Complementando la entrada anterior (Una muy mala noticia para el imperio), dejo este artículo que reflexiona sobre las posibles trayectorias del proyecto de Hugo Chávez. Igual de reflexivo es el artículo de Ana Esther Ceceña, (Geopolítica de la enmienda) escrito antes de que se efectuara el referéndum.
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/22/index.php?section=opinion&article=018a1pol
Venezuela: escenarios posibles
Guillermo Almeyra
Domingo 22 de Febrero de 2009
El triunfo electoral de Hugo Chávez, con un millón de votos de diferencia, fortalece a su gobierno en el plano nacional e internacional. Sin embargo, ni el imperialismo ni los opositores de la derecha recalcitrante cejarán en la lucha por derribarlo. Estudiar, por tanto, los distintos escenarios posibles, es ejercicio necesario.
Toda la derecha y los sectores conservadores esta vez se unieron en el No, un solo punto claro y simple, y aun así perdieron. De modo que, salvo catástrofes sociales imprevistas que rompan la alianza entre el gobierno y los sectores populares mayoritarios, es evidente que en las elecciones siguientes (para la Asamblea Nacional, para la elección presidencial) lo más probable es que se repita en las urnas el triunfo gubernamental frente a una derecha que estará más dividida del centro derecha.
Si el éxito obtenido ha significado para el gobierno el reforzamiento –para bien y para mal– de la tendencia centrípeta; para la oposición, por el contrario, fortaleció las tendencias centrífugas; o sea que en el seno de la actual oposición surgirán más claramente posiciones de adaptación a esta realidad, líneas conciliadoras, grupos que, por desmoralización u oportunismo, tenderán puentes hacia el gobierno chavista. Los sectores opositores más duros, por el contrario, sacarán una conclusión opuesta. Y, al ver que por la vía de las urnas el camino al gobierno está cerrado, recurrirán a las vías extralegales, es decir, a la conspiración, los preparativos de levantamientos cívico-militares, la compra de militares y de altos funcionarios, e incluso los atentados contra Chávez, con ayuda de las trasnacionales y, sobre todo, de la diplomacia estadunidense.
Los distintos sectores del gobierno, con la victoria en el referendo, han reforzado, por su parte, su unidad y su posición. Pero precisamente este hecho podría llevar a algunos a buscar lazos con los opositores más llevados a la conciliación. Esto es lógico y necesario (conviene dividir más al bloque opositor). Pero, dada la composición de clase y las similitudes en la visión del mundo y en las afinidades ideológicas que existen entre la derecha del aparato gubernamental chavista y el centroderecha, se corre el riesgo de que se borren las fronteras entre los que, de una u otra manera, se llaman bolivarianos, y los opositores más o menos conciliadores o democráticos.
Éstos, de uno u otro modo –o siendo cooptados o formando la opinión política y social de la derecha chavista militar o civil– lograrían carta de ciudadanía política entre los bolivarianos moderados y meterían una importante cuña ideológica en el aparato chavista. Sobre todo porque el chavismo no ha definido aún si se apoya en la organización y los poderes populares (misiones, barrio adentro, municipios) esencialmente para que el aparato estatal centralizado y vertical tenga mayor margen de maniobra frente a los empresarios bolivarianos a los que busca privilegiar y desarrollar o si, por el contrario, quiere dar un protagonismo en la construcción de un sistema social alternativo a los trabajadores y sus gérmenes de poder.
Porque, en un Estado con fuerte centralización y verticalismo, que se apoya en el ejército y que practica una economía capitalista de Estado, la primera opción conduce al aumento de la dominación capitalista sobre los oprimidos y explotados y, por tanto, favorece la construcción de un bloque conservador entre la boliburguesía y las clases medias asustadas por la crisis económica y social, mientras la segunda lleva, por el contrario, a desarrollar la creatividad y la independencia política del pueblo venezolano, a unir horizontalmente las experiencias de democracia directa, a descentralizar el Estado y debilitarlo como aparato, a desarrollar experiencias productivas alternativas y autogestionarias en el territorio, reforzando la revolución.
Ahora bien, la opción entre ambas vías debe hacerse ahora, ya mismo, porque la crisis mundial reducirá el consumo energético y, por tanto, el precio del petróleo venezolano y el número de barriles de crudo exportados, porque la desocupación crecerá y se achicarán las reservas en divisas y, además, se reducirán los salarios reales y aumentará la pobreza. La boliburguesía lucra con los negocios, con la corrupción, con la fuga de divisas y las importaciones de lujo. O sea, con todo lo que hay que impedir si se quiere una verdadera revolución y privilegiar el mercado interno y los consumos esenciales. Y la renta extraordinaria del petróleo ya no alcanza para asegurar lo necesario para el desarrollo social, hacer una política internacional solidaria y, además, mantener el lujo, la corrupción, el despilfarro.
Un viraje conciliador hacia los sectores burgueses y conservadores conlleva implícitamente una política de distribución de los ingresos favorables a los enemigos de la revolución bolivariana. Un fortalecimiento de las experiencias de autorganización y de autogestión, y de los organismos del poder popular, además de aumentar el peso de los mismos en el bloque político que da base al gobierno, reforzaría el desarrollo nacional, la producción, el consumo, el control del modo en que se gasta cada dólar, la responsabilidad política de cada uno, que comenzaría así a ser ciudadano y no mero objeto pasivo de decisiones de un aparato superior y ajeno.
El proverbio dice que la ocasión es como el fierro y que hay que golpearla mientras está caliente. La victoria electoral, por consiguiente, debe ser base para nuevas definiciones: se ganó una batalla menor, en el terreno más conveniente para la revolución bolivariana, pero la guerra sigue, más encarnizada que nunca, y no se debe permitir la reorganización del enemigo ni la dispersión de las propias fuerzas.
domingo, 22 de febrero de 2009
Referéndum en Venezuela
A una semana del referéndum constitucional en Venezuela, rescato este artículo que pone sobre la mesa dos aspectos centrales: 1/ América Latina y la geopolítica mundial y 2/ Los modos de la derecha en cuanto a manipulación y acción.
La enmienda constitucional que el pueblo venezolano aprobó ayer puso en evidencia la desesperación de los adversarios, de adentro y de afuera, de la Revolución Bolivariana. Son conscientes de que la consolidación del liderazgo de Chávez y la continuidad de su proyecto afianzarán el fiel de la balanza política regional en el espacio de la izquierda, y eso es una muy mala noticia para el imperio.
La enmienda constitucional que el pueblo venezolano aprobó ayer puso en evidencia la desesperación de los adversarios, de adentro y de afuera, de la Revolución Bolivariana. Son conscientes de que la consolidación del liderazgo de Chávez y la continuidad de su proyecto afianzarán el fiel de la balanza política regional en el espacio de la izquierda, y eso es una muy mala noticia para el imperio.
Si hay alguien que tiene capacidad para percibir los significados históricos de estas cosas es Fidel. Y en su Reflexión del 13 de febrero escribió que “nuestro futuro es inseparable de lo que ocurra el próximo domingo. El destino de los pueblos de ‘Nuestra América’ dependerá mucho de esa victoria y será un hecho que influirá en el resto del planeta”. Es precisamente por eso que la voz de orden de la derecha imperial es desembarazarse de Chávez lo antes posible. Si se puede por la vía institucional, bien; si no, deberá recurrirse a los métodos tradicionales que la CIA conoce a la perfección. Recordemos que la legislación estadounidense faculta al presidente a ordenar el asesinato de un mandatario extranjero, o la tortura a prisioneros, en caso de que la seguridad nacional del país se vea amenazada por tan temibles sujetos.
Esta es la clave que permite entender la feroz agresividad en contra de la figura de Chávez y la campaña en contra de la enmienda constitucional. Y las innumerables provocaciones que continuamente lo acosan. La última, un par de días atrás, a cargo del eurodiputado por el Partido Popular, Luis Herrero, quien llegó a Caracas en calidad de “observador” del referéndum y al rato se inmiscuyó en la política interna venezolana al aconsejar a los electores que no se amedrentaran ante “un dictador” como Chávez. Herrero cometió una grosería que lo descalifica de su pretendido papel de “observador” y que lo desenmascara por completo: es un provocador profesional que pertenece al partido que agrupa a la derecha más cavernícola de España, a los herederos del franquismo y a los nostálgicos de los buenos tiempos de la Inquisición y la alianza de la cruz y la espada. Su exabrupto fue recibido por toda la “prensa seria” como una prueba más del carácter dictatorial de la Revolución Bolivariana, lo que demuestra por enésima vez su incurable mendacidad y su total falta de escrúpulos morales.
Una prensa que, por ejemplo, jamás dijo una palabra con relación al escandaloso proceso que llevó a la reelección de Álvaro Uribe en Colombia y que la Justicia de ese país demostró que fue posible mediante el soborno a dos diputados de la oposición que, con el paso del tiempo, confesaron su delito. El operador de todo este escándalo fue el ministro de Gobierno de Uribe, quien al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo fue velozmente designado embajador en la Santa Sede, que al no ser divorciado lo recibió alborozada en su seno sin hacer pregunta alguna. Y en cuanto a la nueva propuesta de re-reelección de Uribe, los sedicentes defensores de la democracia que se rasgan las vestiduras ante un gobernante como Chávez, que en diez años convocó a quince elecciones generales, nada dicen que aquél logró que la Cámara de Diputados aprobara su proyecto de reelección en una sesión extraordinaria, convocada de extrema urgencia y en cuestión de horas por el oficialismo para las 12 de la noche y ante la casi total ausencia de la desprevenida oposición. Pero eso es democracia; lo de Chávez, que siguió todos los pasos que manda la legalidad vigente, es dictadura.
Los publicistas del Imperio y la plutocracia venezolana machacaron continuamente que la aprobación de la enmienda significaría que Chávez iría a gobernar indefinidamente. Fieles a su tradición, tergiversaron lo que estaba en discusión, procurando de ese modo engañar a la opinión pública. Ocultaron a sabiendas que la enmienda lo único que hace es habilitar la reelección de un presidente, un gobernador o un alcalde. Hay varios gobernadores y alcaldes que se oponen a Chávez y que podrán aprovecharse de esta reforma. De hecho, uno de esos gobernadores participó en el Comando del Sí, lo que ahorra mayores comentarios.
La existencia de una norma semejante rige en los principales países de Europa: es por eso que Helmut Kohl pudo ser canciller de Alemania durante dieciséis años y si no continuó en el poder fue debido a un escándalo financiero que lo desacreditó ante la opinión pública de su país. Felipe González fue presidente del gobierno de España durante catorce años y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido por once años.
Si no continuaron en sus cargos fue porque perdieron el consenso popular, no porque hubiera una cláusula de “no reelección” que lo impidiera. Hay varios casos similares en Europa. Francia, sin ir más lejos, autoriza una reelección presidencial para un mandato de siete años cada uno. Todos los últimos presidentes de Francia duraron catorce años en el poder.
En suma: la cláusula aprobada ayer (en Venezuela) es la contrapartida de otra, profundamente democrática también, que le otorga a la ciudadanía la capacidad para desalojar de su cargo a quien mal se desempeñe en el mismo. Esta cláusula revocatoria es un arma formidable que la Constitución Bolivariana puso en manos del pueblo; pero todavía no le ofrecía la necesaria contraparte: la capacidad para reelegir a quien había gobernado bien.
Se podía castigar a un mal gobierno, pero el pueblo era impotente para garantizar la continuación de uno bueno. Esa paradoja constitucional ha sido resuelta y ahora tiene esa capacidad, con lo cual la democracia bolivariana adquiere una densidad y una profundidad casi sin parangón en el concierto mundial.
* Politólogo.
* Politólogo.
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/22/index.php?section=politica&article=012n1pol
Juan Yadeum pretende construir allí la pirámide más grande de Mesoamérica, denuncian
Zapatistas frenan intentos de arqueólogo de privatizar la zona de Toniná, Chiapas
La autenticidad del edificio no queda clara; sin embargo, puede preverse su potencial turístico
Hermann Bellinghausen
Enviado
Domingo 22 de febrero de 2009
Juan Yadeum pretende construir allí la pirámide más grande de Mesoamérica, denuncian
Zapatistas frenan intentos de arqueólogo de privatizar la zona de Toniná, Chiapas
La autenticidad del edificio no queda clara; sin embargo, puede preverse su potencial turístico
Hermann Bellinghausen
Enviado
Domingo 22 de febrero de 2009
Toniná, Chis., 21 de febrero. La pirámide de Toniná, cada día más célebre, podría estar en venta. Si esto no ha ocurrido es porque los dueños legítimos de las tierras circundantes son comunidades y ranchos de bases de apoyo zapatistas.
En el museo de sitio, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y ubicado en las afueras de la zona arqueológica, hasta hace unos días podía leerse en letras azules sobre una manta blanca: “‘Nadie nos intimida ni nadie nos detendrá’: Felipe Calderón, nuestro único jefe”.
¿A quién se dirigía el letrero? ¿A los trabajadores sindicalizados del INAH en ésta y otras zonas arqueológicas de Chiapas que demandan la renuncia de las autoridades del instituto en la entidad, empezando por el delegado Emiliano Gallaga Murrieta? ¿A la junta de buen gobierno (JBG) de La Garrucha, que ha denunciado al arqueólogo Juan Yadeum por abusos e intentos de despojo de tierras propiedad de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) colindantes con la pirámide de Toniná?
Impugnada también por los trabajadores del INAH, la directora de dicho museo, Julisa Camacho, antes fue administradora de la zona arqueológica de Palenque, y se le vinculó con el boyante negocio del ambulantaje.
El pasado 22 de enero, la JBG exigió su renuncia y la de Yadeum, responsable de facto del sitio arqueológico. No están cuidando, sino que es todo lo contrario; provocan problemas sin respetar al dueño de la propiedad, expresaron las autoridades autónomas.
Advirtieron que de no respetarse los derechos de los propietarios de dos predios de bases de apoyo del EZLN del municipio autónomo Francisco Gómez colindantes con la pirámide, la JBG tomará la responsabilidad y la administración de la ruina, haciendo valer el derecho como señale la ley, pues no queremos invasores dentro de la propiedad de una base de apoyo zapatista. Los terrenos afectados pertenecen a Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz.
En su cruzada para apropiarse de Toniná, el arqueólogo Yadeum ha destruido un cafetal de Alfonso Cruz, dejando caer millares de rocas desde lo alto de la pirámide, para construirse una cabaña más abajo, en un pequeño predio que ya adquirió.
Ya en 2002 arrasó 800 matas de café y 2 mil árboles de plátano de Cruz Espinosa.
En un recorrido por el lapidado cafetal, La Jornada pudo apreciar nuevas obras en la parte posterior del prodigioso conjunto. Yadeum dirige la construcción de una base de la pirámide que no existe, pues el conjunto está empotrado en un promontorio a orillas del valle de Ocosingo, lo que le proporciona su calidad escenográfica, y su considerable altura.
Según Cruz Espinosa, vecino del sitio de Toniná toda su vida, con esta obra Yadeum pretende hacer la pirámide más grande de Mesoamérica.
No queda clara la autenticidad, pero pueden preverse el potencial turístico de una gran pirámide con espectáculos, la justificación de infraestructura hotelera para visitantes de alto poder adquisitivo y algún récord Guiness.
Toniná, ciudad maya dedicada al inframundo, que derrotaría a los reinos de Palenque y Pomoná y que sobreviviría por un tiempo al colapso generalizado del llamado clásico maya, posee un aura dark, y hasta spookie. Profusión de decapitados, miembros arrancados, calaveras tenebrosas, representación de torturas. Lugar del señor Tzotz Choj, deidad del cuarto sol de la muerte. También fue la única ciudad clásica que volvió a ser poblada por campesinos que la sequearon y removieron para sus milpas.
El primer registro del centro data del año 593, y si bien se colapsó hacia el siglo noveno, Toniná estuvo habitada mil años. Los pasados 500 fue campo de labranza, y sus restos sirvieron de abono y piedras hasta el arribo al valle de Ocosingo de los primeros conquistadores españoles.
La identificación más temprana fue de fray Jacinto Garrido, en 1638. Hacia 1841 la visitaron y describieron John Loyd Stephen y Frederick Caltherwood, los infatigables viajeros ingleses del pasado maya. En 1926 llegó el antropólogo suizo Franz Blom, pero sus intereses científicos apuntaban en otra dirección y no trabajó en ella mucho tiempo.
En 1972 se estableció la primera expedición arqueológica, a cargo de los franceses Pierre Becquelin y Claude Baudez. Se fueron hacia 1980, cuando Yadeum y Toniná cruzaron sus destinos.
Persistiendo sexenios presidenciales, numerosos gobernadores chiapanecos, directivos del INAH y hasta el paso de los vientos de la historia, Yadeum vive en la pirámide, y naturalmente ha vivido de ella, tomándose ciertas libertades, como electrificar su cúspide y hasta edificarse allí una cabaña.
Ahora que el futuro se dice promisorio para el turismo de alto nivel, Yadeum ya apuntó el sitio en la lista de atractivos para los inversionistas.
Aquí y en Palenque se planea instalar espectáculos de luz y sonido como el que se impone inexorablemente en San Juan Teotihuacán. En pocas palabras, y con la bendición de los gobiernos federal, estatal y municipal, Toniná está en venta.
sábado, 21 de febrero de 2009
Otros Crímenes
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/21/index.php?section=politica&article=011o1pol
Los de abajo
Otros crímenes
Gloria Muñoz Ramírez
Sábado 21 de Febrero de 2009
En Tijuana, Baja California Norte, las matanzas diarias entre el crimen organizado, la policía y el Ejército ocupan las primeras planas, opacando otro tipo de crimen: el que se comete cotidianamente en cualquiera de las tantas maquiladoras que en esta ciudad fronteriza proliferan como centros de semiesclavitud y arbitrariedades patronales. El trinomio sindicato-Junta de Conciliación y Arbitraje-patrón se confabula para suprimir o arrebatar los derechos de los trabajadores, sin que nadie, más que ellos mismos, los defienda.
Los ex trabajadores y ex trabajadoras de Muebles Finos Buenos, fábrica proveniente de Carlson, California, todos con antigüedades de entre tres y 16 años desempeñándose como operadores de máquinas perforadoras, montacargas y cortadoras, han sido víctimas de un sindicato fantasma, un patrón abusivo y unas autoridades que actúan como cómplices del despojo.
Cuentan los obreros que el 20 de octubre de 2006 estalló una huelga, impuesta a 900 por el Sindicato de Trabajadores de la Industria, el Comercio, la Maquila, Conexos y Similares Guadalupe Victoria, perteneciente a la CROC, sindicato fantasma dirigido por César Soto Agüero, a quien conocieron hasta los días de la huelga, cuando en las asambleas aseguraba que pelearía por los derechos de los trabajadores.
Durante más de un año de huelga, denuncian los obreros, no sólo resistieron los ataques de los patrones, sino también del sindicato. Nosotros pusimos guardias para cuidar la fábrica, pero César Soto nos envió un montón de malandrines, encabezados por él, que nos acusaban de robar la fábrica que nosotros cuidábamos para que el sindicato y la empresa no se metieran ni robaran nada. Vinieron después las agresiones físicas a los huelguistas, los robos y las intimidaciones. Pero no caímos en las provocaciones ni respondimos la agresión, aunque finalmente el sindicato y la empresa hicieron un arreglo contra nosotros. Decidieron poner fin a la huelga y firmaron un convenio burlándose de nuestros derechos, pagándonos solamente entre 23 y 29 por ciento de lo que corresponde. El convenio fue ilegalmente avalado por Conciliación y Arbitraje.
En estos momentos los ex trabajadores siguen en pie de lucha. No quedamos conformes y por eso seguimos luchando. Y apelan a la solidaridad, para que nos paguen lo que nos deben.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Los de abajo
Otros crímenes
Gloria Muñoz Ramírez
Sábado 21 de Febrero de 2009
En Tijuana, Baja California Norte, las matanzas diarias entre el crimen organizado, la policía y el Ejército ocupan las primeras planas, opacando otro tipo de crimen: el que se comete cotidianamente en cualquiera de las tantas maquiladoras que en esta ciudad fronteriza proliferan como centros de semiesclavitud y arbitrariedades patronales. El trinomio sindicato-Junta de Conciliación y Arbitraje-patrón se confabula para suprimir o arrebatar los derechos de los trabajadores, sin que nadie, más que ellos mismos, los defienda.
Los ex trabajadores y ex trabajadoras de Muebles Finos Buenos, fábrica proveniente de Carlson, California, todos con antigüedades de entre tres y 16 años desempeñándose como operadores de máquinas perforadoras, montacargas y cortadoras, han sido víctimas de un sindicato fantasma, un patrón abusivo y unas autoridades que actúan como cómplices del despojo.
Cuentan los obreros que el 20 de octubre de 2006 estalló una huelga, impuesta a 900 por el Sindicato de Trabajadores de la Industria, el Comercio, la Maquila, Conexos y Similares Guadalupe Victoria, perteneciente a la CROC, sindicato fantasma dirigido por César Soto Agüero, a quien conocieron hasta los días de la huelga, cuando en las asambleas aseguraba que pelearía por los derechos de los trabajadores.
Durante más de un año de huelga, denuncian los obreros, no sólo resistieron los ataques de los patrones, sino también del sindicato. Nosotros pusimos guardias para cuidar la fábrica, pero César Soto nos envió un montón de malandrines, encabezados por él, que nos acusaban de robar la fábrica que nosotros cuidábamos para que el sindicato y la empresa no se metieran ni robaran nada. Vinieron después las agresiones físicas a los huelguistas, los robos y las intimidaciones. Pero no caímos en las provocaciones ni respondimos la agresión, aunque finalmente el sindicato y la empresa hicieron un arreglo contra nosotros. Decidieron poner fin a la huelga y firmaron un convenio burlándose de nuestros derechos, pagándonos solamente entre 23 y 29 por ciento de lo que corresponde. El convenio fue ilegalmente avalado por Conciliación y Arbitraje.
En estos momentos los ex trabajadores siguen en pie de lucha. No quedamos conformes y por eso seguimos luchando. Y apelan a la solidaridad, para que nos paguen lo que nos deben.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
jueves, 19 de febrero de 2009
Vícitmas de Sucumbíos
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/19/index.php?section=politica&article=015n2pol
Esperan justicia las víctimas de Sucumbíos
Laura Poy Solano
Jueves 19 de febrero de 2009
Ante el fracaso de las instituciones responsables de impartir justicia en México, sólo resta apelar a la comunidad internacional y a organismos defensores de los derechos humanos para que se conozca la verdad en el caso de los universitarios asesinados en Ecuador durante un ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó Álvaro González, padre de una de las víctimas, quien destacó que a casi 12 meses de los hechos, no nos sentimos derrotados, por el contrario, vamos a seguir exigiendo justicia y castigo para los responsables.
En el contexto de la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, y a poco más de una semana de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Soren Avilés, Fernando Franco, Verónica Velázquez y Juan González del Castillo, en un ataque perpetrado el primero de marzo de 2008 por fuerzas militares colombianas contra integrantes de las FARC que acampaban en territorio ecuatoriano, afirmó que el dejar de creer en las instituciones mexicanas responsables de velar por los derechos de los ciudadanos no implica, de ninguna manera, que estemos derrotados o dispuestos a que se dé carpetazo.
Familiares de los estudiantes viajarán a Europa
Por ello, informó que prevén realizar un nuevo viaje al extranjero, quizá a Europa, para seguir denunciando los atropellos y abusos que se cometieron con nuestros hijos, y para exigir que se haga justicia, porque queremos demostrarle al gobierno federal que no estamos solos en este reclamo y que no vamos a parar hasta que se conozca toda la verdad.
Al encabezar un foro contra la criminalización de la solidaridad y de la protesta social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, propuesta por estudiantes chilenos, y que tiene entre sus principales objetivos conmemorar el primer aniversario de los asesinatos con actos simultáneos de protesta el próximo 1 y 2 de marzo ante las embajadas de Estados Unidos y Colombia en México, Chile, Argentina, Ecuador, España, Italia, Francia, Canadá y República Dominicana, Álvaro González reconoció que enfrentamos una lucha de largo plazo, que seguramente llevará años, pero no vamos a darnos por vencidos. Seguiremos recabando información, demandando a los gobiernos de México, Colombia y Ecuador que entreguen todos los datos de que disponen para conocer toda la verdad sobre el ataque y el asesinato de nuestros hijos.
Esperan justicia las víctimas de Sucumbíos
Laura Poy Solano
Jueves 19 de febrero de 2009
Ante el fracaso de las instituciones responsables de impartir justicia en México, sólo resta apelar a la comunidad internacional y a organismos defensores de los derechos humanos para que se conozca la verdad en el caso de los universitarios asesinados en Ecuador durante un ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó Álvaro González, padre de una de las víctimas, quien destacó que a casi 12 meses de los hechos, no nos sentimos derrotados, por el contrario, vamos a seguir exigiendo justicia y castigo para los responsables.
En el contexto de la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, y a poco más de una semana de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Soren Avilés, Fernando Franco, Verónica Velázquez y Juan González del Castillo, en un ataque perpetrado el primero de marzo de 2008 por fuerzas militares colombianas contra integrantes de las FARC que acampaban en territorio ecuatoriano, afirmó que el dejar de creer en las instituciones mexicanas responsables de velar por los derechos de los ciudadanos no implica, de ninguna manera, que estemos derrotados o dispuestos a que se dé carpetazo.
Familiares de los estudiantes viajarán a Europa
Por ello, informó que prevén realizar un nuevo viaje al extranjero, quizá a Europa, para seguir denunciando los atropellos y abusos que se cometieron con nuestros hijos, y para exigir que se haga justicia, porque queremos demostrarle al gobierno federal que no estamos solos en este reclamo y que no vamos a parar hasta que se conozca toda la verdad.
Al encabezar un foro contra la criminalización de la solidaridad y de la protesta social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, propuesta por estudiantes chilenos, y que tiene entre sus principales objetivos conmemorar el primer aniversario de los asesinatos con actos simultáneos de protesta el próximo 1 y 2 de marzo ante las embajadas de Estados Unidos y Colombia en México, Chile, Argentina, Ecuador, España, Italia, Francia, Canadá y República Dominicana, Álvaro González reconoció que enfrentamos una lucha de largo plazo, que seguramente llevará años, pero no vamos a darnos por vencidos. Seguiremos recabando información, demandando a los gobiernos de México, Colombia y Ecuador que entreguen todos los datos de que disponen para conocer toda la verdad sobre el ataque y el asesinato de nuestros hijos.
miércoles, 18 de febrero de 2009
ATENCO: Campaña Nacional e Internacional por la LIBERTAD A LOS 13 PRESOS POLÍTICOS
http://www.atencolibertadyjusticia.com/
PRONUNCIAMIENTO CENTRAL
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
Nosotras y nosotros, personas y organizaciones, a casi tres años de los terribles acontecimientos represivos en San Salvador Atenco, deseamos expresar:
Que el movimiento en defensa de la tierra que surgió en 2001 frente a la iniciativa gubernamental de expropiar la tierra para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, es un movimiento social cuyas causas y demandas son justas, legítimas y atendibles y que la violencia nunca debió ser la respuesta del Estado a este movimiento de campesinos y pobladores. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) representa ese movimiento. El Estado se equivocó al polarizar el conflicto en ese entonces y optar por una salida autoritaria a esta problemática social.
Las innumerables violaciones a los derechos humanos en el operativo impulsado por los gobiernos federal, estatal y municipal son un lamentable hecho que ha sido documentado nacional e internacionalmente por reconocidos organismos defensores de los derechos humanos. Diversas instancias del Estado e incluso funcionarios federales han reconocido la gravedad de las violaciones y los atropellos cometidos en San Salvador Atenco. No existe duda alguna de que dichas violaciones fueron cometidas. Lo que estuvo a discusión la semana pasada fue si La Suprema Corte de Justicia señalaría a los responsables de dichas violaciones. No fue así. Nosotras y nosotros, consideramos por la forma, repetición y patrones de las detenciones, brutalidad policiaca, abusos sexuales contra las mujeres detenidas, tortura e irregularidades procesales, que es evidente que quienes cometieron directamente estas violaciones recibieron órdenes de hacerlo. Son el Estado mexicano y los altos funcionarios que estuvieron a cargo de los operativos, responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco. Dichos operativos tuvieron dos intencionalidades políticas: tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento. El Estado se equivocó al no poder procesar un pequeño conflicto de tan sólo ocho vendedores de flores y al polarizar dicho conflicto. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado lanzó un operativo planificado, deliberado y calculado para promover el miedo y el castigo ejemplar a través de la violencia autoritaria al movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las organizaciones solidarias que los acompañaban. El capítulo para lograr la justicia para las víctimas está incompleto. La justicia está pendiente.
A raíz de esos lamentables acontecimientos, permanecen presos 13 personas con penas que alcanzan hasta 112 años en un penal de máxima seguridad. Todos ellos fueron condenados a terribles injustas sentencias por delitos que no cometieron. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra y otros más, sencillos y humildes pobladores, algunos incluso que nunca habían participado en movimiento social alguno. La forma en que fueron detenidos, los abusos y violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos, las irregularidades en sus procesos y condenas hacen ver de nueva cuenta que están presos sin un verdadero sustento jurídico y legal.
Estas 13 personas son presos políticos. Y los caminos de la justicia no pueden continuar mientras las violaciones a los derechos humanos continúen. Estas violaciones continúan mientras ellos están presos. Se hace urgente de forma nacional e internacional exigir la LIBERTAD de los 13 presos y por ello nos hemos reunido numerosos actores y actrices, músicos, periodistas, escritores, pintores, académicos, religiosos, defensores de los derechos, organismos civiles, solidarios, familiares de los detenidos, abogados defensores y el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para realizar el siguiente:
LLAMADO A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a las mujeres y hombres, de todas las edades, de todas las entidades del país, de todos los continentes del mundo, que estén en el campo o en la ciudad, de todas las profesiones, artes y oficios, de todas las orientaciones y preferencias sexuales, a todas las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes y movimientos indígenas, sindicales, campesinos, urbano populares, de mujeres, ambientales, de derechos humanos, estudiantiles y religiosas que luchan por la libertad y la justicia a participar en la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO. Que comienza este 17 de febrero y su primera fase terminará los días 3,4 y 5 de mayo de este mismo año, con la intención de sumar las voces que pedimos:
La LIBERTAD de los 13 presos políticos
La revocación de las sentencias
El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos
El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos
Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.
ATENTAMENTE
Comité Libertad y Justicia para Atenco:
Personas participantes: Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Carlos Montemayor escritor, Ana Francis Mor, actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Adolfo Gilly académico, Luis Villoro filósofo, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Daniel Giménez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro periodista, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo banda de ska y rock.
Organismos participantes:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),
Comité Cerezo,
Comité Monseñor Romero,
Colectivo de abogados Zapatistas (CAZ),
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.,
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),
Mujeres sin miedo,
Servicios Legales y Estudios Jurídicos,
Servicios y Asesoría para la paz (SERAPAZ)
martes, 17 de febrero de 2009
Uno de nosotros.
Ignacio del Valle: el tamaño del miedo
Luis Hernández Navarro
Martes 17 de Febrero de 2009
Lleva dos años y nueve meses en la cárcel. Habita una celda de tres metros por dos, en el módulo 3 del penal de alta seguridad del Altiplano. Purga una condena de 112 años y seis meses de prisión. Se llama Ignacio del Valle.
En su morada no hay noche ni día. La luz está encendida siempre. A veces disfruta de 35 minutos de sol diarios. Le revisan la correspondencia y los mensajes que le llegan. Lo someten a revisiones humillantes. Por su crujía se pasean 10 o 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitan sus escritos y los rompen. No sabe lo que sucede afuera. Puede hablar por teléfono 10 minutos a tarifas altísimas. A menudo, los guardias reducen ese tiempo a sólo siete u ocho minutos. Cuando sus parientes lo visitan, los custodios se prodigan en los malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión.
Nunca ha robado ni matado a nadie. No consume drogas ni las vende. No extorsionó a ninguna persona. Es un hombre honesto. Es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo. No es delincuente. Sin embargo, comparte prisión con los más peligrosos criminales del país: asesinos, narcotraficantes y secuestradores.
Está acusado de los delitos de secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa de la ciudad de Texcoco, estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar, en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo; no rendirse.
Ignacio del Valle es campesino, serigrafista, carnicero y padre de familia. Durante años fue obrero en la zona industrial de Ecatepec. Laboró en empresas como Guanos y Fertilizantes. El trabajo era rudo y la paga escasa. En 1981 fue promotor de educación física en la zona de Ixtapaluca.
Hasta su detención, sembró una pequeña parcela de una hectárea de riego en su pueblo natal, San Salvador Atenco. De ella sacaba maíz, frijol, calabaza y hortalizas. A pedido, cocinaba barbacoa de borrego, res, puerco y pollo. Montó en su pueblo un taller de serigrafía, donde estampaba bermudas. Le iba bien cuando no había competencia, pero en cuanto comenzó a entrar el bordado el trabajo escaseó.
Ignacio nació el 31 de julio de 1953 en el seno de una familia como la que él formó después. Su padre era campesino y carnicero. Tuvo seis hermanas y un hermano. Con muchos sacrificios, sus padres lograron dar educación a todos: una es normalista, otra doctora; una, modista; la otra, secretaria. Él estudió sociología en la UNAM, pero no pudo terminar la carrera.
Convencido de la importancia de la educación, de joven, en su pueblo, junto a otros tres o cuatro amigos, se dedicó a alfabetizar a la gente de más edad que no sabía leer ni escribir. Se trataba de que salieran adelante. Abrieron primarias, secundarias y una preparatoria abierta. Querían llevar la cultura al pueblo. Formaron una biblioteca popular promoviendo el kilómetro de libros. Su gran sueño, establecer una universidad en su región, está pendiente.
Él y sus compañeros fundaron un grupo de apoyo comunitario. Ayudaban al pueblo y a su gente. Cuando algún vecino estaba muy grave y no tenía dinero lo metían al hospital. Para pagar la cuenta, juntaban 10 o 15 hombres y mujeres y donaban sangre. Ayudaban a gente que no conocían.
San Salvador Atenco era, a finales de la década de los 60, una comunidad rural ubicada a escasos 35 kilómetros de la ciudad de México que sufría los embates de la urbanización salvaje. Era un municipio desprovisto de servicios, cercado por la especulación urbana. Pero era, también, una localidad en la que sus habitantes, a decir de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio, se sentían seguros. “Uno nació allí –asegura ella–. Puede caminar por donde sea sin causar problemas o que nos los causen. Somos libres. Es nuestro territorio. Sabemos lo que nos corresponde. Lo queremos y lo conocemos.”
En Atenco había unidad y respeto. Sobrevivían muchas costumbres de sus antepasados. Estaba vivo el amor a la tierra, la que les da vida, y a la que se ve como un legado que hay que cuidar y traspasar a hijos y nietos. Aunque formalmente la presidencia municipal estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la comisaría de bienes ejidales y la junta de agua potable eran controladas por los ejidatarios y el pueblo.
Como ha explicado Damián G. Camacho Guzmán, antes de que, en 2001, los pobladores de ese municipio se movilizaran para defender sus tierras del decreto expropiatorio para construir el aeropuerto y formaran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habían vivido un largo proceso previo de luchas comunitarias, municipales y regionales. En ellas fundaron organizaciones como la Unión Social Cultural de Atenco, Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, Frente Popular Región Texcoco y el Frente Popular del Valle de México.
La movilización social permitió arrancar a los distintos gobiernos la solución a sus demandas más sentidas: pavimentación, canchas deportivas, hospitales, biblioteca, auditorio, agua potable. Simultáneamente, se convirtió en la vía para enfrentar, con éxito desigual, aumentos en los impuestos prediales, expropiación de terrenos, construcción de carreteras sobre tierras ejidales y el trasvase de sus acuíferos a la ciudad de México.
Ignacio del Valle estuvo al frente de estas luchas. Ejerció un liderazgo genuino y desinteresado. Lejos de corromperse, se mantuvo fiel a su comunidad. Defendió las tierras de su municipio cuando unos cuantos poderosos quisieron hacer grandes negocios con ellas.
Ignacio es un artista nato. En el penal dibuja sobre papel con bolígrafo y, cuando puede, colorea sus obras. Escribe también largas cartas. En una de ellas, enviada a sus compañeros el 22 de octubre de 2008, escribió: ¡Del tamaño de nuestra sentencia, de este mismo es el miedo que nos tienen! No le falta razón: la monstruosidad de su condena es una advertencia a todos aquellos que se atreven a decir al poder: ¡no!
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/17/index.php?section=opinion&article=016a1pol
Luis Hernández Navarro
Martes 17 de Febrero de 2009
Lleva dos años y nueve meses en la cárcel. Habita una celda de tres metros por dos, en el módulo 3 del penal de alta seguridad del Altiplano. Purga una condena de 112 años y seis meses de prisión. Se llama Ignacio del Valle.
En su morada no hay noche ni día. La luz está encendida siempre. A veces disfruta de 35 minutos de sol diarios. Le revisan la correspondencia y los mensajes que le llegan. Lo someten a revisiones humillantes. Por su crujía se pasean 10 o 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitan sus escritos y los rompen. No sabe lo que sucede afuera. Puede hablar por teléfono 10 minutos a tarifas altísimas. A menudo, los guardias reducen ese tiempo a sólo siete u ocho minutos. Cuando sus parientes lo visitan, los custodios se prodigan en los malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión.
Nunca ha robado ni matado a nadie. No consume drogas ni las vende. No extorsionó a ninguna persona. Es un hombre honesto. Es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo. No es delincuente. Sin embargo, comparte prisión con los más peligrosos criminales del país: asesinos, narcotraficantes y secuestradores.
Está acusado de los delitos de secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa de la ciudad de Texcoco, estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar, en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo; no rendirse.
Ignacio del Valle es campesino, serigrafista, carnicero y padre de familia. Durante años fue obrero en la zona industrial de Ecatepec. Laboró en empresas como Guanos y Fertilizantes. El trabajo era rudo y la paga escasa. En 1981 fue promotor de educación física en la zona de Ixtapaluca.
Hasta su detención, sembró una pequeña parcela de una hectárea de riego en su pueblo natal, San Salvador Atenco. De ella sacaba maíz, frijol, calabaza y hortalizas. A pedido, cocinaba barbacoa de borrego, res, puerco y pollo. Montó en su pueblo un taller de serigrafía, donde estampaba bermudas. Le iba bien cuando no había competencia, pero en cuanto comenzó a entrar el bordado el trabajo escaseó.
Ignacio nació el 31 de julio de 1953 en el seno de una familia como la que él formó después. Su padre era campesino y carnicero. Tuvo seis hermanas y un hermano. Con muchos sacrificios, sus padres lograron dar educación a todos: una es normalista, otra doctora; una, modista; la otra, secretaria. Él estudió sociología en la UNAM, pero no pudo terminar la carrera.
Convencido de la importancia de la educación, de joven, en su pueblo, junto a otros tres o cuatro amigos, se dedicó a alfabetizar a la gente de más edad que no sabía leer ni escribir. Se trataba de que salieran adelante. Abrieron primarias, secundarias y una preparatoria abierta. Querían llevar la cultura al pueblo. Formaron una biblioteca popular promoviendo el kilómetro de libros. Su gran sueño, establecer una universidad en su región, está pendiente.
Él y sus compañeros fundaron un grupo de apoyo comunitario. Ayudaban al pueblo y a su gente. Cuando algún vecino estaba muy grave y no tenía dinero lo metían al hospital. Para pagar la cuenta, juntaban 10 o 15 hombres y mujeres y donaban sangre. Ayudaban a gente que no conocían.
San Salvador Atenco era, a finales de la década de los 60, una comunidad rural ubicada a escasos 35 kilómetros de la ciudad de México que sufría los embates de la urbanización salvaje. Era un municipio desprovisto de servicios, cercado por la especulación urbana. Pero era, también, una localidad en la que sus habitantes, a decir de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio, se sentían seguros. “Uno nació allí –asegura ella–. Puede caminar por donde sea sin causar problemas o que nos los causen. Somos libres. Es nuestro territorio. Sabemos lo que nos corresponde. Lo queremos y lo conocemos.”
En Atenco había unidad y respeto. Sobrevivían muchas costumbres de sus antepasados. Estaba vivo el amor a la tierra, la que les da vida, y a la que se ve como un legado que hay que cuidar y traspasar a hijos y nietos. Aunque formalmente la presidencia municipal estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la comisaría de bienes ejidales y la junta de agua potable eran controladas por los ejidatarios y el pueblo.
Como ha explicado Damián G. Camacho Guzmán, antes de que, en 2001, los pobladores de ese municipio se movilizaran para defender sus tierras del decreto expropiatorio para construir el aeropuerto y formaran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habían vivido un largo proceso previo de luchas comunitarias, municipales y regionales. En ellas fundaron organizaciones como la Unión Social Cultural de Atenco, Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, Frente Popular Región Texcoco y el Frente Popular del Valle de México.
La movilización social permitió arrancar a los distintos gobiernos la solución a sus demandas más sentidas: pavimentación, canchas deportivas, hospitales, biblioteca, auditorio, agua potable. Simultáneamente, se convirtió en la vía para enfrentar, con éxito desigual, aumentos en los impuestos prediales, expropiación de terrenos, construcción de carreteras sobre tierras ejidales y el trasvase de sus acuíferos a la ciudad de México.
Ignacio del Valle estuvo al frente de estas luchas. Ejerció un liderazgo genuino y desinteresado. Lejos de corromperse, se mantuvo fiel a su comunidad. Defendió las tierras de su municipio cuando unos cuantos poderosos quisieron hacer grandes negocios con ellas.
Ignacio es un artista nato. En el penal dibuja sobre papel con bolígrafo y, cuando puede, colorea sus obras. Escribe también largas cartas. En una de ellas, enviada a sus compañeros el 22 de octubre de 2008, escribió: ¡Del tamaño de nuestra sentencia, de este mismo es el miedo que nos tienen! No le falta razón: la monstruosidad de su condena es una advertencia a todos aquellos que se atreven a decir al poder: ¡no!
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/17/index.php?section=opinion&article=016a1pol
lunes, 16 de febrero de 2009
Héctor y Antonio Cerezo Contreras, Llibres.
HÉCTOR Y ANTONIO CEREZO CONTRERAS, PRESOS DE CONCIENCIA, SIN LA CONCIENCIA PRESA.
Por Tlilcoatl
Hoy, 16 de febrero de 2009, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, recuperaron su libertad física después de pasar 7 años y medio como presos de conciencia del Estado mexicano en penales de máxima seguridad, destinados a delincuentes de alta peligrosidad. Además del periodo mencionado, a los Cerezo les robaron tres días más de sus vidas, ya que el 13 de febrero era la fecha en la cual se terminaba la condena, pero una treta legal los mantuvo presos políticos hasta el día de hoy. El caso de los hermanos Cerezo es una muestra fehaciente de lo parcial y clasista de la justicia aplicada por el Estado mexicano, de la nula preocupación por los derechos humanos fundamentales cuando se trata de dar “lecciones” a la gente que lucha por una sociedad justa, y de la incapacidad del sistema para proveer de justicia social, en sintonía con los casos de Atenco, de Oaxaca, de Ernestina Asencio, por citar algunos.
Los detuvieron la madrugada del 13 de agosto de 2001 acusados de haber perpetrado las explosiones en una sucursal de Banamex el 08 de agosto del mismo año. Después de haber sido torturados, los presentan a los medios al día siguiente, acusándolos de pertenecer a una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). En el momento de la detención, los agentes de la PJF dijeron haber encontrado en el domicilio “171 mil 366 dólares ocultos en compartimientos secretos dentro de uno de los inmuebles; 6 armas de fuego cortas, calibres 9 mm., 380 y 38 súper; 460 cartuchos útiles de diversos calibres; cinco dispositivos electrónicos para artefactos explosivos; vestimenta tipo militar; una computadora personal y dos portátiles; un equipo profesional para fotografía, audio, video y de edición; cinco teléfonos celulares y seis radiolocalizadores”[1] Sin embargo, según consta en la página electrónica del Comité Cerezo, “en el momento de las declaraciones judiciales, los testigos que firmaron el acta circunstanciada niegan haber visto las cosas que la PGR dice haber encontrado y señalan que se les obligó a firmarla. Dicha declaración consta en el expediente judicial”[2].
Al momento de su detención fueron acusados de terrorismo, daño en propiedad ajena, violación a la ley de delincuencia organizada, transformación y acopio de artificios explosivos, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército. En el juicio, son absueltos del delito de daños en propiedad ajena (referente a las explosiones por petardo en la sucursal de Banamex) y en la apelación de la sentencia son absueltos del delito de terrorismo. Por tanto, con la absolución de los delitos señalados también quedaron sin cargos por el delito de transformación y acopio de artificios explosivos.
El delito por el cual son procesados es delincuencia organizada, que según las palabras de Alejandro Cerezo, quien también fue detenido y liberado cuatro años después, “ese delito tiene tres modalidades: Terrorismo, narcotráfico o transportación y tráfico de armas. Pero no nos ponen ninguna modalidad. No nos ponen delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo. Nos ponen delincuencia organizada en el sentido de que “pensábamos organizarnos para cometer un acto delictivo”.[3]
La sentencia dictada fue de 13 años y medio en una primera instancia, la cual disminuyó mediante el recurso de apelación a 7 años y medio. Durante el lapso de su sentencia han sido objeto de múltiples violaciones legales a sus derechos, que van desde ser detenidos en Centros de máxima seguridad, ser trasladados a varios penales en diversos estados de la República, además de que su representante legal, Digna Ochoa, fue asesinada, lo que constituye otro caso paradigmático de la aplicación de la justicia en México, ya que las conclusiones de la investigación por parte de las autoridades indicaron que se trató de un suicidio.
En síntesis, dado el transcurso del proceso legal y de lo endebles de las acusaciones, queda claro que lo que hay detrás de su detención y posterior encarcelamiento es la venganza y persecución del Estado Mexicano a luchadores sociales, ya que Héctor, Alejandro y Antonio son señalados de ser hijos de Francisco Cerezo y de Emilia Contreras, supuestos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. Su caso demuestra la naturaleza del Estado de Derecho en una estructura social diseñada para la explotación, que en lugar de impartir justicia, premia a los delincuentes y criminaliza la protesta y resistencia social. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la barbarie policial en Atenco confirma este dicho.
Si quieres saber más sobre el caso, te dejo las siguientes ligas:
Comité Cerezo: http://espora.org/comitecerezo/
La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2001/08/15/caen.html
AUDIO DE ENTREVISTAS CON LOS HERMANOS CEREZO
http://javiersolorzano.radiotrece.com.mx/?s=cerezo
[1] Periódico La Jornada, 15 de agosto de 2001. Nota de Gustavo Castillo García
[2] Expediente de Derechos Humanos de los Hermanos Cerezo. Página Electrónica del Comité Cerezo http://espora.org/comitecerezo/spip.php?article268
[3] Entrevista con Alejandro Cerezo.
Por Tlilcoatl
Hoy, 16 de febrero de 2009, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, recuperaron su libertad física después de pasar 7 años y medio como presos de conciencia del Estado mexicano en penales de máxima seguridad, destinados a delincuentes de alta peligrosidad. Además del periodo mencionado, a los Cerezo les robaron tres días más de sus vidas, ya que el 13 de febrero era la fecha en la cual se terminaba la condena, pero una treta legal los mantuvo presos políticos hasta el día de hoy. El caso de los hermanos Cerezo es una muestra fehaciente de lo parcial y clasista de la justicia aplicada por el Estado mexicano, de la nula preocupación por los derechos humanos fundamentales cuando se trata de dar “lecciones” a la gente que lucha por una sociedad justa, y de la incapacidad del sistema para proveer de justicia social, en sintonía con los casos de Atenco, de Oaxaca, de Ernestina Asencio, por citar algunos.
Los detuvieron la madrugada del 13 de agosto de 2001 acusados de haber perpetrado las explosiones en una sucursal de Banamex el 08 de agosto del mismo año. Después de haber sido torturados, los presentan a los medios al día siguiente, acusándolos de pertenecer a una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). En el momento de la detención, los agentes de la PJF dijeron haber encontrado en el domicilio “171 mil 366 dólares ocultos en compartimientos secretos dentro de uno de los inmuebles; 6 armas de fuego cortas, calibres 9 mm., 380 y 38 súper; 460 cartuchos útiles de diversos calibres; cinco dispositivos electrónicos para artefactos explosivos; vestimenta tipo militar; una computadora personal y dos portátiles; un equipo profesional para fotografía, audio, video y de edición; cinco teléfonos celulares y seis radiolocalizadores”[1] Sin embargo, según consta en la página electrónica del Comité Cerezo, “en el momento de las declaraciones judiciales, los testigos que firmaron el acta circunstanciada niegan haber visto las cosas que la PGR dice haber encontrado y señalan que se les obligó a firmarla. Dicha declaración consta en el expediente judicial”[2].
Al momento de su detención fueron acusados de terrorismo, daño en propiedad ajena, violación a la ley de delincuencia organizada, transformación y acopio de artificios explosivos, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército. En el juicio, son absueltos del delito de daños en propiedad ajena (referente a las explosiones por petardo en la sucursal de Banamex) y en la apelación de la sentencia son absueltos del delito de terrorismo. Por tanto, con la absolución de los delitos señalados también quedaron sin cargos por el delito de transformación y acopio de artificios explosivos.
El delito por el cual son procesados es delincuencia organizada, que según las palabras de Alejandro Cerezo, quien también fue detenido y liberado cuatro años después, “ese delito tiene tres modalidades: Terrorismo, narcotráfico o transportación y tráfico de armas. Pero no nos ponen ninguna modalidad. No nos ponen delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo. Nos ponen delincuencia organizada en el sentido de que “pensábamos organizarnos para cometer un acto delictivo”.[3]
La sentencia dictada fue de 13 años y medio en una primera instancia, la cual disminuyó mediante el recurso de apelación a 7 años y medio. Durante el lapso de su sentencia han sido objeto de múltiples violaciones legales a sus derechos, que van desde ser detenidos en Centros de máxima seguridad, ser trasladados a varios penales en diversos estados de la República, además de que su representante legal, Digna Ochoa, fue asesinada, lo que constituye otro caso paradigmático de la aplicación de la justicia en México, ya que las conclusiones de la investigación por parte de las autoridades indicaron que se trató de un suicidio.
En síntesis, dado el transcurso del proceso legal y de lo endebles de las acusaciones, queda claro que lo que hay detrás de su detención y posterior encarcelamiento es la venganza y persecución del Estado Mexicano a luchadores sociales, ya que Héctor, Alejandro y Antonio son señalados de ser hijos de Francisco Cerezo y de Emilia Contreras, supuestos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. Su caso demuestra la naturaleza del Estado de Derecho en una estructura social diseñada para la explotación, que en lugar de impartir justicia, premia a los delincuentes y criminaliza la protesta y resistencia social. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la barbarie policial en Atenco confirma este dicho.
Si quieres saber más sobre el caso, te dejo las siguientes ligas:
Comité Cerezo: http://espora.org/comitecerezo/
La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2001/08/15/caen.html
AUDIO DE ENTREVISTAS CON LOS HERMANOS CEREZO
http://javiersolorzano.radiotrece.com.mx/?s=cerezo
[1] Periódico La Jornada, 15 de agosto de 2001. Nota de Gustavo Castillo García
[2] Expediente de Derechos Humanos de los Hermanos Cerezo. Página Electrónica del Comité Cerezo http://espora.org/comitecerezo/spip.php?article268
[3] Entrevista con Alejandro Cerezo.
domingo, 15 de febrero de 2009
Referéndum en Venezuela
La verdad sobre el referéndum para enmendar la Constitución de Venezuela
Jorge Arreaza
Rebelión
14-02-2009
Mucho se ha dicho y escrito sobre el referéndum que se celebrará en Venezuela el próximo 15 de febrero para modificar cinco artículos de la Constitución, con el simple objetivo de permitir que los candidatos a los cargos de elección popular (diputados, alcaldes, gobernadores y presidente de la República) puedan postularse sin que exista más limitación para ejercer el cargo que la voluntad popular expresada en elecciones periódicas. De ser aprobada la enmienda en dicho referéndum, Venezuela pasará a tener simplemente un sistema similar al existente en España y en la mayor parte de las democracias europeas, donde la posibilidad de reelección popular no está sometida a un número determinado de períodos.
Recordemos que Felipe González llegó en cuatro ocasiones a ser elegido presidente del Gobierno de España, ejerciendo este cargo entre 1982 y 1996; al presentarse por quinta vez perdió frente a José María Aznar, quien le sucedió en el cargo. Igualmente el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Manuel Chaves, continúa ejerciendo dicho cargo para el que fue electo por vez primera hace 18 años. El señor Chaves en las últimas elecciones autonómicas celebradas en el año 2006 ganó con mayoría absoluta. Podrán gustar al lector más o menos Felipe González o Manuel Chaves, pero ¿Quién se atrevería a decir que estos políticos españoles son dictadores sin legitimidad democrática? Tal aseveración sería una vil mentira ¿Por qué entonces se muestra la enmienda constitucional que va a decidir el pueblo venezolano mediante un referéndum como un abuso de poder, un atentado contra la democracia y el Presidente Chávez es calificado como un tirano?
Pues bien, los medios de prensa escrita de mayor difusión en España se han esforzado sobremanera por mostrar la enmienda a la constitución venezolana como un atentado contra la democracia y al Presidente Chávez como un usurpador de la voluntad popular. Valga ahora mencionar algunos ejemplos recientes de esta manipulación y deformación de la información, como lo fueron el editorial de El País, publicado el 9 de febrero con motivo del aniversario de una década de Chávez al frente de Venezuela, y en el se afirma sin base alguna en su subtítulo que “El proyecto socialista y bolivariano ha derivado en un régimen personalista y autoritario”; la noticia de ABC que el 28 de enero lleva por título “Chávez ganaría el referéndum para perpetuarse en el poder”; el artículo del consejo editorial de El Mundo donde se asevera que el Presidente Chávez “valiéndose de artimañas constitucionales” pretende “eternizarse en el poder”; por último mencionar también la entrevista realizada por La Vanguardia al dirigente opositor Yon Goicochea que selecciona como título la cita “no podemos permitir un rey en Venezuela”.
Pareciera entonces que los mencionados diarios españoles están realizando ingentes esfuerzos por crear la falsa matriz de opinión de que el referéndum del próximo domingo es para establecer una reelección indefinida, violándose el derecho de los lectores de estos diarios de recibir una información veraz, pues en Venezuela las “reglas de juego” siguen ajustándose perfectamente a la democracia y todo está definido en la Constitución y las leyes.
Pero junto a la supuesta restricción de las libertades democráticas en Venezuela, se iniciaron otras campañas de desprestigio contra el Gobierno bolivariano durante las últimas semanas. De ellas la más grave y con mayor repercusión internacional ha sido calificar al Gobierno chavista como antisemita tras el asalto a una sinagoga de Caracas. Este fue sin duda un acto deplorable, pero muchos medios nacionales y extranjeros señalaron inmediatamente que el hecho fue responsabilidad del Gobierno de Chávez, llegando a haber manifestaciones de protesta contra Venezuela frente a la sede de la ONU en Nueva York. En estos días se ha detenido a una docena de personas involucradas en el crimen, y parece bastante claro que el asalto de la sinagoga fue motivado por el robo de objetos de valor que allí se encontraban y que los mensajes racistas que los delincuentes dejaron por todo el edificio tenían la finalidad de confundir a las autoridades. Hasta el momento, aunque el caso ha sido resuelto, nadie se ha retractado de las acusaciones de antisemitismo vertidas sobre el presidente Chávez.
El terrible resultado de esta guerra mediática en contra de la imagen del Presidente Chávez y sus políticas, es que hoy día se le considera como el líder internacional peor valorado por los españoles, según se desprende del barómetro del Real Instituto Elcano realizado a finales del año 2007. Si los españoles conocieran la realidad de Venezuela de una manera objetiva y no a través del deformado prisma de estos tendenciosos medios, la percepción sería otra completamente diferente y con seguridad muchos apoyarían y/o respetarán el genuino proceso de transformación social que estamos viviendo los venezolanos. Tal y como ocurre con la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que ha dado su confianza al Presidente Chávez siempre en democracia y plena consciencia.
Los pueblos del mundo, incluyendo el español, serán testigos de excepción este domingo cuando se desarrolle este democrático referendo en el que los venezolanos, soberanamente, sin injerencias, decidirán ampliar sus derechos políticos y avanzar hacia la democracia directa, una democracia real, una democracia que se profundiza día tras día. Es comprensible, sin embargo, desde la lógica del poder y las leyes del capitalismo, que el fin de la tergiversación mediática se deba al temor que existe en los grandes centros de poder económico – político del planeta, vistas las transformaciones estructurales, pacíficas y democráticas que están multiplicándose en nuestros países. Esa guerra comunicacional patrocinada por los grandes concentradores del capital y la esperanza, buscando desprestigiar los procesos democráticos que se adelantan en Nuestra América, es una reacción hasta natural de los poderosos, que saben que de replicarse en sus países procesos similares, implicaría el final del gobierno de los pocos y el ejercicio del poder popular de sus pueblos, la justicia social y el fin de sus groseros privilegios.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80835
Jorge Arreaza
Rebelión
14-02-2009
Mucho se ha dicho y escrito sobre el referéndum que se celebrará en Venezuela el próximo 15 de febrero para modificar cinco artículos de la Constitución, con el simple objetivo de permitir que los candidatos a los cargos de elección popular (diputados, alcaldes, gobernadores y presidente de la República) puedan postularse sin que exista más limitación para ejercer el cargo que la voluntad popular expresada en elecciones periódicas. De ser aprobada la enmienda en dicho referéndum, Venezuela pasará a tener simplemente un sistema similar al existente en España y en la mayor parte de las democracias europeas, donde la posibilidad de reelección popular no está sometida a un número determinado de períodos.
Recordemos que Felipe González llegó en cuatro ocasiones a ser elegido presidente del Gobierno de España, ejerciendo este cargo entre 1982 y 1996; al presentarse por quinta vez perdió frente a José María Aznar, quien le sucedió en el cargo. Igualmente el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Manuel Chaves, continúa ejerciendo dicho cargo para el que fue electo por vez primera hace 18 años. El señor Chaves en las últimas elecciones autonómicas celebradas en el año 2006 ganó con mayoría absoluta. Podrán gustar al lector más o menos Felipe González o Manuel Chaves, pero ¿Quién se atrevería a decir que estos políticos españoles son dictadores sin legitimidad democrática? Tal aseveración sería una vil mentira ¿Por qué entonces se muestra la enmienda constitucional que va a decidir el pueblo venezolano mediante un referéndum como un abuso de poder, un atentado contra la democracia y el Presidente Chávez es calificado como un tirano?
Pues bien, los medios de prensa escrita de mayor difusión en España se han esforzado sobremanera por mostrar la enmienda a la constitución venezolana como un atentado contra la democracia y al Presidente Chávez como un usurpador de la voluntad popular. Valga ahora mencionar algunos ejemplos recientes de esta manipulación y deformación de la información, como lo fueron el editorial de El País, publicado el 9 de febrero con motivo del aniversario de una década de Chávez al frente de Venezuela, y en el se afirma sin base alguna en su subtítulo que “El proyecto socialista y bolivariano ha derivado en un régimen personalista y autoritario”; la noticia de ABC que el 28 de enero lleva por título “Chávez ganaría el referéndum para perpetuarse en el poder”; el artículo del consejo editorial de El Mundo donde se asevera que el Presidente Chávez “valiéndose de artimañas constitucionales” pretende “eternizarse en el poder”; por último mencionar también la entrevista realizada por La Vanguardia al dirigente opositor Yon Goicochea que selecciona como título la cita “no podemos permitir un rey en Venezuela”.
Pareciera entonces que los mencionados diarios españoles están realizando ingentes esfuerzos por crear la falsa matriz de opinión de que el referéndum del próximo domingo es para establecer una reelección indefinida, violándose el derecho de los lectores de estos diarios de recibir una información veraz, pues en Venezuela las “reglas de juego” siguen ajustándose perfectamente a la democracia y todo está definido en la Constitución y las leyes.
Pero junto a la supuesta restricción de las libertades democráticas en Venezuela, se iniciaron otras campañas de desprestigio contra el Gobierno bolivariano durante las últimas semanas. De ellas la más grave y con mayor repercusión internacional ha sido calificar al Gobierno chavista como antisemita tras el asalto a una sinagoga de Caracas. Este fue sin duda un acto deplorable, pero muchos medios nacionales y extranjeros señalaron inmediatamente que el hecho fue responsabilidad del Gobierno de Chávez, llegando a haber manifestaciones de protesta contra Venezuela frente a la sede de la ONU en Nueva York. En estos días se ha detenido a una docena de personas involucradas en el crimen, y parece bastante claro que el asalto de la sinagoga fue motivado por el robo de objetos de valor que allí se encontraban y que los mensajes racistas que los delincuentes dejaron por todo el edificio tenían la finalidad de confundir a las autoridades. Hasta el momento, aunque el caso ha sido resuelto, nadie se ha retractado de las acusaciones de antisemitismo vertidas sobre el presidente Chávez.
El terrible resultado de esta guerra mediática en contra de la imagen del Presidente Chávez y sus políticas, es que hoy día se le considera como el líder internacional peor valorado por los españoles, según se desprende del barómetro del Real Instituto Elcano realizado a finales del año 2007. Si los españoles conocieran la realidad de Venezuela de una manera objetiva y no a través del deformado prisma de estos tendenciosos medios, la percepción sería otra completamente diferente y con seguridad muchos apoyarían y/o respetarán el genuino proceso de transformación social que estamos viviendo los venezolanos. Tal y como ocurre con la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que ha dado su confianza al Presidente Chávez siempre en democracia y plena consciencia.
Los pueblos del mundo, incluyendo el español, serán testigos de excepción este domingo cuando se desarrolle este democrático referendo en el que los venezolanos, soberanamente, sin injerencias, decidirán ampliar sus derechos políticos y avanzar hacia la democracia directa, una democracia real, una democracia que se profundiza día tras día. Es comprensible, sin embargo, desde la lógica del poder y las leyes del capitalismo, que el fin de la tergiversación mediática se deba al temor que existe en los grandes centros de poder económico – político del planeta, vistas las transformaciones estructurales, pacíficas y democráticas que están multiplicándose en nuestros países. Esa guerra comunicacional patrocinada por los grandes concentradores del capital y la esperanza, buscando desprestigiar los procesos democráticos que se adelantan en Nuestra América, es una reacción hasta natural de los poderosos, que saben que de replicarse en sus países procesos similares, implicaría el final del gobierno de los pocos y el ejercicio del poder popular de sus pueblos, la justicia social y el fin de sus groseros privilegios.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80835
viernes, 13 de febrero de 2009
Que nadie se confunda... El delito es la DIGNIDAD
Atenco y la infamia
Por: Ricardo Rocha
Por: Ricardo Rocha
Todo empezó en 2001, cuando Montiel y Fox se amafiaron en el negocio del siglo: un nuevo aeropuerto
La represión en Atenco es uno de los más vergonzantes capítulos en la historia reciente de este país. Y tiene razón el ministro Góngora Pimentel: nunca se trató de reabrir una carretera. Fue un acto de venganza.
Todo empezó en 2001, cuando los indefendibles Arturo Montiel, gobernador, y Vicente Fox, presidente, se amafiaron en el negocio del siglo, disfrazado de la obra del sexenio: la construcción de un nuevo aeropuerto que extinguiría la existencia de Atenco, un municipio de honda raigambre prehispánica.
Esa ambición desencadenó una larga lista de abusivas torpezas: los gobiernos quisieron comprar al presidente municipal; contando con 70 pesos de presupuesto por metro cuadrado, ofrecieron sólo siete; desataron una campaña de odio y menosprecio contra los de Atenco por oponerse a desaparecer “en beneficio de la patria”.
Por eso dijeron: no vendemos. A ningún precio.
De ahí comenzó una admirable batalla en tres frentes: la movilización social que llegó hasta el Zócalo con los machetes en alto como símbolo del trabajo en el campo; la conformación del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra —con adhesiones regionales, nacionales e internacionales— y una brillante defensa jurídica del maestro Ignacio Burgoa Orihuela. Hasta que en agosto de 2002 una furiosa presidencia foxista tuvo que anunciar la cancelación del proyecto y la revocación del decreto expropiatorio. Atenco venció a los dos gobiernos. Al PAN y al PRI.
Sólo esa factura pendiente explica la rabia de cuatro años después. Cuando en abril de 2006 un incidente de policías municipales contra vendedores de flores en Texcoco derivaría en una escalada de violencia que culminó en la madrugada del 4 de mayo.
Cuando los 5 mil atenquenses vivieron en carne propia el ataque virulento de 3 mil policías estatales y federales. Los que saquearon sus casas. Los que golpearon sistemática y profesionalmente a todo aquel que encontraban y aun a los que huían. Los que les mataron a dos de sus jóvenes. Los que les detuvieron y torturaron a sus padres e hijos.
Los que violaron a sus mujeres de camino a la cárcel.
Esos hechos jamás se investigaron. Hoy día no hay responsables ni materiales ni intelectuales. En cambio, por retener unas horas a una decena de policías, los líderes de Atenco están en la cárcel de más alta seguridad en el país. Junto a asesinos, narcotraficantes y secuestradores. Fueron condenados a 112 años de prisión.
El caso Atenco está en la Suprema Corte de Justicia. Donde no se hará justicia. Y en donde por una de esas absurdas y mexicanísimas lagunas legales no habrá señalamientos de responsables y menos aun de castigos. Aunque no es menospreciable un fallo de indiscutible significación para la moral pública de este país.
Al momento de escribir estas líneas todavía se desconoce la determinación final de la mayoría. Pero Atenco ha desnudado ya el pellejo de los ministros. Brillos y oscuridades.
Tamaños y calañas.
Los que quieren salvar lo que de honorable le queda a la Corte. Y los que sólo piensan en beber y comer hasta el hartazgo con los poderosos.
Que nadie se confunda. La brutalidad de los policías no fue una ocurrencia del momento.
Fueron entrenados y condicionados para actuar con salvajismo cavernario.
Que nadie se confunda. Al ministro —de cuyo nombre no quiero acordarme— que dijo que no servían como francotiradores contra políticos sólo le faltó decir que sí servían como tapaderas de políticos.
Que nadie se confunda. Se trata de no resignarnos al imperio del más fuerte. De no pagar por el delito de ser pobre. Se trata de hacer justicia a secas.
Fuente: APIA Virtual
Aquí nada pasó...
El ministro Aguirre, pozolero de la justicia: epitafio de atenquenses
■ Uno a uno “desestimó asesinatos, golpizas, torturas y violaciones”
■ Satisfechos, asesores de Peña Nieto; miembros del FPDT, a la calle
Blanche Petrich
■ Uno a uno “desestimó asesinatos, golpizas, torturas y violaciones”
■ Satisfechos, asesores de Peña Nieto; miembros del FPDT, a la calle
Blanche Petrich
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró ayer a mediodía, con un gran gesto, el fin de la sesión del pleno: cuatro días, poco más de 20 horas de debates jurisconsultos que concluyeron que, si bien hubo “violaciones graves a las garantías individuales” en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, ningún funcionario de alto o medido nivel, ni del estado de México ni del gobierno federal, fue responsable de estos hechos que provocaron la muerte de dos jóvenes, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, centenares de detenciones arbitrarias y torturas.
En los asientos de las primeras filas del recinto de plenos se ponen de pie seis hombres bien trajeados, muy sonrientes. Vienen del área jurídica del gobernador Enrique Peña Nieto. En las últimas filas, los representantes de las víctimas tardan en asimilar el trago amargo. Sólo unos segundos. De pronto, irrumpen sus gritos indignados: “¡Ministros, corruptos, asesinan la justicia!”, “¡Peña Nieto ordenó y ejecutó la represión!” Una de las mujeres saca la manta de su bolso. Un agente de seguridad intenta arrebatársela. Trinidad del Valle –esposa del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), sentenciado a 112 años de cárcel– detiene con fuerza el brazo del oficial: “¡Déjala!” Y los atenquenses despliegan sus mantas, gritan hasta desgañitarse, bajan la escalinata de la Corte en una pequeña marcha indignada y se desahogan dos horas más en la explanada. Total, ya nadie los escucha.
Tres años de investigaciones de la SCJN sobre los hechos de Atenco, contenidas en las 900 cuartillas del dictamen del ministro José de Jesús Gudiño, se habían ido diluyendo, en particular cada vez que tomaba la palabra el ministro Sergio Aguirre Anguiano. El documento, con descripciones que resultaban tan dolorosas que el ministro Genaro Góngora confesó que con frecuencia tenía que detener su lectura, a nadie más le quitaría el sueño. Se había convertido ya en papel mojado.
¿Violaciones graves en Atenco? Aguirre, juez de militancia panista, emitió el único voto negativo. ¿Determinar cuáles policías, de los que llevaban armas calibre 38 mm, dispararon contra el adolescente Javier Cortés? Inaceptable para Aguirre. “La bala pudo haber salido del arsenal de los atacantes subversivos.”
¿Fincar responsabilidades por la muerte del joven Alexis Benhumea entre los agentes que dispararon gases lacrimógenos a corta distancia? Tronaba el magistrado bajo su toga: “¿Cómo se puede atribuir a la policía la muerte de ese muchacho? ¡Qué barbaridad!”
¿Dar crédito a la palabra de las mujeres que rindieron testimonio de agresiones sexuales y violaciones tumultuarias por agentes de seguridad pública mexiquenses durante su traslado al penal de Santiaguito?
Aguirre arremete contra testimonios de las víctimas, que ya están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Con soltura, declaran algunas señoras que fueron objeto material de diversos manipuleos atentatorios a su libertad sexual. Pero resulta que todos los dictámenes médicos no nos conducen a eso. Incluso hay filmaciones muy dramáticas de una señora, de perfil, mostrando una gran cantidad de hematomas en su anatomía. ¿Y quien nos dice que éstos no se produjeron en la contienda?”
A los ojos de los manifestantes que desde el lunes se mantienen en plantón ante la gran puerta de bronce de la Suprema Corte, cerrada y resguardada por la policía antimotines, el abogado se ha ganado su epitafio en un féretro de cartón. “El magistrado Aguirre se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia.”
Distantes están ya las palabras del ministro Góngora, solitarias en su representación de las víctimas: “Atenco –había dicho– fue un acto de venganza. Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes.”
Inútil su esfuerzo. Fue la ministra Margarita Luna quien colocó el último clavo de la impunidad, cuando deslindó de toda responsabilidad, citándolos por nombre y apellido, al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública; al gobernador Peña Nieto; al ex comisionado de la policía estatal en esas fechas, Wilfredo Robledo Madrid, a Miguel Ángel Yunes, ex delegado del Cisen, y a Ardelio Vargas, de la Policía Federal Preventiva, entre otros.
Cartón del El Fisgón.
La apuesta ya no es con ellos, es entre nosotros...
Ampliar investigaciones, penoso colofón de la Corte sobre Atenco
■ Se consumó el carpetazo del máximo tribunal sin que altos funcionarios sean molestados
■ Sólo se emitirán “lineamientos y consideraciones” a las autoridades correspondientes
■ Exhortan ministros a aprobar leyes y reglamentos que normen el uso de la fuerza pública
Jesús Aranda
Una vez que exoneró (por ocho votos contra tres) al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.
■ Se consumó el carpetazo del máximo tribunal sin que altos funcionarios sean molestados
■ Sólo se emitirán “lineamientos y consideraciones” a las autoridades correspondientes
■ Exhortan ministros a aprobar leyes y reglamentos que normen el uso de la fuerza pública
Jesús Aranda
Una vez que exoneró (por ocho votos contra tres) al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.
También quedaron libres de culpa los mandos que planearon el operativo, Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien dirigía la Agencia Estatal de Seguridad, así como otros funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones en Atenco.
Así, sólo los policías ejecutores de las lesiones y agresiones sexuales, sus jefes inmediatos y comandantes sectoriales fueron señalados como los responsables de violar los derechos humanos.
Los ministros exhortaron a los congresos y ejecutivos, federal y de las entidades del país, a aprobar leyes, reglamentos y protocolos para normar el uso de la fuerza pública, además de proponerles que adopten medidas administrativas y políticas públicas para hacer más aficientes y profesionales los cuerpos policiacos.
En el catálogo de buenas intenciones, los juzgadores reconocieron que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación del daño por parte del Estado mexicano, pero no precisaron la forma de lograrlo, como tampoco convocaron abiertamente al gobierno a asumir dicha responsabilidad.
A diferencia de las anteriores sesiones, la de ayer fue muy atropellada y apresurada; en sólo tres horas se votaron los puntos pendientes e incluso en temas en los que no había total claridad se acordó que las diferencias fueran subsanadas por el ministro instructor, cuando elabore el documento definitivo de la decisión.
Al dar por finalizado el asunto, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia resaltó la importancia de la resolución para el país y aclaró que ésta será entregada a los congresos federal y estatales, al gobierno del estado de México, a las procuradurías General de la República y de los estados, entre otras autoridades; la Corte busca con ello que el uso de la fuerza pública tenga un fundamento que la legitime, que la sociedad cuente con los “límites y referentes” que garantizan su protección en contra de abusos y excesos, “que bajo ninguna circunstancia son admisibles”.
Ante la comisión de ciudadanos de San Salvador Atenco, encabezada por Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle (líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano), lo mismo que secretarios y funcionarios que colmaron el salón de sesiones, impidiendo así el acceso a los medios de comunicación, Ortiz Mayagoitia subrayó que el trabajo desarrollado por la Corte “no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas difíciles decisiones”.
Al conocerse el fallo, la indignación de los representantes del FPDT presentes en el salón estalló. El tono de voz comenzó a subir en la medida que eran desalojados por el personal de seguridad, que los copó de inmediato. Gritos de “¡ministros corruptos, asesinan la justicia!”, “¡estamos de pie, no nos han vencido!”, “¡Atenco vive, la lucha sigue!” y “libertad a los presos!”, retumbaban en los pasillos. Su demanda de justicia no había sido escuchada en el máximo tribunal.
Al inicio de la sesión, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia determinaron que no había elementos para inculpar a ningún alto funcionario ni a los jefes policiacos. En todo caso, señalaron que hubo agentes que violaron la ley, y que éstos tenían que responder por sus hechos de manera individual, mientras que sus superiores directos fueron señalados por permitir los abusos.
Esta misma mayoría se opuso al informe de Gudiño que enumeraba a todos los funcionarios involucrados –desde Peña Nieto hasta los policías que pudieron ser identificados–, pero que no fincaba responsabilidades; en cambio, consideraron que era mejor señalar con nombre y cargo a los que violaron garantías, aunque fueran policías y mandos operativos únicamente.
Genaro David Góngora, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo dijeron que, en todo caso, todos los funcionarios involucrados tenían un grado de responsabilidad. El más directo fue Góngora, quien censuró que ni Peña Nieto ni Medina Mora, como máximos responsables, tomaran las medidas correctivas para frenar los abusos.
“Era muy sencillo advertir los excesos que se estaban cometiendo, bastaba con prender la televisión para ver las imágenes”. Agregó que tampoco investigaron cabalmente las denuncias de abuso de autoridad ni las agresiones sexuales a 31 mujeres que fueron detenidas.
Cuando se leían los resolutivos, Góngora reflexionó en voz alta: “El hoy procurador debe seguir investigando los hechos de sus subordinados cuando fue secretario de Seguridad Pública federal. Hacer investigaciones a estas alturas parece casi imposible; el dios Cronos, junto con otras personas y otros factores, han dispersado las evidencias, pero en fin, eso ya será problema del procurador”, ironizó.
Cartón: "Noticia" de Helguera
jueves, 12 de febrero de 2009
Geopolítica de la Enmienda
Geopolítica de la enmienda
Ana Esther Ceceña
Hace diez años Venezuela emprendió un cambio de ruta que ha marcado profundamente los tiempos latinoamericanos.
Hace diez años también, como producto de la llamada revolución en los asuntos militares y haciendo frente al desgaste de la política neoliberal, rechazada por los pueblos del Continente, inicia una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
Dos procesos contradictorios, con profundas implicaciones geopolíticas, van modificando desde entonces el panorama:
1. Con la salida de Panamá en 1999-2000 no hay una retirada militar de Estados Unidos de la región latinoamericana y caribeña sino una ampliación de su presencia directa e indirecta. La posición de Panamá se extiende hacia Ecuador (Manta), Curaçao y El Salvador, como primer paso de una escalada militar sorda que ha fortalecido y multiplicado posiciones y que hoy se complementa con el reinicio de operaciones de la IV Flota, que coloca un cerco militar en la frontera de las aguas territoriales, sólo interrumpido ocasionalmente por la presencia de la Flota rusa en las costas venezolanas.
Las posiciones en tierra se han extendido –y lo siguen haciendo- conformando un cinturón en torno a los países con procesos democráticos y que incluso se han declarado en vías de construcción del socialismo (con las particularidades de cada caso), y afianzando las posiciones en el Caribe con la ocupación de Haití y la modernización de la ominosa base de Guantánamo.
Como parte de esta presencia militar reforzada, y siguiendo las líneas tradicionales de construcción de aliados, se abre un flanco político que parte de Colombia y se extiende hacia Perú y México, con derivaciones más sutiles hacia otros gobiernos del Continente. Esta articulación de intereses, explícita en los tratados económicos pero también, significativamente, en los acuerdos y homologaciones de seguridad, busca detener, si no revertir, el derrame de los proyectos y movilizaciones populares, sean estatizados o no, que obstaculizan los proyectos hegemónicos y que amenazan con reproducirse en toda la región.
2. Después de un periodo de desánimo en el que parecía que la historia había tocado fondo y la resistencia al capitalismo era inútil; que las utopías no tenían modo de concretarse y que no había alternativa posible, el levantamiento zapatista en 1994 marca un salto de calidad en la dinámica de las resistencias continentales y de ahí en adelante no dejan de proliferar propuestas, movimientos, e incluso iniciativas políticas que caminando por vías convencionales transforman el sentido de la llegada a la Presidencia en algunos de nuestros países.
Movimientos impidiendo el saqueo de recursos, la depredación de selvas y bosques, haciendo frente a las invasiones de tierras, defendiendo el agua y la naturaleza, oponiéndose a los tratados de libre comercio, echando abajo el ALCA; gobiernos reclamando su derecho a decidir soberanamente, expulsando embajadores intervencionistas, renegociando condiciones de aprovechamiento de los recursos de la nación; pueblos en proceso de refundación, asambleas constituyentes, nuevas Constituciones y reglas del juego.
El equilibrio regional se modifica mediante la conformación de un pequeño pero muy influyente y significativo bloque contrahegemónico. A Cuba, en resistencia a las políticas del imperio desde hace 50 años, se suma Venezuela con un proyecto social que contradice los dogmas y prácticas neoliberales y, más recientemente, Bolivia y Ecuador, cada uno con sus especificidades y sus contradicciones, pero encabezando una alternativa no ortodoxa de desarrollo, incluso cuestionando el desarrollo como objetivo y colocando en su lugar la búsqueda de la sociedad del buen vivir.
Dentro de este grupo de países destaca la posición de Bolivia por la fuerza y carácter propositivo de sus movimientos populares, independientes de las dinámicas estatales pero entrelazados con ellas en el momento actual; sobresale el caso de Ecuador por su disputa contra el militarismo, tanto en el frente colombiano como directamente con Estados Unidos en las negociaciones sobre la base de Manta, la defensa de la soberanía y el amplio proceso constituyente.
Pero sin Venezuela transparentando las negociaciones del ALCA no se hubiera podido detener ese proyecto, tan costoso para el Continente y tan vital para Estados Unidos. Sin la fuerza petrolera de Venezuela no tendríamos hoy, a pesar de la enorme solidaridad y esfuerzo de los protagonistas directos, amplias zonas libres de analfabetismo y con una atención médica de calidad, a la que nunca antes habían tenido acceso.
A pesar de todas las carencias y contradicciones del proceso venezolano (como todos las tienen), a pesar de que la fuerza social que lo impulsa no tiene las dimensiones que corresponderían a su potencia geopolítica, Venezuela juega un rol central en el rediseño de una realidad nueva para nuestra América.
Su importancia geopolítica y económica es uno de los pilares de esta transformación continental, heredera de las luchas del pasado pero establecida sobre nuevas condiciones. La promoción de articulaciones solidarias como las del ALBA y Petrocaribe ha sentado precedentes de relaciones internacionales con un nuevo carácter; la generación de un sistema mediático, muy bueno pero con mucho por construir hacia adelante, ha roto el monopolio de la verdad producida por las grandes cadenas hegemónicas; la sola presencia de Venezuela ha limitado los proyectos intervencionistas de Estados Unidos en la región aunque por la misma razón la ha colocado en el lugar del enemigo evidente.
Con un proyecto de transformación social que tiene indudables logros, mantener hoy el proceso en curso requiere de ampliar los espacios de debate y las instancias de toma de decisiones. “Todo dentro de la revolución”, como dirían los cubanos, pero revolucionando desde las concepciones hasta las prácticas. Entre otros:
- Se requiere abrir un profundo debate sobre la otra economía, cuestionador de las salidas desarrollistas que no hacen sino reproducir, con un rostro temporalmente menos agresivo y aparentemente autóctono, las líneas básicas de la economía capitalista.
- Para hablar de alternativas hoy es necesario repensar la vida como un todo y no contentarse con cambiar la propiedad del capital, por más que eso constituya la mayoría de las veces un avance. Hay que someter a una revisión profunda la modalidad industrial de producción de la vida, que termina depredándola.
- Es necesario repensar lo que se entiende por fuerzas productivas, cuestionar y modificar la manera como se usa la naturaleza, buscar la recuperación de los valores de uso y la gestión colectiva.
- Pasar a una socialización del poder repartiéndolo entre los grupos organizados de la sociedad, promover la autogestión como base de formas políticas emancipatorias.
- Es preciso emprender una batalla por los sentidos de realidad, por las interpretaciones del mundo y por la construcción de explicaciones integrales desde la resistencia y los proyectos de transformación.
- Hace falta trasladar la organización colectiva de los barrios a los espacios de gobierno y estimular el involucramiento colectivo y amplio en la construcción de un futuro distinto.
Lo que hay por transformar o construir es inmenso, pero el proceso ya inició y las posibilidades están abiertas.
El referéndum del 15 de febrero, que no garantiza la reelección indefinida aunque la posibilita, implica mucho más que una enmienda constitucional: están en juego los equilibrios geopolíticos de la región, los proyectos de articulación solidaria, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y, así como están las cosas, la prosecución misma del proceso bolivariano en Venezuela.
- Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. http://www.geopolitica.ws/
Fuente: América Latina en Movimiento http://alainet.org/active/28948
Ana Esther Ceceña
Hace diez años Venezuela emprendió un cambio de ruta que ha marcado profundamente los tiempos latinoamericanos.
Hace diez años también, como producto de la llamada revolución en los asuntos militares y haciendo frente al desgaste de la política neoliberal, rechazada por los pueblos del Continente, inicia una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
Dos procesos contradictorios, con profundas implicaciones geopolíticas, van modificando desde entonces el panorama:
1. Con la salida de Panamá en 1999-2000 no hay una retirada militar de Estados Unidos de la región latinoamericana y caribeña sino una ampliación de su presencia directa e indirecta. La posición de Panamá se extiende hacia Ecuador (Manta), Curaçao y El Salvador, como primer paso de una escalada militar sorda que ha fortalecido y multiplicado posiciones y que hoy se complementa con el reinicio de operaciones de la IV Flota, que coloca un cerco militar en la frontera de las aguas territoriales, sólo interrumpido ocasionalmente por la presencia de la Flota rusa en las costas venezolanas.
Las posiciones en tierra se han extendido –y lo siguen haciendo- conformando un cinturón en torno a los países con procesos democráticos y que incluso se han declarado en vías de construcción del socialismo (con las particularidades de cada caso), y afianzando las posiciones en el Caribe con la ocupación de Haití y la modernización de la ominosa base de Guantánamo.
Como parte de esta presencia militar reforzada, y siguiendo las líneas tradicionales de construcción de aliados, se abre un flanco político que parte de Colombia y se extiende hacia Perú y México, con derivaciones más sutiles hacia otros gobiernos del Continente. Esta articulación de intereses, explícita en los tratados económicos pero también, significativamente, en los acuerdos y homologaciones de seguridad, busca detener, si no revertir, el derrame de los proyectos y movilizaciones populares, sean estatizados o no, que obstaculizan los proyectos hegemónicos y que amenazan con reproducirse en toda la región.
2. Después de un periodo de desánimo en el que parecía que la historia había tocado fondo y la resistencia al capitalismo era inútil; que las utopías no tenían modo de concretarse y que no había alternativa posible, el levantamiento zapatista en 1994 marca un salto de calidad en la dinámica de las resistencias continentales y de ahí en adelante no dejan de proliferar propuestas, movimientos, e incluso iniciativas políticas que caminando por vías convencionales transforman el sentido de la llegada a la Presidencia en algunos de nuestros países.
Movimientos impidiendo el saqueo de recursos, la depredación de selvas y bosques, haciendo frente a las invasiones de tierras, defendiendo el agua y la naturaleza, oponiéndose a los tratados de libre comercio, echando abajo el ALCA; gobiernos reclamando su derecho a decidir soberanamente, expulsando embajadores intervencionistas, renegociando condiciones de aprovechamiento de los recursos de la nación; pueblos en proceso de refundación, asambleas constituyentes, nuevas Constituciones y reglas del juego.
El equilibrio regional se modifica mediante la conformación de un pequeño pero muy influyente y significativo bloque contrahegemónico. A Cuba, en resistencia a las políticas del imperio desde hace 50 años, se suma Venezuela con un proyecto social que contradice los dogmas y prácticas neoliberales y, más recientemente, Bolivia y Ecuador, cada uno con sus especificidades y sus contradicciones, pero encabezando una alternativa no ortodoxa de desarrollo, incluso cuestionando el desarrollo como objetivo y colocando en su lugar la búsqueda de la sociedad del buen vivir.
Dentro de este grupo de países destaca la posición de Bolivia por la fuerza y carácter propositivo de sus movimientos populares, independientes de las dinámicas estatales pero entrelazados con ellas en el momento actual; sobresale el caso de Ecuador por su disputa contra el militarismo, tanto en el frente colombiano como directamente con Estados Unidos en las negociaciones sobre la base de Manta, la defensa de la soberanía y el amplio proceso constituyente.
Pero sin Venezuela transparentando las negociaciones del ALCA no se hubiera podido detener ese proyecto, tan costoso para el Continente y tan vital para Estados Unidos. Sin la fuerza petrolera de Venezuela no tendríamos hoy, a pesar de la enorme solidaridad y esfuerzo de los protagonistas directos, amplias zonas libres de analfabetismo y con una atención médica de calidad, a la que nunca antes habían tenido acceso.
A pesar de todas las carencias y contradicciones del proceso venezolano (como todos las tienen), a pesar de que la fuerza social que lo impulsa no tiene las dimensiones que corresponderían a su potencia geopolítica, Venezuela juega un rol central en el rediseño de una realidad nueva para nuestra América.
Su importancia geopolítica y económica es uno de los pilares de esta transformación continental, heredera de las luchas del pasado pero establecida sobre nuevas condiciones. La promoción de articulaciones solidarias como las del ALBA y Petrocaribe ha sentado precedentes de relaciones internacionales con un nuevo carácter; la generación de un sistema mediático, muy bueno pero con mucho por construir hacia adelante, ha roto el monopolio de la verdad producida por las grandes cadenas hegemónicas; la sola presencia de Venezuela ha limitado los proyectos intervencionistas de Estados Unidos en la región aunque por la misma razón la ha colocado en el lugar del enemigo evidente.
Con un proyecto de transformación social que tiene indudables logros, mantener hoy el proceso en curso requiere de ampliar los espacios de debate y las instancias de toma de decisiones. “Todo dentro de la revolución”, como dirían los cubanos, pero revolucionando desde las concepciones hasta las prácticas. Entre otros:
- Se requiere abrir un profundo debate sobre la otra economía, cuestionador de las salidas desarrollistas que no hacen sino reproducir, con un rostro temporalmente menos agresivo y aparentemente autóctono, las líneas básicas de la economía capitalista.
- Para hablar de alternativas hoy es necesario repensar la vida como un todo y no contentarse con cambiar la propiedad del capital, por más que eso constituya la mayoría de las veces un avance. Hay que someter a una revisión profunda la modalidad industrial de producción de la vida, que termina depredándola.
- Es necesario repensar lo que se entiende por fuerzas productivas, cuestionar y modificar la manera como se usa la naturaleza, buscar la recuperación de los valores de uso y la gestión colectiva.
- Pasar a una socialización del poder repartiéndolo entre los grupos organizados de la sociedad, promover la autogestión como base de formas políticas emancipatorias.
- Es preciso emprender una batalla por los sentidos de realidad, por las interpretaciones del mundo y por la construcción de explicaciones integrales desde la resistencia y los proyectos de transformación.
- Hace falta trasladar la organización colectiva de los barrios a los espacios de gobierno y estimular el involucramiento colectivo y amplio en la construcción de un futuro distinto.
Lo que hay por transformar o construir es inmenso, pero el proceso ya inició y las posibilidades están abiertas.
El referéndum del 15 de febrero, que no garantiza la reelección indefinida aunque la posibilita, implica mucho más que una enmienda constitucional: están en juego los equilibrios geopolíticos de la región, los proyectos de articulación solidaria, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y, así como están las cosas, la prosecución misma del proceso bolivariano en Venezuela.
- Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. http://www.geopolitica.ws/
Fuente: América Latina en Movimiento http://alainet.org/active/28948
martes, 10 de febrero de 2009
Exilio Interno... Entrevista con América Del Valle
América: Suerte!!!
■ Estamos en sus manos, dice la hija de Ignacio del Valle, “exiliada interna” desde 2006
Pide América del Valle a los ministros no prolongar injusticia e impunidad en Atenco
■ Pesan sobre la joven una orden de aprehensión y una demanda de “secuestro equiparado”
Blanche Petrich
América del Valle, hija de Ignacio del Valle, el líder de Atenco condenado a 112 años de prisión, sobre quien pesan una orden de aprehensión y una demanda de “secuestro equiparado” similar a la de su padre, está prófuga desde mayo de 2006. “Prófuga no es la palabra, es como decir que estoy juida de la justicia, como reconocer que cometí un crimen. Estoy en un exilio forzoso, perseguida por mis ideas. Como no tengo posibilidades de pedir asilo en otro país, vivo en un exilio interno.”
La joven exaltada, que tres años antes echaba chispas por los ojos cuando criticaba a las autoridades que ordenaron los operativos contra San Salvador Atenco, hoy se ve más serena, reflexiva. “Pero no creas, sigo furiosa por tener que vivir sin libertad, lejos de mi madre; por ver que cada vez la justicia se nos escapa de las manos; por tener que pasar las horas sentada frente a una puerta burlona que parece decirme: mira, ahí está la calle y tú no puedes salir.”
Con motivo del debate que se inicia hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, América ofrece una entrevista a La Jornada en la que advierte: “Si la Corte no determina el castigo a los responsables de más alto nivel de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco, los jueces estarán emitiendo una garantía para la injusticia y una señal muy negativa para todos los disidentes; sería como decir: hay cheque en blanco para reprimir a los que se rebelen contra la prepotencia de los gobiernos”.
Este lunes, en alguno de los escondites que le brinda gente anónima en alguno de los cientos de barrios populares de la ciudad, América estará pegada a la televisión. Concretamente al Canal Judicial. De lo que se diga y haga en la SCJN depende la libertad de muchos, incluso la de ella. “Estamos en sus manos”, reconoce. Aunque también admite que para los atenquenses, la vía judicial “está en chino, porque lo que hemos enfrentado es una constante consigna del más alto nivel para prolongar la injusticia y la impunidad”.
–¿Tienes confianza en los ministros de la Corte?
–Mira, hay jueces como Genaro Góngora Pimentel, que fue muy derecho en el fallo de la Suprema Corte en el caso Aguas Blancas, que al menos hizo que renunciara este malvado de Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero. O el ministro Juan Silva Meza. Tenemos que reconocer que sí, que tenemos una posibilidad. Nosotros apelamos a la valentía y firmeza que pueda haber en algunos de sus integrantes. No en todos, claro. Algunos, como Sergio Aguirre Anguiano, sabemos que tiene una posición diametralmente contraria a la justicia.
De la rabia se aprende la paciencia
América se ve diferente desde la pasada entrevista, hace tres años...
“Sigo furiosa, rabiosa. Pero de la rabia se aprende, se puede convertir en fortaleza, en paciencia. Me tocó vivir esto; también a otros compañeros que estos tres años no han visto, como yo, a sus familias. No podemos ser libres. En mi caso ni siquiera pude estar junto al lecho de muerte de mi abuelito y mi tío Miguel.”
–¿Cómo ves las cosas ahora?
–Estoy segura de que hay que señalar a los responsables de todo esto. Ojalá no lo eluda la Corte. Hace tres años tenía miedo y lo sigo teniendo, porque toda la verdad ya ha salido a la luz, todo el terror que impuso el Estado. Pero no he dejado que el miedo me paralice. Tengo confianza en mi gente.
–¿Qué ha pasado en tu vida estos tres años?
–Ay, diosito, mi vida se hizo chiquita, así como soy yo. Suspendí proyectos académicos, personales, aunque los estudios de pedagogía los he tratado de retomar. He aprendido a hacer arroz, me salen bien las albóndigas y hasta hago bisutería. En las cuatro paredes donde me tengo que encerrar me he convertido en toda una mujercita. ¡Si mi mamá me viera! Tengo los libros, me doy permiso de cantar y de bailar, solita. Agradezco no estar en una situación extrema, como está mi padre, como estuvo mi hermano Ulises, muchos compañeros presos. Estoy convencida de que cargo con una responsabilidad que me rebasa, resistir moralmente ante mi pueblo, ante gente solidaria que ni me conoce. No me puedo dejar derrotar.
Avances y retrocesos
En algunos momentos del proceso contra los activistas presos de Atenco –permanecen 13 en prisión, 10 en Molino de Flores y tres en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano– se han abierto rendijas de esperanza que permiten vislumbrar, al final del camino, una resolución judicial que revierta las condenas calificadas por las organizaciones de derechos humanos de “escandalosamente excesivas y desproporcionadas”.
Los tres del Altiplano, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Angeles, acusados de “secuestro equiparado”, tienen 67 años de pena. Del Valle tiene otros 45 adicionales por incitación a la violencia. Pero meses atrás un tribunal de circuito concedió un amparo definitivo a otros dos prófugos del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT), Bernardino Cruz y Adán Espinosa. El tribunal de circuito resolvió que no se acreditaba el delito de secuestro equiparado, que es el mismo cargo que pesa sobre los tres del penal del Altiplano y sobre la propia América.
“Pero tenemos que estar conscientes de que es una lucha larga, porque en este caso ha habido un ensañamiento muy evidente, y no sólo por parte del gobierno estatal, de Enrique Peña Nieto, sino del propio Ejecutivo, del presidente Felipe Calderón, y toda la clase política. No es pequeño el enemigo.”
En otra coyuntura, a fines de 2007 y principios de 2008 hubo otro resquicio de esperanza. América del Valle recuerda que empezó con el traslado de los más de 20 presos que estaban en el Cereso de Santiaguito a Molino de Flores. El cambio de juzgado los favoreció y en los meses siguientes empezaron a ser liberados a cuentagotas; primero, la mazahua Magdalena Durán; luego, el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, así como varios más.
Sólo nos queda la movilización popular
“Pero se atravesó el asesinato del hijo de Fernando Martí, que fue una pena, desde luego. Hubo un estado de ánimo muy exaltado, se firmó el acuerdo nacional de seguridad y Peña Nieto, por adelantarse, hizo su propio plan estatal contra los secuestradores. Y nos fregó. El juez suspendió los procesos de liberación de Molino de Flores. Incluso reconoció ante los familiares que eran órdenes de arriba. Y a mi papá le dictaron otra sentencia más de 45 años, por supuesta incitación a la violencia el 3 y 4 de mayo, cuando a él ya lo tenían totalmente rodeado. Sólo fue un trofeo más de Peña Nieto.”
La pregunta surge natural: ¿qué vía de lucha va a ser determinante en este caso, la vía jurídica o la de la movilización?
–Yo creo que sólo la organización del pueblo va a obligar al gobierno a respetar la soberanía del pueblo. Es la única opción que nos queda en tanto que se nos cierran las demás puertas. Ellos son, en el caso Atenco, juez y parte.
–¿No hay desgaste?
–Sí, incluso en el propio frente hay un desgaste, que es comprensible y tiene que ver con toda la embestida que ha habido en estos tres años contra todo el movimiento popular a nivel nacional. En tres años cuántas cosas no han pasado: la represión en Oaxaca, la impunidad por el asesinato de Ernestina Ascención (...) Tiene que ver con la criminalización abierta contra los luchadores sociales.
“Pero no nos queda otra más que seguir movilizados, resistiendo, pugnando y exigiendo nuestros derechos. Pero nos queda la integridad. Yo no he sabido que nadie en mi pueblo haya dicho hasta ahora: paremos, ahí muere, yo ya no voy a luchar.”
–Hace tres años el ánimo de la mayoría de los medios de comunicación en contra de los macheteros de Atenco era muy negativo; había un linchamiento. ¿Eso ha cambiado?
–No mucho. Más bien, para las televisoras ya pasamos a un segundo plano; ya agotaron su tema para el rating. No ha cambiado su manera de vernos, nos siguen teniendo desprecio; hasta parecería que tienen vetado el tema. Pero el daño que hicieron con el linchamiento mediático, Televisa y TvAzteca, principalmente, ya está hecho.
–¿No crees que una forma de demostrar tu inocencia sería presentarte ante la justicia?
–Si la justicia de México le garantizara a cualquier perseguido político verdadera justicia, porque no soy la única en esta situación, si se aplicara esto de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no al revés, entonces me presentaría. Pero no es así. Muchos inocentes han sido condenados y después de años sólo les dan sus cosas y un usted disculpe si les va bien. No, no me voy a entregar. Y no por falta de valor. Porque la justicia está en manos de los mismos represores.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/02/09/index.phpsection=politica&article=005n1pol
■ Estamos en sus manos, dice la hija de Ignacio del Valle, “exiliada interna” desde 2006
Pide América del Valle a los ministros no prolongar injusticia e impunidad en Atenco
■ Pesan sobre la joven una orden de aprehensión y una demanda de “secuestro equiparado”
Blanche Petrich
América del Valle, hija de Ignacio del Valle, el líder de Atenco condenado a 112 años de prisión, sobre quien pesan una orden de aprehensión y una demanda de “secuestro equiparado” similar a la de su padre, está prófuga desde mayo de 2006. “Prófuga no es la palabra, es como decir que estoy juida de la justicia, como reconocer que cometí un crimen. Estoy en un exilio forzoso, perseguida por mis ideas. Como no tengo posibilidades de pedir asilo en otro país, vivo en un exilio interno.”
La joven exaltada, que tres años antes echaba chispas por los ojos cuando criticaba a las autoridades que ordenaron los operativos contra San Salvador Atenco, hoy se ve más serena, reflexiva. “Pero no creas, sigo furiosa por tener que vivir sin libertad, lejos de mi madre; por ver que cada vez la justicia se nos escapa de las manos; por tener que pasar las horas sentada frente a una puerta burlona que parece decirme: mira, ahí está la calle y tú no puedes salir.”
Con motivo del debate que se inicia hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, América ofrece una entrevista a La Jornada en la que advierte: “Si la Corte no determina el castigo a los responsables de más alto nivel de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco, los jueces estarán emitiendo una garantía para la injusticia y una señal muy negativa para todos los disidentes; sería como decir: hay cheque en blanco para reprimir a los que se rebelen contra la prepotencia de los gobiernos”.
Este lunes, en alguno de los escondites que le brinda gente anónima en alguno de los cientos de barrios populares de la ciudad, América estará pegada a la televisión. Concretamente al Canal Judicial. De lo que se diga y haga en la SCJN depende la libertad de muchos, incluso la de ella. “Estamos en sus manos”, reconoce. Aunque también admite que para los atenquenses, la vía judicial “está en chino, porque lo que hemos enfrentado es una constante consigna del más alto nivel para prolongar la injusticia y la impunidad”.
–¿Tienes confianza en los ministros de la Corte?
–Mira, hay jueces como Genaro Góngora Pimentel, que fue muy derecho en el fallo de la Suprema Corte en el caso Aguas Blancas, que al menos hizo que renunciara este malvado de Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero. O el ministro Juan Silva Meza. Tenemos que reconocer que sí, que tenemos una posibilidad. Nosotros apelamos a la valentía y firmeza que pueda haber en algunos de sus integrantes. No en todos, claro. Algunos, como Sergio Aguirre Anguiano, sabemos que tiene una posición diametralmente contraria a la justicia.
De la rabia se aprende la paciencia
América se ve diferente desde la pasada entrevista, hace tres años...
“Sigo furiosa, rabiosa. Pero de la rabia se aprende, se puede convertir en fortaleza, en paciencia. Me tocó vivir esto; también a otros compañeros que estos tres años no han visto, como yo, a sus familias. No podemos ser libres. En mi caso ni siquiera pude estar junto al lecho de muerte de mi abuelito y mi tío Miguel.”
–¿Cómo ves las cosas ahora?
–Estoy segura de que hay que señalar a los responsables de todo esto. Ojalá no lo eluda la Corte. Hace tres años tenía miedo y lo sigo teniendo, porque toda la verdad ya ha salido a la luz, todo el terror que impuso el Estado. Pero no he dejado que el miedo me paralice. Tengo confianza en mi gente.
–¿Qué ha pasado en tu vida estos tres años?
–Ay, diosito, mi vida se hizo chiquita, así como soy yo. Suspendí proyectos académicos, personales, aunque los estudios de pedagogía los he tratado de retomar. He aprendido a hacer arroz, me salen bien las albóndigas y hasta hago bisutería. En las cuatro paredes donde me tengo que encerrar me he convertido en toda una mujercita. ¡Si mi mamá me viera! Tengo los libros, me doy permiso de cantar y de bailar, solita. Agradezco no estar en una situación extrema, como está mi padre, como estuvo mi hermano Ulises, muchos compañeros presos. Estoy convencida de que cargo con una responsabilidad que me rebasa, resistir moralmente ante mi pueblo, ante gente solidaria que ni me conoce. No me puedo dejar derrotar.
Avances y retrocesos
En algunos momentos del proceso contra los activistas presos de Atenco –permanecen 13 en prisión, 10 en Molino de Flores y tres en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano– se han abierto rendijas de esperanza que permiten vislumbrar, al final del camino, una resolución judicial que revierta las condenas calificadas por las organizaciones de derechos humanos de “escandalosamente excesivas y desproporcionadas”.
Los tres del Altiplano, Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Angeles, acusados de “secuestro equiparado”, tienen 67 años de pena. Del Valle tiene otros 45 adicionales por incitación a la violencia. Pero meses atrás un tribunal de circuito concedió un amparo definitivo a otros dos prófugos del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT), Bernardino Cruz y Adán Espinosa. El tribunal de circuito resolvió que no se acreditaba el delito de secuestro equiparado, que es el mismo cargo que pesa sobre los tres del penal del Altiplano y sobre la propia América.
“Pero tenemos que estar conscientes de que es una lucha larga, porque en este caso ha habido un ensañamiento muy evidente, y no sólo por parte del gobierno estatal, de Enrique Peña Nieto, sino del propio Ejecutivo, del presidente Felipe Calderón, y toda la clase política. No es pequeño el enemigo.”
En otra coyuntura, a fines de 2007 y principios de 2008 hubo otro resquicio de esperanza. América del Valle recuerda que empezó con el traslado de los más de 20 presos que estaban en el Cereso de Santiaguito a Molino de Flores. El cambio de juzgado los favoreció y en los meses siguientes empezaron a ser liberados a cuentagotas; primero, la mazahua Magdalena Durán; luego, el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, así como varios más.
Sólo nos queda la movilización popular
“Pero se atravesó el asesinato del hijo de Fernando Martí, que fue una pena, desde luego. Hubo un estado de ánimo muy exaltado, se firmó el acuerdo nacional de seguridad y Peña Nieto, por adelantarse, hizo su propio plan estatal contra los secuestradores. Y nos fregó. El juez suspendió los procesos de liberación de Molino de Flores. Incluso reconoció ante los familiares que eran órdenes de arriba. Y a mi papá le dictaron otra sentencia más de 45 años, por supuesta incitación a la violencia el 3 y 4 de mayo, cuando a él ya lo tenían totalmente rodeado. Sólo fue un trofeo más de Peña Nieto.”
La pregunta surge natural: ¿qué vía de lucha va a ser determinante en este caso, la vía jurídica o la de la movilización?
–Yo creo que sólo la organización del pueblo va a obligar al gobierno a respetar la soberanía del pueblo. Es la única opción que nos queda en tanto que se nos cierran las demás puertas. Ellos son, en el caso Atenco, juez y parte.
–¿No hay desgaste?
–Sí, incluso en el propio frente hay un desgaste, que es comprensible y tiene que ver con toda la embestida que ha habido en estos tres años contra todo el movimiento popular a nivel nacional. En tres años cuántas cosas no han pasado: la represión en Oaxaca, la impunidad por el asesinato de Ernestina Ascención (...) Tiene que ver con la criminalización abierta contra los luchadores sociales.
“Pero no nos queda otra más que seguir movilizados, resistiendo, pugnando y exigiendo nuestros derechos. Pero nos queda la integridad. Yo no he sabido que nadie en mi pueblo haya dicho hasta ahora: paremos, ahí muere, yo ya no voy a luchar.”
–Hace tres años el ánimo de la mayoría de los medios de comunicación en contra de los macheteros de Atenco era muy negativo; había un linchamiento. ¿Eso ha cambiado?
–No mucho. Más bien, para las televisoras ya pasamos a un segundo plano; ya agotaron su tema para el rating. No ha cambiado su manera de vernos, nos siguen teniendo desprecio; hasta parecería que tienen vetado el tema. Pero el daño que hicieron con el linchamiento mediático, Televisa y TvAzteca, principalmente, ya está hecho.
–¿No crees que una forma de demostrar tu inocencia sería presentarte ante la justicia?
–Si la justicia de México le garantizara a cualquier perseguido político verdadera justicia, porque no soy la única en esta situación, si se aplicara esto de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no al revés, entonces me presentaría. Pero no es así. Muchos inocentes han sido condenados y después de años sólo les dan sus cosas y un usted disculpe si les va bien. No, no me voy a entregar. Y no por falta de valor. Porque la justicia está en manos de los mismos represores.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/02/09/index.phpsection=politica&article=005n1pol
Madriguera de paramilitares...
Luis Hernández Navarro
Hostigamiento a las comunidades zapatistas
En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.
En la provocación no hay tregua. Se trata de no dar respiro a quienes se han atrevido a construir la autonomía sin pedir permiso. Un día ocupan sus tierras, otro roban su café o su ganado, otro más rompen cercas, al siguiente destruyen los pequeños huertos en los que crece el aromático. Están al acecho del momento oportuno para emboscar rebeldes, para blandir el machete o disparar la resortera.
Un manto de impunidad protege a los agresores. La ley no es para ellos. Enfrentar campesinos contra campesinos e indígenas contra indígenas ha sido una práctica común del poder. Ellos son la herramienta para hacerla valer. Por sus servicios cobran mamando del presupuesto los recursos destinados al combate a la pobreza o al desarrollo agropecuario y, si tienen más suerte, ocupando algún cargo público.
Durante los años posteriores al levantamiento armado, la mayoría de las organizaciones mercenarias pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nómadas de la política, desde el año 2000 han cambiado de domicilio a la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El sol azteca en Chiapas no es sólo el vehículo para hacer fraude contra los suyos y ungir como dirigente a Jesús Ortega, sino, también, es madriguera de paramilitares.
Uno de los últimos episodios de la guerra que no dice su nombre contra los zapatistas corre a cargo de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Mientras el EZLN celebraba en la ciudad de San Cristóbal el Festival de la Digna Rabia, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito, en el municipio autónomo Che Guevara.
Su apuesta fue alta. Si lo que se quería hacer era deslegitimar a los zapatistas, la representación teatral no podía haber tenido un mejor momento. En una reunión internacional de alto nivel, frente a centenares de invitados de diversos países, con los reflectores de los medios de comunicación sobre ellos, la organización de caficultores se presentó como víctima, y “exhibió” a los rebeldes como una fuerza “cuestionada” por un grupo de indígenas. La provocación no fue una casualidad, ni un hecho que se “salió de control”. Fue algo programado.
La Orcao no siempre fue así. Durante varios años tuvo una estrecha relación con el zapatismo. Sin embargo, rompió este vínculo entre 1997 y 1999, y su dirección comenzó entonces a disputar la base social rebelde, con apoyos gubernamentales y cargos de representación popular de sus dirigentes. Con la llegada al gobierno del estado de Pablo Salazar, la ruptura se convirtió en conflicto creciente. En 2002 las agresiones de la organización de caficultores contra las bases zapatistas se identificaron dramáticamente.
La Orcao se formó en 1988, con 12 comunidades de Sibacjá, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café (en 1989 se desplomaron drásticamente) como en la solución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia.
Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran Unorca sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la Unorca en la entidad. Juan Vazquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD.
En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía, en parte, a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la administración pública federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008 los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la organización de caficultores no se hizo esperar: rentó y vendió sus tierras, invadió predios de bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios, y agredió violentamente a la comunidades en rebeldía.
Los rebeldes no son la única asociación que tiene graves conflictos con la Orcao. La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que nada tiene que ver con el EZLN, reclamó públicamente a Juan Sabines que “distintos funcionarios del gobierno que usted encabeza han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex regidor de Ocosingo José Pérez Gómez y el grupo paramilitar enquistado en la Orcao que él mismo dirige, quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas tzeltales, que son compañeros nuestros de la OCEZ–FNLS”.
Lo sucedido en Bosque Bonito no fue un enfrentamiento, sino una agresión de la Orcao en contra de los zapatistas, una provocación en forma que no desbordó sus proporciones gracias a la prudencia rebelde.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2009/02/10/index.php?section=opinion&article=013a1pol
Hostigamiento a las comunidades zapatistas
En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.
En la provocación no hay tregua. Se trata de no dar respiro a quienes se han atrevido a construir la autonomía sin pedir permiso. Un día ocupan sus tierras, otro roban su café o su ganado, otro más rompen cercas, al siguiente destruyen los pequeños huertos en los que crece el aromático. Están al acecho del momento oportuno para emboscar rebeldes, para blandir el machete o disparar la resortera.
Un manto de impunidad protege a los agresores. La ley no es para ellos. Enfrentar campesinos contra campesinos e indígenas contra indígenas ha sido una práctica común del poder. Ellos son la herramienta para hacerla valer. Por sus servicios cobran mamando del presupuesto los recursos destinados al combate a la pobreza o al desarrollo agropecuario y, si tienen más suerte, ocupando algún cargo público.
Durante los años posteriores al levantamiento armado, la mayoría de las organizaciones mercenarias pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nómadas de la política, desde el año 2000 han cambiado de domicilio a la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El sol azteca en Chiapas no es sólo el vehículo para hacer fraude contra los suyos y ungir como dirigente a Jesús Ortega, sino, también, es madriguera de paramilitares.
Uno de los últimos episodios de la guerra que no dice su nombre contra los zapatistas corre a cargo de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Mientras el EZLN celebraba en la ciudad de San Cristóbal el Festival de la Digna Rabia, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito, en el municipio autónomo Che Guevara.
Su apuesta fue alta. Si lo que se quería hacer era deslegitimar a los zapatistas, la representación teatral no podía haber tenido un mejor momento. En una reunión internacional de alto nivel, frente a centenares de invitados de diversos países, con los reflectores de los medios de comunicación sobre ellos, la organización de caficultores se presentó como víctima, y “exhibió” a los rebeldes como una fuerza “cuestionada” por un grupo de indígenas. La provocación no fue una casualidad, ni un hecho que se “salió de control”. Fue algo programado.
La Orcao no siempre fue así. Durante varios años tuvo una estrecha relación con el zapatismo. Sin embargo, rompió este vínculo entre 1997 y 1999, y su dirección comenzó entonces a disputar la base social rebelde, con apoyos gubernamentales y cargos de representación popular de sus dirigentes. Con la llegada al gobierno del estado de Pablo Salazar, la ruptura se convirtió en conflicto creciente. En 2002 las agresiones de la organización de caficultores contra las bases zapatistas se identificaron dramáticamente.
La Orcao se formó en 1988, con 12 comunidades de Sibacjá, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café (en 1989 se desplomaron drásticamente) como en la solución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia.
Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran Unorca sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la Unorca en la entidad. Juan Vazquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD.
En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía, en parte, a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la administración pública federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008 los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la organización de caficultores no se hizo esperar: rentó y vendió sus tierras, invadió predios de bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios, y agredió violentamente a la comunidades en rebeldía.
Los rebeldes no son la única asociación que tiene graves conflictos con la Orcao. La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que nada tiene que ver con el EZLN, reclamó públicamente a Juan Sabines que “distintos funcionarios del gobierno que usted encabeza han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex regidor de Ocosingo José Pérez Gómez y el grupo paramilitar enquistado en la Orcao que él mismo dirige, quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas tzeltales, que son compañeros nuestros de la OCEZ–FNLS”.
Lo sucedido en Bosque Bonito no fue un enfrentamiento, sino una agresión de la Orcao en contra de los zapatistas, una provocación en forma que no desbordó sus proporciones gracias a la prudencia rebelde.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2009/02/10/index.php?section=opinion&article=013a1pol
lunes, 2 de febrero de 2009
La política del campo de concentración. Raúl Zibechi
Raúl Zibechi
Sólo abusando del lenguaje puede concebirse la incursión israelí en la franja de Gaza como parte de una guerra. El concepto de guerra supone el enfrentamiento entre dos cuerpos armados, regulares o irregulares, estatales o no estatales. En este caso, la desproporción de fuerzas es tan evidente que, en rigor, no puede hablarse de verdaderos combates. Ni siquiera es aplicable el concepto de “guerra asimétrica”, creado por los estrategas militares imperiales para dar cuenta del conflicto entre estados y actores no estatales.
Cuando la relación de muertos por cada bando es de uno a 100 y la de heridos la supera con holgura, por no hablar de los daños materiales, que se encuentran en su totalidad en un solo lado, parece evidente que se debe acudir a otras ideas para dar cuenta del proceso en curso. Puede hablarse de política de exterminio o de terrorismo de Estado, pero la trascendencia de lo que sucede impone ir más allá. El filósofo italiano Giorgio Agamben sostiene en sus libros Lo que queda de Auschwitz y El poder soberano y la nuda vida que existe un espacio donde el estado de excepción es la regla y donde “la situación extrema se convierte en el paradigma mismo de lo cotidiano”. Ese lugar es el campo de concentración.
En efecto, el campo de concentración es aquel espacio donde aparece la “vida desnuda”: la vida despojada de cualquier derecho, de modo que la inexistencia de estatuto jurídico –hija directa del estado de excepción devenido en regla– permite que al ser humano que ha sido excluido y recluido en el campo “cualquiera puede matarle sin cometer homicidio”. Para Agamben el campo de concentración es el acontecimiento fundamental de la modernidad, porque es “el paradigma oculto del espacio político”.
La radicalidad de su pensamiento lo lleva a asumir que la política actual se ha transformado en el espacio de la “vida desnuda”, es decir, en un campo de concentración donde se practica el dominio total. “La esencia del campo de concentración –asegura– consiste en la materialización del estado de excepción y en la consiguiente creación de un espacio en el que la vida desnuda y la norma entran en un umbral de indistinción”. Toda vez que las elites del planeta necesitan ese dominio total para mantener a raya a los de abajo, porque abandonaron los estados de bienestar con los que buscaron integrar a las “clases peligrosas”, el estado de excepción se convierte en el modo de gobierno dominante.
En suma, el campo de concentración como paradigma de la dominación actual. La población de Gaza vive, de hecho, en un gigantesco campo en el que no pueden ejercer sus derechos, ni siquiera el elemental de elegir mediante el voto a sus gobernantes. Debe recordarse que la etapa actual del conflicto comenzó cuando la población votó mayoritariamente por Hamas, algo que ni Israel ni Estado Unidos ni la Unión Europea están dispuestos a tolerar.
Pero Gaza no es, por cierto, el único campo de concentración existente en el mundo en el sentido que le da Agamben. Su existencia alumbra un modo de dominación que va ganando terreno en todo el mundo. ¿Cuántos espacios existen donde es posible matar al otro sin cometer homicidio? En América Latina es la situación cotidiana de buena parte de los pueblos originarios y de millones de habitantes de las periferias pobres de las grandes ciudades. ¿Qué son las favelas brasileñas y los barrios de Puerto Príncipe sino enormes campos de concentración a cielo abierto, donde el Estado puede “no ya hacer morir ni hacer vivir, sino hacer sobrevivir”? Con la excusa del narcotráfico y la delincuencia miles de latinoamericanos pobres son muertos cada año con total impunidad.
Al pueblo mapuche se le sigue aplicando la ley antiterrorista de Pinochet para resolver conflictos sociales y las comunidades están militarizadas. Patricia Troncoso realizó una huelga de hambre de más de 100 días, a fines de 2007, sólo para tener la posibilidad de que sus demandas sean escuchadas. Los cortadores de caña afrocolombianos tuvieron que hacer dos meses de huelga para conseguir que la patronal aceptara reunirse con ellos. Los ricos del azúcar nunca se dignaron tratarlos como seres humanos.
Pero hay algo más. Desde el momento en que, según Agamben, el campo de concentración se ha convertido en el paradigma biopolítico de Occidente y que ello impide cualquier “retorno posible a la política clásica”, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo hacer política desde y en el campo de concentración? No lo sabemos, porque apenas estamos comenzando a comprender estas nuevas realidades. Sabemos, sí, que hacer política desde las instituciones es un modo de consolidar el campo de concentración, ya que sus reglas y modos están hechos a la medida de los guardianes que pueden “matar sin cometer homicidio”.
La fuga no parece posible porque no existe un afuera, sino un archipiélago de campos destinados a albergar a los de abajo. La tendencia dominante en las democracias occidentales, dice Agamben, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de seguridad como técnica normal de gobierno”. De ese modo se instaura una suerte de totalitarismo, a través de “una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”.
Reinventar la lucha por la emancipación en estas condiciones y en esos espacios supone hacer política por fuera de las instituciones. Para hacerlo, no tenemos una teoría ya pronta para ser aplicada, entre otras cosas porque las nuevas formas de dominación están siendo ensayadas gradualmente. Sólo podemos contar con la experiencia de nuestros pueblos que buscan desbordar el estado de excepción permanente con iniciativas novedosas. La minga indígena en Colombia, la otra campaña zapatista, la resistencia mapuche y de los pobres urbanos, son referencias y pueden ser inspiración.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/01/30/index.phpsection=opinion&article=025a2pol
NOTA: LA IMÁGEN FUE TOMADA DE LA "AZZOCIACIONNE YA BASTA". http://www.yabasta.it/spip.php?article648
Suscribirse a:
Entradas (Atom)