viernes, 16 de octubre de 2009

Cacería de estudiantes... y los que sigan

Califican al procurador general de incompetente, luego del caso de Ramsés Villanueva
Temen que la PGR emprenda cacería de estudiantes por las explosiones en el DF
Alfredo Méndez
Viernes 09 de octubre de 2009


El pasado 30 de septiembre, cuando Ramsés Villareal Gómez, de 27 años de edad, declaraba como indiciado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los fiscales que investigan a los responsables de los ataques con explosivos a bancos y otros establecimientos comerciales del Distrito Federal en septiembre, le mostraron una fotografía de un joven tres años menor que él.

La autoridad ministerial creía que el de la foto era Ramsés, pero en realidad se trataba de Víctor Cilia Ocampo, estudiante de la carrera de sicología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y activista de la Plataforma Antitaurina México, quien el 5 de febrero de 2005 fue detenido varias horas, tras participar en una manifestación en contra de las corridas de toros en la Plaza México.

Ese mismo día, luego de aclarar la confusión, la fiscalía propuso a Villareal Gómez convertirse en “testigo protegido” para responsabilizar a Cilia Ocampo y a otros 14 estudiantes de las explosiones ocurridas en septiembre.

–Ya sabemos que no eres tú, que tu nombre no está entre los manifestantes detenidos en la Plaza de Toros.

“El de la foto se llama Víctor Cilia. Tu di que él colocó las bombas (entre el primero y 22 de septiembre) y a ti ya no te va a pasar nada, te quedas como testigo protegido”, le propusieron los fiscales a Villareal Gómez.

Como no aceptó la propuesta, la PGR ejercitó acción penal en su contra, el 2 de octubre, pero sólo consiguió que estuviera preso 20 horas en el Reclusorio Sur.

Ayer, la señora Verena Ocampo Rabadán, madre de Víctor Cilia, acudió a las instalaciones de La Jornada para expresar su preocupación, pues teme que a su hijo, a los dos hermanos de su hijo y, en general, a los estudiantes de escuelas públicas, les pueda suceder lo mismo que a Villarreal.
“Mi hijo es inocente. Que se hagan todas las averiguaciones necesarias, sí, pero con transparencia, sin inventar pruebas ni culpables, y con estricto apego a la legalidad”, sostuvo Ocampo, quien aseguró que personas allegadas a Villareal Gómez le platicaron lo que ocurrió el 30 de septiembre, en el interior de la subdelegación de la PGR de Camarones, día en que fue detenido el joven egresado de la carrera de sociología de la UAM.

La mujer agregó que está preocupada por la seguridad de su hijo, “porque quedó demostrado, con el caso de Ramsés, que la policía en México primero detiene y después averigua”.

En su edición del pasado martes, este diario dio a conocer, citando documentos ministeriales, que al menos 15 estudiantes de escuelas públicas se encuentran en un listado elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como sospechosos de los ataques a bancos y negocios el mes pasado.

Ayer por la noche, Verena Ocampo repartió a diversos medios de comunicación una carta firmada por ella, en la que hizo las siguientes reflexiones: “seguramente el silogismo de la PGR es: si no estás de acuerdo con las corridas de toros, entonces tú pusiste las bombas contra la tienda de pieles de lujo en Polanco.

“Por supuesto Ramsés se negó a un arreglo con la PGR, pero vaya lógica perversa la de los hombres del procurador: si asistes a una manifestación contra la crueldad hacia los animales, luego entonces te conviertes, automáticamente, en sospechoso. Y sin que haya indicio vinculado al hecho que se persigue, el procurador ordena tu captura y te hace ‘confesar’ o hace que otros te confiesen.

“¿Así es como usted, señor procurador, pretende resolver el tema de las explosiones?, ¿fabricando culpables, sin mas fundamentos que el hecho de que el indiciado haya asistido hace cuatro años a una marcha en contra de las corridas de toros?

“Con la detención de Ramsés ya demostró su incompetencia e ilegalidad, procurador. ¿Ahora se va a desquitar con Víctor Cilia Ocampo?, ¿va a tomar como rehenes a nuestros otros hijos, o a todos los universitarios?”

lunes, 12 de octubre de 2009

La represión genera más inconformidad...

Sindicatos y seguridad nacional
Carlos Montemayor
Sábado 10 de octubre de 2009
Cartón: Helguera

A menudo los gobiernos mexicanos traducen toda movilización popular como manipulación y toda solución como represión. Este rasgo, típico de viejos gobiernos priístas, se ha agudizado en la administración de Felipe Calderón. Seguridad Nacional podría ser uno de los contrapesos naturales para medidas gubernamentales desprovistas de una ponderación social; podría generar una útil información de vastos alcances políticos de reconocer que no deben desdibujarse las condiciones sociales que las acciones gubernamentales producen. No debe ser un apoyo para el endurecimiento público, sino un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del país entero. Creer que detrás de todo movimiento campesino o urbano, que detrás de todo descontento social, hay un grupo que manipula y que explica a satisfacción el descontento social o sindical, sin suponer que hay errores graves en la conducción política o económica del país, es un error de seguridad nacional.

Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su función, incluiría la detección de los posibles detonantes de la inconformidad social, detonantes que podrían abarcar desde decisiones del Presidente de la República hasta decisiones del agente del Ministerio Público presionado por el poder o el soborno. Las tareas de Seguridad Nacional no implican, como quizás desean algunas autoridades, que sus reportes confirmen que sólo aquellos pobres, indígenas o sindicatos insumisos tienen la culpa de la catástrofe del país.

Desde 2007 se inició un gran despliegue militar en muchas zonas rurales y urbanas del país en una lucha aparentemente a fondo contra el narcotráfico. Sin embargo, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Tamaulipas los contingentes del Ejército estuvieron operando como fuerzas de reacción, sin un plan de inteligencia. En regiones de Guerrero o Oaxaca se efectuó un desplazamiento encubierto del Ejército para hostigar a bases sociales inconformes o a bases posibles guerrilleras. En esta lucha contra el narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o de Chihuahua el Ejército mostró un comportamiento igual al de la guerra sucia de los años setenta en perjuicio de la población civil; es decir, el terror, la tortura, las desapariciones forzadas de personas, se convirtieron en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes con una estrategia que pudiéramos llamar, precisamente, inteligente.

La insuficiencia estratégica y operativa en los servicios de seguridad nacional se deben a un error de análisis, pero también se acentúan por el sometimiento de las funciones de Seguridad Nacional a los intereses políticos de los grupos de poder en turno.

Las medidas represivas policiales o militares no siempre han logrado frenar los movimientos populares de inconformidad social. El 18 de mayo de 1967, en Atoyac, en la sierra de Guerrero, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese año, en agosto, la masacre de veintisiete copreros en Acapulco desencadenó las acciones de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La represión policial y militar desplegada del 26 al 29 de julio de 1968 no frenó las pugnas estudiantiles, sino que dio origen al movimiento estudiantil de 1968. La represión del 10 de junio de 1971 en la ciudad de México y en el estado de Nuevo León no detuvo la inconformidad popular; por el contrario, provocó el surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), organización esta última que en las décadas finales del siglo XX aportó la base de trabajo de la que surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La respuesta a la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, en Guerrero, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. Posiblemente conectada con el conflicto social de Oaxaca del año 2006, la desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 en perjuicio de dos militantes eperristas, Eduardo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, provocó devastadores atentados del EPR a oleoductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato los días 5 y 10 de julio de ese mismo año.

Ahora, con el país vuelto al revés por una lucha contra el narcotráfico mal conducida y sin salida; con la economía en recesión y un proyecto de egresos para 2010 sin seso y sin corazón, el ataque abierto al Sindicato Mexicano de Electricistas, en medio de la complaciente alianza con lacras sindicales del magisterio, Pemex y del Congreso del Trabajo, es un peculiar alarde del “poder del Estado”. No se escatima esfuerzo por apartar la inteligencia y la Seguridad Nacional de las decisiones políticas. No se escatima esfuerzo por alejar la paz y la justicia social en el presente y en el futuro inmediato del país. Difícil entender por qué al gobierno federal le bastan las campañas mediáticas y no los análisis de inteligencia. ¿Una nueva visión de Estado? ¿Una nueva demostración de que el Estado se derrumba?

domingo, 11 de octubre de 2009

Si no es por las buenas, será por las malas...

Fuerza e ilegalidad
Editorial de La Jornada del Domingo 11 de octubre de 2009

Mal andan las cosas en Los Pinos para que hayan decidido, al más viejo estilo priísta, escenificar un bochornoso sabadazo, asaltando con miles de agentes de la Policía Federal las principales estaciones y subestaciones de Luz y Fuerza del Centro. Con esa medida, el Ejecutivo federal da una muestra cabal de su talante dialogador y asume íntegramente la actitud ilegal y golpeadora del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Más de una hora después del asalto, la Secretaría de Gobernación anunció la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Así de sencillo.

Más allá de lo que pueda suceder en las próximas horas con el servicio que da Luz y Fuerza del Centro –los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron desalojados de sus puestos de operación–, el asalto de los federales que comanda el hombre fuerte del país, Genaro García Luna, culmina una semana de avalancha mediática que buscaba, precisamente, legitimar un acto ilegal a todas luces.

Se trataba de hacer ver ante la ciudadanía que los trabajadores del SME son una bola de corruptos y privilegiados que someten a la población a un mal servicio y a unos cobros desorbitados. Ciertamente el servicio no es lo bueno que debiera, pero eso obedece fundamentalmente a cuestiones que pasan por la decisión oficial de empobrecer Luz y Fuerza por la vía de dejar en ceros las inversiones. También es verdad que los recibos están, en la mayoría de los casos, fuera de la razón, pero ello no se debe a los electricistas, sino a quienes dirigen la paraestatal.

A la tarea se dedicaron con entusiasmo sin límites leedores de noticias, columnistas y, en general, casi todos los llamados líderes de opinión de prensa, radio-televisión y escrita, personas que en situaciones como ésta asumen una línea informativa sospechosamente coincidente.

Servida la mesa, Felipe Calderón decidió ampliar su guerra al narco abriendo un nuevo frente: los sindicatos rijosos, los que no se pliegan a las necesidades de Los Pinos serán sometidos por las heroicas tropas del general sin estrellas, García Luna.

El mensaje es claro: para los sindicatos cuyos líderes son ejemplo de corrupción sin límites, pero pactan lo mismo con el PRI que con el PAN, la mano tendida y generosa. Para las Gordillo y los Romero Deschamps, reconocimientos a granel por sus servicios a la patria: para los demás, plomo y cárcel.

El jueves pasado, en el contexto de una pacífica y multitudinaria manifestación en defensa de Luz y Fuerza y del SME, los líderes del sindicato fueron recibidos en Los Pinos por Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón. Se abrió ahí un compás de espera mutuamente acordado. Todo resultó ser una gran mentira: la decisión ya estaba tomada antes de que los dirigentes del SME entraran en Los Pinos.

Este sabadazo, que coincide además con el jolgorio popular por el pase del Tri al Mundial de Sudáfrica, despeja cualquier duda sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo con quienes enfrentan sus políticas. Si no es por la buenas, será por las malas. Tal es el mensaje que a partir de hoy locutores y plumíferos del oficialismo machacarán en sus espacios.

Este sábado 10 de octubre pasará a la historia como el día en el que un gobierno de derecha encabezado por Acción Nacional se brincó la autonomía sindical y, de ese modo, dijo al país entero que quien no comulga con sus ideas será combatido con la fuerza de su estado.

viernes, 2 de octubre de 2009

Extradición y Ficha Roja

EXTRADICIÓN IMPROCEDENTE
José Enrique González Ruiz en Rebelión
¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!

Una petición inesperada
No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hubiese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Sucumbíos durante el ataque del 1 de marzo del 2008, se maneja como“prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la convertiría en“terrorista” y “narcotraficante”.

La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba viviente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a supervivientes del bombardeo que realizó la aviación del país andino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de –entre otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un Politécnico) pretenden criminalizarla.

Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es este país, que solicitó al gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz argumento de que–con su presencia en Sucumbíos- atentó contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en guerrillero.

De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar la estrategia criminalizadora de Álvaro Uribe (quien pasea su impunidad por los23 asesinados en el campamento de las FARC).

Una solicitud infundada
La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes.

Usan las autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseveración deque Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Estado: a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acceder una novata; y b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército de Colombia.

Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pidió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió.

Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen improcedente la extradición:

1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado en armas, eso tiene un aclara connotación política. Clausewitz decía correctamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente su extradición.
2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl Reyes, comandante delas FARC. El gobierno de México no podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a padecer la tortura.
3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no actuó en nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra la seguridad de ese Estado?

El gobierno mexicano incumple sus deberes legales
En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México –a diferencia del de Ecuador–no ha defendido a sus nacionales demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus cómplices ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco Arzac y Antonio Ortega.

En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió devolver a éste el expediente con la sugerencia de que “perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett.

Una “comedia” de equívocos
Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de equívocos:

a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la prensa al servicio del eje del mal: USA – Colombia – México.
b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en “pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes.
c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecuatorianos“pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos.
d) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país “reportaba” a los militares estadounidenses).
e) La Corte ecuatoriana avaló una solicitud de extradición basada en“argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a un panteón fuéramos muertos.
f) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menéndez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del pueblo mexicano.
g) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso cuchillo de una investigación contra Lucía, con base en recortes de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y Antonio Ortega le presentaron como pruebas.
h) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en ceder porciones de soberanía nacional.
i) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política exterior a la dictadura del imperio del norte.
j) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos del área que se oponen a sus políticas depredadoras.
k) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido como Alto Dignatario.

La batalla será larga, pero al final triunfará la razón.

Ficha Roja
La Interpol vuelve a hacer el juego a quienes persiguen por razones políticas
José Enrique González Ruiz
Rebelión

Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta
.


La Interpol actúa facciosamente
En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.

Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.

Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.

La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.

Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.

El complicado contexto geopolítico

El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.

Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.

En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.

Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe

A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.

Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.

La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.