguido a Lucia y las otras sobrevivientes del ataque a Angostura. En ella el defensor público, Robert Intriago, impugna el juicio, destacando que no hay elementos para presumir delito alguno, mucho menos la responsabilidad de los cargos imputados; que no estaba debidamente motivada la causa, que no hay eficacia aprobatoria ni el proceso reúne las condiciones exigidas en la Constitución ecuatoriana y, más grave aún, que se tomaron en cuenta pruebas violando la misma, como fueron las declaraciones arrancadas bajo tortura. Que el procesamiento es injusto y atentatorio a los derechos de las acusadas y que, al igual que Ecuador, ellas fueron víctimas

2/Declaración juramentada de Lucía Morett Álvarez del 15 de abril de 2008 ante el notario público Décimo Sexto de Quito, en el que narra la tortura a la que fue sometida por miembros del ejército ecuatoriano mientras simulaban atenderla medicamente y le retiraban, sin anestesia, esquirlas de su cuerpo, la interrogaban y filmaban contra su voluntad (incluso sin ropa), sin la presencia de defensor alguno o la asistencia consular a la que tenía derecho. Como recordará, ese material fue ocultado e incluso difundido en el extranjero antes que en Ecuador.

3/Carta de Lucía Morett al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en la que pide que “en apego a la verdad histórica de los hechos y a la justicia, realicen una revisión de la causa judicial que en su patria se sigue en mi contra…No hay evidencia que demuestre que infringí la Ley y por el contrario soy víctima de gravísimas violaciones a mis derechos humanos y testigo de la manera en que el ejército y la policía colombiana atacaron la soberanía de Ecuador… Categóricamente les expreso, no atenté ni he atentado contra la seguridad interna de Ecuador ni de país alguno”.

4/Oficio del 13 de julio de 2009 dirigido a Fander Falconi, Ministro de Relaciones Exteriores, por el Diputado mexicano, Armando Barreiro Pérez, en el que señala que “para muchos mexicanos la decisión de Ecuador de procesar a las víctimas nos resulta incomprensible, ajena a la verdad histórica de los hechos y contraria a la justicia…Estamos convencidos que un día se hará justicia a Lucía y los estudiantes asesinados en suelo ecuatoriano y que los responsables de violar la soberanía de su patria enfrentarán el proceso ante la historia y los tribunales internacionales.

5/Oficio del Ministro de Justicia de Ecuador pidiendo al Defensor del Pueblo que se investiguen probables violaciones a los derechos humanos de Lucía por personal militar ecuatoriano.

6/Le informo que Lucía ha presentado en la UNAM la tesis “Colombia, una revolución para el teatro y un teatro para la revolución” lo que muestra el trabajo de investigación que realizaba.

Le pido a usted como representante del Estado ecuatoriano, que en apego a la verdad, a la justicia y al ejercicio de los derechos humanos, promueva ante el poder judicial de su país el desistimiento del proceso en contra de Lucía Morett y permita que esta joven pueda restablecer su vida normalmente.

Quedo de usted, atentamente.

Dr. Jorge Morett Sánchez.

c.c.p. Embajador Galo Galarza. Embajador de la República del Ecuador en México.
c.c.p. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Quito.
c.c.p. Lic. Hugo Rosas de León Comisión de Derechos Humanos Senado de la República. México.
c.c.p. Medios de comunicación.

Colombia: el capital por sobre todas las cosas... El pueblo en resistencia.

Empresas Transnacionales y Resistencias
Colombia: multinacionales y conflictos
Alejandro Pulido*
Jueves 14 de enero de 2010, por Revista Pueblos
Cartón: Tomáz (en red)

Cuando en enero de 2009 el ayuntamiento de Cádiz otorgó el I Premio a la Libertad Cortes de Cádiz al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, porque “está contribuyendo a la erradicación de esta lacra del terrorismo con constancia y corazón grande”, los defensores de Derechos Humanos no sabían si era una bofetada, o una broma de mal gusto. El premiado había roto la Constitución política para reelegirse, ha gobernado en medio de escándalos de corrupción, persiguiendo a la oposición política y amedrentando a la Justicia. Las cifras de su gestión hablan por sí solas: 5,2 millones de desplazados, 18.713 desaparecidos, 321 violaciones al derecho a la vida, libertad personal e integridad física contra trabajadores sindicalizados, casi 6.000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y grupos paramilitares, aproximadamente 50.000 crímenes políticos, el incremento de la concentración de la riqueza (en abierta contradicción con la tendencia de la región), instituciones gubernamentales infiltradas por el paramilitarismo (lo mismo que la central de inteligencia del Estado-DAS), la persecución a los jueces que investigan sus actividades y, recientemente, la entrega de millonarias donaciones a grandes terratenientes del país.

El honrado con el premio de Cádiz se detuvo meses después en Madrid para entrevistarse con la crema de las empresas multinacionales españolas, marco en el que se afirmó que “para las empresas españolas la posible reelección de Uribe es una buena noticia”, porque “da seguridad a las empresas” [1]. Ante la pregunta: ¿seguridad para los negocios o respeto a los principios constitucionales? , los empresarios españoles no dudaron. Tras esta magna reunión, el presidente colombiano se dirigía a visitar al Papa, en una de las misiones para las que había nacido al mundo, entrevistarse con el Pontífice como jefe de Estado de un país constitucionalmente secular, pero en el que los sicarios siguen pidiendo protección a la virgen. Después del encuentro con el representante de Cristo, Uribe decidió ganarse también la bendición de Berlusconi; la estrella de la admirable clase dirigente europea dijo sobre Colombia: “…es un país rico y grande, en el que no han sido aprovechadas todas las posibilidades de inversión que existían por los motivos de inseguridad que había en el país”. [2]

“Desde que llegó el banco, 3.400 de nuestros compañeros perdieron su trabajo, los trabajadores que quedan reciben la presión del banco para que no se afilien, en una dinámica completamente agresiva”, según un trabajador sindicalizado en Colombia, que deplora el trato que le ha dado el BBVA a sus trabajadores. Éste no es un testimonio aislado, y aparece en un contexto lleno de duras contradicciones: en el período 2002- 2008 hubo 468 asesinatos, y un total de 3.527 atentados contra los trabajadores sindicalizados [3], sin que se haya abierto ningún proceso que esclarezca a los autores intelectuales de los crímenes en la abrumadora mayoría de los casos. Los conflictos por el control de territorios y sus recursos y por el aprovechamiento del trabajo se han agudizado en los últimos años, con las reformas neoliberales implementadas hace casi veinte años, y con la aparición de poderosas empresas internacionales, que se han adueñado de sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, medios de masas, servicios públicos. Como sucedió en Perú con Fujimori o en Argentina con Menem.

El actual Gobierno de Uribe ha sabido privilegiar las grandes inversiones, argumentando que son generadoras de empleo, mejoran la infraestructura tecnológica e incrementan la competitividad del país. En este contexto, las empresas multinacionales han sido protagonistas, generando importantes márgenes de utilidad, en medio de un conflicto social con duras características: Repsol extrae petróleo en el corazón de Arauca, uno de los epicentros del conflicto colombiano, sin que su “Responsabilidad Social Corporativa” le haya motivado pronunciarse sobre las masacres cometidas por grupos paramilitares cerca de su patio trasero. Mientras, Unión Fenosa bautizó con “cultura de no pago” las duras condiciones de pobreza del 80 por ciento de la población de la costa Caribe colombiana, que justificó con cortes sistemáticos, y el amedrentamiento directo a las comunidades [4]. Santander y BBVA generaron despidos masivos cuando arribaron al país, cerca de 4.500 trabajadores despedidos evocan con poco aprecio a estas empresas [5].

En Colombia existe la vieja tradición de utilizar las armas a la hora de proteger la sagrada propiedad, en 1928 fueron asesinados cerca de 1000 trabajadores que exigían mejores condiciones laborales a la United Fruit Company (antecesora de la actual Chiquita Brands, financiadora de grupos paramilitares), hecho conocido como la Masacre de las Bananeras. Décadas después se llevó a cabo el sistemático exterminio de los indomables indígenas Yariguíes en las riveras del río Magdalena, en faenas de cacería con las que se divertían los ingenieros norteamericanos de la Standar Oil (hoy Exxon Mobil). Y recientemente la minera estadounidense Drummond ha sido acusada por el financiamiento, y autoría intelectual, del asesinato de varios líderes sindicales hace cinco años.

A pesar de las campañas para salvar a la infancia de la pobreza, o de las “grandes” sumas de dinero donadas por las grandes multinacionales para promover el desarrollo social, la opinión pública parece no tragarse el cuento sobre lo imprescindibles que son estas empresas: apenas el 34 por ciento de los colombianos está satisfecho con los servicios públicos privatizados, y el 80 por ciento de los latinoamericanos cree que el petróleo debe quedar en manos del Estado [6]. Existe una gran preocupación entre las multinacionales por quedarse, consolidarse, y expandirse en Latinoamérica, donde las fronteras nacionales cada vez importan menos. En ese contexto, surge una preocupante tendencia, la integración horizontal y vertical en varios sectores estratégicos, lo que significa que en unos años podría verse una empresa que se encarga de perforar pozos de petróleo, distribuir gas, cobrar la electricidad, vender gasolina y comercializar bonos verdes para tranquilizar conciencias sobre el cambio climático.

De acuerdo al Banco Mundial, en Colombia se encuentra el mejor clima de los negocios en América Latina después de Puerto Rico, “por simplificar los trámites de crédito, protección de la inversión, y simplificación en el pago de impuestos” [7]. Sin embargo, este clima cuenta con algunas dificultades, especialmente por la resistencia de los pueblos. Cientos de organizaciones sociales del país se reunieron para acusar a muchas de las empresas multinacionales por sus delitos contra la humanidad, entre las cuales se encontraban varias empresas españolas, en lo que se llamó Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia. Fueron condenas de tipo moral y ético, pero fueron legítimas al representar las voces de miles de personas que no han encontrado respuesta en los tribunales del Estado.

Los pueblos, en resistencia

Mas allá del Tribunal, los pueblos de Colombia buscan maneras de contener el ejercicio de la violencia dirigida a “darle seguridad” a las inversiones, aunque por otro lado juegan las jugosas propuestas que llegan con los programas de Responsabilidad Social Corporativa. Los pueblos no sólo se enfrentan a poderosas corporaciones con sus jaurías de abogados, sino también a la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil, que por lo general esta infestado de grupos armados legales e ilegales. Se cierran las posibilidades de mantener expresiones culturales diferentes a la dominante, los pueblos que durante cientos de años se refugiaron en selvas y montañas en la periferia del “desarrollo”, ahora tienen que enfrentarse de nuevo a ejércitos invasores, misioneros disfrazados de ONG, y a una autoridad que siempre les ha sido ajena.

Las solicitudes de permisos de explotación de recursos excede la capacidad de las organizaciones para enfrentar a los abogados corporativos: los campesinos de las llanuras de Arauca se preguntan qué hacer con la empresa petrolera que quiere comprar sus tierras de cualquier manera; las comunidades indígenas Emberá, Katío y Wounaan, de las selvas del Pacífico (ante la arremetida de empresas mineras, palmeras y madereras), cómo pueden hacer valer su derecho a la consulta previa; o las comunidades afrodescendientes del Cauca, buscan defender su manera de aprovechar artesanalmente el oro en sus territorios.

Los movimientos sociales insisten en buscar espacios jurídicos para que sean reconocidos sus derechos, valiéndose de todas las posibilidades constitucionales que aún quedan, pero sepultados por la realidad jurídica en la que se enseñorea la extrema derecha. Los esfuerzos jurídicos pasan por demandas locales a raíz de la violación de derechos laborales, por los daños causados por el servicio de electricidad o los vínculos con grupos armados para eliminar dirigentes sindicales. A nivel internacional, se aprovechan algunas grietas que permiten hacer demandas jurídicas especialmente por crímenes en contra de la humanidad. En Estados Unidos la corporación minera Drummond aceptó pagar una suma simbólica como indemnización por el financiamiento y apoyo directo a grupos paramilitares; en el Reino Unido, British Petroleum, a raíz de la demanda de varios campesinos víctimas de desplazamientos y atentados contra su vida en el área de influencia de su oleoducto, logró negociar el silencio a cambio de una cifra de varios millones de euros. El sistema judicial local es tremendamente débil, a nivel internacional aún no es posible hacer justicia.

Las luchas de los pueblos de Colombia por defender sus territorios, y por hacer digno su trabajo, no se han reducido a lo jurídico, de una manera u otra entienden que sus proyectos de vida (ajenos a los hipermercados, los televisores y los tanques de guerra) se fundamentan en el reconocimiento a su autonomía, en el principio de autodeterminación, en la posibilidad de construir sus propias relaciones con la naturaleza. Para muchos movimientos y organizaciones está claro que la supervivencia depende de correlaciones de fuerzas favorables, y para ello es necesario poner a jugar la desestabilización del sistema que viene con las movilizaciones masivas y la protesta en las calles. En los últimos años, tal vez la expresión más genuina de las tensiones que padecen los movimientos populares frente al sistema es la Minga de los Pueblos (que nació como la Minga Indígena), que parte de la necesidad de abrir espacios de reencuentro y movilización, enriqueciendo la agenda social con elementos políticos y la denuncia directa sobre el accionar de las multinacionales que afectan sus territorios. Puede que los elementos de la Minga no sean nuevos, pero no puede dejar de sorprender una movilización masiva tras varios años de la más dura represión y guerra sucia desde el establishment.

En este momento se están tejiendo redes de intercambio de experiencias de resistencia popular ante la arremetida de las empresas mineras, en particular la Anglo Gold Ashanti. Se continúa en el levantamiento de pruebas y en la construcción de casos para insistir en demandas jurídicas, por los casos más representativos de crímenes en los que están involucradas empresas multinacionales, a pesar del silenciamiento de testigos, y el torpedeo de los procesos. Se siguen desarrollando campañas de boicot y denuncia a varias empresas, aprendiendo de los aciertos y errores de las anteriores campañas de denuncia en contra de Cocacola, Nestlé y Occidental Petroleum. En estos momentos, los pueblos de Colombia construyen diversas posibilidades para defender los derechos de los pueblos frente al derecho comercial internacional, pero una cosa está clara: en Colombia, estas corporaciones no pueden seguir haciendo los que se les da la gana.

*Alejandro Pulido se dedica a hacer seguimiento a multinacionales y los problemas del “desarrollo” en Colombia.

Este artículo ha sido publicado en el nº 40 de la Revista Pueblos, diciembre de 2009.
Notas
[1] “Presidente se reúne hoy con Berlusconi y El Papa. Empresarios de España Apoyan Nueva Reelección”. El Tiempo. 30 de abril de 2009
[2] “Uribe le explicó al Papa su postura crítica frente a las Farc”. Diario El Tiempo. 1 de mayo de 2009
[3] Escuela Nacional Sindical. (2007-2008). Sistema de Información Laboral y Sindical. Medellín, Colombia
[4] Ramiro, P.; González, E. y Pulido, A. (2007). La energía que apaga Colombia. Los impactos de las Inversiones de Repsol y Unión Fenosa, Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad
[5] Alejandro Pulido y Pedro Ramiro, “La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009
[6] Informe 2008. Corporación Latinobarómetro. Noviembre de 2008. Santiago de Chile
[7] Doing Bussines. Comparando la regulación en 183 economías. Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional y Palgrave MacMillan. 2009

Ocupación militar estadounidense de Haití...

Comunicado y llamamiento a la acción del International Action Center (IACenter)
Alimentos, no tropas: fin de la ocupación militar estadounidense
iacenter.org
Traducido para Rebelión por Paloma Valverde*

20 de enero de 2010

Según las noticias recibidas, el Pentágono tiene el control absoluto del aeropuerto de Puerto Príncipe y es responsable del control de todo el tráfico aéreo. Cada vez hay más informaciones de que las organizaciones de ayuda han acusado al ejército estadounidense de “Centrar sus esfuerzos en instalar sus tropas y sacar a sus ciudadanos” [1].

Bajo el pretexto de detener el supuesto saqueo, Estados Unidos ha obligado al gobierno del presidente René Preval a aprobar medidas de urgencia para delegar el control de la seguridad en el Pentágono.

La presencia militar estadounidense ha aumentado desde los 3.500 soldados de la 82º División aérea y los 2.200 marines hasta un número estimado en 10.000 tropas. Resulta indignante que el pueblo haitiano se vea obligado a soportar condiciones aún más duras para que Estados Unidos pueda expandir su ocupación militar.

Según Jarry Emmanuel, responsable de la logística aérea de la Organización World Food, “ […] Hay un tráfico diario de 200 vuelos, lo que supone una cantidad increíble para un país como Haití, pero la mayoría de esos vuelos son del ejército estadounidense. Su prioridad es controlar el país, la nuestra alimentarlo.”

El 16 de enero se le denegó el permiso para aterrizar a un avión de Médicos sin Fronteras, que llevaba material médico. Después de que los vuelos de Cruz Roja fueran sistemáticamente desviados, la organización prefirió intentar entrar con camiones a través de la República Dominicana. Los periódicos han informado de que Francia, Brasil e Italia, junto con las mayores organizaciones de ayuda, estaban tan preocupados por el desvío de sus barcos que han presentado quejas formales. Los vuelos argentinos, peruanos y mexicanos que transportaban equipos humanos y material de ayuda fueron igualmente obligaron a regresar. Asimismo, se ha negado el aterrizaje a la Misión de ayuda de urgencia de la comunidad caribeña, Caricom.

Alain Joyandet, secretario de Estado para la cooperación del gobierno francés, declaró a los periodistas que había presentado una queja contra Estados Unidos por la toma del aeropuerto de Puerto Príncipe: “He presentado una protesta oficial contra Estados Unidos en la embajada estadounidense”, afirmó en el aeropuerto haitiano, después de que un avión francés, que portaba material médico, fuera obligado a regresar [2]. Después de que fueran rechazados dos aviones de ayuda franceses, Didier Le Bret, embajador francés en Haití, afirmó que el aeropuerto de Puerto Príncipe se ha convertido “[…] no en un aeropuerto para la comunidad internacional, sino en un anexo de Washington.” [3].

El 17 de enero, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, afirmó que Estados Unidos está utilizando el terremoto de Haití como pretexto para ocupar el devastado país y ofreció enviar gasóleo. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, declaró que Estados Unidos se ha aprovechado del terremoto en Haití para desplegar sus tropas en el país.

Todo el mundo repite que Haití es el país más pobre y menos desarrollado del hemisferio, y es cierto, pero es debido a que el país ha sido ocupado una y otra vez por las fuerzas militares estadounidenses, motivo por el cual este despliegue de tropas estadounidenses en Haití resulta tan vejatorio. Éste, al igual que los producidos en el pasado, no ayudará a Haití.

Desde 1804, cuando se produjo con éxito la primera revolución de esclavos en la historia contra los colonialistas franceses, hasta la actualidad, Washington ha impuesto continuamente sanciones, pagos de la deuda e intervenciones militares en un intento de acabar con la independencia haitiana. Estados Unidos ocupó el país desde 1915 hasta 1934 y en los últimos 20 años, ahora lo hace otra vez.

En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide, un presidente democráticamente elegido por el 90 por ciento de la población, fue derrocado en un golpe de estado planificado por Washington y apoyado por las tropas de Francia y Canadá. Hoy Estados Unidos impide el regreso del presidente Aristide a Haití desde Sudáfrica, donde está exiliado. Estados Unidos ha ocupado Haití bajo mando de Naciones Unidas. Seis años de ocupación de Naciones Unidas no ha hecho nada para desarrollar Haití o para mejorar su infraestructura. Por el contrario, ha provocado mayor pobreza y hambre junto con una deuda insostenible.

Es un momento importante para hacer frente a todas las formas de ocupación militar estadounidense de Haití. El movimiento de los pueblos debe exigir que el aeropuerto de Haití se utilice para los vuelos que llevan ayuda médica de urgencia, comida y agua, no tropas de Estados Unidos.

Tu mensaje a los dirigentes estadounidenses, a los medios de comunicación internacionales y a los responsables de Naciones Unidas es un paso importante para apelar a la ayuda internacional y mostrar al mundo la oposición internacional a la continuada ocupación estadounidense de Haití.

Envía un mensaje al presidente Obama, a los ex presidentes Clinton y Bush: “El pueblo de Haití necesita alimentos, agua y ayuda médica, no una ocupación militar”.

Firma la petición en http://iacenter.org/haitipetition/

Notas:

1.- New York Times, 17 de enero de 2010.

2.- AFP, 17 de enero de 2010.

3.- The Guardian, 17 de enero de 2010

Fuente: http://www.iacenter.org/haiti/haiti-011910/

*Paloma Valverde es miembro de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI, http://www.iraqsolidaridad.org/)

Y se hizo la luz... parte 1.

Documental: Y se hizo la luz
Parte 1 de 3
Producido por Canal 6 de julio

Movimientos: estatización o conflicto...

Una nueva etapa para los movimientos
Raúl Zibechi
Sábado 09 de enero de 2010

Cuando se ha cumplido una década de la batalla de Seattle, punto de partida del movimiento contra la globalización neoliberal en el primer mundo, y nos acercamos al décimo aniversario del primer Foro Social Mundial, los movimientos políticos y sociales latinoamericanos atraviesan enormes dificultades que van desde la criminalización de la protesta hasta una ofensiva mediática e ideológica de las derechas. En consecuencia, su aislamiento y las dificultades para organizar a nuevas camadas de pobres crecen sin cesar, agravadas por la expansión de las políticas sociales de los estados.

Los medios están jugando un papel de primer orden. Apenas una muestra. La revista brasileña Veja (19 de diciembre), enemiga de todo lo que huela a popular, acaba de publicar un informe en el que afirma que el Movimiento sin Tierra (MST) es “el movimiento social más odiado de Brasil”. En base al manejo parcial de datos de una encuesta realizada por Ibope, afirma que existe en el país un amplio rechazo al MST, cuyas acciones califica de “bandidismo y vandalismo”. Por cierto, Veja mantiene una larga tradición de criminalización de los sin tierra, así como de la pobreza en general. Pide mano dura, represión y cárcel para los campesinos organizados, a los que en varias ocasiones asimila al narcotráfico.

Los intelectuales también hacen de las suyas. La séptima Carta Abierta de un amplio grupo de intelectuales progresistas argentinos siembra dudas sobre la legitimidad de la protesta social. Carta Abierta surgió en 2008 para incidir en el conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de enfrentar a la derecha y apoyar al gobierno. “La movilización social no puede considerarse sin situarla, en cada momento, bajo las preguntas de su condición y legitimidad”, puede leerse en la pieza difundida hace pocos días (Página 12, 22 de diciembre). “Ninguna de esas prácticas –agregan los intelectuales– está eximida del riesgo de caer en alguna forma de cooperación involuntaria con la destrucción de la vida colectiva”.

Dos hechos llaman la atención. Intelectuales que hasta hace poco tiempo apoyaban de modo incondicional a los movimientos, ahora dudan de su legitimidad. Y se permiten polemizar con ellos en los medios. El papel de los intelectuales comprometidos, siempre fue el de acompañar críticamente, o sea, formulando las diferencias en el contexto del propio movimiento, no ventilándolas en los medios. Esta actitud los coloca a distancia, digamos arriba y a la derecha de los movimientos. Por el contrario, las críticas a los gobiernos son apenas superficiales.

¿Cómo se puede abandonar la crítica cuando los llamados gobiernos progresistas no han encarado ninguna reforma estructural y se conforman con aplacar la protesta con políticas compensatorias? Para el MST, 2009 fue el peor año para la reforma agraria en el contexto de una correlación de fuerzas muy adversa. Joba Alves, de la coordinación nacional del MST, lo resume así: “El gobierno federal hizo una opción clara por el agronegocio como modelo a ser aplicado en el campo brasileño y ha actuado con poco interés por la reforma agraria, que está siendo tratada como política compensatoria y sólo es aplicada en situación de conflicto social, no como política de Estado para combatir el latifundio y la concentración de la tierra” (mst.org.br del 28 de diciembre). Sería ilusorio pensar que es un caso aislado.

Cuando las reformas estructurales por las que lucharon y dieron su vida generaciones de militantes se convierten en políticas compensatorias para aplacar conflictos, es porque algo ha tocado techo. Se impone reflexionar y prepararse para producir un viraje de largo aliento. En estos mismos días se está produciendo un interesante debate en Brasil (ihu.unisnos.br, de noviembre, página web del Instituto Humanitas Unisinos), sobre lo que algunos denominan “el fin de la era de los movimientos sociales”. El sociólogo Rudá Ricci, uno de los que intervienen en el debate, sostiene que “vivimos una estatización de la sociedad civil”, cuyo mejor ejemplo es el del movimiento sindical que forma parte del bloque de poder junto al capital financiero y las multinacionales brasileñas.

Una cuestión de la mayor importancia, que surge de ese debate, es la creciente diferenciación entre movimiento social y organización social. Mientras aquellos se organizan sin jerarquías en torno al conflicto como práctica política cotidiana, las segundas tienen jerarquías, presupuesto fijo, fuentes de recursos regulares, formación política y técnica propia, equipamientos y sector administrativo, según detalla Ricci, quien se desempeña como asesor sindical y profesor universitario. El modelo que siguen estas organizaciones sociales es el de las organizaciones no gubernamentales, con las que mantienen estrechas relaciones de cooperación y de las cuales han interiorizado conceptos como “sociedad civil” y prácticas que buscan sustituir, sistemáticamente, el conflicto por las pláticas en espacios asépticos. Surge así un modo de hacer política de carácter burocrático, neutro, sin las urgencias ni las rabias de los de abajo, un estilo tecnocrático, “para” los de abajo pero sin ellos.

Veinte años después del Caracazo que puso en marcha el proceso bolivariano y 16 años después del “Ya basta” zapatista, parece evidente que una era de los movimientos está llegando a su fin. La trasmutación de movimientos en organizaciones jerarquizadas y cooptadas, sometidas a los gobiernos y a la cooperación internacional, ha jugado un papel decisivo en la clausura de ese periodo. Aprender cómo fue el proceso puede resultar útil para quienes creemos que las dificultades actuales están lejos de representar el fin de los movimientos y son apenas un recodo en el camino. Recuperar aquel estilo horizontal, aquellos modos rebeldes y subversivos, será una señal de que un nuevo ciclo está naciendo. Lo central, no obstante, será recobrar la centralidad del conflicto –y no sólo de la movilización– como eje articulador de los movimientos, de la organización y la conciencia de los de abajo.

Encuentro de autonomías... El otro México.

La palabra del agua
Gilberto López y Rivas
Viernes 08 de enero de 2010

Durante los días 19, 20 y 21 de diciembre pasado tuvo lugar una reunión en el pueblo amuzgo de Xochistlahuaca-Sulja’a, Guerrero, en el marco de la celebración del quinto aniversario de Radio Ñonmdaa (La palabra del agua), en la que se reflexionó sobre el territorio, el resguardo de los recursos naturales, los medios de comunicación de los pueblos y para los pueblos, y sobre la represión del Estado en contra de organizaciones y luchadores sociales.

En la plenaria del encuentro se presentó también el libro Otras geografías: Experiencias de autonomías indígenas en México, coordinado por Giovanna Gasparello y Jaime Quintana Guerrero (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2009), con presentación y prefacio de Alicia Castellanos y Carlos Montemayor, respectivamente, con sendas introducciones de los compiladores y de Luis Hernández Navarro y capítulos sobre diversos procesos autogestionarios: Policía Comunitaria de Guerrero, Triques de Oaxaca, Yaquis de Sonora, así como debates y análisis sobre aspectos y enfoques de las autonomías.

Común denominador de las mesas de trabajo fue el territorio como espacio estratégico de los pueblos en su defensa del agua, manantiales y ríos, la tierra, los bosques, las semillas tradicionales, la autosuficiencia alimentaria, y en contra del saqueo y la explotación irracional de nuestro planeta. Proteger el territorio y sus recursos de la depredación capitalista y de sus gobiernos significa la salvaguarda de la vida misma de quienes lo habitan.

Los participantes conocieron la historia de la radio que el 20 de diciembre de 2004 salió al aire. Radio Ñomndaa, primera estación radiofónica que transmite fundamentalmente en lengua amuzga bajo el auspicio de las autoridades tradicionales, responde a las necesidades del municipio autónomo de Sulja’a y es escuchada también en diversas comunidades mixtecas, mestizas y negras de la Costa Chica guerrerense y oaxaqueña. La audiencia de la radio es amplia pues para el 95 por ciento de la población el amuzgo es su primera lengua y el 71 por ciento únicamente habla este idioma; esta frecuencia modulada es sin duda un logro de los amuzgos y su existencia refuerza la cohesión y organización de todos los pueblos indígenas de la región. Radio Ñomndaa es expresión patente de los derechos indígenas incluidos en la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de San Andrés. La palabra del agua surgió de la resistencia del pueblo amuzgo por construir su autonomía y mejorar las condiciones de vida de sus empobrecidas comunidades. Por ello, desde su surgimiento ha sido hostigada de múltiples formas por las instituciones de gobierno e incluso agentes policiacos y militares han intentado asaltar sus modestas instalaciones para acallar su diaria programación, siendo repelidos por la presencia de los pobladores que protegen de esta manera un instrumento de comunicación que informa con veracidad, preserva su patrimonio lingüístico y describe su lacerante realidad.

Se denunciaron las acciones represivas, el hostigamiento a dirigentes de la comunidad con delitos fabricados, –como David Valtierra–, el nepotismo, la corrupción y el saqueo de recursos, como la grava y arena del río Santa Catarina con maquinaria pesada, por parte de la cacique Acedeth Rocha Ramírez, actual diputada federal del PRI, quien incluso abrió una radiodifusora que sirve como contraparte distorsionante –desde el poder– de La palabra del agua.

En este quinto aniversario se hicieron propuestas para articular esfuerzos y coordinar los distintos procesos de resistencia. Se rechazaron la siembra de transgénicos y los programas para la certificación de derechos ejidales y comunales (Procede y Procecom), ya que dividen a las comunidades y propician el acaparamiento y la venta de tierras.

Se declaró expresamente que los medios de comunicación comunitarios deben servir para fortalecer la democracia directa de los pueblos y no al desgastado sistema de partidos de Estado. Se decidió elaborar un directorio de medios libres y comunitarios para compartir materiales y conocer los afanes de los de abajo por un mundo mejor en otros ámbitos y contextos sociales y culturales, fortaleciendo las redes de radios que existen a contracorriente del poder y sus medios masivos de comunicación. Existe un acosamiento permanente del Estado de las radios comunitarias, así como la tendencia a criminalizar el trabajo independiente de información radiofónica. Se considera un ejercicio de autodeterminación tener un medio de información propio, en el que los aspectos técnicos sean asumidos por todos, así como el reto de aprender a operar los equipos de trasmisión a partir de socializar la capacitación y compartir los saberes; en los programas de radiofonía debe haber debate en el que se conozcan todas las perspectivas de los hechos para que el auditorio escuche las diferentes formas de ver el mundo y se avance en la formación de una conciencia social e intercultural.

Ante la represión se consideró que la mejor respuesta es la movilización de la comunidad. Revertir la dificultad de los pueblos para organizarse a partir de instituciones sociales y políticas propias. Las comunidades pueden de manera más efectiva tomar el control de su entorno, por lo que se recomendó que cada una organice su propia policía. Solamente el pueblo que cuente con una policía integrada por los propios comuneros, que obedezca a su mandato y dé cuentas a la asamblea comunitaria, podrá resolver los problemas de inseguridad y garantizar la defensa del territorio. Felicidades a la palabra digna y comprometida de los amuzgos en su quinto onomástico.

Con la misma vara... ¿serás medido?

Última esperanza para 12 campesinos aún recluidos, dicen abogados y la esposa del líder del FPDT
Tendrá la Corte “mismos fundamentos” del caso Acteal para liberar a presos de Atenco
Emir Olivares Alonso
Jueves 7 de enero de 2010

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y abogados de los detenidos luego de la represión ocurrida en mayo de 2006 en ese municipio, consideraron que la posible atracción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los amparos de las 12 personas que permanecen recluidas representa “una esperanza” para que obtengan su libertad tras casi cuatro años de encierro.

Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle –sentenciado a más de 100 años de prisión–, y Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas que llevan la defensa de varios de los recluidos, coincidieron en que la SCJN tendría los mismos fundamentos que usó para liberar a los responsables de la masacre de Acteal, Chiapas, cuando concluyó que los procesos judiciales fueron irregulares.

Después de casi cuatro años de los hechos –donde la misma Corte acreditó que las autoridades vulneraron garantías fundamentales– siguen presas 12 personas sentenciadas por delitos como secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación. Nueve se encuentran en un penal estatal, condenados a más de 30 años, en tanto que Del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez fueron sentenciados a más de 100 años de prisión y purgan su condena en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

“Es tiempo de que se haga justicia y de que los ministros de la SCJN tomen en sus manos el caso y resuelvan los amparos para bien. Luego de casi cuatro años, no se ha probado que nuestros 12 compañeros aún presos son responsables de los delitos de que se les acusa. Se trata de condenas inhumanas”, aseguró Ramírez.

Suárez Treviño confió en que los ministros presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y ponente del caso Atenco, José de Jesús Gudiño Pelayo, cumplan el compromiso manifestado ante familiares de los detenidos de que la Corte atraería los amparos, ya que existen sentencias definitivas por parte de la justicia del estado de México. Agregó que ésta es la última posibilidad que tienen los activistas para ser liberados.

“Se trata de la respuesta a un compromiso. Estimamos que el día 19, cuando se instale la plenaria de la primera sala de la SCJN, se vote la atracción. Apostamos a la sentencia absolutoria, porque no hay pruebas contundentes y los procesos judiciales fueron irregulares”, dijo.

Manifiesto de la Asamblea Nacional de Adherentes de La Otra Campaña...

M A N I F I E S T O
ANTICAPITALISTA 2010

Declaración de colectivos, organizaciones e individu@s adherentes a la VIDSL y a La Otra Campaña participantes en la Asamblea Nacional de Adherentes del 26 y 27 de diciembre de 2009

A los Pueblos Explotados de México y del Mundo

Estas palabras son dirigidas a la gente que al recorrer este largo camino de la vida ha encontrado, al igual que nosotros, explotación, humillación, hambre y desigualdad. Pueden entender entonces que nuestro andar no ha sido nada fácil, pero lo más difícil ha sido el no conformarnos y tratar de cambiar esa realidad que nos oprime. Por eso luchamos por mejores condiciones de vida y de trabajo, por medio de la organización, la protesta social y otras formas de resistir que han sido nuestra forma de vida; y a lo que nos hemos enfrentado es a la represión del Estado. Es la manera en que el modo de producción capitalista responde a nuestras demandas, castigándonos por defender nuestro derecho a la vida. Conocemos de cerca el significado de la represión, la hemos vivido, conocemos sus formas, como lo son el asesinato, la cárcel, la tortura, la desaparición, la marginación. Hoy llamamos a luchar en contra de este sistema de muerte, por la vida, por un sistema más justo

- Marco Histórico

La nación mexicana, es el resultado que nos dejan 500 años de resistencia e insurrecciones de las naciones indígenas en contra del exterminio, de la conquista y la colonización.

Es el resultado de las sublevaciones del pueblo mexicano en contra de sus opresores en diferentes etapas de la historia. Están presentes los ideales y esfuerzos que han aportado Morelos, plasmados en “Los Sentimientos de la Nación” y los personajes de la Independencia como Allende, Hidalgo, etc. Retomamos el espíritu de restauración de la República, los principios del Partido Liberal Mexicano magonista, las causas por las que se levantó Zapata y Villa. Reconocemos el espíritu de lucha y combate del güero Medrano, el grito de lucha de Arturo Gámiz, la rebeldía de Genaro y Lucio.

Más de 100 años de luchas de la clase obrera contra el capital, por mejorar sus condiciones de vida y e trabajo, han contribuido a conformar el México de abajo rebelde e insurrecto.

Las insurrecciones y levantamientos del pueblo mexicano son producto de sus distintas luchas por pan, tierra, libertad, trabajo, justicia, derechos sociales, vivienda, salud y otros. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es resultado de esas luchas, de lo mejor de ellas, lo más avanzado; inició la insurrección el 1° de enero de 1994, primera etapa de la nueva revolución, la otra Revolución Mexicana, por su territorio, autonomía y cultura, organizándose en los municipios autónomos y en las Juntas de Buen Gobierno, que comprenden toda una cosmovisión., y que trasciende, al ser el EZLN firmante y convocante de la VI Declaración de la Selva Lacandona y de La Otra Campaña, que nos llaman a la lucha anticapitalista, en el marco político, civil y pacífico.

- Diagnóstico

El capitalismo es el sistema económico, político y social que predomina en todo el mundo. Es un sistema de relaciones de explotación de una clase minoritaria –la burguesía- sobre otra –la clase obrera y trabajadora- y otras clases y subsectores. El capitalismo genera pobreza, desigualdad e inconformidad, se encuentra en una profunda crisis caracterizada por la sobreproducción de mercancías, acentuando la destrucción de la naturaleza, el despojo de la tierra y el territorio a los campesinos y comunidades indígenas, y una política laboral de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, de aniquilamiento a los contratos colectivos y a las conquistas laborales y derechos sociales alcanzados en los últimos 100 años de lucha. Por un lado se ahonda la pobreza, por otro existen un puñado de grupos y personajes que concentran y centralizan el poder económico y político, como Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo.

Para conservar el poder económico y político, el Estado implementa una política de represión y criminalización a las luchas y movimientos sociales con operativos de contrainsurgencia, asaltando pueblos y comunidades desarmadas e indefensas, como en Aténco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tláhuac, DF, dando como resultado cientos de muertos y presos políticos.

Además el gobierno ha emprendido la llamada “guerra al crimen organizado” a través del Plan Mérida, que tiene su laboratorio con el plan “Operación Conjunta Chihuahua”, que desde marzo con cerca de 10 mil militares, patrullan las calles de Ciudad Juárez, intimidando y amedrentando, convirtiendo la ciudad en estado de sitio, y violando los más mínimos derechos humanos de la población, resultando más de 4 mil personas asesinadas en los últimos 2 años. Esta política de Estado es sólo un pretexto para militarizar el país, criminalizar la lucha social con el objetivo de aterrorizar y paralizar a la sociedad y a los luchadores sociales.

Queda en evidencia la corrupción, la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno mexicano, sus instituciones y sus sistema de impartición de justicia, cuando no se esclarecen los asesinatos de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez; no se castiga a los culpables de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila; queda en la impunidad el asesinato de 49 niños en Sonora; se libera a los culpables de la matanza de Acteal, Chiapas; condenas irracionales a los presos de Atenco; presos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que aniquila el contrato colectivo de trabajo del SME, entre otros ejemplos.

- Nuestra posición

Así como los demás explotados del sistema, consideramos que el tiempo de este sistema se ha terminado, que ya no se puede esperar de la burguesía, su Estado, su Gobierno y su sistema de partidos, ningún beneficio.

Nuestra posición se viene construyendo a través de diversos foros de análisis y discusión, iniciando en 2009 con “Primero nuestros presos”; un foro regional en Tampico, foros nacionales con la consigna de “¡Váyanse o los Sacamos!” en Veracruz, Morelos y Guerrero. Y con la realización en diciembre de una Asamblea Nacional de Adherentes, en el DF, proponiendo:

- que en el marco de un programa nacional y mundial de lucha que establezca el derrocamiento de la burguesía y su Estado, y por la apropiación de los medios de producción, es el momento de establecer un

- plan de insurrección que nos permita pasar a otra fase: de la resistencia a la ofensiva, de las luchas de resistencia locales, territoriales, gremiales, aisladas, y desarticuladas, a luchas coordinadas y enlazadas por objetivos políticos, es decir, desconocimiento total del Estado y de todas sus Instituciones, leyes y decretos.

- Llamado a la lucha contra el sistema capitalista

Estamos convencidos que existen condiciones para acciones en favor del derrocamiento de la burguesía y la apropiación de los medios de producción. Consideramos que es tiempo de terminar con la pesadilla y castigar a los responsables de muerte, despojo, represión, cárcel, explotación y miseria.

Hay que enfrentar a la burguesía tomando los centros de producción, comercio, servicios y sus oficinas y las de sus organizaciones, entre las que se encuentran el Estado, el Gobierno, el sistema de partidos y las instituciones represivas que cuidan a la clase dominante, no al país. Ir hacia la huelga general y política, paralizando al país, huelga que libera a obreros y trabajadores para enfrentar al enemigo, discutir los asuntos de su interés y organizarse.

Por esta razón, el llamado a luchar contra la burguesía, es a todos los proletarios y explotados del mundo, afectados por la misma explotación y por la crisis de sobreproducción que deja millones de trabajadores desempleados y familias con hambre y sed, no sólo de justicia. Vayamos a los centros de trabajo, escuelas, fábricas, barrios, colonias, pueblos, donde se lucha y se resiste a organizarnos bajo un Programa Nacional de Lucha y su plan de insurrección para derrocar al sistema y así construir una sociedad sin explotadores, sin explotados.

El tiempo es el que dure la crisis y el lugar es en cada país y centro de trabajo, ahí donde la crisis ha pegado fuerte, como en EU, con condiciones objetivas que deben complementarse con las subjetivas sintetizadas en la construcción de un Programa Nacional y Mundial de Lucha contra el capital y sus instituciones nacionales y mundiales que dirigen y administran sobre todo la explotación, el despojo, el desprecio y la represión de los pueblos.

La lucha de clases ha estado presente expresada en la ofensiva de la burguesía contra el proletariado y los trabajadores de la ciudad, el campo y el mar, que ha durado 3 décadas despojando a los trabajadores de sus conquistas laborales y sociales y a los campesinos y comunidades indígenas de tierras, agua, bosques y demás riquezas naturales y culturales.

Ahora inicia la contraofensiva de los explotados hasta derrotar totalmente a la burguesía, no dejando un solo espacio donde se reorganice e intente restablecer el sistema de explotación.

¡A ORGANIZARNOS PARA LA HUELGA POLÍTICA GENERAL HACIA EL DERRROCAMIENTO DE LA BURGUESÍA, POR LA APROPIACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL, DE CREACION ARTÍSTICOS Y CULTURALES, Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA SOCIEDAD SIN EXPLOTADORES NI EXPLOTADOS, CON UN GOBIERNO QUE MANDE OBEDECIENDO!

¡Democracia, libertad y justicia para tod@s!

¡Viva el EZLN!

¡Viva la otra Campaña¡

¡¡¡VÁYANSE O LOS SACAMOS!!!

Sector de Trabajador@s de La Otra Campaña, región centro; Colectivo Acción Inteligente de Desempleados y Estudiantes (CAIDES), La Otra Salud, La´k´j-Hormiga, La Otra Cultura DF; La Otra Huasteca-Totonacapan, Frente de Pueblos del Anáhuac, El Otro Plantón de Molino de Flores, adherentes en lo individual, participantes en la Asamblea Nacional de Adherentes, realizada el pasado 26 y 27 de diciembre de 2009 en el auditorio Che Guevara, Ciudad Universitaria.

Incursiones militares en poblados de Guerrero...

Nueva incursión del ejército mexicano en la Comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, Guerrero
Chilpancingo, Gro. a 17 de diciembre del 2009

Fuente: Enlace Zapatista

Una vez más la comunidad de El Puerto de las Ollas ha sido víctima de una incursión militar y de la violación de sus derechos humanos. La señora Yesenia Campos Cortés vía telefónica, informó en la madrugada del día de hoy, que alrededor de las 2 de la mañana, un comando militar irrumpió de manera violenta, secuestró por varias horas al señor Javier Tapia a quien golpeó e interrogó en la casa de la señora Edith Avila Avila hasta el amanecer, donde se apropiaron de alimentos y de otras pertenencias, para retirarse a las 7 de la mañana con la amenaza de volver. Conforme a la información que hemos recibido en estos días, este hecho se enmarca en una intensa movilización militar en la región, con comandos a bordo de vehículos militares y sobrevuelos de aviones y helicópteros.

Esta es la sexta incursión que esta comunidad sufre en lo que va de este año. La primera se registro entre el 9 y 13 de junio cuando con la complicidad de paramilitares identificados como habitantes de la comunidad de San Isidro, los militares se posesionaron de las casas del pueblo, las saquearon, golpearon a mujeres y niños y los mantuvieron a la intemperie durante estos días, hasta que se retiraron ante la llegada de una Misión de Observación Civil integrada por periodistas, representantes de organismos civiles y de la Coddehum. A partir de esa fecha, las incursiones se han sucedido con acciones intimidatorias, saqueo, insultos y amenazas de muerte, las cuales se cumplieron el 30 de octubre cuando los paramilitares Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, , Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, que siempre los han acompañado en estas incursiones anticonstitucionales, asesinaron a los jóvenes Alejandro y Bertín García Cortes y Rogelio García Valdovinos.

Alertamos al Pueblo de Guerrero, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles y a los medios de comunicación para que estemos atentos y prestos a la solidaridad y apoyo para proteger a las comunidades de la Sierra de Guerrero que siguen siendo víctimas de las agresiones y violaciones de sus derechos humanos cuyo objeto es atemorizar a los poseedores de la tierra y los recursos naturales y propiciar su despojo a favor de caciques capitalistas. Por ello denunciamos que el Ejército Mexicano no se encuentra realizando medidas efectivas de lo que llaman combate al narcotráfico ni a la llamada delincuencia organizada, a quienes protegen y utilizan en esta guerra de baja intensidad en contra de los pueblos y comunidades campesinas de la Sierra.

Denunciamos que mientras el Ejército Mexicano agrede y viola derechos humanos de los habitantes de El Puerto de las Ollas y Las Palancas a favor de caciques capitalistas y les impide mantener una vida normal a nivel familiar y comunitario, los programas y servicios gubernamentales se les niegan por parte de los tres niveles de gobierno, pues a pesar de infinidad de gestiones realizadas, carecen de luz eléctrica, la clínica de salud más cercana está a mas de 20 kilómetros, carece de personal y medicamentos y presta un servicio muy deficiente, además de que para acudir a ella, las personas corren el riesgo de ser agredidas por los paramilitares. La producción se encuentra paralizada porque los hombres no pueden salir al campo a realizar sus labores del campo, no hay un abasto regular y suficiente de alimentos pues la tienda rural no se surte regularmente y las familias no tienen ingresos estables. El servicio educativo esta a cargo de un maestro del CONAFE que además de sus limitaciones docentes, no cuenta con las condiciones necesarios principalmente para su traslado, por lo que actividad es muy irregular y ni Oportunidades ni ningún otro programa asistencia opera en estas comunidades.

Anunciamos que como parte de nuestro trabajo de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, continuamos impulsando los Módulos de Desarrollo Comunitario en diversas comunidades de la entidad y en particular de la Sierra de Guerrero y que en próximos días llevaremos ropa, medicamentos, alimentos y juguetes a está región, por lo que hacemos responsables a las autoridades civiles y militares de nuestra seguridad e integridad física y moral.

Por todo lo anterior, insistimos en nuestras exigencias:

• La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

• Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas, particularmente en El Puerto de Las Ollas y Las Palancas.

• Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo y cabal respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.

• Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que están ordenando dichas acciones.

• Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

• Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales

• Investigación inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas)• Prisión preventiva para Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, asesinos de los jóvenes del Puerto de las Ollas: Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos• Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.

• Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.

• Se atiendan las demandas de servicios y apoyos gubernamentales de la comunidad

Taller de Desarrollo Comunitario A.C. / Adherente a La Otra Campaña

América Latina y el ajuste imperial... La Doctrina Monroe

América Latina:

ayudamemoria 2009
José Steinsleger
Miércoles 16 de diciembre de 2009

Washington, 13 de enero (agencias). En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la doctora Jekill (alias de Hillary Clinton) se comprometió a lavar la cara de la diplomacia estadunidense en América Latina: “Usaremos el poder inteligente (smart power)”, dijo la novel secretaria de Estado.

Washington, 11 de diciembre (agencias). La señora Hyde (ídem anterior), expresó su alarma por la “promoción” de Irán en naciones como Venezuela y Bolivia: “Si desean coquetear con Irán deberían ver las consecuencias para ellos, por lo que esperamos que lo piensen dos veces y los apoyaremos si así lo hacen”.

El comentario de la doña tuvo un destinatario preciso: la quinta cumbre de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba, celebrada en La Habana), que condenó “…en los términos más enérgicos la ofensiva política y militar de Estados Unidos sobre la región”.

Curiosamente, Hillary omitió en su arenga a Brasil, país que si bien no pertenece a la ALBA, recibió al presidente de Irán, Mahumud Ahmadinejad, a finales de noviembre. Pero del gigante sudamericano se encargó Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para América Latina.

Valenzuela y el principal asesor de Lula en política externa, Marco Aurelio García, acordaron dar por terminado el trágico sainete hondureño. En septiembre, el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se había refugiado en la embajada de Brasilia en Tegucigalpa. Opción que, por distintos y similares intereses, fue convenida entre Brasil y Washington para quemar tiempo, y llegar a las fraudulentas elecciones del 29 de noviembre.

Dos meses y medio después, Zelaya pasó a la historia. Con impagable cinismo diplomático, García declaró: “Deseamos que [Manuel Zelaya] salga pronto de la embajada, aún como presidente de Honduras”.

La política exterior de Brasil juega fuerte. Por gravitación natural, los países de la Alba y el imperio lo necesitan. Clara demostración de que si un Estado es económicamente fuerte y políticamente soberano, por izquierda y derecha puede decir (con eufemismos) lo que ambas posiciones desean oír.

Como socio principal del gran capital globalizador y excluyente, Brasil ve con preocupación la expansión militar del Pentágono en Colombia, Panamá y Perú. Sabe, por lo demás, que en lo relativo a Cuba se impone la agenda electoral estadunidense, y que la revolución bolivariana no cortará los chorros de petróleo requeridos por el imperio. Y también sabe, desde hace muchos años, que la geopolítica de Washington apunta al dominio total de la Amazonia, pulmón del planeta.

México continúa esperanzado en que lo salve su anexión virtual al norte, que sólo incluye a la plutocracia y a sus intelectuales lacayos. En Honduras, el golpe civicomafioso interrumpió el sueño bolivariano del presidente Zelaya, dejando relativamente “amarrada” a la subregión. Atento a la lección, el vecino “izquierdista” de El Salvador, Mauricio Funes, declara a diario que su país no quiere oír de la Alba.

Por ende, es probable que el próximo “ajuste imperial” tenga lugar en Nicaragua, gobernada por una pareja de impresentables, que a su vez es hostigada por el victimismo narcisista de encumbrados poetas, escritores y periodistas “de izquierda” que callan el rol de la CIA en la desestabilización interna. O en Paraguay, donde la teología de la liberación no ha podido aún con las mafias políticas legadas por la larga dictadura de Alfredo Stroessner.

En el Cono Sur, las elecciones presidenciales en Bolivia y Chile situaron a sus pueblos en las antípodas de un proceso de emancipación social. Y en Uruguay, antes que la izquierda propiamente dicha, ganó la dignidad cívica. Argentina, en cambio, encuentra crecientes dificultades para conjurar la poderosa ofensiva mediática y política de la extrema derecha. “Maten a la yegua, ¡mátenla!”, le dicen a la presidenta Cristina Fernández.

Guiado por las declaraciones cavernarias de los militares hondureños (“El golpe, para evitar que Chávez tomara Honduras”, “Frenamos el plan expansionista del socialismo”, “Honduras ha parado el plan del comunismo disfrazado de democracia”), algunos “expertos” europeos creen que los fantasmas de la guerra fría aún perviven en América Latina.

En realidad, lo que pervive en el continente es la Doctrina Monroe (América para los americanos, 1823) y su corolario, enunciado por el presidente Teodoro Roosevelt en 1901: “speak softly and carry a big stick” (habla con suavidad y porta un buen garrote).

Hace algunos años, el gran escritor estadunidense Gore Vidal apuntó: “Nuestro país fue construido sobre la mano de obra y energías baratas… Somos demasiado violentos y eso nos hace soberbios… Este país fue fundado por gente violenta… Tenemos que ganar siempre porque creemos en el destino, porque creemos que mandamos en todo el mundo por la mejor de las razones… somos racistas, somos la raza superior, y por ello todavía no podemos creer que unos chaparritos morenitos nos hayan ganado la guerra en Vietnam”.

Chile: "Civilización o Barbarie"...

La guerra contra los mapuches
Marcos Roitman Rosenmann
Sábado 12 de diciembre de 2009

Foto: AP

Las noticias que llegan de Chile no son alentadoras. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios. Pero esto no es nuevo. Durante el mandato de Jorge Alessandri, en los años 60 del siglo XX, un terrateniente perteneciente a la vieja escuela permitió a sus pares seguir con la usurpación de los territorios mapuches. Igualmente, bajo su gobierno, se consumó el exterminio de los indígenas patagones. Desaparecieron sin que se derramase una lágrima. Salvo en documentales, nadie recuerda su existencia. Algo similar ocurre con los indígenas onas en el extremo austral. Su población disminuye constantemente. Pero esto sigue y suma. En el periodo dictatorial, al tiempo que se tortura, asesina y desarticulan las organizaciones indígenas, se enajenan las tierras comunales, distribuyéndose entre los hacendados pinochetistas. En los años 90, cuando muchos saludaban el fin de la dictadura y auguraban tiempos mejores, el pueblo mapuche seguiría acosado y perseguido. Se criminalizan sus reivindicaciones y se da rienda suelta a una de las más feroces represiones ejercidas por gobiernos electos democráticamente. Su impulsor será el entonces ministro de agricultura de Patricio Alywin, Juan Agustín Figueroa, gran latifundista y con intereses económicos en los territorios mapuches, donde tiene sus propiedades. Fue el inductor de aplicar las leyes antiterroristas que han llevado a la cárcel a más de 50 lonkos y justificado la tortura a manos de las fuerzas de orden público. Esta política siguió bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, con la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco. Su puesta en funcionamiento acabaría por destruir el patrimonio cultural de los pehuenches, dejando bajo sus aguas una parte fundamental de su arquitectura, cementerios y centros de culto. El etnocidio se consuma. Fueron presionados, violentados y obligados a trasladarse a las regiones altas de la cordillera de los Andes con temperaturas inferiores a cinco grados bajo cero en invierno. No sólo les quitaron sus pertenencias y territorios, han roto su ecosistema y profundizado su pobreza. Endesa, la empresa propietaria, se lava las manos amparándose en las leyes vigentes que avalaron el proyecto.

Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, los estrategas chilenos estudiaron posibles conflictos emergentes. En un viaje de Estado, se presentaron en México acompañados por el embajador de Chile. Se reunieron con las autoridades de Gobernación para empaparse de la estrategia contrainsurgente desplegada en Chiapas contra el EZLN. Había que estar prevenidos y tomar ejemplo. Las autoridades chilenas siguieron las instrucciones al pie de la letra. No se cortaron un pelo, militarizaron la región buscando desarticular las comunidades y encarcelar a sus líderes naturales. De paso crearon organizaciones bastardas con las cuales negociaron la venta y el desalojo de los territorios pehuenches. Un diseño sin fisuras. Tras la inauguración de la presa, los nuevos asentamientos no tienen luz eléctrica y su costo es prohibitivo. La presa Ralco no iba a producir electricidad para la población, se trataba de beneficiar a las industrias contaminantes de la minería y la celulosa de papel. El daño al medioambiente de la región es irreversible.

Pero este robo y expropiación de las tierras a los pueblos originarios no es nuevo en la sociedad chilena, y se remonta al siglo XIX con el proceso de pacificación de la Araucanía. Eduardo Mella en el excelente libro publicado por editorial LOM Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, señala su significado: “la ocupación de la Araucanía implicó para el Estado la anexión de casi 5 millones de hectáreas y para los mapuches la reducción a menos de 5 por ciento de lo que fue su territorio ancestral (…) con la reducción territorial, alrededor de 40 mil mapuches no fueron radicados en territorio alguno. El mapuche fue obligado a subsistir en pequeños espacios de superficies, inferiores a 6.18 hectáreas por persona promedio”. Así, la pacificación consolida la usurpación desconociendo de los derechos de posesión y propiedad del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. En consonancia, reconoce títulos de propiedad fraudulentos a los nuevos colonos y viejos terratenientes.

Hoy, cuando la presidenta Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Bachelett ha superado a Ricardo Lagos en su política de “nuevo trato” a los mapuches. Da una vuelta de tuerca y deja impunes a los autores del acoso a los niños mapuches. Ahora, intimidados, se les hace presenciar las palizas a sus padres, se les esposa, golpea y maltrata. Se les amenaza con matarlos si no delatan a los defensores de los derechos del pueblo mapuche en su comunidad. Existen más de una docena de casos contrastados por Naciones Unidas. Un ejemplo es el acaecido en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas. Allí el menor de 14 años F. P. M. fue tiroteado con perdigones, golpeado, subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba los nombres de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defiende con estos argumentos: “algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y mujeres como escudos”. Versión similar a la aportada por el general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía. “Los menores atacan a carabineros o han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales”. Seguramente la máxima del gobierno de Bachelet no dista de la acuñada por las oligarquías del siglo XIX para justificar el exterminio de los pueblos originarios: civilización o barbarie.

"No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria"

Chiapas: las vías de la contrainsurgencia
Magdalena Gómez
Martes 08 de diciembre de 2009

Trece años atrás el interés de amplios sectores sociales nacionales e internacionales estaba centrado en acompañar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Tras el sabotaje del diálogo por parte del Estado mexicano y la cadena de decisiones tomadas para derogar”, en los hechos, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, nos encontramos con las vías de la contrainsurgencia claramente delineadas. Por una parte, se consolidó la presencia militar en la región, cuyas actividades y retenes no merecen informe oficial alguno; su presencia ya no sólo busca cercar e intimidar a las bases zapatistas, sino que se despliega hacia otros objetivos, conectando con la “justificación” que el Ejecutivo federal ha definido para todo el país. ¿De dónde y con qué fines se alimentó la campaña de rumores sobre la supuesta inminencia de un “estallido” en Chiapas cerca del 20 de noviembre?

La estrategia se dirigió también al corazón del proyecto zapatista representado en las juntas de buen gobierno, emblemáticas dentro de las experiencias de autonomía en nuestro país y en América Latina, y cuya base jurídica está plenamente respaldada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT.

De pronto y por los mismos días, el 19 de noviembre resultó que el pleno de la 63 Legislatura chiapaneca aprobó “la creación de la comisión especial ante la realidad de las juntas de buen gobierno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política”, con base en la “solicitud” de unos “representantes y habitantes de las juntas de buen gobierno” en la que habrían señalado: “ante la espera e incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hemos acordado como mexicanos que el ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dichos convenios en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.

Incluyeron, asimismo, “la elaboración de reglamentos comunitarios, compatibles con las legislaciones nacional y estatal”, así como “la definición de estrategias para la satisfacción de las necesidades humanas más fundamentales de los pueblos autónomos, mediante la aprobación de un presupuesto digno, establecido como ley ante el Congreso local, el cual sería otorgado a la estructura organizativa de cada junta y administrado por la misma de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Todos los elementos anotados encierran la intención de intervenir “legal” y abiertamente en las juntas, dado el fracaso de la estrategia gubernamental federal y local para vencerlas y dividirlas con recursos públicos. No ha sido fácil avanzar en ese contexto y el costo ha sido alto, porque en estricto sentido esas comunidades indígenas zapatistas, como los pueblos de todo el país, tienen derecho a recibir recursos públicos.

Recordemos que ése era el sentido de la propuesta de la Cocopa, mutilada en la contrarreforma de 2001: reconocer a las comunidades como instancias de derecho público. Sin embargo, dado el contexto de suspensión del diálogo y el evidente propósito del Estado de vaciar de sentido al EZLN, éste mantiene su distancia absoluta con los gobiernos federal y local, mientras construye su autonomía en los hechos.

Por ello, y con justa razón, las cinco juntas de buen gobierno zapatistas desmintieron y desautorizaron la supuesta petición de “reconocimiento constitucional” de personas que no los representan , y señalaron: “no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos, que no son del pueblo; ya somos reconocidos por nuestros pueblos que nos eligieron y por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional”, y agregaron que en su momento exigieron “a los tres poderes de México que se haga ley sobre nuestros derechos y cultura indígenas; esos tres poderes nos mandaron a la basura. No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria” (La Jornada, 27/11/09).

La enérgica respuesta zapatista y sus elecciones próximas desarticularon esta iniciativa, e inclusive hasta el gobernador Juan Sabines se deslindó, no obstante que es poco creíble que fuera ajeno.

Lejos estamos de que existan las condiciones para retomar el camino del diálogo del EZLN con el Estado mexicano. Persiste la hegemonía política de quienes optaron por la contrarreforma indígena en 2001, porque alcanzar la paz al costo de otorgar poder real a los pueblos indígenas era contrario al sentido del proyecto neoliberal asumido.

En correspondencia con esta decisión de Estado se mantiene la ficción de la vigencia de la estructura de un diálogo suspendido indefinidamente mientras se aplican las muy viejas recetas de contrainsurgencia. De ellas forman parte los actuales remedos de políticas indigenistas banales para evadir el sentido original de los acuerdos de San Andrés sobre derechos de los pueblos indígenas, que requerían la reforma en serio del Estado como condición para la autonomía.

Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet
Luis Hernández Navarro
01 de diciembre de 2009

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

Con el gobierno de Juan Sabines los grupos de poder tradicionales se han recompuesto. Caciques, finqueros, ganaderos y la más rancia nomenclatura política priísta ocupan posiciones claves en la administración pública, en el Congreso local y en San Lázaro. Varios participan en los grandes negocios locales asociados con personajes del ámbito federal.

No importa que este gobernador haya ganado la jefatura del Ejecutivo del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente de la República. “Estamos con México y su presidente Felipe Calderón”, ha dicho en más de una ocasión. En Chiapas, el hombre de Los Pinos se siente más cómodo que un muchas de las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Sabines maneja la vida interna de ese instituto político a su antojo: quita y pone dirigentes y candidatos. En ese estado, el sol azteca se ha convertido, en mucho, en el partido de los paramilitares.

La estrategia de comunicación de la administración estatal tiene dos pies: uno es el uso intensivo de televisoras y radio para “promover” Chiapas; el otro es una política de contrainsurgencia informativa, orquestada a partir del control de la prensa local y la divulgación en los medios nacionales de las posiciones de la administración de Sabines sobre asuntos conflictivos suscitados en la entidad.

En la versión chiapaneca contemporánea de “pan y circo”, cotidianamente se filman capítulos de telenovelas, músicos consagrados graban discos y artistas de éxito se placean por ruinas, monumentos históricos y bellezas naturales. Los visitantes famosos son entrevistados en los medios de comunicación locales.

Aunque formalmente la guerra de papel contra el zapatismo y contra todo aquel que no quiera subordinarse a la política de “concertación” estatal es conducida por el Ejecutivo local, parte de la estrategia ha sido trazada desde el gobierno federal. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares.

El más reciente eslabón de esta ofensiva informativa es la versión de que las juntas de buen gobierno solicitaron “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines, hecho tan insólito como irreal. La mentira gubernamental tiene un objetivo central: deslegitimar la lucha zapatista, quitarle credibilidad a su propuesta. La maniobra es una grave ofensa. A pesar de la precariedad en que las comunidades en resistencia viven desde hace muchos años, han rechazado sistemáticamente cualquier tipo de ayuda gubernamental. Su dignidad no tiene precio, y así lo han mostrado al mundo.

No es la primera ocasión en la historia del conflicto en que las autoridades recurren a un montaje similar. Entre 1999 y 2000, siendo gobernador interino del estado Roberto Albores Guillén –estrecho aliado de Juan Sabines– se montó un show televisado en el que se anunció la deserción de 15 mil zapatistas que entregaron armas y pasamontañas. Los desertores eran militantes del PRI, varios de ellos paramilitares. Uno de los principales organizadores de esta ópera bufa fue Noé Castañón León, a la sazón titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien, curiosamente, es hoy secretario del gobierno chiapaneco.

La guerra de tinta e Internet contrainsurgente ha creado una situación política muy delicada en Chiapas. A ver si los gobiernos siguen jugando con fuego.