"No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria"

Chiapas: las vías de la contrainsurgencia
Magdalena Gómez
Martes 08 de diciembre de 2009

Trece años atrás el interés de amplios sectores sociales nacionales e internacionales estaba centrado en acompañar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Tras el sabotaje del diálogo por parte del Estado mexicano y la cadena de decisiones tomadas para derogar”, en los hechos, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, nos encontramos con las vías de la contrainsurgencia claramente delineadas. Por una parte, se consolidó la presencia militar en la región, cuyas actividades y retenes no merecen informe oficial alguno; su presencia ya no sólo busca cercar e intimidar a las bases zapatistas, sino que se despliega hacia otros objetivos, conectando con la “justificación” que el Ejecutivo federal ha definido para todo el país. ¿De dónde y con qué fines se alimentó la campaña de rumores sobre la supuesta inminencia de un “estallido” en Chiapas cerca del 20 de noviembre?

La estrategia se dirigió también al corazón del proyecto zapatista representado en las juntas de buen gobierno, emblemáticas dentro de las experiencias de autonomía en nuestro país y en América Latina, y cuya base jurídica está plenamente respaldada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT.

De pronto y por los mismos días, el 19 de noviembre resultó que el pleno de la 63 Legislatura chiapaneca aprobó “la creación de la comisión especial ante la realidad de las juntas de buen gobierno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política”, con base en la “solicitud” de unos “representantes y habitantes de las juntas de buen gobierno” en la que habrían señalado: “ante la espera e incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, hemos acordado como mexicanos que el ejecutivo de Chiapas retome y cumpla los puntos que le competen de dichos convenios en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.

Incluyeron, asimismo, “la elaboración de reglamentos comunitarios, compatibles con las legislaciones nacional y estatal”, así como “la definición de estrategias para la satisfacción de las necesidades humanas más fundamentales de los pueblos autónomos, mediante la aprobación de un presupuesto digno, establecido como ley ante el Congreso local, el cual sería otorgado a la estructura organizativa de cada junta y administrado por la misma de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Todos los elementos anotados encierran la intención de intervenir “legal” y abiertamente en las juntas, dado el fracaso de la estrategia gubernamental federal y local para vencerlas y dividirlas con recursos públicos. No ha sido fácil avanzar en ese contexto y el costo ha sido alto, porque en estricto sentido esas comunidades indígenas zapatistas, como los pueblos de todo el país, tienen derecho a recibir recursos públicos.

Recordemos que ése era el sentido de la propuesta de la Cocopa, mutilada en la contrarreforma de 2001: reconocer a las comunidades como instancias de derecho público. Sin embargo, dado el contexto de suspensión del diálogo y el evidente propósito del Estado de vaciar de sentido al EZLN, éste mantiene su distancia absoluta con los gobiernos federal y local, mientras construye su autonomía en los hechos.

Por ello, y con justa razón, las cinco juntas de buen gobierno zapatistas desmintieron y desautorizaron la supuesta petición de “reconocimiento constitucional” de personas que no los representan , y señalaron: “no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos, que no son del pueblo; ya somos reconocidos por nuestros pueblos que nos eligieron y por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional”, y agregaron que en su momento exigieron “a los tres poderes de México que se haga ley sobre nuestros derechos y cultura indígenas; esos tres poderes nos mandaron a la basura. No sabemos bien leer ni escribir, pero sí tenemos memoria” (La Jornada, 27/11/09).

La enérgica respuesta zapatista y sus elecciones próximas desarticularon esta iniciativa, e inclusive hasta el gobernador Juan Sabines se deslindó, no obstante que es poco creíble que fuera ajeno.

Lejos estamos de que existan las condiciones para retomar el camino del diálogo del EZLN con el Estado mexicano. Persiste la hegemonía política de quienes optaron por la contrarreforma indígena en 2001, porque alcanzar la paz al costo de otorgar poder real a los pueblos indígenas era contrario al sentido del proyecto neoliberal asumido.

En correspondencia con esta decisión de Estado se mantiene la ficción de la vigencia de la estructura de un diálogo suspendido indefinidamente mientras se aplican las muy viejas recetas de contrainsurgencia. De ellas forman parte los actuales remedos de políticas indigenistas banales para evadir el sentido original de los acuerdos de San Andrés sobre derechos de los pueblos indígenas, que requerían la reforma en serio del Estado como condición para la autonomía.

Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet
Luis Hernández Navarro
01 de diciembre de 2009

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

Con el gobierno de Juan Sabines los grupos de poder tradicionales se han recompuesto. Caciques, finqueros, ganaderos y la más rancia nomenclatura política priísta ocupan posiciones claves en la administración pública, en el Congreso local y en San Lázaro. Varios participan en los grandes negocios locales asociados con personajes del ámbito federal.

No importa que este gobernador haya ganado la jefatura del Ejecutivo del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente de la República. “Estamos con México y su presidente Felipe Calderón”, ha dicho en más de una ocasión. En Chiapas, el hombre de Los Pinos se siente más cómodo que un muchas de las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Sabines maneja la vida interna de ese instituto político a su antojo: quita y pone dirigentes y candidatos. En ese estado, el sol azteca se ha convertido, en mucho, en el partido de los paramilitares.

La estrategia de comunicación de la administración estatal tiene dos pies: uno es el uso intensivo de televisoras y radio para “promover” Chiapas; el otro es una política de contrainsurgencia informativa, orquestada a partir del control de la prensa local y la divulgación en los medios nacionales de las posiciones de la administración de Sabines sobre asuntos conflictivos suscitados en la entidad.

En la versión chiapaneca contemporánea de “pan y circo”, cotidianamente se filman capítulos de telenovelas, músicos consagrados graban discos y artistas de éxito se placean por ruinas, monumentos históricos y bellezas naturales. Los visitantes famosos son entrevistados en los medios de comunicación locales.

Aunque formalmente la guerra de papel contra el zapatismo y contra todo aquel que no quiera subordinarse a la política de “concertación” estatal es conducida por el Ejecutivo local, parte de la estrategia ha sido trazada desde el gobierno federal. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares.

El más reciente eslabón de esta ofensiva informativa es la versión de que las juntas de buen gobierno solicitaron “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines, hecho tan insólito como irreal. La mentira gubernamental tiene un objetivo central: deslegitimar la lucha zapatista, quitarle credibilidad a su propuesta. La maniobra es una grave ofensa. A pesar de la precariedad en que las comunidades en resistencia viven desde hace muchos años, han rechazado sistemáticamente cualquier tipo de ayuda gubernamental. Su dignidad no tiene precio, y así lo han mostrado al mundo.

No es la primera ocasión en la historia del conflicto en que las autoridades recurren a un montaje similar. Entre 1999 y 2000, siendo gobernador interino del estado Roberto Albores Guillén –estrecho aliado de Juan Sabines– se montó un show televisado en el que se anunció la deserción de 15 mil zapatistas que entregaron armas y pasamontañas. Los desertores eran militantes del PRI, varios de ellos paramilitares. Uno de los principales organizadores de esta ópera bufa fue Noé Castañón León, a la sazón titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien, curiosamente, es hoy secretario del gobierno chiapaneco.

La guerra de tinta e Internet contrainsurgente ha creado una situación política muy delicada en Chiapas. A ver si los gobiernos siguen jugando con fuego.