martes, 30 de junio de 2009

Resistencia Hondureña...

Hondureños marchan hacia la capital a pesar de la represión
Telesur


30 de junio de 2009


Hondureños que apoyan al presidente legítimo Manuel Zelaya, se movilizan desde el interior del país con el fin de llegar a Tegucigalpa para sumarse a quienes exigen la restitución inmediata del orden constitucional. "El ejército del pueblo le hará frente al ejército represor, no llevamos armas, sólo llevamos el espíritu de lucha y defensa de la democracia", dijo a teleSUR el dirigente social Freddy Vega.

Detalló que frente al silencio mediático, ha sido a través de las movilizaciones por el país que han ido despertando el espíritu de "resistencia" de todos lo hondureños. Señaló que ninguna institución escolar volverá a las actividades hasta que Zelaya retorne al país.

Vega informó de la realización de varias asambleas de ciudadanos en las que se determinará el plan de acción para recibir el venidero jueves al presidente Manuel Zelaya, quien anunció que volverá al país acompañado del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; de la presidenta argentina Cristina Fernández y del mandatario de Ecuador, Rafael Correa.

"Llegaremos a todos los rincones del país porque tomamos la decisión de avanzar hasta Tegucigalpa. Vamos en avanzada, en cada comunidad estamos movilizando gente", agregó.

Insistió en que a pesar de que saben que los militares están esperándolos para detenerlos y reprimirlos "continuaremos marchando".

Las fuerzas militares ordenadas por el gobierno de facto de Honduras, continúan reprimiendo este martes a los movimientos sociales, que se encuentran en las calles de diversas localidades del país para pedir el regreso del presidente Manuel Zelaya, secuestrado el pasado domingo y llevado a Costa Rica.

Eusebio Fernández, dirigente popular, detalló a teleSUR que para este miércoles está prevista una movilización popular a nivel nacional como actividad previa para recibir el día jueves al presidente Manuel Zelaya.

"Estamos dispuestos a luchar por la democracia del país. El pueblo hondureño está vivo y exigimos que se restituya al presidente Manuel Zelaya", agregó.

El dirigente de la Vía Campesina, Rafael Alegría, declaró a teleSUR que "sigue la resistencia de nuestro pueblo por el regreso del presidente Manuel Zelaya. En este momento realizamos una manifestación bastante grande y en el interior del país se mantiene la resistencia, también está prácticamente paralizado la nación".

"No hay clases en primaria, secundaria, el magisterio está en paro", dijo.

Por su parte, Rafael Ramírez, uno de los asistentes a la marcha que llevan a cabo los movimientos sociales en San Pedro Sula (al oeste del país), detalló en contacto telefónico con teleSUR, que los golpistas han cerrado las vías en esa localidad para evitar que los manifestantes se congreguen en esta marcha pacífica.

"Tenemos tomada las carretera hacia Tegucigalpa. A pesar de que este gobierno de facto nos tiene incomunicados, vamos hacia una avanzada masiva, para hacer respetar la democracia, con esta manifestación que ha partido desde Santa Bárbara (noroeste) hasta Tegucigalpa (sureste)", enfatizó.

El titular de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Honduras, Luther Castillo, anunció que ya comenzaron a llegar a Tegucigalpa "refuerzos populares" en apoyo a Manuel Zelaya, a quien reconocen como único gobernante del país centroamericano.

"Hoy se han sumado nuevos contingentes de compañeros desplazados desde diferentes partes del país; indígenas y afrodescendientes", remarcó Castillo en una llamada telefónica exclusiva para teleSUR.

"En todo el país existe un fuerte movimiento popular" y en la capital "todas las organizaciones populares decidimos reanudar hoy las concentraciones" en repudio a Roberto Michelleti, investido por el Congreso en reemplazo de Zelaya, presidente secuestrado el pasado domingo por fuerzas militares y llevado a Costa Rica.


Se reúnen movimientos sociales y populares hondureños
Mabel Marquez/ Vía Campesina-Honduras

Movimientos sociales y populares hondureños se reúnen hoy para determinar estrategias a seguir para exigir el reintegro del presidente José Manuel Zelaya Rosales

Hoy a las 11:00 de la mañana se reúnen dirigente sociales y populares del país para definir las líneas estratégicas que se seguirán en el marco de continuar presionando y exigiendo el reintegró del presidente que reconoce y que eligió el pueblo hondureño nuestro mandatario José Manuel Zelaya Rosales; así también se está exigiendo que regrese a nuestro país el presidente que todo el pueblo hondureño reconoce como tal.

Ayer en horas de la tarde se supo que los países centroamericanos a través de sus presidentes en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada el día de ayer, acordaron unánimemente suspender las relaciones comerciales, diplomáticas con nuestro país Honduras a manera de dar su total solidaridad a su homologo José Manuel Zelaya Rosales y mostrar su descontento a la comunidad nacional e internacional con el atropello que ha sido objeto nuestro mandatario; así mismo se nos informó que la Unión Europea está solicitando el retiro de sus embajadores en Honduras a manera de solidaridad con nuestro presidente y con Honduras.

Mientras tanto en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, en estos momentos, personas que dicen defender la constitución de la República; pero que en realidad son los que están apoyando el atropello que cometió el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Baín contra nuestro mandatario, están realizando sendas protestas en el centro de ambas ciudades, con mensajes en contra de José Manuel Zelaya Rosales.

Por su parte los medios de comunicación del país se han parcializado totalmente con los grupos de poder. Solo pasan la información que les conviene y no lo que está realmente pasando , debido a esto se ha generado un clima de desinformación en toda la población y los movimientos sociales solo contamos con la solidaridad de la comunidad internacional.

Para el caso ayer que se dio el desalojo violento por parte del ejército hondureño contra los manifestantes que nos apostamos durante dos días frente a la casa de gobierno aguantando sol, agua y hambre. Los diferentes medios de comunicación no transmitieron nada de esos hechos violentos contra los protestantes, antes bien comenzaron a decir las agresiones que habían sufrido algunos de sus periodistas y camarógrafos, es por ello que hasta hoy aún no se tiene un recuento del total de compañeros y compañeras que han sido golpeadas presos y mucho menos las muertes que se han generado desde que se inició este conflicto político. Los periodistas independientes argumentan su actitud de apatía al problema diciendo que están siendo objeto de muchas represiones por parte de las autoridades militares y de los propios dueños de los medios; es por eso que no cubren las noticias. Hay una lista de dirigentes sociales y populares donde la Corte Suprema de Justicia, según información confidencial, ya tiene listas las órdenes de captura para requerirlos en cualquier momento.

Por otra parte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se realizó en New York esta mañana, todos los países que conforman este organismo propusieron no reconocer al gobierno golpista de Roberto Micheletti Bain, entre otros acuerdos. Luego les seguiré informando de lo que se continúe dando ya que se pretende el regreso de nuestro presidente en los próximos días al país y según información extraoficial que está surgiendo, los golpistas pretenden capturar a nuestro mandatario en cuanto llegue y ponerlo en la cárcel; por lo que seguimos pidiendo su solidaridad y todo su apoyo en estos momentos difíciles que atraviesa el país.

- Mabel Marquez, Comunicaciones Vía Campesina en Honduras.

lunes, 29 de junio de 2009

Video Golpe de Estado en Honduras. 29 de junio de 2009


Vía campesina - Honduras

Ante EL GOLPE DE ESTADO perpetrado por los militares y grupos poderosos en contra de toda la hondureñidad, comunicamos lo siguiente:

1.- Que se ha organizado el Frente de Resistencia Popular, que en forma cívica y pacífica ha emprendido la lucha para restablecer el orden constitucional y lograr el retorno del Presidente legítimo de Honduras, Miguel Zelaya Rosales.

2.- Que existe plena solidaridad internacional: Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, para que los golpistas entreguen el gobierno usurpado.

3.- Es mentirosa la información de los medios de comunicación al servicio de los golpistas al intentar ocultar la gran manifestación del pueblo de Santa Bárbara, Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso y demás del país a favor de los derechos populares.

4.- Que la población debe saber que cerraron canal 8, canal 36, retiraron del aire las cadenas internacionales CNN en español y Telesur.

5.- Las emisoras nacionales informan sólo lo que le conviene informar a los grupos de poder y al gobierno golpista usurpador.

Tegucigalpa, 29 de junio del año 2009.

Video Golpe de Estado en Honduras. 28 de junio de 2009

Así se aplican los decretos de la corte suprema en Honduras...


Ultima hora
Militares golpistas preparan ataque contra el pueblo hondureño
TeleSur


Los batallones de las fuerzas militares que ejecutaron el golpe contra el presidente Manuel Zelaya, salieron este lunes a repeler al pueblo hondureño que ha mantenido la protesta frente al palacio presidencial de Honduras en repudio al golpe de estado y a la pretensión de Roberto Micheletti de asumir de facto la presidencia de la República.

La enviada especial de teleSUR, Adriana Sivori, reportó desde Honduras que los militares preparan sus armas para arremeter contra el pueblo que protesta por la violación al estado de derecho.

Relató que los militares golpistas preparan las bombas lacrimógenas para hacer frente a un pueblo desarmado que sólo esgrime voces de de protestas para exigir el retorno del presidente constitucional.

Miles de hondureños se enceuentran en las afueras del palacio presidencial cantando el himno nacional cuando cientos de efectivos militares arremetieron contra la población junto con tanqutas del ejército.

Mientras los batallones se movilizan contra los manifestantes en la Casa Presidencial, los canales no reportan los hechos de tensión.

A las afueras de la Casa Presidencial se encontraba la enviada especial de teleSUR, Adriana Sívori, en compañía de la multitud de manifestantes en apoyo al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, mientras los militares se alistaban para reprimirlos.

Además, desde diversas localidades del país centroamericano los movimientos sociales, sindicales y la sociedad civil se movilizaba a la capital hondureña en apoyo a Zelaya y para hacer frente a la manifestación de la Casa presidencial.

Incluso, la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas del país centroamericano, Bertha Cáceres, declaró al colaborador de teleSUR Roberto Parra que las comunidades étnicas están en resistencia y desconocen al gobierno de facto de Roberto Micheletti, y se preparaban (a tempranas horas de la mañana) para una movilización a la capital hondureña.

Desde que amaneció este lunes el movimiento militar se intensificó a las afueras del Palacio Presidencial, donde los manifestantes realizaban barricadas que los medios de comunicación no informaban al mundo.

Presos políticos de La Otra Campaña

Permanecen en prisión 8 adherentes a la otra campaña pese a irregularidades en su proceso
Acusan a las autoridades chiapanecas de fabricar delitos para encarcelar a líderes
Ejidatarios de San Sebastián Bachajón esperan fallo favorable a un recurso de apelación
El maestro Alberto Patishtán sigue privado de su libertad desde el gobierno de Albores Guillén
Hermann Bellinghausen
Enviado
Lunes 29 de Junio de 2009

San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de junio. Existen en Chiapas presos considerados “políticos” aunque su encarcelamiento se justifique con presuntos delitos comunes, que en determinados casos no se han demostrado o se han fabricado investigaciones para sustentar sentencias erróneas. Ocho de ellos son adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Siete son los ejidatarios de San Sebastián Bachajón encarcelados desde abril por defender sus derechos territoriales en las márgenes del río Agua Azul, amenazadas por planes turísticos de gran envergadura y sin autorización de los campesinos tzeltales que las habitan. Hoy permanecen en el penal El Amate, y esperan esta semana una respuesta del juez al recurso de apelación que presentaron el 22 de junio.

El octavo preso de la otra campaña, Alberto Patishtán Gómez, es el único miembro de la Voz del Amate que permanece tras las rejas. Ahora prosigue su larga condena en la cárcel de Los Llanos, en San Cristóbal de las Casas. Respetado maestro tzotzil en el municipio El Bosque, de manera inverosímil hace nueve años fue culpado de participar en una emboscada a policías, acusación que permitió al entonces gobierno de Roberto Albores Guillén dar carpetazo al asunto, que era grave.

Estos ocho indígenas siguen presos, mientras el gobierno de Juan Sabines Guerrero otorgó 55 liberaciones el pasado sábado 13, mediante recursos de sentencia suspendida o beneficios de preliberación por motivos de edad y salud. El gobierno está tan satisfecho con los resultados de la mesa de reconciliación donde se revisaron los expedientes, que ya envió al Congreso del estado un decreto por el esa instancia queda como un órgano permanente.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, mediante su defensa, presentaron un recurso de apelación, demandando la nulidad de las declaraciones ministeriales, que además de haber sido obtenidas bajo coerción o tortura, contravienen al artículo 2 constitucional. No tuvieron traductor ni abogado “que conozca su cultura y su idioma”.

La apelación deberá ser resuelta antes del próximo viernes por el Supremo Tribunal de Justicia del estado, presidido por Juan Gabriel Coutiño Gómez, antes asesor del gobernador Juan Sabines Guerrero, quien lo propuso para presidir el tribunal, y fue ratificado por la legislatura local.
En un nuevo clamor por su libertad, el profesor Patishtán Gómez expone: “Con la gran violencia de persecuciones, atro- pellos, muertes, entre otros que se dieron en El Bosque, conocido internacionalmente como zona de conflicto a consecuencia de lo que sufrieron las comunidades Chavajeval y Unión Progreso (1998) por parte de los gobiernos que tratan y trataron de eliminar a las comunidades organizadas”.

Posteriormente, continúa, “en estos mismos años, un 19 de junio de 2000, fui detenido injustamente y hasta hoy en día soy un rehén político del gobierno, que me acusa de varios delitos. Verdaderamente la causa de mi delito fue y es defender el derecho de los habitantes de la zona, (quienes) habían sido objetos de maltrato por el alcalde Manuel Gómez Ruiz, y en vísperas de ser removido de su cargo me prefabricaron el delito (por) la emboscada ocurrida en el tramo El Bosque-Simojovel el 12 de junio.

“Siete días después me señalan como una pieza en la participación, como estrategia para calmar los problemas de la región y con ello quieren justificar la justicia y la paz en Chiapas, cosa que es absurda ante el pueblo y de los que luchan por la verdad. Doy a conocer y saber que jamás me callaré por exigir mi libertad y la de todos los presos políticos del país”, concluye.

Como a Patishtán se le acusa de delitos federales, el gobierno chiapaneco argumenta que no puede liberarlo, pues necesita que la Federación transfiera el caso a Chiapas. Algo equivalente hizo el gobierno de Tabasco al transferir al de Chiapas a dos presos zapatistas que permanecieron más de una década en un penal tabasqueño y que al llegar a este estado en 2008, salieron de prisión.

domingo, 28 de junio de 2009

Honduras, contexto del golpe

Domingo 28 de Junio de 2009
Honduras: contexto de la crisis política

Honduras vive desde hace varios días una profunda crisis política a consecuencia de la iniciativa, lanzada por el presidente Manuel Zelaya y respaldada por distintos sectores de la sociedad, de realizar una encuesta” con miras al establecimiento de una asamblea constituyente.

El pasado miércoles, el jefe del estado mayor conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, se negó a acatar la orden presidencial de brindar apoyo logístico durante la consulta popular –que se realiza hoy en esa nación centroamericana–, lo que provocó la destitución del funcionario y generó también la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Orellana. En respuesta, cientos de reservistas del ejército se movilizaron desde el pasado jueves y ayer establecieron retenes en los principales accesos a la capital, Tegucigalpa. Por añadidura, la situación ha derivado en una confrontación entre los poderes establecidos en esa nación: la Suprema Corte de Justicia rechazó la destitución de Vásquez por considerarla infundada, mientras el Congreso –que ha calificado de “ilegal” la consulta de hoy– amaga desde hace días con declarar al mandatario “incompetente” para gobernar. A estas oposiciones se suman las de la Iglesia y las cúpulas de empresarios, que han llamado a los ciudadanos a no salir a las calles a fin de evitar disturbios, y acusan al actual mandatario de querer perpetuarse en el poder, si bien este señaló, en una entrevista realizada el pasado viernes, que dejará el cargo en enero de 2010 –cuando corresponde– y que sólo aspira a legar un país y una democracia con reformas, con un proceso de participación activa.

Estos hechos, calificados en conjunto como un “intento de golpe de Estado”, han sido rechazados por distintas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río, así como por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).

La convocatoria a una nueva constituyente no es un hecho inédito en América Latina: otro tanto ha ocurrido ya en distintas naciones de la región ante la necesidad de reformar expresiones de pactos oligárquicos, anacrónicos y discordes con las necesidades y demandas de la población. En ese sentido, lo que hoy se vive en Honduras es una repetición de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador: el rechazo y la embestida de los grupos privilegiados que buscan por distintos medios, legales o no, defender un status quo favorable a sus intereses.

Adicionalmente, la crisis política por la que hoy atraviesa la nación centroamericana es resultado de distintos procesos. Dentro de ellos destaca el aislamiento sostenido que ha experimentado el propio Zelaya en el seno del Partido Liberal –instituto político conservador que lo llevó a la presidencia en 2005–, consecuencia de decisiones presidenciales que no han sido bien vistas por la oligarquía de ese país, como el convenio petrolero firmado con Venezuela y la posterior adhesión de su gobierno a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba). En los hechos, tales decisiones han desviado a Honduras –en mayor o menor medida– de su papel y su proyección histórica como punta de lanza de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región, y acercaron al gobierno de Zelaya –emanado de las filas de la derecha– a un conjunto de regímenes progresistas latinoamericanos que reivindican la defensa de la soberanía y la justicia social.

Otro elemento a considerar en la configuración del conflicto hondureño es la existencia de un movimiento amplio y creciente –integrado por organizaciones indígenas, sindicales, campesinas y estudiantiles–, que hoy por hoy constituye la principal base de apoyo a la creación de un nuevo constituyente, y cuyo respaldo a la presidencia de Zelaya ha sido decisivo en las últimas horas: de manera significativa, el jueves por la tarde, el mandatario arribó a una base de la fuerza aérea hondureña en compañía de cientos de ciudadanos a recuperar el material electoral que se utilizará en la consulta de hoy, y que había sido decomisado por los militares.

Ante tales elementos de juicio, la crisis política en Honduras es, más que consecuencia de un proyecto político personal, el producto del choque entre un poder político-económico anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.

Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras
Andrés Sal.lari
Rebelión/Telesur

En la madrugada de este domingo fuerzas militares secuestraron al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, con lo que se perpetró un golpe de Estado contra el mandatario centroamericano, que había convocado a una consulta popular para decidir sobre el esablecimiento de una Asamblea Constituyente que habilitara una reforma constitucional. Informa la corresponsal de Telesur que algunas personas que apoyan al Presidente están acercándose al Palacio a protestar y gritar "traidores" a los militares, y que el canal 8 hondureño también fue tomado.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, condenó "severamente" el golpe militar y pidió la colaboración del mundo contra esta crisis política.

Héctor Zelaya hijo del presidente de Honduras denunció este domingo a teleSUR que a su padre Manuel Zelaya lo sacaron del país. Detalló que según la última información que maneja más de 200 militares entraron en la casa presidencial y se llevaron al primer mandatario a bordo de unos vehículos blancos.

"Ante estas situaciones lo primero que se pierde es la comunicación. Lo último que supe fue que el presidente fue sacado del país", informó Héctor Zelaya.

Agregó que en este momento él se encuentra en un lugar seguro.

La esposa del primer mandatario Xiomara Castro de Zelaya, por su parte, declaró a teleSUR que en la madrugada de este domingo "de forma cobarde sacaron al presidente de su casa, lo golpearon a él fisícamente pero también golperaron la democracia".

"Hoy pedimos la libertad del presidente y exigimos a las Fuerzas Armadas que liberen al presidente que necesitamos que le den garantías de vida", insistió.

Agregó que hoy cuando las personas podían cambiar la historia del país buscaron callar a la gente "yo sé que ningún hondureño está de acuerdo con un golpe militar".

Más temprano la canciller de Honduras Manuel Zelaya ratificó que el presidente fue secuestrado por militares.

Militares encapuchados tomaron desde primeras horas de la mañana de este domingo la residencia del presidente Manuel Zelaya. Según información de la enviada especial de teleSUR en el país, los militares armados presuntamente habrían trasladado al primer mandatario a la sede de la Fuerza Aérea, sin embargo, se desconoce la ubicación exacta del jefe de Estado. La Canciller del país denunció que Zelaya "fue secuestrado".

La Canciller Patricia Rodas dijo a teleSUR que en este momento se desconoce la ubicación del presidente "fue secuestrado por militares" denunció. Informó que los militares están rodeando su lugar de habitación y que han tomado la sede del canal 8.

"Los militares están rodeando mi casa incluso hay francotiradores", insitió. "Lo han secuestrado no sabemos su paradero". "Nuestas casas estan militarmente rodeadas no sabemos cuánto tiempo más tendremos derecho a hablar", alertó la Canciller.

Consideró que "se acaba de cometer un crimen contra nuestra democracia, ya sabemos nosotros que los grupos de poder, quienes nos han llevado al empobrecimiento, no dejaran pasar a nuestro pueblo por los senderos de la justicia y la libertad".

"Han asesinado una vez más la esperanza de democracia, de equidad, con todo el embate de un terrorismo contra nuestro pueblo", añadió.

La consulta popular, para determinar si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, debía iniciarse este domingo en Honduras con la apertura de los centros de votación que fueron habilitados en los parque de las principales ciudades de ese país centroamericano.

La consulta, convocada a partir de la firma de más de 400 mil ciudadanos hondureños, ha sido objeto de rechazo por parte de ciertos sectores políticos y sociales de Honduras, lo que les ha llevado incluso a intentar un golpe de Estado contra el presidente de ese país, Manuel Zelaya.

En declaraciones a la prensa, Insulza, que ha convocado a una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para analizar la crisis, exigió a los golpistas dar a conocer "de inmediato" el paradero del presidente Manuel Zelaya y que la comunidad internacional se una en contra de esta "grave alteración del proceso democrático del continente".El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, condenó el golpe en horas de la mañana e hizo un llamado a la movilización del pueblo hondureño. El mandatario venezolano también pidió que el gobierno estadounidense se pronuncie sobre los hechos ocurridos en Honduras. El mandatario boliviano, Evo Morales, también condenó el secuestro de su homólogo hondureño.

En comunicación telefónica desde Tegucigalpa, el sociólogo Guido Eguigure informó a la Red Patria Nueva de Bolivia que helicópteros de la Fuerza Aérea de ese país centromaricano sobrevuelan Tegucigalpa provocando temor en la población, que ha comenzado a movilizarse en favor de la democracia. Eguigure también informó que fueron cortadas las señales del canal 8 (estatal) y de la Radio Nacional.

Los medios hondureños alineados con la oposición informan que Zelaya fue detenido por orden de la Corte Suprema y no mencionan la palabra golpe de Estado.
Declaración del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH, del día 24 de junio de 2009.
Honduras: Se prepara Golpe de Estado COPINH
Ante la comunidad nacional e internacional, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denuncia la intención golpista perpetrada la noche del 24 de junio del 2009 al gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo hondureño y sus más importantes aspiraciones. Este acto es una reacción desesperada de la derecha y sus aliados para frenar la voluntad popular de buscar vías democráticas para la transformación nacional.
La derecha reaccionaria ha buscado frenéticamente parar la Encuesta Nacional que se realizará este 28 de junio y en donde se le preguntará a la sociedad hondureña si esta de acuerdo que se instale una Cuarta Urna en las elecciones generales de noviembre para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboraría una nueva constitución.
Esta ofensiva golpista ha sido planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños; El Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo; por esto denunciamos que el ejército ha asumido un papel similar al de los años ochentas, cuando servía de instrumento de desestabilización y represión. A esta campaña, que desemboca en un desproporcionado acto de agresión contra un pueblo hondureño, se han unido algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, quienes han intermediado, alentado y justificado los hechos de connotación golpista.
Así mismo denunciamos la injerencia y participación del gobierno de los EEUU y su embajador en Honduras quién alertado de antemano de los hechos aquí denunciados abandonó el país, y llamó a los directivos del BM, el FMI y otras instituciones cercanas al gobierno norteamericano, a abandonar el país, con lo que demuestran su contubernio con las fuerzas golpistas.
Llamamos a las bases del COPINH y al pueblo hondureño en general, organizado y no organizado, a movilizarse desde su comunidad, aldea o ciudad, especialmente deTegucigalpa, para expresar su rechazo e indignación. Les llamamos a no dejarse intimidar por la campaña mediático terrorista desencadenada en contra de la voluntad y expresión del pueblo y su derecho a pensar y desear un país nuevo, con justicia y equidad.
Llamamos a la comunidad internacional a manifestarse decididamente en contra de esta agresión al pueblo hondureño y expresar su solidaridad y apoyo para que no se violenten los derechos humanos del pueblo hondureño.
Llamamos a intensificar la lucha organizada para instalar la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, ahora, en este momento histórico de nuestra patria.
Finalmente, el COPINH, reconoce como único Presidente Constitucional de la República, a Manuel Zelaya Rosales, por lo que rechazamos a cualquier “sustituto” impuesto por los poderes fácticos e imperialistas.
Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz.
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, 24 de junio de 2009

sábado, 27 de junio de 2009

Respuesta del gobierno a campaña por Atenco...

Foto: Javier Salinas


La orden del juez es “insólita e ilegal”, señala abogado del líder
Embargarán la casa de Ignacio del Valle en Atenco para cubrir multa de $157 mil
Unos 150 pobladores de Atenco se apostaron ayer frente a la vivienda de Ignacio del Valle Medina, ubicada en el centro del poblado, para impedir su embargo
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Sábado 27 de Junio de 2009

San Salvador Atenco, Méx., 26 de junio. La Secretaría de Finanzas mexiquense, en cumplimiento de la sentencia del juez primero penal de Texcoco, embargará la vivienda del dirigente del movimiento atenquense, Ignacio del Valle Medina, pues una de sus sentencias de 45 años de cárcel incluye 157 mil pesos de multa como reparación del daño en el proceso por secuestro que se le instruye.

Leonel Rivero –abogado del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) sentenciado a 112 años de cárcel y actualmente preso en el penal de El Altiplano– consideró “insólito e ilegal” que el juez acordara ejecutar la sentencia cuando aún falta recurrir al juicio de amparo.

A su vez, unos 150 pobladores de Atenco se apostaron en la vivienda del dirigente, ubicada en el centro del poblado, para impedir que notificadores y ejecutores de la oficina del Centro de Servicios Fiscales de Texcoco realizaran el embargo programado para este viernes.

Con una cadena humana alrededor de la vivienda y un mitin encabezado por María Trinidad Ramírez –esposa de Ignacio del Valle–, los atenquenses esperaron al personal responsable del procedimiento pero no se hizo presente.

El jueves por la tarde un emisario dejó en la vivienda del dirigente un citatorio firmado por María Verónica Munguía Cruz, titular del Centro de Servicios Fiscales texcocano, con el requerimiento de pago y notificación de embargo dirigidos a Del Valle, instándolo a cubrir la multa este viernes.

El abogado Leonel Rivero explicó que Jorge Cervantes Juárez, juez primero penal con sede en el reclusorio Molino de Flores, de Texcoco, dictó a Del Valle una sentencia de 45 años de prisión el 21 de agosto de 2008 por el delito de secuestro equiparado, multándolo además con el equivalente a 2 mil 850 salarios mínimos por encabezar el movimiento atenquense durante la represión policial de 2006.

Fue el pasado 23 de marzo cuando el juez, de forma “ilegal e inaudita” acordó ejecutar la sentencia; “esto es, la consideró irrevocable por ya no proceder ningún recurso establecido en la ley, y giró un oficio a la Secretaría de Finanzas para que hiciera efectiva la multa”.

Según el defensor, al estar pendiente el juicio de amparo es improcedente la decisión del juez, porque “el proceso de ejecución y embargo hará incautar los bienes muebles e inmuebles de Ignacio del Valle y en algún momento sacarlos a remate, lo cual sería un hecho irreparable”.

El embargo pretende garantizar el pago de la multa de 130 mil 548 pesos más gastos de ejecución, para sumar 157 mil; y es ilegal pues el artículo 22 de la Ley de Amparo no da plazo para interponer juicio de garantías contra la sentencia, de modo que el juez no puede declarar una ejecutoria sin los recursos legales agotados.

“Es la primera vez que nos ocurre. Los jueces nunca decretan la ejecutoria hasta en tanto se resuelva el amparo. Nosotros vamos a promover un recurso de inconformidad contra la decisión administrativa de ejecución del embargo y la demanda de amparo indirecto contra la decisión del juez de tener por ejecutoriada la sentencia”, dijo el defensor.

jueves, 25 de junio de 2009

Criminalización de radios comunitarias

Denuncian persecución contra artesana y el cierre de Uekakua
Se intensificó la criminalización de radios comunitarias en 2009
La AMARC llevará el caso ante la CIDH y la Suprema Corte de Justicia
Gabriel León Zaragoza
Jueves 25 de Junio de 2009

Este año, el gobierno de Felipe Calderón intensificó la criminalización de las actividades de radios comunitarias, a las que con acciones policiacas reprime su derecho a ejercer su libertad de expresión, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

En conferencia de prensa denunciaron la persecución penal del gobierno federal en contra de Rosa Cruz, artesana purépecha e integrante de la radio comunitaria Uekakua, en Ocumicho, Michoacán, el cual a finales de enero fue “violentamente” cerrada por al menos un centenar de elementos de la Agencia Federal de Investigación.

Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), indicó que junto con otras organizaciones no gubernamentales han asumido la defensa de Rosa Cruz, quien tiene una suspensión luego que el día 13 de este mes recibió un citatorio para comparecer ante el agente del Ministerio Público de la Federación, radicado en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que alcanza hasta 12 años de prisión por la utilización del espectro radioeléctrico sin la concesión o permiso.

Indicó que diversos frentes sociales ya han documentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Señaló, asimismo, que se ha enviado la notificación al relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México. “Buscaremos llevar el caso ante la CIDH y a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó.

Denunció que este tipo de acciones judiciales no operan contra los medios electrónicos comerciales cuando violan la ley, como, dijo, sucedió con Tv Azteca, cuando a través de HI TV utilizó un espectro que no tiene autorizado.

“La respuesta de las autoridades es que ‘se revisará la irregularidad’, y en el caso de las radios comunitarias es ‘son ilegales y clandestinas’, así lo dicen las autoridades.”

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, manifestó que en contra de Rosa Cruz se utiliza de manera facciosa, discrecional e inadecuada el sistema de justicia del país, para reprimir y castigar este tipo de expresión.

Dijo que el Estado mexicano niega las bases para construir una opinión pública plural, independiente, que busca el diálogo y la atención a contextos locales, que apuesta por mayorías excluidas.

Se trata de la tercera radio comunitaria que cierra esta administración. Al menos unas 200 agrupaciones sociales, estiman, han solicitado permiso de operación ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, instancias que “han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de emisoras”.

Cartón: El Fisgón

martes, 23 de junio de 2009

Programa de Radio Voz de los movimientos. 23 de junio de 2009

VOZ DE LOS MOVIMIENTOS. PROGRAMA 19



Una nueva edición del Programa radial Voz de los Movimientos recoge novedades de los movimientos sociales del continente:

- La IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala, realizada en Puno, Perú, del 27 al 31 de mayo, planteó la construcción de alternativas frente a la crisis de la civilización occidental capitalista.

- Perú: La lucha sostenida de los pueblos indígenas, a costa de decenas de vidas, ha logrado frenar la política neoliberal del presidente Alan García. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas -CAOI- afirma que para resolver el problema de integridad territorial amazónica se necesita medidas más permanentes.

- Haití: Hubo represión contra manifestaciones estudiantiles en apoyo al aumento del salario mínimo. La Red Jubileo Sur Américas junto a otras organizaciones llevan adelante la campaña “Solidaridad por Haití”.

- Brasil: Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre Brasil que los integrantes del Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST- son frecuentemente victimas de violencia en el campo de Brasil, especialmente en el estado de Pará.

Fuente: Minga Informativa de los Movimientos Sociales

viernes, 19 de junio de 2009

Triunfo de los pueblos amazónicos...

Triunfo de los pueblos amazónicos
Raúl Zibechi
Viernes 19 de junio de 2009

Tras dos meses de intensa movilización, los pueblos de la Amazonia peruana lograron enfrentar exitosamente la represión de uno de los gobiernos más derechistas de América Latina, cosecharon amplia simpatía nacional e internacional y están haciendo retroceder los proyectos de privatización del pulmón del planeta. Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. Y habrá un antes y un después del 5 de junio, cuando la firmeza de miles afrontó la militarización y la masacre en la población de Bagua, cerca de la frontera con Ecuador.

Luego de la matanza, el gobierno de Alan García comenzó a dar marcha atrás con algunos de los decretos legislativos (DL) más polémicos. Primero se suspendió la aplicación de los DL 1090 y 1064 durante 90 días por parte del Congreso dominado por el oficialista APRA y los seguidores del procesado ex dictador Alberto Fujimori. El 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea, 64 por ciento de los bosques del Perú, con lo que podrían ser vendidos a trasnacionales. Tampoco contempla que la mayor parte de las comunidades no han titulado sus tierras. El DL 1064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, deja sin efecto el requisito de acuerdo previo de las comunidades para emprender proyectos en la Amazonia.

Días después, ante la férrea decisión de los pueblos amazónicos de seguir adelante con sus movilizaciones e intensificar las acciones, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió a derogar los dos decretos y anunció el levantamiento del estado de sitio en Bagua. Fue más lejos: el lunes 15 durante un encuentro con repesentantes indígenas en la provincia de Chanchamayo dio disculpas a los pueblos amazónicos y aseguró que el gobierno no vetará a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Pese a formar parte de un gobierno derechista, Simon es el paradigma del guerrillero convertido en hombre de Estado. En los 80 fue activo simpatizante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por lo que fue preso durante el régimen de Fujimori. Ahora decidió poner sus conocimientos sobre los movimientos sociales al servicio de las trasnacionales que buscan apropiarse de los bienes comunes: agua, biodiversidad, riquezas mineras, madereras e hidrocarburíferas. Pero está chocando con los mismos actores que en la guerra interna frustraron la expansión del MRTA y Sendero Luminoso hacia la selva, los pueblos que defienden sus territorios.

El segundo gran éxito de los pueblos amazónicos lo sintetiza Hugo Blanco en el editorial más reciente de Lucha Indígena: “Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están rescribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad”.

Las grandes marchas y los masivos paros registradas en todo el país el 11 de junio, incluyendo 30 mil manifestantes en Lima, la mayor concentración desde los últimos días del régimen de Fujimori, evidencian la solidaridad con los pueblos amazónicos y el aislamiento del gobierno de García. Los pronunciamientos de decenas de organismos internacionales, incluyendo algunos de Naciones Unidas, muestran que la simpatía traspasó fronteras.

De nada valió el intento del presidente peruano por culpar a Bolivia y Venezuela de instigar la protesta. No sólo acusó a los amazónicos de “terroristas”, sino que sostuvo que esos países quieren evitar que Perú extraiga petróleo y sea competidor. Sus argumentos fueron pulverizados por la contundencia de la movilización. Los pueblos amazónicos consiguieron incluso que se instalara una mesa de diálogo sin frenar sus acciones. Cuando comenzó a sesionar el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, el 15 de junio con presencia de la Iglesia católica, las comunidades y la Defensoría del Pueblo, el gobierno sólo consiguió que los indígenas ampliaran de dos a cuatro la apertura al tránsito de la carretera La Merced-La Oroya-Lima.

La tercera enseñanza de esta movilización es que no importa la cantidad, sino la potencia. Los pueblos amazónicos agrupados en AIDESEP, son unas 300 mil personas pertenecientes a mil 350 comunidades, en un país que sobrepasa 28 millones de habitantes. Sin embargo, la justeza de su causa y la sólida decisión comunitaria de luchar hasta el final, haciendo de sus territorios trincheras y de sus cuerpos escudos, consiguió frenar la máquina de guerra estatal y granjearles simpatías en todo el país. Han mostrado que no luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de “derechos”, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía.

Mostraron que cuando se pelea por la sobrevivencia, por seguir siendo pueblos, de nada valen los cálculos de costos y beneficios que han llevado a la crisis ética y política de buena parte de las izquierdas institucionales. Camino muy similar al que meses atrás caminaron los nasas de Colombia al poner en marcha la Minga por la Vida, también para evitar que el TLC con Estados Unidos los sepulte como pueblo al convertir sus bosques en monocultivos para biocombustibles. Estas luchas colocan en lugar destacado un necesario debate sobre el desarrollo y los bienes comunes, que algunos gobiernos autoproclamados progresistas, como el de Brasil, deberían tomar en cuenta si no quieren ser los sepultureros de la Amazonia y de sus pueblos.

jueves, 18 de junio de 2009

Incursiona ejército en comunidades de Guerrero en búsqueda de Guerrilleros

Irrumpen unos 500 soldados en la comunidad de Coyuca de Catalán durante 3 días
Denuncian pobladores de Las Ollas allanamiento y torturas de militares
Mujeres y niños claman ayuda a defensores de derechos humanos y medios de comunicación
MARLEN CASTRO
Lunes 15 de junio de 2009

Fotos: Lenin Ocampo
Fuentes: La Jornada Guerrero y La Jornada

PETATLAN, 14 DE JUNIO. Doña Amanda descansaba bajó el elevado y frondoso encino, cuando el martes 9, como a la una de la tarde, escuchó el ruido de los vehículos militares ingresando a su comunidad, Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, de la región de la Tierra Caliente, ubicado entre los límites con este municipio de la Costa Grande.

La jornada de horror de los pobladores terminó hasta el sábado 13 a mediodía con el ingreso de una misión civil de observación, integrada por representantes de varias organizaciones civiles, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y medios de comunicación.

El martes que oyó el arribo de los militares, Amanda sintió que el corazón se le salía del pecho, pues tenía pocos segundos que su hijo Jaime, quien aún sufre las secuelas de un derrame cerebral, montó su bestia de carga para irse a Las Palancas, a unos 10 minutos de Las Ollas y sabía muy bien que al joven no le daría tiempo correr para esconderse de los soldados.

Omar, el nieto de Amanda, un niño de 14 años, andaba en la rudimentaria cancha de futbol, lejos del monte para poder escapar.

No es la primera vez que el Ejército incursiona en Puerto las Ollas y las mujeres, niños y niñas saben que los hombres tienen que correr a refugiarse a los cerros para estar a salvo. Ese martes, Jaime y Omar no tuvieron opciones. Los militares los agarraron y por tres horas los torturaron.
Puerto las Ollas es una pequeña comunidad de apenas 11 casas, en las que habitan en total 10 varones, 15 mujeres y 35 menores, entre niños y niñas, pero desde hace ocho años, los hombres ya no duermen en las modestas casas de madera, pues tanto soldados como gatilleros irrumpen a cualquier hora del día.

Entre sollozos Amanda narra a los defensores civiles y públicos de derechos humanos y a los medios de comunicación como aguantó durante tres horas los gritos de su hijo y nieto, por los castigos infligidos.

El sábado, sólo Jaime rindió su testimonio pues pudo bajar de donde se escondió luego de las torturas, pero el niño a pesar de que se le buscó, no apareció. Se cree que estaba en muy malas condiciones, pues como todos los demás varones, no había comido desde el martes de la irrupción, pero además por los efectos de los golpes.

Jaime traía una gruesa camiseta negra cuando lo agarraron, la que los soldados alzaron por atrás y la pasaron por su cabeza para mantenerlo amordazado.
Durante tres horas, lo golpearon en los oídos, le picaron con agujas los dedos de las manos y golpeaban su nuca, hasta que Jaime al no poder respirar suplicaba porque se acabara el castigo.
Cuando lo soltaron, una espesa saliva rodeaba la boca de Jaime y su madre como el resto de las mujeres en el pueblo creyeron que por el susto había sufrido un nuevo derrame cerebral, pero sólo se trató de los efectos del dolor padecido.

De acuerdo con la versión de los pobladores, los militares querían saber dónde se escondían los hombres armados. Como a los únicos dos varones que pudieron agarrar no les sacaron nada, se fueron contra las mujeres.

Sometieron a tres señoras, a quienes con un cuchillo en la yugular y amenazas de que serían asesinadas quisieron arrancarles qué tratos tenían con los guerrilleros.

Los días siguientes –miércoles, jueves y viernes– escuchaban que entre los montes, los militares disparaban y en algunos momentos, llegó a haber tres helicópteros sobrevolando la zona.
Las mujeres y niños sólo rezaban para que no encontraran a sus esposos o padres.

Con los primeros rayos del sol del sábado, los militares comenzaron a gritar que quemarían todas las casas, entonces mujeres niños y niñas salieron corriendo de sus viviendas y hasta el mediodía que arribó la misión de observadores, dicen, creyeron que todo acabaría para ellos.

El sábado, aparte de recoger los testimonios de los pobladores, la misión civil constató los saqueos que hubo en las casas y que los soldados se llevaron lo poco de valor que encontraron.

Las 11 viviendas de Las Ollas apenas tienen lo indispensable para la vida de sus moradores. Un fogón, una mesa para comer, que no es más que una tabla montada sobre cuatro horcones y bancas del mismo estilo a su alrededor, los trastes necesarios para guisar y consumir los alimentos y como camas, sólo unas viejas colchonetas.

Durante los cuatro días de sitio, hubo en La Ollas y Las Palancas, unos 500 militares. El primer día arribaron unos 300, por el camino que conduce a Petatlán y al día siguiente, por el acceso para ir a la Tierra Caliente, llegaron otros 200, junto con los helicópteros.

Al caer el día y con ello el retiro de la misión, las mujeres y pequeños pedían que no los dejaran solos, pues temían que tan pronto como ya no estuvieran ahí, los militares retornarían, porque estaban convencidas que una parte sólo se replegó.

Al final, sólo una suplica. “Cuando pidamos auxilio, por favor vengan luego, tenemos miedo de que para la otra no esperen tantos días para acabar con nosotros”.

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/18/index.php?section=politica&article=016n2pol
Niega el grupo guerrillero que hayan matado a 16 de sus integrantes
Desmiente el ERPI al Ejército; “las 3 bajas del día 11 fueron de Sedena”
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Jueves 18 de Junio de 2009


Chilpancingo, Gro., 17 de junio. Tres efectivos del Ejército Mexicano murieron y uno resultó herido el pasado 11 de junio durante un enfrentamiento con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ocurrido en los límites de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán, dio a conocer el comandante Ramiro, jefe militar de la organización armada. Esta es la primera acción militar que el ERPI se atribuye oficialmente desde su fundación, el 7 de junio de 1998.


Vía telefónica desde algún lugar de la Sierra Madre del Sur, el dirigente desmintió este mediodía lo que consideró una filtración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que 16 guerrilleros murieron en el combate del pasado día 11, versión divulgada por la prensa local: “es mentira; nuestras columnas del ERPI no tuvieron ninguna baja”.

Sostuvo que entre el 9 y el 11 de junio hubo tres enfrentamientos con efectivos del Ejército, “y es falso que hayamos tenido alguna baja. Los uniformes que en días pasados presentaron los de la Sedena, y las supuestas armas largas, no son de nosotros”.

El dirigente del ERPI se refirió a los 10 uniformes y las armas largas que el pasado lunes presentó la Sedena en Ciudad Altamirano, las cuales negó que pertenezcasn a milicianos del ERPI. Destacó que las recientes incursiones del Ejército en comunidades serranas demuestran que el gobierno federal continúa con su política de agredir a los pueblos.

domingo, 14 de junio de 2009

Atenco y Bagua. Construcción estatal de la represión

ATENCO Y BAGUA. CONSTRUCCIÓN ESTATAL DE LA REPRESIÓN
Por Tlilcoatl
Cartón: Excurra

Cuando el 22 de octubre de 2001 el gobierno federal mexicano anunció por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la decisión de construir en tierras ejidales de San Salvador Atenco el nuevo aeropuerto internacional, se inició un proceso social que ha resultado ilustrativo acerca de la forma de construcción de la represión estatal frente a la protesta y movilización social. En 2009, los sucesos ocurridos en las tierras de la amazonía peruana son otro ejemplo de cómo actúan los gobernantes derechistas transgrediendo los derechos humanos y colectivos de aquellos que se oponen a los proyectos del capital.

Ambos casos muestran la simulación de los gobiernos y el desprecio hacia las causas que originan las movilizaciones y resistencias de los pueblos. Tanto en Atenco como en Bagua se iniciaron luchas legales en contra de las pretensiones de los gobiernos, además de apelar al diálogo con los gobiernos con el objetivo de exponer las razones de la oposición a los proyectos; es decir, frente a la negociación del gobierno con el capital al margen de los directamente afectados, se recurrió a la petición de diálogo como método de acción.

La respuesta de los gobiernos a las demandas de los pobladores hace hincapié en un hecho: la diferencia e incompatibilidad de visiones sobre el desarrollo de las partes, pues mientras los movimientos argumentan desde la perspectiva de lo social – cultural, el Estado lo hace en nombre del progreso económico y a favor del capital privado nacional e internacional.

Un siguiente paso en el método de acción de los Estados frente a los movimientos es minimizar y desprestigiar. Para ilustrar el hecho, retomamos las siguientes declaraciones:

Entrevista con Arturo Montiel, entonces gobernador del Estado de México.
“-¿Quiénes integran estos grupos?
-Estamos investigando. No tengo nombres, pero los auténticos ejidatarios nos han comentado cómo han recibido recursos e instrucciones para realizar las marchas.
-¿Tiene pruebas?
-Las hay. No quiero pocas pruebas, sino llegar a fondo para poder dar nombres y santo y seña de quiénes son estas personas ajenas a Atenco que se oponen a un proyecto que no es de los mexiquenses, sino de todos los mexicanos. La próxima semana ya tendremos algún datos”
Fuente: La Jornada, 14 de agosto de 2001.

Declaraciones de Alan García, presidente de Perú
“¿A quién le conviene que el Perú no encuentre más petróleo?”, cuestionó García en un homenaje a Francisco Bolognesi, héroe peruano de la Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX. “¿A quién le conviene que el Perú no pueda explotar más y mejor sus minerales? Sabemos a quien le conviene”, remató.
Fuente: La Jornada, 8 de Junio de 2009.

Ante la falta de argumentos para imponer sus proyectos que benefician al capital, encubierto como proyectos de desarrollo nacional, otra parte de la estrategia es la criminalización y la confrontación directa. Estas acciones se realizan a través del perseguimiento jurídico de los líderes o de las personas más visibles, la represión y el encarcelamiento. Retomamos las siguientes citas durante el periodo 2002-2009 de los casos de Atenco y Bagua:

“Acusados de robo de maquinaria, hurto con violencia, ultraje, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías generales de comunicación, que son cinco delitos distintos, tendrán una hora para desahogar las pruebas correspondientes a cada cargo (Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinoza).”
Fuente: La Jornada 14 de julio de 2002

“Nadie puede, dijo Fox, argumentar agravio a sus intereses como pretexto "para cometer actos fuera de la ley''. Las acciones protagonizadas por ese "pequeño grupo'', insistió, "son una afrenta a la sociedad y un atentado contra el estado de derecho''.”
Fuente: La Jornada, 05 de mayo de 2006

“Secuestradores, homicidas, personas a las que es más fácil señalar qué delitos no han cometido, que enumerar los ilícitos en los que han estado involucrados''… A pesar de ello, el secretario general de Gobierno del estado de México, Humberto Benítez Treviño, se declaró dispuesto, ''a partir de hoy, a escuchar a todas aquellas personas o grupos que sientan tener algún derecho legítimo'' para entablar negociaciones… Tanto para Robledo Madrid como para Benítez Treviño, Ignacio del Valle es una persona que ha cometido diversos ilícitos, que van desde homicidio hasta secuestro, pasando por delincuencia organizada. Para el jefe de la ASE, es un delincuente que ''merece estar en La Palma, sin necesidad de ningún estudio'' que determine su peligrosidad.”
Fuente: La Jornada, 05 de mayo de 2006

“[Alan García] Afirmó que Perú “está sufriendo una agresión subversiva contra la democracia y la Policía Nacional. Frente a ella necesitamos responder con serenidad y con firmeza”. Agregó que los hechos de violencia “son parte de un complot contra la democracia” que podría haber contado con apoyo externo, aunque sin dar detalles.”
Fuente: La Jornada, 07 de Junio de 2009

“Seis líderes de las protestas de los indígenas amazónicos peruanos, incluido el asilado Alberto Pizango, fueron denunciados por la Fiscalía de Perú por supuestos delitos de apología de sedición y motín, al tiempo que el gobierno canceló la licencia de una radio de la ciudad amazónica de Bagua a la que había acusado de instigar las protestas de las etnias. Según la denuncia interpuesta por la fiscal Silvia Sack y hecha pública hoy por la prensa de Lima, Pizango, Marcial Mudarra, Daniel Marzano, Teresita Antazu y los hermanos Saúl y Servando Puerta Peña incurrieron en los delitos cuando, en una reunión realizada el 15 de mayo, “emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano”.
Fuente: La Jornada, 14 de Junio de 2009

Hechos como los sucedidos a finales de julio de 2001 y en mayo de 2006 en Atenco, así como la masacre de Bagua a principios de Junio de este año, hacen evidente que los gobiernos derechistas de la región no negocian con los movimientos, y que al contrario, ponen en práctica una táctica sistemática de desprestigio, criminalización y represión de los movimientos. Es pues, la violencia a favor del capital, un elemento constitutivo de la razón de Estado.

“El gobernador Enrique Peña Nieto rechazó que la represión en San Salvador Atenco ocurrida hace dos años sea un “lastre” para su gobierno, destacó que “es un punto para nosotros” y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social”
Fuente: La Jornada, 15 de mayo de 2009.

jueves, 11 de junio de 2009

"Queremos Derogación, no suspensión"

El Congreso peruano decidió ayer suspender durante 90 días la entrada en vigor del decreto 1.090
Los indígenas no darán marcha atrás hasta que Alan García escuche su voz


Gara


Los indígenas no darán marcha atrás hasta que el Gobierno de Alan García atienda sus demandas y derogue las leyes que permiten a las multinacionales explotar los recursos de la Amazonia, que representa un 60% del territorio peruano. Para hoy han convocado una marcha nacional, a la que se han sumado movimientos indígenas de Perú y países vecinos. El Congreso suspendió por 90 días el decreto 1.090, lo que no satisfizo a los indígenas.

Los indígenas dejaron claro que mantendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Alan García no derogue el paquete de siete leyes, entre ellas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que da amplios poderes a las multinacionales para explotar los recursos de la amazonia peruana.

«No nos moveremos hasta que el Gobierno eche para atrás las leyes que afectan a nuestro territorio», declaró a AFP Hernán Kariaja, un apu (jefe) de la etnia candoshi.

Desde abril, las comunidades indígenas mantienen bloqueados media docena de puntos -una carretera, un puerto fluvial y un pequeño aeródromo entre otros- de la Amazonia, que representa el 60% del país. Aunque no es nada espectacular, ha tenido un gran impacto.

Isabel Ortiz, líder de la etnia shabi, explicó que numerosos empresarios procedentes de Lima han llegado en los últimos tiempos a la región para supervisar los terrenos y hacer firmar ppapeles a los indígenas «que no saben ni leer ni escribir. Les obligan a poner sus huellas dactilares y luego los expulsan».

«Estamos cansados. No daremos marcha atrás porque se trata de nuestras tierras», exclamó.
El Congreso peruano decidió ayer suspender durante 90 días la entrada en vigor del decreto 1.090. Esta medida no satisface a los indígenas que llevan reclamando desde mayo que se derogue definitivamente.

«No se ha derogado, es una confusión. Lo que han hecho es una suspensión de los decretos, que es justamente lo que no querían los nativos», destacó la corresponsal de Telesur en Lima, Verónica Insausti, en la página web de la emisora latinoamericana.

«Lo que ha hecho el partido del APRA [la formación del presidente Alan García] ha sido suspender los decretos, mas no derogarlos», insistió Insausti.

La oposición peruana destacó que este decreto supone un ataque a la soberanía nacional, puesto que están vinculados al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EEUU.

A lo largo de la semana, el Gobierno de Alan García ha recibido una larga lista de críticas de muy diversos organismos. La última la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, tras condenar «enérgicamente» lo ocurrido, le recordó al Estado que «la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de la represión directa a los manifestantes o de la investigación y proceso penal, es incompatible con una sociedad democrática». Le instó además a «esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias»

El mandatario peruano, sin embargo, salió en defensa de la actuación del Gobierno y de la Fiscalía que, a su juicio, ha hecho bien en denunciar a los líderes indígenas de las protestas porque «no se puede instigar y engañar diciendo que los nativos van a perder sus tierras».
La Cancillería, mientras, resaltó «la gran tradición de promoción y protección de los derechos» de Perú.

Alegó, asimismo, la existencia de «versiones tergiversadas que han circulado y desinforman completamente».

La Conaie califica de «deplorable» la situación en la Amazonia

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) condenó «la violencia de Estado en Perú contra los hermanos indígenas» e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a sancionar a «los responsables». Asimismo, calificó de «deplorable la situación de los derechos humanos» en la Amazonia peruana. El dirigente de los Territorios de la Conaie, Luis Yampis, resaltó que las acciones de los indígenas fueron pacíficas y criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno. Denunció que en la Amazonia «se estaría impidiendo el derecho a la libre circulación, a las actividades cotidianas de pesca, siembra y recolección».

«Detrás de estos hechos están las pretensiones de abrir un camino de impunidad y depredación, beneficiando a empresas diversas como Perenco y Oxy, que fueron expulsadas de Ecuador», subrayó. Tras la rueda de prensa, integrantes de la Conaie, acompañados por medio centenar de personas, realizaron un plante ante la embajada de Perú en Quito. En las pancartas se podían leer lemas como «No somos criminales... Defendemos la vida y la naturaleza».
Fuente: Rebelión 11 de junio de 2009

miércoles, 10 de junio de 2009

Los pueblos como obstáculo del desarrollo capitalista

La represión como política de Estado
Magdalena Gómez
Martes 09 de junio de 2009


Terminaron nuestros márgenes de esperanza en torno a una salida pacífica y negociada frente a la movilización que mantienen los indígenas amazónicos en el norte de Perú, exigiendo la derogación de varios decretos que atentan contra los territorios que cuidan desde tiempo inmemorial, pues con ellos se busca incentivar la inversión privada en zonas ricas en recursos naturales, como petróleo y gas.

Es realmente doloroso que se haya implantado en estos tiempos la ecuación de movilización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas igual a peligro inminente de perder la vida o ser encarcelados. Este patrón rige en la región, con alguna excepción, como Bolivia, lo que indica que en los hechos está presente la subordinación de los antiguos estados-nación a los intereses del capital trasnacional. Esos intereses representan la nueva “razón de Estado”.

Justamente hoy día nos encontramos ante la paradoja de que a 30 años de lucha de los pueblos indígenas por lograr el reconocimiento de sus derechos históricos, esos mecanismos e instrumentos no se expresan en nuevas políticas de los estados. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU, así como reformas constitucionales de mayor o menor dimensión en nuestros países se enfrentan a los arreglos metaconstitucionales que los estados pactan en contravía a esos derechos. Es una realidad que los estados ven a los pueblos y a sus derechos como obstáculos para sus dinámicas de “desarrollo”.

El pasado 5 de junio el Estado peruano decidió abrir fuego contra los inconformes nativos amazónicos a fin de desbloquear una carretera de la localidad de Bagua Grande, en la región de Amazonas. A la fecha no se conoce con precisión el número de víctimas. Previamente en el Congreso el partido del presidente Alan García había cancelado por enésima ocasión la discusión en el pleno sobre el dictamen que concluía en el carácter inconstitucional de los decretos referidos.

“Yo quiero responsabilizar al gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio. Ellos nos están tirando balas como animales”, dijo el líder del movimiento amazónico Alberto Pizango, quien, según los reportes de prensa, se ha escondido para evitar ser capturado. Es otro signo muy previsible para quien encabeza un movimiento: ser criminalizado.

No hay duda de que las protestas afectaron intereses económicos de empresas como Petroperú, que se vio obligada a cerrar temporalmente un oleoducto que transporta crudo de la selva norte hasta la costa del Pacífico. Pero precisamente se deben deslindar responsabilidades frente al origen de la protesta. No hay que olvidar que los decretos señalados fueron aprobados sin consulta a los pueblos interesados y que la movilización se inició ante la ausencia de mecanismos serios de diálogo.


Por otra parte, la respuesta presidencial también reproduce el patrón que rige en nuestros países, consistente en eludir la responsabilidad del Estado y colocar toda la carga en quienes se organizan para defender sus derechos. Ya se escuchan acusaciones graves contra los nativos amazónicos y aquellas fuerzas políticas que los han apoyado. La agencia Reuters reportó esta declaración: “Pizango ha caído así en un nivel delincuencial. Asaltar una comisaría, arrebatar armas a los policías, victimar policías que mueren en el cumplimiento de su deber”. Una muy amplia gama de fuerzas políticas y sociales nacionales e internacionales han expresado su rechazo al uso de la violencia para enfrentar conflictos y se esperan movilizaciones. Destacan la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y organismos de derechos humanos que exigieron al gobierno detener los enfrentamientos en Bagua. En el mismo sentido se expresó la FNTMMSP como institución sindical representativa de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de Perú. El movimiento indígena de la región, que en días pasados culminó su cuarta cumbre, también ha demandado el cese a la represión.

Otra dimensión insoslayable para la humanidad entera es el significado que para la vida del planeta tiene la defensa de la Amazonia. Las muy graves afectaciones a la biodiversidad están en la raíz del llamado cambio climático. Los indígenas amazónicos han sido literalmente guardianes de esas importantes regiones y hoy son calificados como “enemigos del desarrollo”. Si no ampliamos la mira y ubicamos la dimensión que tiene este movimiento podemos caer en la complicidad.

Sin embargo, la principal implicación de estos ominosos hechos debería ser el juicio a los responsables con lo cual se inicia de nueva cuenta la batalla contra la impunidad. Urge detener la sistemática política de eliminar y criminalizar a quienes se movilizan. Los delitos de lesa humanidad deben detenerse. Nuevo desafío para instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.
Fuente: Jornada 9 de junio de 2009
VIDEOS DE LA MASACRE DE BAGUA:

domingo, 7 de junio de 2009

Explotación del subsuelo y devastación étnica cultural en Perú

Perú: los indígenas contra el Estado
y compañías petroleras
Yvon Le Bot* y Jean-Patrick Razon*
Domingo 07 de junio de 2009

Foto: Reuters




Enfrentamientos entre indígenas amazónicos y fuerzas armadas han dejadado decenas de muertos y numerosos heridos el viernes 5 de junio en el norte de Perú. Los nativos, que bloqueaban la ruta transamazónica, retuvieron como rehenes a varios policías. Las fuerzas del orden dispararon contra los manifestantes, utilizando helicópteros para ello, según algunas fuentes.

Estos enfrentamientos son resultado de un conflicto entre indígenas de la selva y el gobierno de Alan García, a causa de la explotación de las riquezas petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en años recientes en la región. Un “milagro”, según el presidente García, que multiplican las iniciativas favorables a su explotación por las empresas extranjeras, incluido Perenco, un grupo franco-británico. Esto tiene consecuencias trágicas para las comunidades de cazadores-recolectores que obtienen sus recursos del bosque y de los caudales de agua.

Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se han movilizado contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital y, después de varias semanas, la tensión no termina. Ellos han recibido el apoyo de numerosos sectores de la población en todo el país. Antes de los acontecimientos de los últimos días, una movilización general había sido programada para el jueves 11 de junio.

El gobierno manifestó su voluntad de pasar a toda costa, de abrir la vía a las compañías, burlándose de los derechos reconocidos a las comunidades desde los años 1970 (por parte del gobierno militar progresista de Juan Velasco Alvarado), protegidos por las convenciones de Naciones Unidas.

Esto que pasa en Perú es una ilustración dramática de un problema que se ha hecho crucial en toda América Latina: la explotación del subsuelo y la devastación del medio ambiente en detrimento de los pueblos autóctonos y de la biodiversidad. En Brasil, Chile, Colombia, Guatemala... los grupos indígenas se oponen a las empresas de explotación de recursos petroleros, mineros o forestales. En Ecuador, las comunidades amazónicas abrieron un proceso histórico contra la empresa trasnacional Texaco, que ha provocado un verdadero desastre ecológico en una vasta región. No se había visto jamás que las comunidades amazónicas intentaran un proceso contra una gran multinacional y todavía menos que los tribunales se mostraran sensibles a sus argumentos (una decisión final se espera próximamente).


Varios gobiernos latinoamericanos le han tomado la medida al problema y se esfuerzan por avanzar hacia las soluciones negociadas. Ese es el caso de Bolivia, donde el presidente indígena Evo Morales ha renacionalizado las reservas de hidrocarburos y renegociado con las empresas extranjeras las condiciones de su explotación, a fin de asegurar una redistribución más equitativa de los beneficios, notablemente por medio de programas de desarrollo, de educación y de salud para las poblaciones que lo requieren. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha propuesto, en tanto, congelar la explotación de una región entera de la Amazonia por razones ecológicas y a cambio de contrapartidas financieras de parte de la comunidad internacional. En Brasil, una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia ha venido a confirmar una orden del presidente Luiz Inacio Lula da Silva que reconoce un inmenso territorio de los grupos indígenas en el norte de la Amazonia y frena así la penetración de buscadores de oro o de traficantes de madera (en total, 13 por ciento de la superficie de Brasil está hoy constituida como territorio indígena).

Los movimientos indios que se han desarrollado en América Latina en las últimas décadas han obtenido avances importantes en nombre del país y han incluido el reconocimiento de los derechos territoriales. Sin embargo, el subsuelo queda como propiedad de la nación y la mayoría de las veces su explotacion es confiada a compañías nacionales o multinacionales que pillan y saquean sin consideración de los ocupantes ni del medio ambiente.

* Yvon Le Bot, director de investigacion del Centro Nacional de Investigacion Científica (CNRS, por sus siglas en francés), es autor de La grande révolte indienne, ediciones Robert Laffont, 2009.

* Jean-Patrick Razon es director de Survival International (France), movimiento mundial de apoyo a los pueblos indígenas (www.survivalfrance.org).

Traducción: Guillermo García Espinosa

Fuente: La Jornada, 07 de junio de 2009.

viernes, 5 de junio de 2009

Represión sangrienta en la Amazonía Peruana

"El Buitre Viejo alisa con rabia las plumas alborotadas por el torbellino de los recuerdos, sin encontrar en éstos el por qué de la revolución. Su conciencia de ave de rapiña justifica la muerte. ¿Hay cadáveres? La vida está asegurada" El derecho de rebelión. Ricardo Flores Magón
REPRESIÓN EN LA AMAZONÍA PERUANA
Fuente: Minga Informativa de los Movimientos Sociales

El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy. Las informaciones son confusas, no hay cifras oficiales, pero varían entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Nuevamente se pretende imponer la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo. Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.
Hoy más que nunca es urgente cumplir el acuerdo de la IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo) y hacer efectiva nuestra solidaridad con los pueblos amazónicos peruanos, realizando plantones ante las embajadas del Perú en todos los países, todos los días, hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos. E impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por su entreguismo y la represión: tiene una deuda de por lo menos diez muertos.
Esto ocurre horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos pro TLC que facilitan la invasión de territorios indígenas, mientras el Poder Ejecutivo enviaba nuevos numerosos contingentes policiales a la amazonía.
Llamamos a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas: cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas.
Los organismos de la ONU deben pronunciarse con firmeza, sumándose a la demanda planteada por la presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli, de levantar el estado de emergencia, no usar la represión y cumplir con las normas internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos indígenas.
Hoy en Lima, todas las organizaciones del movimiento social peruano, articuladas en el Frente Comunitario por la Vida y la Soberanía, se movilizarán a las 5 de la tarde desde la Plaza Francia, exigiendo poner alto a la represión y derogar los decretos legislativos que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos yla soberanía nacional.
¡Basta de represión!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos anti-indígenas del TLC!
Lima, 05 de junio de 2009 Coordinación General CAOI COORDINADORA ANDINA DE ORGANZIACIONES INDÍGENAS – CAOIBolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
MÁS INFORMACIÓN:
Mueren 5 indígenas y 4 policías en una protesta en Perú

Bloqueaban una carretera en demanda de derogar ley para explotar petróleo en sus tierras.
Reuters Publicado: 05/06/2009 12:02

Lima. Al menos cuatro policías y cinco indígenas murieron este viernes durante un enfrentamiento en el norte de Perú, en medio de una protesta de nativos amazónicos que reclaman la derogatoria de algunas leyes que afirman vulneran sus territorios, informaron autoridades y dirigentes.

Los nativos iniciaron su protesta en abril para exigir la eliminación de las leyes aprobadas por el gobierno del presidente Alan García, en busca de mayor inversión privada en zonas ricas en recursos naturales, como petróleo y gas.

El director de la policía nacional, José Sánchez Farfán, informó que los policías chocaron con los nativos en la zona "Curva del Diablo" cuando intentaban desbloquear una carretera de la localidad de Bagua Grande, en la región de Amazonas.

"Han sido atacados por los indígenas acantonados allí y tenemos información de que hay cuatro fallecidos de la policía hasta el momento", dijo Sánchez Farfán a la radio local CPN.

El oficial dijo que fueron atacados con armas de fuego.

Sánchez Farfán informó que unos 639 policías iniciaron esta mañana una operación para recuperar el orden en Bagua y reestablecer el paso de vehículos varados desde hace más de una semana por el bloqueo de una principal vía de la zona.

El jefe de estado mayor de policía, Miguel Hidalgo, dijo por su parte que los agentes muertos podrían aumentar.

"Los reportes de donde estaban los comandos operativos de la zona nos indican que hay 7 policías posiblemente fallecidos y cuatro heridos", agregó a la radio RPP.

Según reportes de radio y televisión, habría al menos 2 mil indígenas en protesta, muchos de ellos portando fechas y lanzas en Bagua, a unos mil 400 kilómetros al norte de Lima.
La policía informó que algunos llevan armas de fuego y en la ciudad de Bagua continuaban los enfrentamientos.

jueves, 4 de junio de 2009

Mi relación con las FARC como investigador: Beltrán

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/04/index.php?section=politica&article=017n2pol
Niega colusión con el grupo armado de Colombia
Mi relación con las FARC, como investigador: Beltrán
Dpa
Jueves 04 de Junio de 2009

Bogotá, 3 de junio. El sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán, expulsado de México el mes pasado, aseguró hoy que no pertenece a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y negó que use el alias de Jaime Cienfuegos, como afirman las autoridades de su país.

El pasado 22 de mayo Beltrán fue arrestado en México y expulsado a Colombia, tras lo cual el gobierno de Bogotá dijo que la cooperación internacional había asestado un fuerte golpe al grupo guerrillero. Según la policía, las evidencias de que Beltrán pertenece a las FARC están en correos electrónicos que intercambió con Raúl Reyes, abatido en marzo de 2008 en un ataque de militares colombianos en territorio ecuatoriano, en momentos en que era el segundo al mando del grupo.

Sin embargo, Beltrán aseguró a la estación W Radio que no es el autor de esos mensajes, aunque admitió haberse entrevistado con Reyes en dos ocasiones, durante y después del fracasado proceso de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

“No me reconozco en esos correos (...) No soy alias Cienfuegos, soy Miguel Ángel Beltrán. Mi relación con las FARC es como investigador, como sociólogo y estudioso del conflicto colombiano”, dijo. Asimismo, señaló que las FARC no son una organización terrorista, como la define el gobierno colombiano, aunque comentó que “podría aceptar” que el grupo sí ha incurrido “en actos terroristas”.

“Las FARC son un actor político, la expresión de las muchas expresiones del conflicto social y armado que vive el país (...) Desde el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados en Estados Unidos, ese concepto se ha generalizado no sólo para quienes cometen ese tipo de actos, sino para quienes expresan un disentimiento contra el orden establecido”, señaló. Asimismo, dijo que la llamada política de seguridad democrática, programa bandera del presidente Álvaro Uribe para incrementar la ofensiva contra la guerrilla, ha derivado en “una estigmatización de los intelectuales y los académicos”.

Las autoridades colombianas afirman que Beltrán se dedicaba a reclutar a estudiantes mexicanos en el contexto de una estrategia de apoyo a las FARC, pero el profesor afirmó que eso no es cierto y que existen suficientes pruebas sobre sus actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Audio de la entrevista:
Es interesantísimo escuchar al entrevistador colombiano de la Cadena W Radio, que forma parte del Grupo Prisa Español, misma que tiene su sucursal en México. Su actitud -forzando al entrevistado a reconocerse como parte de las FARC y estas como un grupo terrorista, situación que el entrevistador da por hecho- asume una posición de enjuiciador y, en lugar de cuestionar sobre la base de la duda periodísitca de la información proporcionada por el gobierno colombiano, lo cuestiona sobre la base de que las respuestas de Miguel Ángel Beltrán son de un miembro de las FARC, culpable del proceso judicial imputado. A esto se agrega la necesaria vinculación que se trata de hacer con Lucía Morett. Lo peor del entrevistador es cuando menciona: "si usted no se reconoce como miembro de las FARC, de dónde (el gobierno colombiano) se va a sacar todo esto".... esta es la calidad del señor como periodista, esa debería ser su duda y motivación profesional, no el enjuiciamiento a priori.