jueves, 25 de febrero de 2010

La insurrección parte 1: CRAZCC y CECOP

Consejo Regional Autónomo
de la Zona Costa de Chiapas
Nota de Hermann Bellinghausen publicada en La Jornada el 20 de septiembre de 2008

El Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, se forma en el año 2007 proclamando ser “una organización autónoma, independiente y autogestiva, que no está financiada por nadie ni tiene acuerdos con los partidos políticos o los gobiernos para llevar a cabo su funcionamiento”.

Formado por comunidades y barrios que se declararon en resistencia desde hace años, este consejo se consolida como una modesta pero eficaz instancia regional.

Se estableció el 13 de septiembre de 2007, apunta, “con referentes muy trascendentales”, como el Frente Cívico Tonalteco, “ejemplo de lucha, apoyo moral, político e ideológico”, al igual que el EZLN y otras organizaciones sociales independientes y autónomas.

se define como autónoma “porque no depende de algún otro grupo exterior, sino que su estructura, forma y modo de trabajo están con pleno acuerdo de sus integrantes y representantes”, determinados por “las experiencias de los años que llevamos en resistencia contra los abusos de los malos gobiernos”.

También se dice independiente, “porque no depende de nadie para subsistir, sólo de sus miembros activos y comunidades adheridas”, y autogestivo, “porque todos sus gastos y subsistencia dependen de la aportación de cada integrante, no de recursos provenientes de otros lados”.

El consejo regional está integrado por siete comunidades de los municipios Pijijiapan y Tonalá, y ocho barrios de la ciudad de Tonalá. Algunos iniciaron su lucha hace años, oponiéndose a las abusivas tarifas eléctricas que se cobran en la región. Con el tiempo, “nuestras exigencias han crecido debido al rezago, explotación, despojo y olvido de los gobiernos y el sistema capitalista”.

Inicialmente demandaban tarifa justa de energía eléctrica para Chiapas, y pronto para todo México, así como la “cancelación de los adeudos a todo los usuarios sin ningún condicionamiento” y el mantenimiento de las redes de energía, abandonadas por la Comisión Federal de Electricidad.

En 2005, estas poblaciones se adhirieron a la sexta declaración de la selva Lacandona y en 2006 recibieron a la comisión sexta del EZLN. Mediante la otra campaña han unido sus demandas a organizaciones en resistencia contra los abusos de la CFE en otras regiones como Altos, zona Norte, frontera y selva Lacandona. Participan en la Red Estatal de Resistencia Civil “La voz de nuestro corazón”.

El consejo costeño demanda la libertad de los “presos políticos y de conciencia” en todo el país, la cancelación de órdenes de aprehensión a luchadores sociales, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y el derecho a la autonomía.

“Queremos decirles a todas aquellas personas humildes y sencillas que luchan en contra de los altos costos de energía eléctrica en Chiapas y el país, que no se sientan solos. Desde tierras costeñas les extendemos la mano. No den ni un paso atrás. Sigan resistiendo como nosotros, porque llegará el día en que el pueblo tome el poder y se enseñe a gobernar, y entonces las cosas van a cambiar de forma radical”.

El consejo (que reúne las comunidades pesqueras y campesinas Joaquín Amaro, El Fortín, El Carmen, San Isidro, Agua Tendida, Los Pinos e isla San Marcos, así como los barrios Evolución, Barrio Nuevo, Nicatán, Las Flores, Las Ánimas, San Felipe, Quintanita y San Francisco, pertenecientes al Frente Cívico Tonalteco) advierte: “entre más los gobiernos se hagan sordos y necios, más nos hacemos rebeldes y seguimos resistiendo; a ver quién se cansa primero, si ellos o nosotros”.

Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Con información de los portales de Internet COMDA (Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua) y ECOPORTAL.

Es el movimiento de resistencia que agrupa a campesinos y campesinas opositores al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota. Agrupa a comuneros y ejidatarios de Acapulco y Juan R. Escudero, municipios del estado de Guerrero, quienes hemos dado la lucha durante seis años en contra del despojo que significaría la construcción de la presa.

El movimiento inició el 28 de Julio de 2003, con el cierre de los caminos que conducen a donde pretendían hacer la cortina de la presa. Expulsamos de nuestras tierras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se vio obligada a sacar su maquinaria de nuestras tierras al encontrarse con la oposición de comuneros y ejidatarios, hombres y mujeres, quienes desde ese primer momento manifestamos nuestra decidida oposición a la construcción de la presa.

En esos seis años de lucha, la CFE no ha logrado iniciar los trabajos de construcción. Recientemente reconoció que, además de encontrarse con la infranqueable oposición de la mayoría de los campesinos, legalmente no cuenta con la anuencia de los Núcleos Agrarios para iniciar el proceso de expropiación ante las instancias agrarias. Tampoco cuenta con nuestra anuencia para iniciar el proceso de cambio de uso del suelo ante la Semarnat. Tuvo que reconocer que perdió los juicios ante el Tribunal Unitario Agrario quien declaró Nulas las asambleas amañadas realizadas en 2005 mediante las cuales la CFE trató de obtener, fraudulentamente, el permiso requerido para iniciar dichos procesos.

Los miembros del CECOP reconocemos como Asamblea definitoria, la realizada el 12 de agosto de 2007 en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, convocada legalmente y realizada por usos y costumbres, en la que, los comuneros opositores y afines al proyecto, todos, de manera unánime, votamos en contra del proyecto La Parota.

Los campesinos agrupados en el CECOP hemos decidido defender nuestros derechos, civiles y humanos y evitar el desplazamiento de nuestras tierras. Nuestra lucha es por la tierra, el territorio, el agua del Río Papagayo y nuestros recursos naturales. Extendimos nuestra defensa a los ámbitos nacional e internacional, y logramos el respaldo y la solidaridad de cientos de organizaciones. Expusimos las razones de nuestra resistencia ante organismos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien recomendó al Estado Mexicano procurar el previo consentimiento informado de los dueños de la tierra así como reconocer los derechos de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras. Los Relatores Especiales para la Vivienda Digna y los Derechos de los Pueblos Indígenas que nos visitaron, reconocieron la legitimidad de nuestro movimiento y el derecho a defender nuestras tierras que son tierras comunales y no son mercancías a ser compradas y vendidas. La Directora de Amnistía Internacional visitó nuestras comunidades, ante ella expusimos las agresiones venidas de los tres niveles de gobierno. Del mismo modo expusimos las violaciones a nuestros derechos ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los comuneros y ejidatarios reclamamos porqué la CFE sólo habla de 3039 afectados, cuando somos 25 mil los que seríamos desplazados. Porqué no dice que también serían afectados los 75 mil campesinos que vivimos río abajo, y porqué no dijo que los habitantes de Los Hilamos, Las Parotas, Rancho Las Marías, la Conce, Parotillas y otros pueblos también serían expulsados de sus tierras por que ahí harían otras dos presas llamadas de mitigación, proyectadas cortina abajo...

martes, 23 de febrero de 2010

"Necesitamos reconocer los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado invisible"

La insurrección en curso
Gustavo Esteva
Lunes 22 de febrero en La Jornada

Se multiplican las agresiones a los pueblos: Chiapas, Cananea, Juárez. Es un estado de cosas insoportable que aparece como clara expresión de la incompetencia política, la corrupción estatal y la compulsión reaccionaria que padecemos, las cuales se profundizan junto con la degradación moral de las clases políticas. Pero es también, acaso, manifestación de una estrategia que busca abortar la insurrección en curso.

El Comité Invisible, un colectivo francés imaginario, publicó hace un par de años L’insurrection qui vient (Google aporta versiones pobres en español e inglés). Al leer este libro fascinante y examinar las “verdades necesarias” que establece, no puedo evitar la impresión de que la insurrección “que viene” ya llegó. No sé si en París, pero sin duda en Oaxaca, en Chiapas, en México. Estamos en ella.

No se anuncia con fanfarrias. No consiste en marchas, plantones, manifiestos o proclamas. Elude movilizaciones colgadas de líderes y lemas. No apela a las armas, aunque puede apoyarse en la autodefensa armada. Se encuentra en todas partes y en ninguna; desde cualquier posición, en el lugar en que se encuentre, la gente impulsa con dignidad y coraje sus formas propias de vida. Hay quienes lo hacen por razones de estricta supervivencia. Otros apelan a antiguos ideales. Todos desafían radicalmente el estado de cosas, el sistema dominante, el régimen político y económico que ha llevado a la catástrofe actual. Se ocupan, ni más ni menos, de generar nuevas relaciones sociales y políticas, más allá de la explotación económica y del control político o policiaco. Esta rebelión de los descontentos es también la insurrección de los saberes sometidos y las imaginaciones reprimidas que saben llegado el momento de la verdad.

Habrá que hablar de ella, aprender a verla, de-velarla. El libro La insurrección que viene contribuye a esa tarea. “Sus redactores no son sus autores”, aclara el Comité Invisible. “Han puesto algo de orden en lugares comunes de la época, lo que se murmura en las mesas de los cafés o tras las puertas de los dormitorios. No han hecho sino precisar las verdades necesarias, las que ante el rechazo general llenan los hospitales siquiátricos y las miradas compasivas. Son los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias radicales es que la precisión conduce en buena lógica a la revolución. Basta decir lo que tenemos ante nuestros ojos y no eludir las consecuencias.” Y es esto, en realidad, lo más difícil. Reconocer con entereza la gravedad del estado de cosas y enfrentar a pie firme lo que eso significa.

El libro empieza con una provocación que describe muy puntualmente lo que pasa entre nosotros: “Desde cualquier ángulo que se le observe el presente no tiene salida. No es la menor de sus virtudes. Quita todo sostén a quienes se empeñan en esperar a como dé lugar… Todo mundo sabe que las cosas no pueden sino ir de mal en peor. ‘El futuro no tiene porvenir’ expresa la sabiduría de una época que ha llegado, como si fuese extrema normalidad, al nivel de conciencia de los primeros punks… Pero el impasse actual, perceptible en todas partes, en todas partes es negado.”

Necesitamos aprender a ver, con ojos menos empañados, lo que la gente común está haciendo ante las dificultades del día, ante esa perspectiva cada vez más oscura. Necesitamos reconocer los rasgos de esta insurrección que hasta ahora ha resultado invisible. Pero antes aquilatemos el significado de lo que está ocurriendo. Chiapas y Cananea tienen un signo común: son provocaciones abiertas, tratan de inducir un comportamiento específico. Se busca con ellas intimidar hasta la parálisis o bien estimular reacciones descontroladas y agresivas. Estas reacciones permitirían dar apariencia de justificación al aplastamiento policiaco que se intenta realizar, el cual podría conducir más temprano que tarde a una especie de guerra civil que pudiera abortar la insurrección.

Ésa sería la estrategia. Provocar alguna forma de violencia popular espontánea y caótica. Que la gente, harta de tanta provocación o de los callejones sin salida a los que se la conduce continuamente, estallara sin orden ni concierto. Se estarían buscando pretextos para profundizar el autoritarismo actual y llevarlo hasta el punto en que fuera capaz de evitar que la insurrección se ampliara y profundizara hasta cumplir su destino: liquidar sin violencia el régimen dominante.
Socavar esta perversa estrategia, impedir que triunfe, es hoy condición de supervivencia tanto de la insurrección en curso como de la vida social misma, que ha entrado en un grave proceso de descomposición. Para todo esto necesitamos, más que ninguna otra cosa, miradas claras e imaginaciones lúcidas.

miércoles, 17 de febrero de 2010

Beneficios jurídicos a paramilitares en Colombia

Suman más de 30 mil los muertos por esos grupos ultraderechistas: la fiscalía de Colombia
Asesinatos confesados por paramilitares, a la altura de ex dictaduras del cono sur
*Las matanzas, casi iguales a las de la Argentina de Videla y por encima de las de Pinochet en Chile
*Unos 32 mil desmovilizados gozan de beneficios y protección de ley promovida por Álvaro Uribe
Afp y Dpa
Miércoles 17 de febrero de 2010


Bogotá, 16 de febrero. Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el contexto de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30 mil, según la fiscalía, cifra que es muy superior según denuncias de las víctimas a organismo independientes y que coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles.


Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, unos 4 mil 112 ex miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los 80 y su desmovilización a partir de 2003.


Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30 mil muertos y desaparecidos, y muy por encima de la de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.
Las autoridades verifican la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios, explicó a Afp una fuente del organismo.


Una ley promovida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.


La fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 85 matanzas, mil 437 reclutamientos de menores, 2 mil 520 desapariciones forzadas, 2 mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 33 secuestros.


“El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra”, según el analista Alvaro Villarraga.


“Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto”, enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación, quien dirige la Fundación Cultura Democrática.


Hasta diciembre, la fiscalía verificó la existencia de 485 masacres –la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque–, mil 93 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.


La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los miembros de las AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.


Unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos humanitarios han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.


En particular, Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por grupos “herederos de los paramilitares” en Colombia y consideró que hubo “fraude” en su desmovilización.


En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó hacia Estados Unidos a 13 de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.


Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los de narcotráfico.


En este contexto, la fiscalía reportó que el ex comandante paramilitar Arnolfo Santamaría, Pipa, a quien se atribuye unos 2 mil 500 crímenes en el sur del país, entre estos la muerte del líder sindical ecuatoriano Hipólito Hurtado, fue capturado este martes en Bogotá.


Mientras, el ex fiscal Rodrigo Miranda acusó al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la muerte de tres presuntos guerrilleros colombianos en la selvática provincia de Darién, limítrofe con Colombia, el 27 de enero.


El ex fiscal superior especial de Panamá en el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), dijo que el incidente en áreas limítrofes se deriva de los “acuerdos secretos” entre Martinelli y Uribe.

Ejército ataca comunidad en Guerrero

El ejército federal ataca una comunidad en Guerrero
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
17 de febrero de 2010

El día de hoy, 16 de febrero, recibimos la información de Javier Torres Cruz que a las 13:30 horas soldados acompañados de civiles armadas dirigidos por Misael Orozco Cerna (sicario de Rogaciano Alba), entraron a la comunidad de La Morena, disparando con armas y amenazando a los habitantes. Los soldados acamparon entre Rancho Nuevo y La Prodigia y actualmente siguen allí.

El tío de Javier Torres Cruz, Isaias Torres Cruz, quien junto con Javier denunció la participación de Rogaciano Alba Alvarez en el asesinato de Digna Ochoa, recibió tres balazos, uno en la espalda que salió por el pecho, otro en el cuello y uno más en la pierna y su vida corre peligro.

Los otros tres hombres que se había dicho habían sido detenidos Anselmo Torres Quiroz, Adolfo Torres Rosas y otro compañero, lograron huir al monte y se encuentran libres pero perseguidos.

Seguiremos informando en la medida que nos llegue información confirmada.

jueves, 11 de febrero de 2010

Chiapas: a 15 años de la traición de febrero...

PARAMILITARISMO EN CHIAPAS
(15 Años de la traición de febrero)

Chiapas: La treceava estela (segunda parte) EZLN


"...muchos no conocieron ese primer Aguascalientes, sea porque no pudieron ir, sea porque eran muy jóvenes en aquel año (si usted tiene ahora 24 años, o sea que entró en 25, en ese entonces tenía 14 años, o sea que estaba entrado en 15), pero era un navío formidable. Encallado en el costado de una loma, su blanco y gigantesco velamen aspiraba a recorrer los siete mares. Sobre el puente ondeaba, feroz y desafiante, la bandera con el cráneo feroz y las tibias cruzadas. Dos gigantescas banderas nacionales se abrían a los lados, como alas. Tenía biblioteca, enfermería, sanitarios, regaderas, música ambiental (que alternaba, obsesivamente, entre La del moño colorado y Cartas marcadas) y, según cuentan, hasta un área para atentados. El trazado de las construcciones semejaba, según he relatado alguna vez, un gigantesco caracol, gracias a lo que llamábamos "la casa chueca". La "casa chueca" no estaba chueca, tenía un quiebre que a primera vista parecía un error arquitectónico, pero que desde las alturas permitía apreciar la espiral que formaban las construcciones. La tripulación del primer Aguascalientes estaba formada por individuos e "individuas" sin rostro, evidentes transgresores de las leyes marítimas y terrestres, y era su capitán el más apuesto pirata que haya surcado los océanos: parche en la cuenca del faltante ojo derecho, barba negra con destellos platinados, nariz pronunciada, garfio en una mano y sable en la otra, pata de carne y pata de palo, pistola al cinto y pipa en la boca...

"...Sin embargo, el espacio Aguascalientes había nacido ligado a una iniciativa política coyuntural y muchos supusieron que, agotada esa iniciativa, el Aguascalientes perdía sentido. Pocos, muy pocos regresaron al de Guadalupe Tepeyac. Después vino la traición zedillista del 9 de febrero de 1995 y el Aguascalientes fue destruido casi totalmente por el ejército federal. Incluso ahí se erigió un cuartel militar... " (25 de julio de 2003)
SOBRE EL PLAN DE CAMPAÑA CHIAPAS 94
(En artículo escrito por Carlos Fazio, Los asesinos de Acteal, 24 de agosto de 2009)

La primera versión de la estrategia contrainsurgente está contenida en el Plan de Campaña Chiapas 94, atribuido al general Miguel Ángel Godínez, comandante de la séptima región militar (1990-95). El objetivo estratégico operacional de dicho plan era destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislándolo de la población civil. Como objetivos tácticos figuraban la destrucción, desorganización o neutralización de la estructura política y militar de la insurgencia, para lo cual, junto con operaciones de inteligencia, sicológicas y de control de población, se instruía la organización y asesoramiento de “fuerzas de autodefensa”.

De manera textual se ordenaba “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. Según el plan, las operaciones militares incluían el “adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares”, tareas que quedaban a cargo de instructores del Ejército. Los paramilitares debían participar en “los programas de seguridad y desarrollo” de la Sedena. Entre otras tareas, debían suministrar información que alimentara las distintas ramas de la inteligencia militar (contrainformación, inteligencia de combate, inteligencia para el apoyo de operaciones sicológicas, inteligencia de la situación interna). Además, en coordinación con el gobierno de Chiapas y otras autoridades, la séptima región militar debía “aplicar la censura” a los medios de difusión masiva.

La Sedena estimaba entonces que entre tropa de elite y milicianos el EZLN contaba con 4 mil 800 efectivos, en tanto que su mar territorial (organizaciones de masas) abarcaba 200 mil personas. Los grupos paramilitares comenzaron a actuar en Chiapas casi a la par de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995. Dicha acción, conocida como “la traición de Zedillo”, falló en su intento por capturar al subcomandante Marcos y descabezar a la comandancia indígena, pero dio inicio a la fase de guerra sucia y paramilitarización del conflicto.

La campaña militar fue ejecutada por el comandante de la séptima región militar, general Mario Renán Castillo (1995-1997), egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Sicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, Estados Unidos. Él creó la Fuerza de Tarea Arcoiris y grupos de fuerzas aerotransportadas del Ejército. Siguiendo el ejemplo de los boinas verdes del Pentágono en Vietnam, dentro de la estrategia de guerra irregular también creó en Chiapas una docena de grupos paramilitares. Tal estrategia contrainsurgente, perfeccionada por los kaibiles en Guatemala en los años 80, consistía en reclutar, armar y entrenar indios para intentar matar, desde adentro, la semilla de la autonomía zapatista. Para los mandos castrenses, los ayuntamientos rebeldes representaban la decisión.


A 15 AÑOS DE LA TRAICIÓN DE FEBRERO

*Sigue siendo la entidad con mayor presencia de efectivos castrenses, pese a la guerra antinarco
A 15 años de la ofensiva en Chiapas contra el zapatismo persiste la militarización
*ONG manifiestan preocupación por los desalojos recientes en comunidades de Montes Azules
Herman Bellinghausen
Miércoles 10 de febrero de 2010

Al cumplirse 15 años de la ofensiva militar del gobierno federal de Ernesto Zedillo contra centenares de comunidades zapatistas en Chiapas, el 9 de febrero de 1995, y ante el creciente número y gravedad de agresiones contra estos mismos pueblos, sobre todo en la selva Lacandona, colectivos y organizaciones adherentes de la otra campaña en distintas partes el país manifestaron que, “con su guerra de exterminio el mal gobierno no sólo busca acabar con el EZLN, sino con la vida y dignidad de los pueblos”.

Cabe destacar que la ocupación decretada hace tres lustros se mantiene intacta y aun ahora que se ha militarizado el territorio nacional para combatir al crimen organizado, Chiapas sigue siendo la entidad con mayor presencia de efectivos castrenses.

“Lo que (el gobierno) parece ignorar es que el proyecto zapatista ha llegado más allá de nuestras fronteras, vive en muchas partes del mundo. Esos muchos que somos no nos vamos a rendir”, sostuvieron los adherentes de la otra campaña.

Por su parte, la Red contra la Represión y por la Solidaridad, también de la otra campaña, se manifestó respecto de las agresiones a bases zapatistas en Bolom Ajaw (municipio autónomo Comandanta Ramona) y Laguna de San Pedro, estos últimos desplazados de Montes Azules.

“Las acciones de intimidación y desalojo efectuadas por el mal gobierno, utilizando a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), o de manera directa, confirman la actividad de las bandas paramilitares con la venia y tolerancia de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de despojarlos de esas tierras para fines de inversión en proyectos turísticos”.

Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona agrupados en la otra Jovel denunciaron que el gobierno “crea, entrena y arma grupos paramilitares para instrumentar conflictos, como lo hace con la Opddic en Bolom Ajaw”. Sostienen que “disfraza estas agresiones” y “para limpiar su imagen muestra una cara de negociación, ‘buena voluntad y respeto a los derechos humanos’, que se cae ante la brutalidad de sus acciones y el descaro con que busca apropiarse de tierras y territorios autónomos zapatistas. El miedo del mal gobierno ha crecido tanto que dispone de sus recursos para crear un clima de terror y violencia, en miras a justificar una intervención militar”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles que integran la Red por la Paz en Chiapas manifestaron “profunda preocupación” por los desalojos ocurridos los días 21 y 22 de enero en comunidades indígenas de Montes Azules, y alertaron del riesgo de nuevos desalojos “anunciados por distintas fuentes”.

Señalan que con “el desalojo forzado de Laguna El Suspiro y Laguna San Pedro, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentados, atentando contra la integridad de niños, mujeres y hombres que ocupan la zona desde tiempos ancestrales”.

Los operativos policiaco-militares “no han sido los primeros en Montes Azules” por lo que, “debido a planes gubernamentales de ‘despeje territorial’ para la creación de circuitos turísticos, se teme continúen fragmentando la vida comunitaria y el tejido social de comunidades en riesgo de desalojo”.

La Red por la Paz destaca “la parcialidad” de los medios locales por su “estigmatización, sin previa investigación y cobertura de las distintas fuentes no oficiales”. Al difundir “únicamente” la versión gubernamental de los hechos, “ponen en riesgo la integridad de las familias desplazadas, de los defensores de derechos humanos y de los habitantes de otras comunidades”. Las organizaciones civiles “con trabajo documentado en la zona” rechazan “el discurso de ‘conservación y protección a recursos naturales’ utilizado por los distintos niveles de gobierno para obtener el control territorial –que se traduce en social, político y económico– de una de las zonas más ricas en biodiversidad de Chiapas”.

domingo, 7 de febrero de 2010

Sobre embestida contra comunidades zapatistas...

Los de Abajo
Llamado a recapacitar
Gloria Muñoz Ramírez

Sábado 06 de Febrero de 2010
Foto: Niños de comunidades zapatistas de Oventik, archivo Veredas.

La reciente embestida contra los pueblos indígenas del EZLN ha causado la protesta de activistas y defensores de derechos humanos en México, Alemania, Italia, Grecia, España y Francia, entr otros países. La protesta que recorre la Europa solidaria está dirifida a las autoridades federales y del gobierno de Chiapas, a quienes exhortan a que se recapacite urgentemente sobre las medidas que el gobierno de México está poniendo en marcha en relación con los proyectos ecoturístiucos en tierras indígenas, y las brutales consecuencias que éstos representan para sus pobladores.

El apoyo de los grupos europeos que se mantienen pendientes de lo que ocurre en Chiapas se volvió a manifestar luego de que el pasado 22 de enero se ordenó el desalojo y la destrucción de la comunidad indígena Laguna San Pedro, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, con la intención de reforestar el área y establecer centros ecoturísticos privados en Montes Azules, dentro de la considerada reserva de la biosfera.

El gobierno del estado ha justificado la acción y declarado que se trata de acciones pacíficas. Pero, como bien lo saben en Europa: no dicen que la orden fue incendiar sus casas, despojándoles de sus bienes más elementales, acabando con todo en cuestión de pocas horas. Que estas mujeres, hombres, niñas y ancianas han sido expulsados de sus viviendas, despojados de sus herramientas, de sus fuentes de trabajo y subsistencia, de sus costumbres, desconociéndose incesantemente la legitimidad de sus derechos, de la manera más cruel.

El gobierno tampoco dice que asistieron al sitio acompañados por centenares de federales armados, unos cuántos helicópteros, y periodistas que no darían cuenta sensata de lo que serían testigos. Que una parte de esta población fue trasladada a Palenque obligada por el horror de las circunstancias. Que los habitantes de El Suspiro se vieron forzados a abandonar su comunidad y refugiarse en el monte y que cuatro mujeres se encuentran hasta ahora desaparecidas. Que sus familias están desesperadas reclamando por su paradero en una región aislada geográficamente y sin acceso a medios de comunicación, continúa la carta que arrancó en Münster, Alemania.

Bien dice la Confederación General del Trabajo, desde España: No pasa un solo día sin que desde México nos lleguen noticias de desalojos violentos, hostigamientos, desapariciones y muerte. No cesan las agresiones que el gobierno mexicano, desde todos sus estamentos, ejerce hacia los hombres y mujeres que, abajo a la izquierda, luchan por dignidad, libertad y justicia.

(Seguramente se hablará hoy de este asunto en la reunión de la Red Nacional Contra la Represión, en Apizaco, Tlaxcala.)