viernes, 18 de diciembre de 2009

Incursiones militares en poblados de Guerrero...

Fuente: Enlace Zapatista
Una vez más la comunidad de El Puerto de las Ollas ha sido víctima de una incursión militar y de la violación de sus derechos humanos. La señora Yesenia Campos Cortés vía telefónica, informó en la madrugada del día de hoy, que alrededor de las 2 de la mañana, un comando militar irrumpió de manera violenta, secuestró por varias horas al señor Javier Tapia a quien golpeó e interrogó en la casa de la señora Edith Avila Avila hasta el amanecer, donde se apropiaron de alimentos y de otras pertenencias, para retirarse a las 7 de la mañana con la amenaza de volver. Conforme a la información que hemos recibido en estos días, este hecho se enmarca en una intensa movilización militar en la región, con comandos a bordo de vehículos militares y sobrevuelos de aviones y helicópteros.

Esta es la sexta incursión que esta comunidad sufre en lo que va de este año. La primera se registro entre el 9 y 13 de junio cuando con la complicidad de paramilitares identificados como habitantes de la comunidad de San Isidro, los militares se posesionaron de las casas del pueblo, las saquearon, golpearon a mujeres y niños y los mantuvieron a la intemperie durante estos días, hasta que se retiraron ante la llegada de una Misión de Observación Civil integrada por periodistas, representantes de organismos civiles y de la Coddehum. A partir de esa fecha, las incursiones se han sucedido con acciones intimidatorias, saqueo, insultos y amenazas de muerte, las cuales se cumplieron el 30 de octubre cuando los paramilitares Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, , Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, que siempre los han acompañado en estas incursiones anticonstitucionales, asesinaron a los jóvenes Alejandro y Bertín García Cortes y Rogelio García Valdovinos.

Alertamos al Pueblo de Guerrero, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles y a los medios de comunicación para que estemos atentos y prestos a la solidaridad y apoyo para proteger a las comunidades de la Sierra de Guerrero que siguen siendo víctimas de las agresiones y violaciones de sus derechos humanos cuyo objeto es atemorizar a los poseedores de la tierra y los recursos naturales y propiciar su despojo a favor de caciques capitalistas. Por ello denunciamos que el Ejército Mexicano no se encuentra realizando medidas efectivas de lo que llaman combate al narcotráfico ni a la llamada delincuencia organizada, a quienes protegen y utilizan en esta guerra de baja intensidad en contra de los pueblos y comunidades campesinas de la Sierra.

Denunciamos que mientras el Ejército Mexicano agrede y viola derechos humanos de los habitantes de El Puerto de las Ollas y Las Palancas a favor de caciques capitalistas y les impide mantener una vida normal a nivel familiar y comunitario, los programas y servicios gubernamentales se les niegan por parte de los tres niveles de gobierno, pues a pesar de infinidad de gestiones realizadas, carecen de luz eléctrica, la clínica de salud más cercana está a mas de 20 kilómetros, carece de personal y medicamentos y presta un servicio muy deficiente, además de que para acudir a ella, las personas corren el riesgo de ser agredidas por los paramilitares. La producción se encuentra paralizada porque los hombres no pueden salir al campo a realizar sus labores del campo, no hay un abasto regular y suficiente de alimentos pues la tienda rural no se surte regularmente y las familias no tienen ingresos estables. El servicio educativo esta a cargo de un maestro del CONAFE que además de sus limitaciones docentes, no cuenta con las condiciones necesarios principalmente para su traslado, por lo que actividad es muy irregular y ni Oportunidades ni ningún otro programa asistencia opera en estas comunidades.

Anunciamos que como parte de nuestro trabajo de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, continuamos impulsando los Módulos de Desarrollo Comunitario en diversas comunidades de la entidad y en particular de la Sierra de Guerrero y que en próximos días llevaremos ropa, medicamentos, alimentos y juguetes a está región, por lo que hacemos responsables a las autoridades civiles y militares de nuestra seguridad e integridad física y moral.

Por todo lo anterior, insistimos en nuestras exigencias:
• La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
• Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas, particularmente en El Puerto de Las Ollas y Las Palancas.
• Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo y cabal respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.
• Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que están ordenando dichas acciones.
• Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región con informes fidedignos de sus acciones y resultados.
• Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales
• Investigación inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas)• Prisión preventiva para Simón Rodríguez Valencia, Israel, Antioquo, y Fredi Cortes Valencia, Aurelio y Ramón Valencia García, Leobardo, Ezequiel, Ismael y Rafael Peñafiel Valencia, asesinos de los jóvenes del Puerto de las Ollas: Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos• Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.
• Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.
• Se atiendan las demandas de servicios y apoyos gubernamentales de la comunidad

Taller de Desarrollo Comunitario A.C. / Adherente a La Otra Campaña

jueves, 17 de diciembre de 2009

América Latina y el ajuste imperial... La Doctrina Monroe

América Latina:
ayudamemoria 2009
José Steinsleger
Miércoles 16 de diciembre de 2009

Washington, 13 de enero (agencias). En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la doctora Jekill (alias de Hillary Clinton) se comprometió a lavar la cara de la diplomacia estadunidense en América Latina: “Usaremos el poder inteligente (smart power)”, dijo la novel secretaria de Estado.

Washington, 11 de diciembre (agencias). La señora Hyde (ídem anterior), expresó su alarma por la “promoción” de Irán en naciones como Venezuela y Bolivia: “Si desean coquetear con Irán deberían ver las consecuencias para ellos, por lo que esperamos que lo piensen dos veces y los apoyaremos si así lo hacen”.

El comentario de la doña tuvo un destinatario preciso: la quinta cumbre de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba, celebrada en La Habana), que condenó “…en los términos más enérgicos la ofensiva política y militar de Estados Unidos sobre la región”.

Curiosamente, Hillary omitió en su arenga a Brasil, país que si bien no pertenece a la ALBA, recibió al presidente de Irán, Mahumud Ahmadinejad, a finales de noviembre. Pero del gigante sudamericano se encargó Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para América Latina.

Valenzuela y el principal asesor de Lula en política externa, Marco Aurelio García, acordaron dar por terminado el trágico sainete hondureño. En septiembre, el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se había refugiado en la embajada de Brasilia en Tegucigalpa. Opción que, por distintos y similares intereses, fue convenida entre Brasil y Washington para quemar tiempo, y llegar a las fraudulentas elecciones del 29 de noviembre.

Dos meses y medio después, Zelaya pasó a la historia. Con impagable cinismo diplomático, García declaró: “Deseamos que [Manuel Zelaya] salga pronto de la embajada, aún como presidente de Honduras”.

La política exterior de Brasil juega fuerte. Por gravitación natural, los países de la Alba y el imperio lo necesitan. Clara demostración de que si un Estado es económicamente fuerte y políticamente soberano, por izquierda y derecha puede decir (con eufemismos) lo que ambas posiciones desean oír.

Como socio principal del gran capital globalizador y excluyente, Brasil ve con preocupación la expansión militar del Pentágono en Colombia, Panamá y Perú. Sabe, por lo demás, que en lo relativo a Cuba se impone la agenda electoral estadunidense, y que la revolución bolivariana no cortará los chorros de petróleo requeridos por el imperio. Y también sabe, desde hace muchos años, que la geopolítica de Washington apunta al dominio total de la Amazonia, pulmón del planeta.

México continúa esperanzado en que lo salve su anexión virtual al norte, que sólo incluye a la plutocracia y a sus intelectuales lacayos. En Honduras, el golpe civicomafioso interrumpió el sueño bolivariano del presidente Zelaya, dejando relativamente “amarrada” a la subregión. Atento a la lección, el vecino “izquierdista” de El Salvador, Mauricio Funes, declara a diario que su país no quiere oír de la Alba.

Por ende, es probable que el próximo “ajuste imperial” tenga lugar en Nicaragua, gobernada por una pareja de impresentables, que a su vez es hostigada por el victimismo narcisista de encumbrados poetas, escritores y periodistas “de izquierda” que callan el rol de la CIA en la desestabilización interna. O en Paraguay, donde la teología de la liberación no ha podido aún con las mafias políticas legadas por la larga dictadura de Alfredo Stroessner.

En el Cono Sur, las elecciones presidenciales en Bolivia y Chile situaron a sus pueblos en las antípodas de un proceso de emancipación social. Y en Uruguay, antes que la izquierda propiamente dicha, ganó la dignidad cívica. Argentina, en cambio, encuentra crecientes dificultades para conjurar la poderosa ofensiva mediática y política de la extrema derecha. “Maten a la yegua, ¡mátenla!”, le dicen a la presidenta Cristina Fernández.

Guiado por las declaraciones cavernarias de los militares hondureños (“El golpe, para evitar que Chávez tomara Honduras”, “Frenamos el plan expansionista del socialismo”, “Honduras ha parado el plan del comunismo disfrazado de democracia”), algunos “expertos” europeos creen que los fantasmas de la guerra fría aún perviven en América Latina.

En realidad, lo que pervive en el continente es la Doctrina Monroe (América para los americanos, 1823) y su corolario, enunciado por el presidente Teodoro Roosevelt en 1901: “speak softly and carry a big stick” (habla con suavidad y porta un buen garrote).

Hace algunos años, el gran escritor estadunidense Gore Vidal apuntó: “Nuestro país fue construido sobre la mano de obra y energías baratas… Somos demasiado violentos y eso nos hace soberbios… Este país fue fundado por gente violenta… Tenemos que ganar siempre porque creemos en el destino, porque creemos que mandamos en todo el mundo por la mejor de las razones… somos racistas, somos la raza superior, y por ello todavía no podemos creer que unos chaparritos morenitos nos hayan ganado la guerra en Vietnam”.

domingo, 13 de diciembre de 2009

Chile: "Civilización o Barbarie"...

La guerra contra los mapuches
Marcos Roitman Rosenmann
Sábado 12 de diciembre de 2009
Foto: AP
Las noticias que llegan de Chile no son alentadoras. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios. Pero esto no es nuevo. Durante el mandato de Jorge Alessandri, en los años 60 del siglo XX, un terrateniente perteneciente a la vieja escuela permitió a sus pares seguir con la usurpación de los territorios mapuches. Igualmente, bajo su gobierno, se consumó el exterminio de los indígenas patagones. Desaparecieron sin que se derramase una lágrima. Salvo en documentales, nadie recuerda su existencia. Algo similar ocurre con los indígenas onas en el extremo austral. Su población disminuye constantemente. Pero esto sigue y suma. En el periodo dictatorial, al tiempo que se tortura, asesina y desarticulan las organizaciones indígenas, se enajenan las tierras comunales, distribuyéndose entre los hacendados pinochetistas. En los años 90, cuando muchos saludaban el fin de la dictadura y auguraban tiempos mejores, el pueblo mapuche seguiría acosado y perseguido. Se criminalizan sus reivindicaciones y se da rienda suelta a una de las más feroces represiones ejercidas por gobiernos electos democráticamente. Su impulsor será el entonces ministro de agricultura de Patricio Alywin, Juan Agustín Figueroa, gran latifundista y con intereses económicos en los territorios mapuches, donde tiene sus propiedades. Fue el inductor de aplicar las leyes antiterroristas que han llevado a la cárcel a más de 50 lonkos y justificado la tortura a manos de las fuerzas de orden público. Esta política siguió bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, con la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco. Su puesta en funcionamiento acabaría por destruir el patrimonio cultural de los pehuenches, dejando bajo sus aguas una parte fundamental de su arquitectura, cementerios y centros de culto. El etnocidio se consuma. Fueron presionados, violentados y obligados a trasladarse a las regiones altas de la cordillera de los Andes con temperaturas inferiores a cinco grados bajo cero en invierno. No sólo les quitaron sus pertenencias y territorios, han roto su ecosistema y profundizado su pobreza. Endesa, la empresa propietaria, se lava las manos amparándose en las leyes vigentes que avalaron el proyecto.

Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, los estrategas chilenos estudiaron posibles conflictos emergentes. En un viaje de Estado, se presentaron en México acompañados por el embajador de Chile. Se reunieron con las autoridades de Gobernación para empaparse de la estrategia contrainsurgente desplegada en Chiapas contra el EZLN. Había que estar prevenidos y tomar ejemplo. Las autoridades chilenas siguieron las instrucciones al pie de la letra. No se cortaron un pelo, militarizaron la región buscando desarticular las comunidades y encarcelar a sus líderes naturales. De paso crearon organizaciones bastardas con las cuales negociaron la venta y el desalojo de los territorios pehuenches. Un diseño sin fisuras. Tras la inauguración de la presa, los nuevos asentamientos no tienen luz eléctrica y su costo es prohibitivo. La presa Ralco no iba a producir electricidad para la población, se trataba de beneficiar a las industrias contaminantes de la minería y la celulosa de papel. El daño al medioambiente de la región es irreversible.

Pero este robo y expropiación de las tierras a los pueblos originarios no es nuevo en la sociedad chilena, y se remonta al siglo XIX con el proceso de pacificación de la Araucanía. Eduardo Mella en el excelente libro publicado por editorial LOM Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, señala su significado: “la ocupación de la Araucanía implicó para el Estado la anexión de casi 5 millones de hectáreas y para los mapuches la reducción a menos de 5 por ciento de lo que fue su territorio ancestral (…) con la reducción territorial, alrededor de 40 mil mapuches no fueron radicados en territorio alguno. El mapuche fue obligado a subsistir en pequeños espacios de superficies, inferiores a 6.18 hectáreas por persona promedio”. Así, la pacificación consolida la usurpación desconociendo de los derechos de posesión y propiedad del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. En consonancia, reconoce títulos de propiedad fraudulentos a los nuevos colonos y viejos terratenientes.

Hoy, cuando la presidenta Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Bachelett ha superado a Ricardo Lagos en su política de “nuevo trato” a los mapuches. Da una vuelta de tuerca y deja impunes a los autores del acoso a los niños mapuches. Ahora, intimidados, se les hace presenciar las palizas a sus padres, se les esposa, golpea y maltrata. Se les amenaza con matarlos si no delatan a los defensores de los derechos del pueblo mapuche en su comunidad. Existen más de una docena de casos contrastados por Naciones Unidas. Un ejemplo es el acaecido en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas. Allí el menor de 14 años F. P. M. fue tiroteado con perdigones, golpeado, subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba los nombres de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defiende con estos argumentos: “algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y mujeres como escudos”. Versión similar a la aportada por el general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía. “Los menores atacan a carabineros o han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales”. Seguramente la máxima del gobierno de Bachelet no dista de la acuñada por las oligarquías del siglo XIX para justificar el exterminio de los pueblos originarios: civilización o barbarie.

martes, 8 de diciembre de 2009

"No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria"

Chiapas: las vías de la contrainsurgencia
Magdalena Gómez
Martes 08 de diciembre de 2009

Trece años atrás el interés de amplios sectores sociales nacionales e internacionales estaba centrado en acompañar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Tras el sabotaje del diálogo por parte del Estado mexicano y la cadena de decisiones tomadas para derogar”, en los hechos, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, nos encontramos con las vías de la contrainsurgencia claramente delineadas. Por una parte, se consolidó la presencia militar en la región, cuyas actividades y retenes no merecen informe oficial alguno; su presencia ya no sólo busca cercar e intimidar a las bases zapatistas, sino que se despliega hacia otros objetivos, conectando con la “justificación” que el Ejecutivo federal ha definido para todo el país. ¿De dónde y con qué fines se alimentó la campaña de rumores sobre la supuesta inminencia de un “estallido” en Chiapas cerca del 20 de noviembre?

La estrategia se dirigió también al corazón del proyecto zapatista representado en las juntas de buen gobierno, emblemáticas dentro de las experiencias de autonomía en nuestro país y en América Latina, y cuya base jurídica está plenamente respaldada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT.

De pronto y por los mismos días, el 19 de noviembre resultó que el pleno de la 63 Legislatura chiapaneca aprobó “la creación de la comisión especial ante la realidad de las juntas de buen gobierno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política”, con base en la “solicitud” de unos “representantes y habitantes de las juntas de buen gobierno” en la que habrían señalado: “ante la espera e incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hemos acordado como mexicanos que el ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dichos convenios en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.

Incluyeron, asimismo, “la elaboración de reglamentos comunitarios, compatibles con las legislaciones nacional y estatal”, así como “la definición de estrategias para la satisfacción de las necesidades humanas más fundamentales de los pueblos autónomos, mediante la aprobación de un presupuesto digno, establecido como ley ante el Congreso local, el cual sería otorgado a la estructura organizativa de cada junta y administrado por la misma de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Todos los elementos anotados encierran la intención de intervenir “legal” y abiertamente en las juntas, dado el fracaso de la estrategia gubernamental federal y local para vencerlas y dividirlas con recursos públicos. No ha sido fácil avanzar en ese contexto y el costo ha sido alto, porque en estricto sentido esas comunidades indígenas zapatistas, como los pueblos de todo el país, tienen derecho a recibir recursos públicos.

Recordemos que ése era el sentido de la propuesta de la Cocopa, mutilada en la contrarreforma de 2001: reconocer a las comunidades como instancias de derecho público. Sin embargo, dado el contexto de suspensión del diálogo y el evidente propósito del Estado de vaciar de sentido al EZLN, éste mantiene su distancia absoluta con los gobiernos federal y local, mientras construye su autonomía en los hechos.

Por ello, y con justa razón, las cinco juntas de buen gobierno zapatistas desmintieron y desautorizaron la supuesta petición de “reconocimiento constitucional” de personas que no los representan , y señalaron: “no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos, que no son del pueblo; ya somos reconocidos por nuestros pueblos que nos eligieron y por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional”, y agregaron que en su momento exigieron “a los tres poderes de México que se haga ley sobre nuestros derechos y cultura indígenas; esos tres poderes nos mandaron a la basura. No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria” (La Jornada, 27/11/09).

La enérgica respuesta zapatista y sus elecciones próximas desarticularon esta iniciativa, e inclusive hasta el gobernador Juan Sabines se deslindó, no obstante que es poco creíble que fuera ajeno.

Lejos estamos de que existan las condiciones para retomar el camino del diálogo del EZLN con el Estado mexicano. Persiste la hegemonía política de quienes optaron por la contrarreforma indígena en 2001, porque alcanzar la paz al costo de otorgar poder real a los pueblos indígenas era contrario al sentido del proyecto neoliberal asumido.

En correspondencia con esta decisión de Estado se mantiene la ficción de la vigencia de la estructura de un diálogo suspendido indefinidamente mientras se aplican las muy viejas recetas de contrainsurgencia. De ellas forman parte los actuales remedos de políticas indigenistas banales para evadir el sentido original de los acuerdos de San Andrés sobre derechos de los pueblos indígenas, que requerían la reforma en serio del Estado como condición para la autonomía.

Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet
Luis Hernández Navarro
01 de diciembre de 2009

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

Con el gobierno de Juan Sabines los grupos de poder tradicionales se han recompuesto. Caciques, finqueros, ganaderos y la más rancia nomenclatura política priísta ocupan posiciones claves en la administración pública, en el Congreso local y en San Lázaro. Varios participan en los grandes negocios locales asociados con personajes del ámbito federal.

No importa que este gobernador haya ganado la jefatura del Ejecutivo del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente de la República. “Estamos con México y su presidente Felipe Calderón”, ha dicho en más de una ocasión. En Chiapas, el hombre de Los Pinos se siente más cómodo que un muchas de las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Sabines maneja la vida interna de ese instituto político a su antojo: quita y pone dirigentes y candidatos. En ese estado, el sol azteca se ha convertido, en mucho, en el partido de los paramilitares.

La estrategia de comunicación de la administración estatal tiene dos pies: uno es el uso intensivo de televisoras y radio para “promover” Chiapas; el otro es una política de contrainsurgencia informativa, orquestada a partir del control de la prensa local y la divulgación en los medios nacionales de las posiciones de la administración de Sabines sobre asuntos conflictivos suscitados en la entidad.

En la versión chiapaneca contemporánea de “pan y circo”, cotidianamente se filman capítulos de telenovelas, músicos consagrados graban discos y artistas de éxito se placean por ruinas, monumentos históricos y bellezas naturales. Los visitantes famosos son entrevistados en los medios de comunicación locales.

Aunque formalmente la guerra de papel contra el zapatismo y contra todo aquel que no quiera subordinarse a la política de “concertación” estatal es conducida por el Ejecutivo local, parte de la estrategia ha sido trazada desde el gobierno federal. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares.

El más reciente eslabón de esta ofensiva informativa es la versión de que las juntas de buen gobierno solicitaron “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines, hecho tan insólito como irreal. La mentira gubernamental tiene un objetivo central: deslegitimar la lucha zapatista, quitarle credibilidad a su propuesta. La maniobra es una grave ofensa. A pesar de la precariedad en que las comunidades en resistencia viven desde hace muchos años, han rechazado sistemáticamente cualquier tipo de ayuda gubernamental. Su dignidad no tiene precio, y así lo han mostrado al mundo.

No es la primera ocasión en la historia del conflicto en que las autoridades recurren a un montaje similar. Entre 1999 y 2000, siendo gobernador interino del estado Roberto Albores Guillén –estrecho aliado de Juan Sabines– se montó un show televisado en el que se anunció la deserción de 15 mil zapatistas que entregaron armas y pasamontañas. Los desertores eran militantes del PRI, varios de ellos paramilitares. Uno de los principales organizadores de esta ópera bufa fue Noé Castañón León, a la sazón titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien, curiosamente, es hoy secretario del gobierno chiapaneco.

La guerra de tinta e Internet contrainsurgente ha creado una situación política muy delicada en Chiapas. A ver si los gobiernos siguen jugando con fuego.

lunes, 7 de diciembre de 2009

"No necesitamos reconocimiento oficial"...

Niegan JBG que hayan recibido a una comisión encabezada por un diputado panista
“Una trampa”, versión de que zapatistas pidieron reconocimiento gubernamental

Investigan la identidad de quienes se hicieron pasar como representantes y firmaron un documento
Integrantes de una junta de buen gobierno, en imagen de archivo Foto José Carlo González
Hermann Bellinghausen. Enviado
Periódico La Jornada

Sábado 28 de noviembre de 2009


San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de noviembre. Las juntas de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, de La Realidad (zona selva fronteriza), y Nueva semilla que va a producir, de Roberto Barrios (zona norte), desmintieron la versión de que hubieran solicitado “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines Guerrero.

“Qué triste que alguien difunda estas cosas, para nosotros es una trampa. No pueden y no lograrán sus propósitos, nosotros sabemos que publicarán cosas, que no tenemos nada que ver con ellos. Nos quieren aplastar, pero no lograrán sus objetivos”, expresa la JBG de La Realidad. “Para nosotros, el dinero no vale, no va a poder con nuestra dignidad”.

El 25 noviembre, señalan las autoridades zapatistas, sumándose a los desmentidos de las otras tres JBG, “la corresponsal de La Jornada publicó que representantes de las cinco JBG han tenido comunicación con un grupo de legisladores locales. Son puras mentiras, donde realmente otros se están enriqueciendo. Dentro de esto alguien se va a enriquecer más”.

Por su parte, la junta zapatista del caracol Que habla para todos, de la zona norte, al salir al paso de las “falsedades” difundidas, “donde el periódico remarca que los zapatistas pidieron reconocimiento jurídico, político, financiero y social”, refuta que una “comisión” encabezada por el diputado panista Trinidad Rosales Franco haya visitado a las JBG.

“En esta forma de actuar de los malos gobiernos, se creen que son poderosos por el dinero que les dan los inversionistas extranjeros. Estos parásitos tramposos y rateros han mantenido su poder por medio de la mentira, y quieren seguir controlando a través de las migajas.”

Los zapatistas aclaran que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (“eso que le llaman la suprema corte de justicia de la nación”), junto con los partidos PRI, PAN y PRD, “traicionaron los acuerdos de San Andrés, (que) para ellos sólo fueron papeles para limpiarse y tirarlos a la letrina, esto quiere decir que no tienen la capacidad de gobernar al pueblo y al país”.

La información impugnada menciona la existencia de un documento, firmado por individuos que se hicieron pasar por zapatistas. Según la JBG de la zona norte, “el mal gobierno usa y compra a gente que se presta y se vende por unas cuantas monedas, porque ademas son sus mismos aliados para hacer trampas y armar mentiras con falsedades manipulantes, por eso estamos en proceso de investigación a las personas que firmaron este documento falso que se hicieron pasar por JBG, para castigarlos y demostrarles cómo se hace la justicia de nuestros pueblos, ya que estas personas son extrañas, no conocemos ni forman parte de nuestra filas zapatistas”.

Las autoridades autónomas declaran: “Nuestro poder es nuestra dignidad, no nos vendemos, no nos rendimos ni claudicamos, nuestra lucha es por justicia, libertad y democracia, estamos en contra de las mentiras de los malos gobernantes. La política del mal gobierno es crear la desinformación y confundir a la gente honesta que lucha y resiste, su plan de contrainsurgencia es crear terror y miedo a la sociedad”.

Ante esta situación, concluye, “pedimos a los hermanos honestos que luchan por la justicia y la democracia que no se dejen engañar por los malos intereses de estos vampiros gobiernos y medios que no dicen la verdad”.



ENLACES A COMUNICADOS


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2688 (CARACOL III)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2703 (CARACOL I)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2701 (CARACOL V)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2687 (CARACOL IV)


http://enlacezapatista.ezln.org.mx/jbg/2685 (CARACOL II)