lunes, 21 de noviembre de 2011

"No puede haber negociación posible cuando está en juego la vida de un pueblo"


7 noviembre, 2011
FUENTE, FOTOS Y AUTORÍA: AGENCIA SUBVERSIONES
La peregrinación del pueblo wixárika en su lucha por la vida

En su camino por defender Wirikuta el pueblo wixárika ha logrado construir un frente histórico de lucha con carácter regional que resultó en septiembre de 2010 en la formación del Consejo Regional Wixárika, órgano integrado por los gobiernos tradicionales y agrarios de las comunidades de San Sebastián, Santa Catarina y Bancos de San Hipólito, que se une en una sola voz extendida,  a través del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Ha´a (FDW)[1] hacia la sociedad civil, para manifestar que “no puede haber negociación posible con la empresa minera y el gobierno federal, cuando lo que está en juego es la vida de un pueblo”.
El peregrinar del pueblo wixárika por la defensa de la vida comenzó hace cientos de años cuando los primeros peregrinos salieron de Haramara, San Blas (Nayarit) en busca de la luz que iluminara al mundo; desde ese entonces los wixaritari se han dedicado a protegerlo y librarlo de la oscuridad de la noche. Elevando sus rezos, ellos acuerdan con los antepasados la continuidad de la vida y la permanencia del sol en los cielos.
Ese es el destino de estos legendarios peregrinos, cuya vida fue marcada por los pasos firmes de sus antepasados que les heredaron esta importante tarea: la defensa de la vida. Y siendo esta su tarea epopéyica, no han dejado ni dejarán de peregrinar con tal de protegerla.
Así lo han manifestado a través de sus prácticas ancestrales, de su peregrinar cíclico y desde su ritualidad cotidiana; y así lo manifiestan ahora frente a la amenaza atroz de las empresas mineras transnacionales Firts Majestic y Minera Golondrina, que buscan reventar las venas del territorio sagrado de Wirikuta, donde circula la sangre y energía que hacen palpitar su corazón.
La lucha por la vida es inclaudicable y Wirikuta representa eso, un pilar fundamental de la vida y del universo, de “la integridad de Wirikuta depende que se mantenga el equilibrio de la vida en el universo” y dañarla significaría ir contra la propia existencia, así lo aseguran los wixaritari que advierten que es más fácil indemnizar a las empresas mineras que han adquirido concesiones en este territorio, que cargar con la tragedia que implicaría destruir Wirikuta.
El peregrinar por la defensa de la vida no tiene fronteras
Los wixaritari con sabiduría y serenidad, se han unido en un sólo rezo y en un sólo canto para hacer escuchar su voz de protesta ante el gobierno federal, ante instancias internacionales y ante los representantes de los intereses transnacionales.
Desde que la garra sin escrúpulos del capital transnacional apuntó hacia su corazón sagrado, los wixaritari se han valido de todos los recursos jurídicos a su alcance, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, asi como de todas las acciones de resistencia pacífica posibles con tal de echar atrás los megaproyectos mineros de las empresas First Majestic Silver y Minera Golondrina[2] que juntas tienen 30 concesiones que les fueron otorgadas por el gobierno federal y que les permitirían devastar este territorio sagrado.
Ante esta amenaza de destrucción y agravio a su cultura, en una carta emitida el 9 de mayo del 2011 a la Presidencia de la República, el pueblo wixárika expresó su palabra urgente a Felipe Calderón:
Señor presidente, somos originarios de este país, somos la raíz antigua y reiteramos: No nos destruyan la cultura wixárika, no se destruyan ustedes mismos por ignorancia de no saber lo que contienen esos valles de Wirikuta y esa sierra donde se ilumina el mundo.[3]
No obstante, este atropello que comenzara con la violación del pacto de Hauxa Manaka[4] (Durango, 2008), donde Felipe Calderón se compromete a proteger los sitios sagrados de los wixaritari, se extiende con la evasión y el letargo de las respuestas por parte del Ejecutivo Federal, que el 7 de junio turna el caso de Wirikuta a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Secretaría de Economía (SE) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
En una segunda carta entregada el 23 de agosto a Presidencia, el pueblo wixárika expresa su desacuerdo y preocupación por la forma en la que han abordado el problema estas instancias federales, que hasta esa fecha no habían emitido ningún tipo de  respuesta al caso que les fue asignado.
Pero así como lo han advertido en las cartas entregadas y a pesar de la anuencia gubernamental, el pueblo wixárika ha continuado su peregrinar en el “camino difícil pero firme en convicción” de detener la amenaza que se ciñe sobre el corazón de la vida y de su cultura.
Los viejos y jóvenes sabios wixaritari saben que más allá de los amplios horizontes de su visión del mundo hay otras formas cargadas de ambición y de obscuridad, saben del poder y de sus argucias, y saben que hay que ir a poner límites allá donde las cosas se definen. Y es por eso que este año llevaron su peregrina lucha más allá del territorio mexicano.
A principios de febrero de 2011 los wixritari viajan a ciudad de Mirando, Texas, para reunirse con la Iglesia Nativa Americana (NACNA)[5] que resuelve hermanarse con el pueblo Wixárika en el Frente de Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha´a y coordinarse con el mismo para demandar la cancelación inmediata de todas la concesiones mineras. Además, la NACNA se compromete a apoyar “política, técnica y económicamente la aplicación de un modelo alternativo de desarrollo en la región de Wirikuta”.[6]
Para el 19 de mayo, los wixaritari vuelven a cruzar fronteras y comparecen ante el Décimo Foro Permanente de la ONU para denunciar el caso y solicitar la intervención de la ONU en la solución de sus peticiones[7]; hecho que ha tenido eco en la participación activa de James Anaya relator especial de la ONU comisionado para llevar el caso de Wirikuta, así como en los recientes resultados de la reunión que mantuvo una delegación wixárika el 28 de octubre con integrantes del Alto Comisionado de la ONU que se manifestaron por “dar seguimiento y atención directa a la violación de derechos de los pueblos indígenas que suponen las concesiones mineras en la región”[8].
Mismo en mayo, vestidos con sus trajes tradicionales y llevando un bastón tradicional como símbolo de solidaridad con los pueblos del norte, los delegados wixaritari Jesús Lara Chivarra y Cilau Candelario Valadéz, viajaron desde la sierra de Jalisco y Nayarit para entrar a la junta anual de los accionistas de First Majestic Silver Corp. En principio, los cuerpos de seguridad les prohibieron el paso, pero finalmente pudieron entregar su mensaje a la empresa y al mundo:
“Ellos nos trataron de intimidar, pero nuestra presencia aquí lo hicimos para demostrar que podemos venir a su tierra, hablar su idioma y no nos intimidan aunque nos pongan policías, nos pongan obstáculos…”[9]
Los wixaritari han dejado claro que su peregrinar en esta lucha ha llegado y llegará a donde sea necesario, que su defensa de la vida no tiene fronteras. De esta manera, bien firmes y con la cabeza en alto, con sus ropas tradicionales coloridas, bordadas con venados, hikuris -símbolos de su cultura- el pueblo wixárika ha ido en busca de los hombres del poder y del dinero; se ha erguido ante los altos funcionarios de la ONU, de la transnacional canadiense First Majestic Silver, y del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón para manifestar que el Pueblo Wixarika no va a negociar, porque el corazón de su madre, la tierra, no se vende.
El MPJD y las otras víctimas de la guerra
Al lado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) el pueblo wixárika encaminó su peregrinar en la llamada “ruta del dolor” acompañando  en su recorrido por el país a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
De norte a sur la demanda de “alto a la guerra” se internó las entrañas de un México desgarrado por la violencia atroz de los grupos criminales y el Estado mexicano, cuyo fracaso habla a través de los más de 50 mil muertos, 20 mil desaparecidos y miles de desplazados y huérfanos que ha dejado esta guerra.
Además del dolor inconmensurable de las víctimas, las caravanas[10] recogieron la voz e indignación de los pueblos originarios del norte y del sur cuya historia de agravios se cuenta en “la larga noche de los 500 años” denunciada en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación  Nacional.
La demanda de “paz y justicia para los pueblos indígenas de México” de nueva cuenta se hace presente, ahora en un escenario de agravios potencializados por la guerra contra el narcotráfico, por la creciente incursión de grupos paramilitares y criminales en territorios indígenas, y por la voracidad del sistema capitalista neoliberal cuya cara servil a los intereses extranjeros deja asomar su rostro más brutal.
La historia aún es presente y la guerra de baja intensidad contra los pueblos originarios ahora toma forma de destrucción de los territorios, de desplazamiento, de desapariciones forzadas, de asesinatos, de violación a los derechos fundamentales, de acoso militar y paramilitar, de represión y de criminalización.
Así lo expresa la palabra de los pueblo originarios que en esta ruta del dolor se manifestó a través de los p’urépechas de Cherán, de los nahuas de Ostula, de los wixaritari (huicholes) de la Sierra Madre Occidental, de los rarámuri (taraumaras) de Chihiuahua, de los coras y tepehuanes de Durango, de los mepa´a (tlapaneos) y na´a savi (mixtecos) de la Policía Comunitaria de Guerrero, de los triquis de San Juan Copala,  y a través de la memoria masacrada de las Abejas de Acteal.
Los agravios hacia las comunidades indígenas no han cesado y por el contrario se disfrazan de nuevas formas de brutalidad que se manifiestan a través de una guerra por el control de los recursos y los territorios, que a su paso amenaza la existencia de culturas milenarias, tal es el caso de los wixaritari que hoy ven en peligro la vida y permanencia de su pueblo por las empresas transnacionales.
En su camino por defender Wirikuta, en el marco del MPJD los wixaritari se hicieron escuchar a lo largo del recorrido de la Caravana al Sur donde su palabra también se extendió a través de la voz del Javier Sicilia, que en Xalapa, Veracruz, hizo una advertencia a los gobernantes y un llamado a la comunidad internacional:
“Tocar Wirikuta es un crimen contra la humanidad, Wirikuta es el espíritu de un pueblo que se ha vuelto el espíritu universal, tocar Wirikuta es tocar el cosmos; si la tocan es un crimen imperdonable. Hacemos un llamado muy severo y muy fuerte a las autoridades y lo señalamos frente al mundo que si tocan Wirikuta y se lo entregan a empresas mineras y sobre todo extranjeras están cometiendo un crimen contra el cosmos, los señalamos y le pedimos a la comunidad internacional que presione para salvar Wirikuta”.
Junto con el MPJD los wixaritari han establecido un diálogo directo con los representantes del gobierno federal, ello pese a su reticencia de dar escucha a las demandas indígenas incluidas en el Pacto Nacional firmado el 10 de junio de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Desde el primer Diálogo por la Paz en el Castillo de Chapultepec llevado a cabo el 24 de junio, hasta el segundo encuentro con el ejecutivo del pasado 14 de octubre; hubieron 16 diálogos con representantes del gobierno y miembros de la sociedad civil, en los cuales hubo un avance lento y deficiente que resultó en el segundo  encuentro con una réplica mediocre frente a las demandas puntuales del movimiento, donde el tema indígena fue nulificado por parte del representante del Ejecutivo, Felipe Calderón, que al tener que responder sobre las demandas de los pueblos originarios contestó: del tema indígena no voy a hablar, para después vanagloriarse de “todo” lo que su gobierno ha hecho por las comunidades indígenas.
Pese a los intentos por invisibilizar su presencia e impedir que un representante de los pueblos indígenas ocuparon un lugar en la mesa de intervenciones; en una intervención audaz, Santos de la Cruz se paró ante la comitiva gubernamental –predispuesta a un “diálogo” que para ellos no es más que un espectáculo mediático- y tomó el micrófono para exigir de cara al ejecutivo la cancelación inmediata de las concesiones mineras otorgadas en territorio sagrado de Wirikuta.
Salvemos Wirikuta: Corazón sagrado de México “El Momento es Ahora”
El FDW ha asumido desde su conformación la lucha en defensa del territorio sagrado del pueblo wixárika, llevando acabo acciones de vinculación con la sociedad civil, de recaudación de fondos, de difusión y de cobertura.
En el marco de estos esfuerzos, acompañados por integrantes y organizaciones de la sociedad unidas en un solo frente de lucha, el pasado 26 y 27 de octubre, tuvieron lugar las movilizaciones de la jornada “El momento es ahora. Salvemos Wirikuta, Corazón sagrado de México”, que en un acontecimiento histórico, logró movilizar desde la Sierra Madre Occidental a una delegación del pueblo Wixarika de aproximadamente 200 indígenas, entre autoridades, jicareros, consejos de ancianos, mujeres y niños, que llegaron a la ciudad de México representando a cada una de las comunidades que lo conforman, para exponer las razones de la legítima defensa de su territorio y su cultura, y a hacer un llamado a México y al mundo para su defensa.
A su llegada a la capital del país, el FDW y la delegación wixárika, ofrecieron una conferencia de prensa en la que se explicita el mensaje que vinieron a traer el pueblo wixárika a través de sus cuatro comunidades principales, San Sebastián, San Andrés, Santa Catarina y Bancos de San Hipólito, unidas en un solo rezo y canto de lucha:

“Hoy precisamente estamos aquí, no por gusto sino porque existe esa necesidad y porque existe esa urgencia de que aprendan esa palabra:  respeto. Hacia el pueblo indígena, hacia el pueblo wixárika y hacia todos los humanos (…) Eso es lo que estamos exigiendo, porque nosotros sabemos cuidar el mundo, y a eso es lo que le estamos apostando, cuidando el mundo, el planeta, a la madre tierra. Esa la palabra de nuestros ancestros, y queremos que el estado mexicano lo tome minuciosamente y lo considere, así como se ha vestido con los trajes wixaritari, comprometiéndose a respetar nuestro sitio sagrado, que también se ponga la camiseta para retirar esas concesiones. Wirikuta no se vende, se ama y se defiende. Hoy convocamos: ‘Salvemos Wirikuta, corazón sagrado de México’”.[11]
Por la tarde del día 26, los wixaritari llevaron su palabra a la UNAM, en donde la comunidad universitaria dio la bienvenida y manifestó su apoyo incondicional, también refrendado el día 27 por estudiantes y académicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Una vez que los rezos de la delegación de 200 wixaritari se elevara en una ceremonia en la pirámide de Cuicuilco, para dar luz a las velas de la vida como un solo pueblo; el día 27 por la tarde, salió del Ángel de la Independencia una manifestación inédita, rica en colores y convicción, que con la concurrencia de más de 3 mil personas intentó arribar a la residencia oficial de los Pinos. No obstante, los pasos de este peregrinar fueron detenidos por vayas y granaderos, que apenas permitieron el acceso a una comitiva que pasó a entregar una nueva carta con la exigencias del pueblo wixárika.
Así, a lo largo de estos días de movilización, la palabra del pueblo wixárika hermanada con las voces que a nivel nacional e internacional apelan a la conciencia sobre el significado vital de Wirikuta, exigieron el cese a las pretensiones mineras y agroindustriales que de concretarse conducirían a la destrucción del territorio sagrado y de la cultura Wixárika, y más temprano que tarde, de la humanidad. “Es un precedente histórico, sino se respeta Wirikuta, por lo tanto, no se va a respetar el planeta”[12].
“Wirikuta no se vende”, estas son las palabras que han acompañado el peregrinar de los wixaritari que en su camino se va fortaleciendo a través de las voces que se suman a la defensa organizada de Wirikuta, que se extiende desde los indígenas de la Iglesia Nativa Americana, hasta el canto de artistas reconocidos como Rubén Albarrán de Café Tacuba, Roco y Moyenei de Sonidero Mestizo, Lengualerta; y de actores como Daniel Giménez Cacho, Gael García Bernal, Ana Claudia Talancón, José María de Tavira, Miguel Rodarte y Damián Alcazar; así como de Manu Chao y Aterciopelados que también han comprometido su apoyo.

No obstante la fuerza de la resistencia que ha venido gestando el pueblo wixárika, ahora acompañada por diversos sectores de la sociedad civil nacional e internacional, la garra del capital se posa acechante y sínica sobre Wirikuta, y las amenazas de la devastación natural, de la destrucción de la biodiversidad y de la pérdida del patrimonio cultural, son latentes.
Las transnacionales, cobijadas por el gobierno, siguen apostando al desgaste, a la simulación y a la cooptación. Ofrecen migajas de oro a cambio del agua pura, unos cuantos puestos de trabajo a costa del Cerro del Quemado, más promesas de desarrollo por certezas de devastación, residuos de plata y oro a cambio de su territorio sagrado, a cambio de la vida. Es esta la lógica del capital,  imposibilitada para entender que la vida no está en venta.
Los pueblos indígenas de México vuelven a dar lecciones de dignidad. En medio de la guerra y lo turbio de un panorama nacional desesperanzador por incierto, el pueblo wixarika, los nahuas de Santa María Ostula, las comunidades zapatistas, el pueblo de Cherán Keri, las comunidades de la montaña de Guerrero, reiteran en un mensaje unísono: la tierra y la propia cultura no se negocian, y en el camino por la defensa de la vida no hay marcha atrás.
Hoy el reto es defender Wirikuta partiendo de que la amenaza de desterritorialización y reestructuración de los territorios indígenas, refuncionalizados a la dinámica del mercado internacional, representan en lo inmediato una amenaza a su cultura y en el caso de Wirikuta una amenaza para toda la humanidad.
La defensa del corazón sagrado de México pasa ahora por un momento crucial, y es imprescindible asumir que la lucha del pueblo wixárika es nuestra, pues Wirikuta es pilar que sostiene el mundo, transmite conocimiento y permite la vida. Si no somos capaces de esta defensa frente a la ambición voraz del capital transnacional y el gobierno desnacional, entonces el destino de la humanidad es –como bien advierte el pueblo wixárika- la vuelta a la obscuridad, la destrucción de la vida.
Las actuales y vigentes demandas del pueblo Wixárika expresadas en la carta entregada al Ejecutivo en el contexto de la movilización del 27 de octubre, señalan claramente sus exigencias innegociables.
 “Somos la Nación junta. Todas las comunidades juntas. Todas las comunidades wixaritari puestas de acuerdo para venir con ustedes a exigir que nos cumpla urgentemente las siguientes peticiones que se basan en nuestros derechos constitucionales y en la palabra que usted dio de proteger nuestros lugares sagrados en el pacto Hauxa Manaka en el año 2008.”
1.         Cancele las concesiones mineras que el Estado mexicano otorgó en el área Natural Protegida de Wirikuta, tanto en la Sierra de Catorce así como en el bajío donde crece la planta  sagrada Hícuri.
2.         Que se frenen los megaproyectos de empresas agroindustriales en el área donde crece el Hícuri.
3.         Que se ponga en marcha un proyecto alternativo, que genere trabajo a los pobladores locales y al mismo tiempo convierta a Wirikuta en una Área Natural Protegida, que sea un modelo de conservación ecológica reconocida mundialmente.
4.         De igual forma demandamos que los sitios sagrados de Xapawiyemeta, en la laguna de Chapala, Jalisco, Hauxa Manaka, en el estado de Duango, y Tatei Haramara, en el puerto de San Blas, Nayarit, tengan derechos federales que garanticen su preservación y regeneración ecológica y mantengan su condición de patrimonio cultural wixarika blindados contra las privatizaciones.
5.         No es esta la primera carta. Le hemos entregado a través de diversas comisiones de nuestras autoridades tradicionales y agrarias estas mismas peticiones. Y no hemos obtenido respuesta. Hoy venimos hasta su casa presidencial de los Pinos a pedir que nos escuche y que cumpla su palabra. Nuestros lugares sagrados son tesoros de vida para todo el mundo.  Es su obligación como presidente protegerlo, ahora es el momento.
6.         Por último le solicitamos una audiencia personal con usted, en su carácter de jefe del Estado Mexicano, con la finalidad de establecer una mesa de trabajo para dar solución a los puntos antes mencionados. Esperamos su respuesta y volveremso todas las veces que sean necesarias para cuidar la vida.[13]



[1]¿Quiénes somos? Para ampliar información sobre el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Ha´a y sobre los miembros que lo integran, consultar en: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?page_id=366
[2] Para tener información más específica sobre las concesiones, las empresas filiales que las adquirieron y las extensión de superficie de las mismas en: Wirikuta: El corazón de la vida bajo el acecho transnacional. Primera parte. Agencia Autónoma de Comunicaión Subversiones.
[3] “Carta urgente del pueblo wixárika al presidente de México y a los pueblos y gobiernos del mundo”, 9 de mayo de 2011. Para ampliar el contenido e información de esta carta consultar en: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=913
[4] Pacto Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika. Periódico Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 15 de noviembre del 2008. Para ampliar el contenido del pacto consultar en: http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/2.PactoHauxaManaka.pdf.
[5] La Iglesia Nativa Americana de Norteamérica, Inc. (“NACNA”) es una asociación internacional que representa a los grupos y miembros  pertenecientes a la Iglesia Nativa Americana en Estados Unidos, Canadá y México en asuntos referentes al uso sacramental del Peyote; y respalda los derechos de los miembros de las tribus federalmente reconocidas en los Estados Unidos de América, así  de Canadá de México.
[6] Para ampliar el contenido de el acta de “Resolución para la Preservación de Wirikuta de la IGLESIA NATIVA AMERICANA DE NORTEAMERICA” consensada por dicha organización el 12 de febrero de 2011 consular en: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=683
[7]  “Declaración de Wixárika en la ONU”. En: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=9
[8] La Jornada: “Oficina de la ONU ofrece revisar sitio de conflicto”, 29 de octubre de 2011. Para ampliar contenido de la nota consultar en: http://www.jornada.unam.mx/2011/10/29/politica/003n1pol.
[9] Tracy Barnett, “Encarando el miedo, construyendo alianzas en Vancouver”, Proyecto Esperanza, 21 de Mayo 2011. En: http://theesperanzaproject.org/es/2011/05/encarando-el-miedo-construyendo-alianzas-en-vancouver/
[10] Los días 5 de junio y y 9 de septiembre salen de la Ciudad de México las caravanas impulsadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, que se dirigieron al norte y al sur del país para internarse en la llamada “ruta del dolor” de la guerra contra el narcotráfico y mostrar su solidaridad a los Estados más azotados por la violencia atroz del crimen organizado.
[11] Palabras de Santos de la Cruz en nombre del pueblo wikárika, durante la conferencia de prensa del 26 de octubre en la ciudad de México.
[12] Palabras de Santos de la Cruz, en el Video “Marcha en defensa de Wirikuta”. En:http://www.youtube.com/watch?v=10rPvLohYMY&feature=share
[13] Carta al Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, México, D.F. a 27 de octubre  de 2011


martes, 15 de noviembre de 2011

Los estudiantes y la crítica al modelo neoliberal...


«El sistema educacional chileno evidencia el fracaso del paradigma neoliberal impuesto»
Entrevista con Camila Vallejo en The Guardian
 http://www.guardian.co.uk/world/201...
Fotos de Internet

-¿Cómo se inició el actual proceso de movilización estudiantil que se está dando en Chile? ¿podrías hablarnos de cómo se ha ido desarrollando?

Este es un proceso que tiene precedentes en otros años, a través de luchas emprendidas por generaciones anteriores. Ahora, en particular el movimiento del 2011 se forja a partir de las discusiones entre los estudiantes sobre el estado del sistema educacional, gatillado en un primer momento por un problema que hubo con becas y beneficios. A eso se suma el hecho que el gobierno intentaba imponer su agenda sobre reforma educacional. A partir de ese conflicto, las discusiones y análisis empiezan a subir de nivel, pasando de un problema particular a un nivel estructural, donde conforme se discute sobre la crisis de la educación chilena también se van generando propuestas de solución, que finalmente son las demandas que hoy hemos levantado y que la sociedad en su conjunto ha hecho parte de ella. Cuando el movimiento empieza a madurar, inevitablemente se empiezan a tomar medidas de presión y movilización, nos articulamos con organizaciones sociales, aumentan los paros, tomas, marchas y una serie de manifestaciones creativas, alegres que nos permitieron llegar directamente al resto de la sociedad. Es en ese momento cuando este movimiento, inicialmente, estudiantil da un salto cualitativo, transformándose en un movimiento social, donde la ciudadanía en su mayoría se ha hecho parte. Las convocatorias a manifestaciones, junto a su intensidad, fueron paulatinamente aumentando, lo que se relaciona directamente con que se construían demandas más profundas, estructurales.

-¿Cuáles son las luchas estudiantiles anteriores de las cuales el actual proceso se nutre? ¿Qué aprendizajes se han acumulado a partir de ellas, y cómo se manifiestan en el actual proceso?

El pueblo chileno, sus trabajadores, estudiantes, pobladores, tienen una larga tradición de lucha social. En lo que respecta a educación, se pueden mencionar movimientos como el de la Reforma Universitaria iniciada en 1967 y truncada por el golpe de estado de 1973, las movilizaciones contra la Ley Marco para las universidades en 1997 y más recientemente la Revolución Pingüina de 2006, entre otras. En ese sentido, hay un proceso de acumulación en cuanto problematizaciones sobre educación y demandas para resolver la crisis que arrastra el sistema educacional.

Por otro lado, un aprendizaje que hoy se ha hecho patente en este movimiento tiene que ver con la alta desconfianza que tenemos hacia los representantes políticos que durante 20 años no hicieron nada más que profundizar el modelo neoliberal instaurado por la dictadura militar a través de la política de los consensos. El movimiento del 2006, conocido como la Revolución Pingüina, fue víctima de esta política, donde la Concertación y la Derecha pactaron modificaciones al modelo educacional que solo apuntaban a perfeccionarlo, sin tocar los problemas estructurales y desentendiéndose absolutamente de las demandas del movimiento estudiantil de ese año.

Otro aprendizaje que se puede mencionar a partir de experiencias anteriores es la comprensión de la necesidad de generar articulación con organizaciones y actores sociales, trascender lo estudiantil e iniciar un trabajo mancomunado con trabajadores de la educación (profesores, asistentes) para posteriormente ampliar el rango hacia trabajadores en general y ciudadanía en su conjunto.

-¿Podrías caracterizar la composición del actual movimiento estudiantil? ¿Cómo se está desarrollando la unidad en la lucha entre los diferentes sectores políticos que componen el movimiento actualmente?

El actual movimiento, que trasciende a lo estudiantil, es un movimiento amplio, donde participan distintas visiones políticas. Dentro de los estudiantes las visiones más bien responden a una matriz de pensamiento crítico al modelo neoliberal, que es el que ha originado y sustentado este modelo educacional y efectivamente conviven posiciones diferentes, lo cual no ha sido obstáculo para generar acuerdos que nos permitan asumir esta lucha de forma unitaria. El gobierno ha intentado mostrar que estas diferencias son quiebres dentro del movimiento, pero eso solo refleja una perspectiva anacrónica de la política ya que nosotros, como movimiento, consideramos que precisamente esa diversidad de opiniones es un motor que nos permiten desarrollar debates y que en el fondo, enriquecen nuestras definiciones y decisiones.

-¿Cuáles son las demandas que actualmente elevan el movimiento estudiantil chileno, y cómo ha sido el proceso de definición de las mismas al interior del movimiento estudiantil?

El sistema educacional chileno ha arrastrado una profunda crisis que hoy evidencia el fracaso del paradigma neoliberal impuesto en nuestra sociedad por la dictadura. Básicamente, este paradigma se refleja en la concepción de todos los derechos humanos básicos (educación, salud, vivienda) como una mercancía, donde privados pueden obtener ganancias/lucro dado que el Estado se ha desligado absolutamente de su responsabilidad como ente regulador y garante.

En materia de educación, esto se traduce, en términos generales en una progresiva privatización y mercantilización de este derecho. En particular, se pueden identificar cuatro problemas relevantes dentro de la educación Superior: aportes bajísimos del Estado hacia las universidades estatales; altísimos niveles de endeudamiento de los estudiantes y sus familias para costear sus estudios; elitización de la composición social de los estudiantes universitarios y carencia de espacios democráticos al interior de las instituciones de educación terciaria.

En términos estructurales, hay 2 demandas: el fin al lucro existente en la educación y la recuperación de la educación pública donde el Estado sea responsable de esta. En términos más concretos, esto se traduce en un aumento de los aportes estatales que reciben las universidades; el fin del endeudamiento de los estudiantes y sus familias por el hecho de estudiar en educación superior; democratizar las instituciones de educación superior donde hoy los estudiantes y funcionarios no tenemos derecho a organizarnos gremialmente ni a participar en los gobiernos universitarios; implementar mecanismos de acceso que efectivamente permitan que estudiantes talentosos ingresen a la educación superior (cuestión que hoy no sucede, el ingreso está principalmente determinado por variables socioeconómicas); avanzar hacia la gratuidad del sistema de educación superior, incorporar la multiculturalidad en la educación en todos sus niveles, desmunicipalizar sin privatizar la educación primaria y secundaria, entre otras.

-Una de las características de este movimiento es, además de su masividad y amplio apoyo social, que ha logrado unir en la lucha a diferentes actores educativos y sociales, ¿cómo analizas este hecho?, ¿crees que es relevante a la hora de seguir articulando la lucha en el futuro? ¿cómo crees que puede fortalecerse ese proceso de unidad desde el movimiento estudiantil?
 
La articulación de los diferentes actores sociales ha sido fundamental para que este movimiento sea lo que es en la medida que fue una importante base para impulsar el movimiento y sobre todo, insertarlo dentro de la sociedad y transformarlo en movimiento social. En un primer momento, las demandas eran más bien de tipo estudiantil, luego con la articulación de organizaciones sociales estas evolucionaron e incluyeron demandas de múltiples sectores, traspasando lo estudiantil y adquiriendo ribetes eminentemente relacionados al cuestionamiento estructural del modelo. Dicho en otras palabras, el incluir y articular diferentes actores nos permitió tener una mirada mucho más amplia del problema del sistema educacional y también, a la hora de elevar demandas en busca de soluciones, pudimos ver el problema desde la perspectiva de los universitarios, de los secundarios, de los profesores y en la medida que maduraba el movimiento, enfrentándonos a las limitaciones de la democracia que tenemos, desde la mirada del conjunto de la sociedad.

-¿Crees que el actual ciclo de movilización, aunque finalmente decaiga, puede tener continuidad en otros procesos amplios de lucha social y popular contra el sistema capitalista, que el propio movimiento estudiantil empieza a señalar como verdadero responsable de las problemáticas educativas y sociales de las grandes mayorías? ¿qué papel puede jugar el movimiento estudiantil en este proceso?

En estos meses se han develado una serie de profundas contradicciones dentro del sistema político y económico chileno en la medida que hemos cuestionado profundamente el mito de un Chile exitoso, con excelentes indicadores macroeconómicos pero que en la cotidianeidad de los chilenos no tenía correlato alguno, ese mito que nos hablaba de un crecimiento económico sostenido, de la pobreza en retroceso, de la estabilidad de las instituciones y del país “en vías de desarrollo”, ejemplo de Latinoamérica. Y es que no solamente se ha visto cuestionada la educación, uno de los nudos centrales del modelo neoliberal, sino también la democracia en la medida que ni el ejecutivo ni el parlamento han sido capaces de entregar posibilidades de solución al conflicto atendiendo las demandas de la sociedad.

Entonces, más allá del futuro del actual proceso, en Chile han cambiado muchas cosas, la sociedad ha despertado y está dispuesta a reclamar y luchar por los derechos que el modelo neoliberal desterró y dentro de ese futuro, el movimiento estudiantil estará presente porque el cuestionar el modelo neoliberal pasa también por cuestionar el modelo educacional que deriva de él.
 
-¿Qué opinas sobre la propuesta de plebiscito como salida al actual conflicto? ¿qué la diferencia y la hace mejor de otras propuestas también puestas hoy a debate, como la construcción de una vía popular hacia la constituyente social? ¿crees que existe riesgo de que la salida que finalmente se produzca suponga una relegitimación de la burguesía en el poder?

La constitución es autoritaria, antidemocrática y no cuenta con legitimidad alguna, los cambios necesarios son muchos, partiendo por asegurar el derecho a la educación, reforzar el rol del estado, modificar el sistema tributario, el sistema político y por último el económico. Esta es una posibilidad que hay que construir y el mismo proceso generará las condiciones para que el pueblo adquiera las capacidades de hacerse cargo de conquistar a través de él. Todos los derechos que hoy día nos son negados. La asamblea constituyente debe llamarse desde un movimiento social que no va a madurar de un momento a otro, pero que ya está surgiendo de manera embrionaria al alero de la pelea por la educación.

Por otro lado, la propuesta de plebiscito también se enmarca dentro de la necesidad de mayor democracia en nuestra sociedad. Ha surgido desde la ciudadanía y es la respuesta a la incapacidad del gobierno y de las actuales instituciones democráticas de atender y canalizar las demandas que hoy la sociedad en su conjunto levanta. Si los gobiernos y el parlamento han sido incapaces de trabajar en función de las necesidades de la gente durante 21 años, han sido incapaces de elaborar políticas públicas atendiendo los intereses de quienes dicen representar, es legítimo que la sociedad sienta que de alguna forma tiene que tomar las decisiones efectivamente. Y la propuesta de plebiscito es legítima en la medida que viene a llenar este vacío dentro del limitado sistema democrático que tenemos. Esto no es solo una idea, también se ha traducido en práctica, hace unas semanas las organizaciones sociales autogestionamos un plebiscito ciudadano, no vinculante, donde el nivel de participación sobrepasó todas las expectativas, alrededor de un millón y medio de personas votaron en todo el país y reafirmaron el amplio apoyo a nuestras demandas. Este hecho refleja la gran necesidad de la gente de ser escuchada, de participar y tomar decisiones en materias de interés nacional y que sus posiciones se traduzcan en políticas públicas.

-El Estado está poniendo en marcha una estrategia de fuerte represión al movimiento estudiantil y social, observada especialmente en jornadas como la del 4 de agosto, o el asesinato de Manuel Gutiérrez en la segunda noche del paro nacional, ¿cómo se analiza esto desde el movimiento estudiantil, y qué respuestas se han articulado al respecto?

En función del alto apoyo ciudadano que tiene este movimiento y sus demandas y la incapacidad que han tenido los representantes políticos de dar una solución al conflicto, durante el último tiempo el gobierno ha desarrollado una estrategia que apunta principalmente a criminalizar el movimiento, a desprestigiarlo asociándolo a la violencia y también reprimir para amedrentar a los manifestantes. Nosotros siempre hemos sostenido un movimiento propositivo, creativo, alegre, masivo y creo que la gente entiende que acá lo que está pasando es parte de la estrategia del gobierno y que hechos aislados de violencia no responden a quienes son parte de este movimiento.

-¿Cómo se están desarrollando los contactos con el gobierno? ¿A qué crees que se debe su forma de afrontar el conflicto, realizando propuestas de salida al conflicto que desoyen las demandas estudiantiles, combinadas con fuertes niveles de represión?

Lamentablemente, el actual gobierno de derecha no ha tenido la voluntad política para responder a las demandas de la ciudadanía. Se ha mostrado intransigente ante sentidas peticiones y ha puesto su línea ideológica por sobre la mayoría del país. Y esto es grave, puesto que han demostrado estar gobernando sólo para unos pocos, para quienes hoy sacan provecho del actual sistema de educación y no quieren entender que este se encuentra en una crisis imposible de resolver sino es cambiando su estructura desde la base, lo que no se logra sólo con otorgar más becas. Por otro lado, la creciente manifestación social ha hecho que el gobierno muestre una faceta que había querido evitar, que es la de la represión. Entonces la percepción general que queda del gobierno, luego de todas aquellas actitudes, es que no ha estado a la altura de las circunstancias, no sabe ni puede gobernar sin cometer errores periódicamente, y la población ya no quiere más gobiernos así. Todo esto responde a que hoy en día están en juego importantes intereses ideológicos, políticos y económicos y finalmente, el gobierno ha explicitado su posición al servicio del empresariado y no de la ciudadanía.

miércoles, 9 de noviembre de 2011


Santos: luz verde para la guerra sucia en Colombia
October 14, 2011 18:56
by José Antonio Gutiérrez D.




Como parte de una controvertida reforma a la Justicia (que produjo un amague de choque entre el Ejecutivo con la Corte Suprema y el Consejo del Estado)[1], el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora, entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones”[2]. El artículo decía textualmente “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. Según el Ministro de Defensa Pinzón, es necesario para proporcionar “mayor seguridad jurídica” (¿impunidad?) a la tropa en su guerra contrainsurgente. Aún cuando la impunidad sea altísima en Colombia, sobretodo en lo relativo a crímenes de Estado (los cuales bordean el 98%), este artículo no oculta su pretensión de volverla absoluta, haciendo aún más vulnerable de lo que ya es a la población.

Pese a esta elevada impunidad, la tenacidad de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la labor de ciertos jueces independientes de carácter (la que han pagado siendo víctimas del acoso de los organismos del Estado[3], llegando algunos a ser asesinados[4]), han llevado a un número relativamente insignificante de uniformados ante los tribunales (4.280 procesos judiciales, insignificantes desde la escala de las atrocidades que se cometen en Colombia, pero significativo desde el punto de vista político[5]) por su participación en crímenes atroces, lo cual ha sido suficiente para generar pavor entre las filas castrenses. Según, el senador oficialista Roy Barreras, “además del temor de los militares de perder la vida en combate, está el temor de terminar en la cárcel tras una condena en la que la investigación y el juzgamiento la hacen civiles que desconocen el lenguaje y los procedimientos de la guerra”[6]. Mediante este sofisma, el Estado colombiano se saca su careta de “democracia asediada” y de “respeto a los derechos humanos” para mostrar, al desnudo, la necesidad que tiene de echar mano al terrorismo de Estado y a los crímenes atroces para avanzar en la guerra contrainsurgente... procedimientos que los “burros civiles” o desconocen o no aceptan de buena gana.

A pesar a toda la retórica vacía del gobierno de Santos de que su estrategia militar se apoya en el respeto irrestricto a los derechos humanos (en parte, ingeniada para sacarse de encima el pesado bulto de los “falsos positivos” que le pena desde su época de Ministro de Defensa estrella del anterior gobierno), en palabra de sus propios ministros y parlamentarios, los derechos humanos representan un estorbo al Ejército. El respeto a los derechos humanos causa “temor” a los militares, que estarían bien empapados del lenguaje y los procedimientos de esta guerra sucia.

No es necesario aclarar en detalle las limitaciones obvias de la Justicia Penal Militar, la cual pone al ladrón a juzgar al ladrón –no hay de qué sorprenderse que los escasos procesos que han terminado en condenas de militares, sean por obra y gracia de la justicia ordinaria (casos que incluyen la desaparición de personas, la promoción de escuadrones de la muerte para violar y torturar a “sospechosos” y que incluyen el secuestro de civiles para asesinarlos y presentarlos como “guerrilleros dados de baja en combate” –o “falsos positivos”- entre otros crímenes igualmente perversos). Existen también limitaciones más específicas las cuales ya han sido suficientemente denunciadas por el parlamentario y dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, quien aclaró que ésta no cubre temas como el narcotráfico, extorsiones, violaciones de derechos humanos, concierto para delinquir, entre otros –todos temas por lo cuales algunos uniformados hoy están compareciendo ante las cortes.[7]

Todo sería, ahora, “actos de servicio”. Como botón de muestra de lo que interpreta el Estado como “actos de servicio”, tenemos el alevoso asesinato a tiros por la espalda del adolescente graffitero Diego Felipe Becerra[8], el cual ha sido pasado a la Justicia Militar porque la Fiscalía estimó que este inexcusable infanticidio constituiría un “acto de servicio”[9]. Difícil es negar, con esta clase de “criterio”, que Colombia no sólo sea el imperio de la impunidad, sino también el de la arbitrariedad.

Debido a la polémica que esta inclusión ocasionó a última hora, el Ministro del Interior, Vargas Lleras, afirmó el viernes pasado que, finalmente, este artículo no haría parte de la reforma, sino que se presentaría como otro proyecto[10]. Independientemente de si la ampliación del fuero militar haría parte o no de la reforma judicial, lo cierto es que lo que esta propuesta pone en el tapete es la necesidad que siente el gobierno de Santos de profundizar la guerra sucia como una manera de contener los avances de la insurgencia, cuyos ataques crecen de manera sostenida desde el 2005, pero los cuales son más evidentes desde el 2009.

Empantanamiento de la salida militar al conflicto social y armado

Más allá del triunfalismo mediático que se impuso durante la última década, como parte de una guerra psicológica desde el Estado, la insurgencia está lejos del “fin del fin” como aseguró el 2008 el venido a menos general Montoya. En lugar de sucumbir ante la gigantesca ofensiva montada con miles de millones de dólares aportado por el gobierno de los EEUU para el Plan Colombia, con tantos más aportados para planes de “cooperación cívico-militar” y planes de “consolidación”, con un hipertrofiado ejército cercano al medio millón de hombres, con toda la asistencia técnica que reciben de Israel o EEUU, con un gasto militar sostenido superior al 5% del PIB, con una red de informantes de dimensiones más propias de la Alemania Nazi que de una supuesta “democracia occidental” (dos millones de personas oficialmente reconocidas), con miles de paramilitares realizando tareas de milicia privada en prácticamente todo el territorio, con bombardeos de proporciones bíblicas en los cuales se arrojan toneladas de bombas sobre la selva (no es casual el nombre de la “Operación Sodoma”), con la colaboración militar de los gobiernos “progresistas” de Venezuela y Ecuador… con toda esta presión militar, la insurgencia, lejos de haber sido derrotada, ha asimilado los golpes, ha readecuado su estrategia y ha retomado, en vastas regiones del país, la ofensiva.
 
Esto no es algo que se estén inventando los “áulicos de la guerrilla”, como solía llamar el ex presidente Uribe Vélez a quien osara cuestionar su “revelada y divina” política de la (in)Seguridad (anti)Democrática. No, es algo que reconocen organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), dirigida por el estrecho colaborador del presidente Santos y entusiasta partisano de la Seguridad Democrática, León Valencia.

¿Qué dicen los últimos informes de la CNAI? Según el informe titulado “De la Guerra de Jojoy a la Guerra de Cano”[11], las FARC-EP habrían readecuado su estrategia en varios aspectos cruciales mediante el llamado “Plan 2010”:

Abandono de la guerra de posiciones y las grandes movilizaciones de tropas que caracterizaron al período de 1996-2007; vuelta a la movilización de pequeños contingentes de alta movilidad para evitar ser detectados por aire y predominio del hostigamiento como forma de ataque;
Descentralización de las estructuras guerrilleras para absorber los golpes del ejército a los mandos medios y a los comandantes;
Creación de Unidades Tácticas de Combate con expertos en explosivos y especialización de guerrilleros como francotiradores;
Creación ad hoc de “comandos conjuntos de área” entre diferentes frentes que se combinan y dispersan en función de tareas específicas (a lo menos se han registrado cinco de estos);
Desarrollo de campos minados con minas colgantes y estrategias de minas ofensivas al borde de caminos (en el informe del 2008, describen estas minas de carácter ofensivo como “campos minados muertos” que se activarían a control remoto al paso de la tropa o las patrullas)[12];

En un nuevo informe, “La Nueva Realidad de las FARC” dan cuenta de nuevos aspectos de la estrategia militar de las FARC-EP:

Utilización de carros bombas que facilitan hostigamientos a guarniciones militares sin necesidad de agrupamientos masivos de tropas;
Desarrollo de cuerpos de élite, los “pisa suaves” que se especializarían en penetrar las líneas de guardia de diversos frentes y hostigar con ataques explosivos desde la retaguardia

Sobre el ELN, los informes de la CNAI confirman una tendencia al fortalecimiento de esta guerrilla y a la consolidación de su hegemonía en tres áreas del país –Cauca, Nariño y Arauca. Ha habido expansión de sus frentes en el Chocó, Antioquia y mantiene su presencia en áreas como el Sur de Bolívar, Cesar y Norte de Santander. El pacto político-militar con las FARC-EP no solamente habría servido para controlar el conflicto entre ambas organizaciones en ciertas regiones como Arauca, sino que además para potenciar la lucha contra las fuerzas del Estado colombiano. Su estrategia militar ha estado caracterizada por:

La organización de estructuras pequeñas y el fortalecimiento de las redes de apoyo;
Estrategia de repliegue durante la mayor parte de la década para evitar el golpe directo de la ofensiva del ejército-paramilitarismo;[13]

Los resultados no dejan de ser sorprendentes para quienes han digerido años de propaganda sobre el “fin del fin”: el 2010 terminó con más de 2.000 bajas en la Fuerza Pública[14] -1.855 bajas solamente hasta Septiembre del 2010 según la CNAI[15]. Entre enero y Mayo del 2011, la Fuerza Pública ha sufrido 967 bajas[16]. Tampoco se ajustan estos resultados al escenario descrito por el ex Ministro de Defensa Rivera, quien definía estas bajas como “patadas de ahogado”, como “acciones desesperadas” de una insurgencia acorralada.

Obviamente, los golpes insurgentes han remecido al gobierno de Santos, propiciando un recambio de Ministro de Defensa en Septiembre, con la salida del entonces ministro Rodrigo Rivera, y la entrada de Juan Carlos Pinzón. De la misma manera, se cambió la comandancia de las Fuerzas Militares, pasando la comandancia general del almirante Edgar Cely al general Alejandro Navas. Cambios que, sin duda, reflejan la insatisfacción del establecimiento por el rumbo de la guerra[17].

Pero también estos golpes han tenido un impacto sobre la moral del Ejército. Según el último informe de la CNAI, la situación de desgaste o desmoralización de las tropas del Estado se deberían a los embates de la nueva estrategia de lucha guerrillera, la prolongación de campañas militares infructuosas y la certeza de que el anunciado “fin del fin” no tiene para cuando. Según, este mismo informe, la estrategia de las Fuerzas Armadas ha sido exitosa desde una perspectiva mediática, pero no así en el terreno de combate[18]. Es decir, se puede mentir a ese sector del país idiotizado con la televisión y la propaganda del gobierno, pero no a quienes viven el conflicto en carne y hueso.

Es comprendiendo este panorama que mejor entendemos las voces que surgen hoy para culpar a la rama judicial del empantanamiento militar. “La tesis se desprende de la que se oye hace tiempo en los cuarteles: no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias”[19].

Más allá de la dicotomía santismo-uribismo: una guerra de clase contra los campesinos y los sectores populares

Pese a todos los esfuerzos de los apologistas de Santos para mostrarlo como una versión civilizada de su predecesor, el cavernícola Uribe Vélez, los argumentos con los que han defendido la ampliación del fuero militar, reproducen al pie de la letra la cantinela recitada por el proto-fascista asesor presidencial de Uribe, José Obdulio Gaviria, quien ha expresado que la desmoralización del Ejército se debe a que “las fuerzas militares y hasta la policía están siendo víctimas de una persecución muy fuerte de parte de la fiscalía (…) Cualquier operación de la fuerza pública es examinado como si fuera un crimen, Y eso ha bajado muchísimo la moral de las fuerzas armada”[20].

“La guerra hay que ganarla, carajo, aunque haya que masacrar a media Colombia; si usted mata diez patirrajados seguro que hay un guerrillo entre medio”. Esto no lo dicen textualmente en público, pero es lo que se desprende de todas las intervenciones de la élite política y militar.

Una lógica parecida ha sido aplicada por José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), gremio que apoyó activamente al surgimiento de la maquinaria de muerte paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organismo responsable del asesinato y desaparición de decenas de miles de colombianos, y del desplazamiento forzado de millones de campesinos cuyas tierras han terminado en buena medida en las manos de latifundistas ganaderos. Los ganaderos no ocultan su interés en profundizar la guerra contrainsurgente que les ha dado enormes privilegios económicos, como lo revela el último informe del PNUD[21]. En realidad, ellos están en el centro del conflicto social y armado que vive Colombia y son una parte integral de las “condiciones estructurales” que alimentan la violencia política. Lafaurie, insiste, al igual que José Obdulio Gaviria, que la baja moral de las tropas “está en que la justicia y la sociedad se volvieron en su contra y se nutre de una estrategia de desprestigio mediático de la institución”[22]. Es decir, la sociedad debería callarse ante los falsos positivos, los bombardeos indiscriminados, los escuadrones de la muerte, la violencia sistemática contra la población.

En otro artículo, Lafaurie, ha definido a los militares como “ciudadanos especiales, fuera del común”, que no pueden ser juzgados por una justicia ordinaria, aún cuando sus crímenes afecten a la población civil, porque ésta desconocería las tácticas y estrategias de guerra. Implícitamente, se reconoce que la violación a los derechos humanos es parte de estas “estrategias”. Pero la “lógica” perversa de este argumento (que la justicia civil desconoce los “procedimientos de guerra” y por tanto estaría inhabilitada para juzgar a militares) ha sido brillantemente evidenciada por el columnista Alfredo Molano, quien indica que “Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?”[23] Pero ¿cuál es la conclusión a la que llega Lafaurie con esta perversa “lógica”? Sin pelos en la lengua, dice que “necesitamos dotar de garantías a los hombres y las operaciones militares. Estamos en mora de despejar el camino a nuestros héroes anónimos. Necesitamos reconocer la naturaleza de estos hombres y aliviar el desasosiego que acompaña la tarea de ser militar hoy en Colombia”[24]. Lafaurie insiste en otra columna escrita en Septiembre que “la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública, que pasa (…) por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar (…) Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos, y lo hará de la mano del Fuero Militar. Las guerras se ganan en el corazón de los soldados”[25].

Es importante referirse a las declaraciones del Presidente de Fedegán, porque ellas reflejan a los sectores que se han enriquecido mediante y que hoy buscan profundizar la guerra, los sectores que jamás apostarán a una solución política del conflicto armado que ponga en cuestión la posesión ilegítima que tienen del 39% de las tierras. Resulta además claro que esta auténtica ofensiva mediática de su cara más visible preparó el terreno para que este artículo de ampliación del fuero militar fuera sacado de la manga ahora que se debate la reforma judicial. No queda duda, con esta clase de intervenciones, cuáles son los intereses que defienden los soldados en la guerra.

La naturaleza de clase de este conflicto, así como el rol de los ganaderos que representa Lafaurie, son evidenciados en un relato sobre el desplazamiento campesino en los corregimientos de Guanapalo y Charras, en San José del Guaviare, en un informe que ya hemos citado de la CNAI:

“El representante a la Cámara Ignacio Antonio Javela adquirió 1.250 hectáreas de tierras a los campesinos de esa región, pero otros comienzan a desplazarse ante amenazas e intimidaciones. Mientras, grupos ilegales rearmados han comenzado a posicionarse sobre toda la denominada Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión contra algunas comunidades campesinas. Las FARC, por su parte, han prohibido a los campesinos vender sus predios y han manifestado que defenderán la zona de otros grupos armados ilegales.

Tácitamente se trata de desplazar para concentrar la propiedad de la tierra. Las compras masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a desplazamientos gota a gota en esta región. Paradójicamente, el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos es un grupo armado ilegal –las FARC- y no el Estado.”[26]

Digamos, solamente, que no hay nada de paradójico en esta situación si se entiende la dinámica de clases que en última instancia explica el conflicto colombiano (la cual es frecuentemente velada con discursos que plantean el debate en la falsa contradicción ilegales vs. legales) y que esto no es nada tácito sino una clara política de Estado, ligada a las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional de Santos y a los intereses seculares de los gamonales y cacaos colombianos. El último informe del CODHES nos dice que buena parte de la expansión paramilitar se está dando en zonas de “consolidación” o de fuerte presencia de la fuerza pública. Según ellos, en el primer semestre del 2011, según sus informaciones parciales y preliminares, se habría desplazado a unas 89.750 personas, de ellas el 28% provendrían de las zonas de consolidación territorial del Estado[27], lo cual es coincidente, grosso modo, con las cifras globales de desplazamiento de 2010, que indicarían un 33% de desplazamiento de las zonas de consolidación[28]. Este desplazamiento va de la mano, como hemos dicho, de las “locomotoras”, de los megaproyectos, del agronegocio, del latifundio, de la palma, del caucho, de la minería[29].

Al final de cuentas, más allá de la dicotomía que se ha pretendido hacer entre la política de Uribe Vélez y la de Santos, hay una continuidad de este modelo de guerra que beneficia un patrón de enriquecimiento por despojo violento.

La dialéctica política del conflicto social y armado

Los ganaderos saben muy bien por qué piden a gritos profundizar la impunidad y con ella la guerra sucia: porque un conflicto que no es solamente militar, sino ante todo social como el colombiano no puede ganarse sino mediante la aplicación a gran escala del terrorismo de Estado en contra de la población. Esto lo explica muy bien Ever Veloza, alias HH, uno de los paramilitares que hizo por varios años el trabajo sucio del Estado al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá (ACCU) y más tarde, de las AUC, sobre la estrategia de tierra arrasada del paramilitarismo en una entrevista en el 2008:

“La guerrilla está, pero no está tan fuerte como antes. Cuando nosotros empezamos en las AUC la guerrilla tenía el control de todo el país, como en el Urabá. Hoy en día la guerrilla está en sectores marginales. Por eso el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros, cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue un éxito total.”[30]

Quizás un éxito en lo puramente militar, en lo inmediato, más no así un éxito sustentable o total si se considera la naturaleza social del conflicto. Desde el 2008, cuando HH hace estas declaraciones, la insurgencia ha logrado revertir los avances de las Fuerzas Militares durante la primera fase del Plan Colombia y han vuelto a mostrar un renovado dinamismo. Ese dinamismo está ligado, indudablemente, a la dialéctica política del conflicto, por más que el discurso oficial intente “pabloescobarizar” a la insurgencia[31] – algo que, por lo demás no es nada nuevo, ya que desde el comienzo se ha buscado “bandolerizar” o “chusmear” a la insurgencia para así negar las profundas causas estructurales, políticas y sociales que la animan. La paradoja, es que mientras se niega que la insurgencia tenga motivaciones políticas, el ejército trabajo de la mano con grupos paramilitares que se definen como “anti-comunistas”[32]. No debe sorprender que el oficialismo niegue la legitimidad política de la insurgencia –jamás una tiranía (y Colombia, desde el punto de vista político y humanitario, no puede ser considerada otra cosa pese a los formalismos democráticos ritualizados) ha aceptado la legitimidad de quienes la interpelan[33].

Pero los informes mencionados de la CNAI, a contravía de estas declaraciones oficiales por parte del gobierno de que la insurgencia no tendría sustento ideológico, nos entregan algunas luces sobre la complejidad ideológica en el mundo de la insurgencia. Más aún, nos señalan que es en el terreno de lo político donde se encuentran en gran medida las raíces de este nuevo dinamismo de la insurgencia. Sobre las nuevas orientaciones políticas en la insurgencia, nos señala un informe relativo a las FARC-EP que “‘Alfonso Cano’ (…) logró darle al grupo guerrillero una nueva estrategia militar y un nuevo rumbo político. Este antropólogo, a pesar de sus raíces urbanas, pudo coordinar a la guerrilla de las FARC compuesta mayoritariamente por campesinos (…) En los últimos años a pesar de la violenta persecución que desató la Fuerza Pública, con la Operación Fuerte, ‘Cano’ ha logrado tener una actualización académica, los libros de Toni Negri, Zizek, Chomsky ya hacen parte de la bibliografía actual de este comandante en jefe de las FARC (…) Esta apertura ideológica, si bien, no ha modificado su forma de ver la vida desde el marxismo ortodoxo, le ha concedido [sic, conseguido] dar ese nuevo rumbo político a las FARC”.[34]

Es esa dinámica política la que explica los señalamientos de Santos en un discurso el 28 de Septiembre en una base militar en Nariño: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”[35]. No es casualidad el innegable tufillo “uribista” de estas temerarias acusaciones, que nuevamente ponen en contradicho a quienes, mediante toda clase de contracciones, pretenden mostrar a Santos como un “paladín democrático” (a diferencia de su predecesor y maestro Uribe). Reflejan una comprensión de que el conflicto no es solamente armado, sino que ante todo social, y que la reactivación de la protesta popular tiende a ser coincidente con la reactivación de la lucha armada, no porque los movimientos sociales o las organizaciones populares sean “fachadas de la guerrilla” o “guerrilleros de civil” como frecuentemente dicen las élites para estigmatizar y para minar la legitimidad de los movimientos –como si no hubiera causas legítimas para la protesta por parte de estudiantes, campesinos, cocaleros, trabajadores y comunidades. Para esas élites, toda marcha es un “siniestro plan del terrorismo” para perturbar la paz social en su apacible país de las maravillas. La realidad, es otra: cuando hay un incremento del malestar social y de la protesta popular, es natural que la insurgencia canalice parte de este malestar porque ella ha sido, gústele o no al establecimiento, una forma de respuesta histórica del pueblo a la violencia sistemática del Estado contra los de abajo. Uno podrá considerar que es una respuesta buena o mala, pero es innegable que la insurgencia no viene de la Luna a "infiltrar" al pueblo, sino que son producto de las entrañas mismas de las clases populares. Para amplios sectores en Colombia, fundamentalmente rurales, la insurgencia sigue siendo una respuesta legítima contra la violencia de clase institucionalizada por los gamonales, cacaos, ganaderos y sus socios multinacionales.

Callejón sin salida para la vía militar

Ante el aumento progresivo de la protesta social desde el 2002[36], el cual se ha vuelto explosivo desde el 2008, y ante la persistencia y el reacomodo de la lucha armada –reacomodo que no sólo es militar, sino también político como hemos visto-, es de esperar que el gobierno intente salir del empantanamiento del conflicto mediante la profundización de la guerra sucia. Y ahí está la contradicción vital de la oligarquía colombiana: que sus avances en lo militar se comprometen por lo político, y que la profundización de la guerra sucia tiene un efecto degradante ante todo en sus propias filas. No es la judicialización de militares, como hacen creer los José Obdulio Gaviria o los José Féliz Lafaurie, lo fundamental detrás de la desmoralización o el desgaste de las Fuerzas Armadas en Colombia. Sólo en cierta medida lo son las tres causas dadas por el CNAI: las expectativas imposibles de una victoria fácil alimentadas en el último período de Uribe Vélez, el hecho que las campañas sean cada vez más largas e infructuosas, así como los golpes crecientes de la insurgencia. Es mi opinión que el factor sin lugar a dudas de mayor peso en la desmoralización de las tropas del ejército colombiano es la naturaleza misma de la guerra absurda que pelean en defensa de ganaderos, multinacionales extranjeras y gamonales criollos, quienes los desechan apenas ya no les son de utilidad. Es la naturaleza misma de una guerra degradada (y degradada fundamentalmente por la acción del Estado y su herramienta paramilitar) la que está en la base de la desmoralización de la tropa.

Por más que la propaganda oficial insista que en “Colombia los Héroes Existen”, la tropa sabe que allá donde se pelea la guerra, donde el conflicto se sufre en carne y hueso, en el terreno, las percepciones son muy diferentes a las de los televidentes citadinos que creen todo lo que Caracol les dice. Siguiendo con este mismo informe del CNAI: “la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población desconfié de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejempo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la Fuerza Pública desplaza a las FARC, los hombres del ERPAC [ie., un escuadrón paramilitar] van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba algunos miembros de las Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ [ie., dos bandas paramilitares] (…) Durante el trabajo de terreno realizado para realizar (sic) el presente informe, se logró detectar que las Fuerzas Militares funcionan en algunos territorios como fuerzas de ocupación. Nuevamente, La Macarena es el mejor ejemplo, allí las denominadas brigadas cívico-militares parecen acciones típicas de fuerzas de ocupación, sirven para hacer censos, listados de personas, pero no para consolidar el Estado de Derecho. La tropa aún sigue viendo a la población civil como un enemigo”[37].

En estas condiciones, ¿cómo se espera ganar el conflicto social y armado por la vía militar?

La insatisfacción con la presencia militar en las regiones de tradición guerrillera se refleja en un informe de Gary Leech escrito hace unos meses sobre las operaciones en contra de “Alfonso Cano” en el Tolima: “La mayoría de las comunidades en la región han vivido bajo el control de las FARC por décadas. Un líder comunitario en Limón explica que las FARC aseguraban que no hubiera violencia ni crímen, y que los campesinos no dañaran el medio ambiente. Bajo el control del Estado el crímen va en aumento y la economía no ha mejorado (…) Pese a estos reveses, la fuerza militar así como el apoyo popular a las FARC se mantiene relativamente intacto en sus baluartes tradicionales”[38]. A comienzos de Agosto del 2008, en el Tiempo apareció un artículo inusualmente honesto que refleja las dificultades de la lucha contrainsurgente en el Sumapaz: “el Ejército se ha encontrado con una población que lo mira con desconfianza. Caseríos tradicionalmente comunistas cierran sus vitrinas y su comercio para los soldados y por allí hasta se ven carteles con la frase 'Reyes vive'”[39]. Situaciones parecidas se ven en todos los territorios en conflicto, en áreas tanto de influencia de las FARC-EP o del ELN, o de grupos insurgentes menores que también existen.

Mientras tanto, la guerra sucia continúa con su inercia de seis décadas. Bombardeos indiscriminados en Chaparral; envenenamiento con glisofato de las poblaciones en el Chocó y en el Bajo Cauca Antioqueño; descuartizamientos, masacres y violaciones en Guapi, en el Sur de Bolívar, en Nariño, realizados por paramilitares en perfecta connivencia con el Ejército y la Policía; cercos paramilitares en Curvaradó y Jiguamiandó; secuestro y asesinato de civiles para presentarlos como “falsos positivos”; estrategias como la red de cooperantes que en las propias palabras del informe de la CNAI “parecieran más encaminadas a destruir cualquier tipo de organización social que intente prosperar en la zona”[40]. Ya lo dijimos: no se puede ganar la guerra sucia con armas limpias. ¿Nos puede sorprender la desmoralización de una tropa enfrentada de manera sistemática a esta clase de prácticas degradadas? Que no se culpe, pues, a los jueces.

La salida militar que se impuso como el discurso único de los círculos dominantes está enfrentando una grave crisis de legitimidad, acechada por acuciantes interrogantes ¿Qué tipo de sociedad se puede crear mediante esta violencia de clase? ¿Qué sentido tiene el “triunfo militar” al que aspira el Estado mediante la profundización de la guerra sucia? Pues, aunque el gobierno de Santos insista en que “no ha tirado las llaves de la paz”, en su lenguaje la paz equivale a la victoria militar, la cual puede ser en el campo de batalla o en la mesa de negociación ante una insurgencia aislada y desmoralizada. En su lenguaje, la paz equivale a la desmovilización de las tropas insurgentes y eso no es sino un escenario de victoria militar.

Las llaves de la paz no se encuentran, pese a lo que pueda creer el gobierno, en el campo de batalla sino en el campo de la lucha de clases: las tiene el movimiento popular que comienza hoy a dar pasos muy importantes de articulación y movilización, como se aprecia con ciertas iniciativas de convergencia popular y encuentros como los de Barrancabermeja y Cali que dan muestras del deseo del pueblo de convertirse en un actor en derecho propio, gestor de su propia institucionalidad, de su propio poder, de su propio proyecto de futuro. Ellos vienen elaborando las propuestas para la solución política; porque saben que paz no significa sencillamente ausencia de conflicto. De poco sirve que se declare con bombos y platillos la paz cuando subsista la violencia institucionalizada del Estado, esa violencia sistemática del sistema capitalista que aniquila por física hambre a miles de colombianos año tras año. Esa violencia que se expresa en Tratados de Libre Comercio y en un Desarrollo Nacional que destruye las comunidades y la vida de los seres humanos. Es la hora de evocar una vez más los horizontes emancipatorios que han animado al pueblo colombiano durante décadas, entender estas aspiraciones y necesidades profundas, leerlas y actualizarlas bajo el signo de nuestros nuevos tiempos. Mientras el Estado se prepara para profundizar la guerra sucia, el pueblo se prepara para profundizar su proyecto emancipador.

José Antonio Gutiérrez D.
14 de Octubre, 2011


[1] http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-2895...forma
[2] http://www.semana.com/politica/gobierno-incluye-ampliac....aspx
[3] http://anarkismo.net/article/16405 http://anarkismo.net/article/16403
[4] http://anarkismo.net/article/19272
[5] Estamos hablando de poco menos del 1% de los uniformados siendo procesados por violaciones graves a los Derechos Humanos, en circunstancias que estas prácticas terroristas son ampliamente aplicadas en la institución castrense, son aprendidas y transmitidas en cadena de mando.
[6] http://www.semana.com/politica/gobierno-incluye-ampliac....aspx
[7] http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-3040...lidad
[8] http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NE....html http://www.semana.com/nacion/diego-felipe-muerte-muchas....aspx
[9] http://www.semana.com/nacion/caso-patrullero-disparo-gr....aspx
[10] http://www.semana.com/nacion/reversazo-del-gobierno-tem....aspx
[11] En “Revista Arcanos” Número 16, Abril del 2011, pp.28-47.
[12] “La Guerra contra y de las FARC”, en “Revista Arcanos”, Número 15, Abril del 2010, p.20.
[13] “ELN: Debilitamiento Nacional, Fortalecimiento Regional”, en “Revista Arcanos”, Número 16, Abril del 2011, pp.62-72.
[14] http://www.ddhh-colombia.org/html/noticias%20ddhh/estad...1.pdf
[15] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.42
[16] Ibid, p.9
[17] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...tares
[18] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.10. Reconocen, por ejemplo, que la muerte del ‘Mono Jojoy’ no trajo las desmovilizaciones masivas que se esperaban, y por el contrario, el ejército enfrentó una tenaz resistencia, con tres o hasta cinco combates diarios semanas después del bombardeo, lo cual no indica, precisamente, desmoralización de la insurgencia aún ante un golpe tan contundente.
[19] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299...acaos
[20] http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110719_colo...shtml
[21] http://pnudcolombia.org/indh2011/index.php/el-informe/r...vo/31
[22] El Colombiano, 3 de Septiembre, 2011, puede consultarse en http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=37516
[23] http://elespectador.com/impreso/opinion/columna-299951-...acaos
[24] El Heraldo, 16 de Septiembre, 2011, puede consultarse en http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=37922
[25] El Universal, 10 de Septiembre, 2011, puede consultarse en http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=37737
[26] “La Guerra de y contra las FARC”, p.9 (subrayado nuestro)
[27]http://www.codhes.org/images/stories/pdf/codhes%20infor...8.pdf
[28] http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2...7.pdf
[29] http://anarkismo.net/article/19933
[30] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...fiesa
[31]http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_far...a.asp
[32] El Ejército Revolucionario Popular Anti-Comunista (ERPAC) de los Llanos.
[33] El más inmundo de los defensores del paramilitarismo, Ernesto Yamhure, escribió, con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del ELN, una columna para El Espectador la cual es típica de esta ambivalencia discursiva entre la guerrilla comunista pero sin ideales: “El pasado 4 de julio, el Eln cumplió 47 años de historia delincuencial. Para celebrarlo, emitió una proclama que desempolvó el caduco discurso comunista que supuestamente los rige. Quieren hacernos creer que mientras secuestran y trafican con cocaína, sustancia que los hace fabulosamente ricos, estudian a profundidad los textos de Engels y Kropotkin.” http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-282...error Lo interesante del caso, es que su reconocimiento del estudio de Kropotkin reflejaría una complejidad ideológica mucho mayor que un supuesto “caduco discurso comunista”.
[34] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.14
[35] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-...ocial
[36] Según el CINEP, el ciclo de protestas del 2002 al 2008 es el ciclo más alto de luchas populares en el último medio siglo, según el análisis cuantitativo de movilizaciones y acciones colectivas, registrándose un promedio de 643 acciones colectivas anuales (“La Protesta Social 2002-2008”, CINEP, 2009). Sin embargo, desde el 2008 la protesta social ha adquirido proporciones mucho mayores, con importantes puntos de inflexión como la lucha de los corteros, la minga del 2008 y ahora las movilizaciones de los obreros petroleros y estudiantes.
[37] “La Nueva Realidad de las FARC”, pp.16-17
[38] http://colombiajournal.org/the-hunt-for-farc-commander-...o.htm Artículo original en inglés, la traducción es del autor de este artículo.
[39] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4424463
[40] “De la Guerra de Jojoy…”, p.33