miércoles, 30 de junio de 2010

Reacciones por la liberación de los presos de Atenco

Reacciones del FPDT tras conocer la liberación de los 12 presos políticos de Atenco
Video de El Universal.

video

Declaración del Movimiento por Justicia del Barrio,

Harlem, Nueva York.

*Júbilo en el Este de Harlem, Nueva York por la liberación de los 12 presos políticos de Atenco anunciada hoy en México.

*Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York, planea enviar a una delegación a recibir a los presos politicos liberados.

Un fuerte abrazo solidario y muy celebratorio de todos y cada uno de los hombres, las mujeres, l@s niñ@s y l@s ancian@s humildes desde el Este de Harlem zapatista para nuestros hermanos y hermanas de Atenco. Nos hemos enterado con gran júbilo de la liberación de los luchadores sociales que han aguantado una condena injusta impuesta por el gobierno por venganza pura, sólo porque resistieron y defendieron sus tierras. Desde hace cuatro años han tenido que soportar un encarcelamiento injusto. Desde hace cuatro años han tenido que aguantar los sermones de quienes alegan “legalidad” y “apego al estado de derecho” en un país de feudos donde sólo reinan la impunidad y la injusticia. Su resistencia y su valentía ha sido para nosotros una inspiración y una poderorísima razón para seguir luchando.

Queremos que sepan que el Este de Harlem zapatista está hoy celebrando, pues sabemos que esto no fue un triunfo del estado de derecho que no existe en México, sino de la organizacion y movilización de todos nuestr@s hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y de nuestros herman@s zapatistas en Chiapas, y de nuestros compañer@s de buen corazon en Mexico y todas partes del mundo. A tod@s ell@s l@s abrazamos y l@s festejamos también. Gracias a todos estos grandes corazones unidos es como seremos capaces de lograr que América del Valle pueda estar libre en su patria sin ser perseguida como una criminal que no es.

La liberación de nuestros hermanos presos no es un perdón inmerecido. Es la prueba de que nunca debieron estar en la cárcel. Mientras tanto, los responsables de la represión que sufrió Atenco dirigido por el Estado de México y criminales como Enrique Peña Nieto y la policía militarizada que golpearon salvajemente a la población, torturaron sexualmente a las mujeres y mataron a dos jóvenes en Atenco siguen con impunidad.

Desde El Barrio, Nueva York, queremos que sepan que estamos más que nunca con ustedes en la lucha que nos espera, hasta lograr que exista en nuestra patria una verdadera justicia.
¡Viva el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra!
Desde el otro lado de la frontera:

Movimiento por Justicia del Barrio

La Otra Campaña Nueva York

Ignacio del Valle: "Esto es como sembrar la tierra. Ahora nos toca cultivar"

LA SCJN HA DECLARADO LA LIBERACIÓN DE LOS 12 PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO. A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA ENTREVISTA PREVIA A LA RESOLUCIÓN DE NACHO DEL VALLE AL PERIÓDICO LA JORNADA...

Entrevista con Nacho del Valle

Todavía nos esperan muchos años de lucha, afirma Ignacio del Valle

*No debemos tolerar la injusticia cotidiana, señala
*Tenemos que despertar a ese gran pueblo adormecido
*Blanche Petrich

Miércoles 30 de junio de 2010,

Cuatro años en una celda de dos metros por tres, 23 horas diarias de soledad y una hora de patio que puede ser suspendida por cualquier motivo. Aun así, Ignacio del Valle, el líder del movimiento en defensa de la tierra en San Salvador Atenco, asegura que el pueblo de México es el único que a fuerza de conciencia y de tener presencia puede cambiar lo que ya caducó, de cambiar lo que está haciendo daño al país.

Con una sentencia de 112 años de prisión dictada por un juez que consideró que un acto de presión a funcionarios públicos fuera calificado como delito de secuestro equiparado, Del Valle consigue por primera vez hablar con un medio de comunicación desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, estado de México.

Ocho minutos apenas. Una entrevista muy apretada en la que alcanza a expresar su sentir sobre la decisión de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se anuncia hoy.


“Tengo confianza en que las cosas se den positivamente en favor de todos mis compañeros –comenta–; desde luego que también estamos preparando nuestra mente por lo que suceda, porque también puede ser algo diferente. La realidad nos ha enseñado que cuando esperamos una cosa positiva pasan las cosas de otro modo. Sabemos que en este sistema la justicia no se da como debe ser”.


Se trata de una resolución de la cual, de algún modo, pende su vida, pues es el último recurso legal que podría dejarlo en libertad. O dejarlo tras las rejas de por vida.


–Este proceso ha estado marcado por dos vías: la batalla jurídica y la vía de la movilización popular.


–Es así. Y ha sido muy importante. De otra manera no sería posible. Estamos frente a esta esperanza por el actuar del frente (de Pueblos en Defensa de la Tierra), y no sólo de mi comunidad sino de muchos otros hermanos en México que nos han brindado su solidaridad y comprensión. Todo esto nos indica que tenemos que hacer algo contra las injusticias que se dan de manera cotidiana. Tenemos que dar esa lucha en todos los frentes que existan. Si no lo hacemos, ese nuevo amanecer que perseguimos los que queremos justicia nunca va a llegar.


Pese al encierro en esta prisión, Ignacio del Valle logró mantener presencia en el movimiento atenquense gracias a sus cartas, largas misivas escritas a mano con una caligrafía preciosa.


La más reciente empezaba así: Desde este lugar en donde nos ha tocado hacer trinchera, en la que sus muros, sus barrotes de acero, sus alambradas de cuchillas filosas y puntiagudas pretenden aniquilar nuestro espíritu que se mantiene de pie...


Por teléfono reitera ese buen ánimo: Felipe Álvarez, Héctor Galindo y yo estamos bien, estamos más fuertes. Nos hemos forjado, como los machetes, que a fuerza de golpes se les saca filo.


–¿Está haciendo planes, si acaso sale libre? ¿Cómo imagina su regreso a Atenco?


–Yo nunca me he ido de mi pueblo, siempre he estado con él.


En sus años de ausencia, su parcela no ha estado ociosa. Su esposa Trinidad Ramírez la ha estado cultivando. Su taller para imprimir camisetas tampoco, sus hijos Ulises y César lo mantienen trabajando. Y el movimiento que él lideró a partir de 2002 sigue presente.


–¿Con qué se imagina que se va a encontrar?


–Nos queda mucho que hacer. Esto es como sembrar la tierra. Ahora nos toca cultivar, queremos una cosecha de lo que al tiempo sembramos.


–¿Qué aprendizaje le deja la cárcel?


–No debemos tolerar la injusticia cotidiana. Es imposible que al vernos en las condiciones en que estamos no hagamos nada. Tenemos que despertar a ese gran pueblo que de alguna manera ha sido adormecido. Como experiencia, la vida nos puso en esta situación y la tenemos que enfrentar.


–¿Cambiaría algo de lo que se hizo en la lucha de Atenco?


–No nos arrepentimos de nada, estamos conscientes de lo que perseguimos. Lo que hemos hecho fue sólo defendernos. Por la realidad que hemos vivido entendimos que los derechos no sólo se exigen. Ya basta de que sólo exijamos ser escuchados. La libertad la tenemos que tomar en nuestras manos, el pueblo debe tomar lo que le corresponde en forma natural.


De todos los perseguidos de Atenco, es a Ignacio del Valle a quien se le castigó más duramente. En mayo de 2007, a un año de su arresto en Texcoco, el juez del primer tribunal penal de Toluca lo sentenció a 67 años de prisión. La Procuraduría de Justicia mexiquense consideró la pena insuficiente y recurrió el dictamen. El juez de la sala de Texcoco le añadió otros 45 años. Adicionalmente le impuso una multa de 157 mil pesos. En junio de ese año la Secretaría de Finanzas en Toluca ordenó el embargo de su casa.


Con toda esa carga a sus espaldas, Ignacio del Valle no olvida a los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas que están en huelga de hambre en el Zócalo capitalino. Envía abrazos y saludos a mis hermanos del SME, a mis hermanos mineros, a las organizaciones hermanas que están en pie de lucha y en resistencia.


Cualquiera que sea el fallo de la SCJN hoy, el hombre tiene pila para rato: Nos esperan muchos años por seguir la lucha. Nuestra existencia entera no va a alcanzar para todo lo que tenemos que hacer. La esperanza se construye, no se espera.


Faltan muchas cosas que decir, pero el tiempo se agota. Estamos en la línea. Gracias. Y la llamada se corta.

NOTICIAS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN, QUE HA DECLARADO LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS 12 PRESOS DE ATENCO:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/06/30/libera-scjn-a-los-12-presos-de-san-salvador-atenco

http://www.eluniversal.com.mx/notas/691660.html

http://www.milenio.com/node/476678

lunes, 28 de junio de 2010

Video con el abogado del FPDT Atenco (Carmen Aristegui)

ENTREVISTA CON EL ABOGADO DEL FPDT ACERCA DE LA PRÓXIMA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SOBRE LAS CONDENAS DE NUESTROS COMPAÑEROS DE ATENCO



MARTES 29 DE JUNIO:
MARCHA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
16 HORAS
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO:
CONCENTRACIÓN FRENTE A LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

jueves, 24 de junio de 2010

"Me voy, pero no me rindo"

CARTA DE AMÉRICA DEL VALLE
Al pueblo de México:
A los pueblos de la orilla del agua, Atenco:
A mi madre, a mi padre y mis hermanos:
A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y la justicia en nuestro país:

Han pasado cuatro años desde aquella bárbara agresión del gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra nuestro pueblo digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde aquellas salvajes golpizas contra hombres, mujeres y niños; del allanamiento y destrozo de nuestros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 compañeros; la humillación y violación de decenas de nuestras compañeras durante su traslado al penal; la expulsión del país de amigas chilenas, alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron la represión. Todo, a manos de los cuerpos policíacos estatal, federal y municipal. Todo, ordenado, dirigido y supervisado personalmente desde un lugar situado a unos metros de los hechos, por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la presidencia de la República para cobrarnos la afrenta de haberle impedido arrebatarnos nuestras tierras para cerrar el negocio del sexenio: el de abrir un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo.

Durante estos cuatro años hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aún así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras.

Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados lo jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar:

La SCJN ha dejado libre e impune a un gobernador que en cadena nacional fue evidenciado protegiendo a una red de grandes empresarios pederastas denunciados por Lydia Cacho, el góber precioso no fue ni siquiera molestado por la Corte.

Más de 20 muertos dejó la represión en contra de la APPO en 2006, las fotos de los sicarios de Ulises Ruiz disparando contra el pueblo de Oaxaca aparecieron en la portada de varios diarios de circulación nacional, cuando la SCJN revisó el caso no puso tras la rejas a ninguno de los sicarios y mucho menos ejecutó acción alguna contra el gobernador oaxaqueño.

Liberó, eso si, a paramilitares responsables de la masacre de Acteal, entre ellos, dos asesinos confesos.

En el caso de la guardería ABC, puso por encima la tradicional impunidad de los funcionarios que se enriquecen a costa de abaratar la calidad de los servicios que ofrecen, al profundo grito de justicia emanado del dolor por la muerte de 49 niños.

Ya una vez la Corte discutió el caso Atenco y decidió una aberración jurídica al referir que sí hubo violaciones a los derechos, pero que nadie era responsable de tales.

En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres, y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos, queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad.

Me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo asilo político después de cuatro años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. Cuatro años que han sido de amedrentamiento pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el poder judicial. Para mi, no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia.

Los cargos por los que a mi me persiguen, son los mismos y en los mismos hechos que los de mi papá. Y frente a esta decisión de Estado de dejarlo preso, me he visto orillada a tomar esta decisión, el asilo político, para continuar la lucha desde fuera, pero con más fuerza y en mejores condiciones. He logrado evitar ser encarcelada cuatro años, y por supuesto que si no han logrado apresarme, menos aún lograrán que me entregue por delitos que no cometí.

Es al pueblo de Venezuela y a su presidente, a quienes pido ayuda, porque he sido testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia los pueblos que sufren injusticia. Muestra de ello son todos los programas que otorga el pueblo venezolano con médicos, profesores, petróleo barato, operaciones de la vista a cientos de miles de pobres en nuestra América, combatiendo al imperio yanqui y al capitalismo depredador con gran fortaleza y dignidad.

Me voy, pero no me rindo. Y desde aquí quiero agradecer al pueblo humilde que me ha protegido y resguardado todos estos años; no tengo con qué pagarles más que con mi lucha y mi fuerza.

Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía, con quien tengo muchos proyectos y espero regresar pronto para concretarlos, junto a mis compañeros. Quiero que lo sepa mi padre y mi madre y toda mi familia, también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria que es México: Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que hemos sufrido por años, y que ya no estamos dispuestos a tolerar.

Y quiero que lo tengan siempre bien presente: ¡Venceremos! Ahora más que nunca, es momento de unirnos, de pelar juntos contra el enemigo común. Mineros de Cananea, de Pasta de Conchos, pueblo de La Parota y Copala, trabajadores del SME, maestros de la CNTE, estudiantes universitarios, padres de la guardería ABC, de los muertos y las muertas de Ciudad Juárez, familiares de los miles de inocentes asesinados por esta llamada “guerra” contra el narcotráfico, pueblo pobre y trabajador, sin prestaciones, ni buenos salarios, sobreexplotados y humillados, a ustedes me dirijo con todo mi respeto, tenemos que estar juntos, tenemos que acabar de una vez con tanto despojo y represión, tanto de Felipe Calderón, como de quien aspira a ser su sucesor, Enrique Peña Nieto.

Que también lo escuche fuerte y claro el Estado. No pudieron con Atenco y no podrán conmigo. Sigo y seguiré de pie, resistiendo, porque la saña de los de arriba jamás podrá marchitar la rebeldía sembrada y regada por años en la tierra de nuestra nación. Ni sus jueces ni sus medios mentirosos, ni su cárcel ni su persecución, ¡nada detendrá nuestro camino a la justicia y la libertad! En la trinchera que nos toque estar, estaremos con la frente y nuestro puño en alto.
Ni la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Presidente Chávez, ni por supuesto los millones de venezolanos y venezolanas, tienen nada que ver con lo que afirmo. Ellos tienen su lucha propia, la cual admiro y siento como propia, pero nada han tenido que ver con mi decisión de entrar a esta embajada y pedir asilo, lo cual ha sido decisión mía, exclusivamente.

No estoy dispuesta a permanecer más tiempo escondida, acosada, maniatada. Ya son más de cuatro años así, y la situación no tiene visos de cambiar. Mi única alternativa para recuperar la libertad por ahora es acogerme al asilo político por parte de un gobierno realmente democrático y del pueblo; de una pueblo solidario con la rebeldía de sus hermanos de otras tierras. Quiero mi libertad para seguir luchando, para seguir estudiando, para seguir viviendo. Por eso he decidido pedirle al pueblo de Venezuela, a su presidente, Comandante Hugo Chávez, que me acojan en su territorio mientras logro recuperar mi derecho a seguir luchando en mi propio país.

Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país, es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aún cuando éste cometa la más burda y lacerante de las injusticias.

AMÉRICA DEL VALLE

martes, 22 de junio de 2010

Atenco: Movilización ante la resolución de la Corte

Tomó la estafeta con su esposo Ignacio preso y su hija América prófuga
La necesidad me llevó a liderar al FPDT: Trini
Confía en un fallo favorable de la Suprema Corte que reconstruya su vida
Blanche Petrich
Martes 22 de junio de 2010, p. 5

San Salvador Atenco, estado de México, 21 de junio. En la medida en que se acerca el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita el fallo que determinará si los 12 “presos políticos” de Atenco quedan libres o terminan de cumplir sus penas de cárcel, María Antonieta Trinidad Ramírez de Del Valle, más conocida ahora como Trini, siente como si el reloj se detuviera, como si su vida entrara al compás de la espera. Lo que está en juego tiene que ver con su lucha por la defensa de la tierra, pero sobre todo, con su familia, su hogar.

Su esposo, Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), purga una condena de 112 años de prisión, en tanto su hija, América del Valle, está prófuga desde hace cuatro años, acusada de “secuestro equiparado”.

Trini recuerda: “Antes me levantaba y apuntaba mentalmente: hoy hay que ir a la marcha, a la reunión, al foro, a tal cita. Además, escombrar la casa, conseguir las mantas, atender la cocina, echar las tortillas, salir a la parcela. Porque las mujeres del FPDT nos metimos a un proyecto agrícola. El año pasado cosechamos unas mazorcas así de grandes”.

Ahora están esperando que maduren las vainas del frijol. Pero a decir verdad, les ha faltado riego, porque la lucha social ha robado a estas labradoras muchas horas de la labor campesina. “Ahora todo está hecho”, expresa con un dejo de ansiedad. “Sólo nos queda asistir a la concentración del miércoles 23 frente a la Corte, porque ese día sesionan y deciden los cinco ministros de la primera sala, aunque ya nos dijeron que el fallo no se va a anunciar hasta el día 30”.

Si con la resolución de la Suprema Corte de Justicia “logramos la libertad de los 12 presos de Atenco, también vamos a dar un paso para lograr más adelante la libertad de América del Valle, mi hija, que no está en una cárcel, pero tampoco es libre. Si la Corte no los declara libres, tampoco mi hija será libre. Y eso es lo que más me angustia”.

La tarde de domingo la casa de Trini parece más sola que nunca. Desde la calle llega el ruido de los caballos y el timbre de los bicitaxis, como todo tráfico pueblerino. Desde el solar los chillidos de los marranos reclaman su alimento en la porqueriza. En privado, la esposa de Ignacio del Valle, la lideresa de los macheteros de Atenco, descarga su emoción.

“América, es América la que me inquieta. Ya me lo han explicado claramente los abogados, va a ser la última en regresar. Yo sé que no está entre las rejas. Pero no es libre para vivir su vida. Yo pasé por esta experiencia de vivir prófuga siete meses, desde mayo hasta noviembre de 2006, encerrada en pequeños lugares. Imagínate nosotros, acostumbrados a caminar nuestros campos, bajo nuestras nubes. La veo desesperada, aunque en sus cartas expresa mucha entereza.”

Se infunde valor: “Si los ministros entienden la verdad y fallan en favor de los presos, será una victoria de todo el pueblo. Si tan sólo comprendieran que la culpa de la violencia no fue nuestra, sino del mal gobierno. Como esposa de Ignacio me dará una gran felicidad saber que va a regresar a esta casa, a su lucha. Pero sobre todo será una gran felicidad saber que ahora lo podemos hacer juntos”.

Antes del golpe contra el movimiento campesino de Atenco, Trini era la compañera de Nacho, una más entre las muchas mujeres que desde la segunda fila, machete en ristre, nutrían las marchas contra el decreto que pretendía expropiarles las tierras, pagándoles siete pesos el metro cuadrado, para construir un aeropuerto internacional.

Después del ataque de las fuerzas policiacas estatal y federal, con los líderes del movimiento presos o prófugos, esta mujer, enfermera rural y ama de casa, tomó el altavoz y empezó a arengar a los activistas que, apenas sanadas las heridas, se volvieron a congregar frente a la Casa Ejidal Emiliano Zapata.

–¿Te consideras una lideresa natural?
–No, yo pienso como Nacho. Él siempre decía que aquí no hay líderes, el único líder es el trabajo. A mí un día me tocó un despertar muy brusco. Cuando los compañeros no estuvieron entre nosotros me tuve que parar a hablar en un mitin. Y la gente me escuchó. El reto era mantener de pie el movimiento, que no se desmoronara. Uno nunca se prepara para esas cosas. Yo muchas veces me sentí muy insegura, incluso ante los mismos compañeros, que quizá pensaban “bueno, y ésta qué va a poder hacer”. Pero también uno se encuentra con mucha generosidad entre el pueblo, son ellos los que me enseñaron, me guiaron, me fueron forjando.

“Desconocía muchas cosas, pero la necesidad me hizo aprenderlas. La clave fue la presencia constante. Yo convencí con mis acciones, no con palabras: limpiar el local, hacer mantas, convocar reuniones, tomar acuerdos, llamar a las acciones, siempre estar ahí y no perder el piso. Lo que he logrado lo hice siempre al lado de los demás, con el apoyo de muchas manos.

“Recorrí un camino totalmente desconocido que me abrió mucho los ojos. He conocido a mucha gente que de otro modo nunca me hubiera encontrado. Por ejemplo, a Carlos Monsiváis, ¿te imaginas? Un día me tocó verlo, estar con él en la misma mesa con el presidente de Bolivia, Evo Morales. O a Carlos Montemayor. En una ocasión me tocó platicar con él, contarle de nuestra resistencia. Me escuchó con mucha atención. Después le puse nuestro paliacate al cuello. Luego me enteré de todo lo que había escrito, de sus libros, de cómo él siempre fue pueblo. Ese día lloré.
“Recibir el apoyo moral de gente como Eduardo Galeano, como Noam Chomsky, eso nos deja una marca muy profunda, a mí y mis compañeros. Y aprendemos mucho como organización.

“Además, he aprendido a trabajar el campo. Las mujeres del frente nos metimos a un proyecto agrícola. Es un esfuerzo inmenso, que exige trabajo desde las primeras horas de la madrugada. Me encanta el campo, me encanta mi casa, pero ahora también me encanta la lucha afuera y no la voy a dejar. No voy a renunciar a todo esto, no voy a ser un parásito.”

–¿Imaginas la vida con tu esposo de vuelta a casa, libre?
–Lo quiero ver libre ya. Cuando vuelva vamos a platicar mucho, a planear juntos muchas cosas y quizá hasta a pelear un poco porque, la verdad, aquí ya cambiaron los papeles. Tendremos que encontrar la forma de encontrar la igualdad desde la casa. Trataré de entenderlo, pero si no nos entendemos no me voy a detener. Estos cuatro años aprendí que una mujer como yo, pobre e ignorante, puede vencer.

–¿Eres optimista?
–Soy realista. Hay dos antecedentes que me pesan mucho: la primera resolución sobre el caso de Atenco, en el que la Corte dijo: ‘sí se violaron los derechos humanos, pero no hay culpables’. Y la otra, más reciente, la de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La Suprema Corte decidió proteger a los altos funcionarios que tuvieron responsabilidad.

“Si hay una posibilidad de que los declaren libres (a los atenquenses), a esa esperanza me aferro. Es la esperanza que sentí cuando fallaron sobre las indígenas otomíes (en abril pasado, cuando se resolvió que no se había respetado el debido proceso en las sentencias de las queretanas Alberta Alcántara y Teresa González). Eso debería ocurrir ahora, pero tengo terror, lo confieso.”
–Sobre América, ¿qué esperas?
–Me acuerdo muy bien lo que te dijo hace año y medio, cuando la entrevistaste, que si en México hubiera verdadera justicia, no dudaría en entregarse. ¿Eso ha cambiado? Creo que no. Si la Corte falla con sentido de justicia y declara la libertad de los 12 de Atenco, tendría que diseñarse una estrategia legal para que ella pudiera entregarse, defenderse y salir libre. Por el momento, ni tocar el tema.
COMUNICADO URGENTE DEL COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO.
21 de junio de 2010.
PLAN DE ACCION

Como habíamos previsto y anunciado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá antes que termine junio sobre la libertad de nuestros 12 compañeros. Es por ello que:

1. Llamamos a realizar una concentración este miércoles 23 de junio frente a la Suprema Corte de Justicia a las 10 hrs. Invitamos a todas y todos a apoyar este mitin.

2. El martes 29 de junio llevaremos a cabo un día de acción global por la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. En varias partes del mundo y del país se preparan protestas, movilizaciones y acciones de difusión en demanda de la libertad. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a este día de acciones coordinadas, registrando cualquier acción civil y pacífica a través de nuestra página.

3. Ese día realizaremos una movilización –la última, previa a la decisión- en Ciudad de México, del Angel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia a las 16:00 hrs. Será nuestra última acción antes de esperar la resolución de la Corte. Llamamos a todas las organizaciones, colectivos, movimientos y redes, a todas y todos los activistas, a las miles de personas sin organización que han participado en la lucha por la libertad a sumarse a dicha movilización. Les pedimos puedan difundir por todos sus medios la realización de esta movilización decisiva. En la concentración de 23 de junio tendremos propaganda para todas y todos aquellos que deseen fortalecer la convocatoria a la movilización del 29 de junio.

4. Invitamos a todas las organizaciones sociales, civiles, eclesiales, de mujeres, estudiantiles, indígenas, de trabajadores a firmar el pronunciamiento que más abajo anexamos. El cierre de la recolección de firmas de organizaciones será este jueves 24 a las 12 de la noche a través del correo que abajo se indica.

5. Por último, hace unas semanas iniciamos la recolección de firmas de la ciudadanía. Entregaremos este miércoles 23 las firmas a la Suprema Corte de Justicia. Pedimos a todas y todos aquellos que recolectaron firmas físicamente puedan entregarlas este martes en el centro de acopio que se indica en los formatos (hasta las 6pm) o bien llevarlas este miércoles 23 entre 10 y 11 de la mañana al mitin de la Suprema Corte de Justicia.

6. El lunes 28 se realizará el foro “ATENCO ANTE LA RESOLUCION DE LA CORTE; EL CASO DE LOS 12 PRESOS a las 19 hrs. En Casa Lamm con diversos ponentes.

Llegó la hora compañeras y compañeros. Es el momento decisivo por el cual se ha mantenido una larga resistencia y lucha por la libertad por más de cuatro años. Llegó el momento definitivo. Sabemos que contamos con ustedes en la lucha por la libertad y la justicia.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Comité Libertad y Justicia para Atenco

domingo, 20 de junio de 2010

"Santos: justificar la guerra por cualquier medio"

Colombia: traspaso de poder, herencia de guerra
Jorge Morett Sánchez*
Jueves 17 de junio de 2010

Tras ocho años de encabezar la presidencia de Colombia, a la que accedió con apoyo de los jefes paramilitares, según confesión de ellos mismos, Álvaro Uribe Vélez fue impedido de buscar una segunda reelección. Sin embargo, todo parece arreglado entre las cúpulas colombianas y sus socios de Estados Unidos para que el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos sustituya a su antiguo superior jerárquico.

Dos son los objetivos centrales que busca este relevo:

Continuar con la llamada política de “seguridad democrática”, que utiliza como excusa una supuesta “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico” para justificar la guerra por cualquier medio, lo que ha significado verdaderos y reiterados abusos de poder, así como la violación sistemática de los derechos humanos, en particular los de sus connacionales, pero también los de muchos otros latino- americanos, entre ellos los cuatro mexicanos asesinados en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, y los de la sobreviviente Lucía Morett.

Garantizar a Uribe, a Santos y a sus funcionarios cómplices, desde policías y militares hasta legisladores, las condiciones de impunidad ante los graves delitos que han cometido para evitar la acción de la justicia, tanto en Colombia como en tribunales internacionales.

Uribe ha impulsado durante su gobierno una política belicista contraria al diálogo y la paz, mediante una guerra que ha ocasionado mayor subordinación hacia Estados Unidos, la muerte de miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos y campesinos, así como el desplazamiento de millones de personas que han perdido sus tierras, arrasadas por la fumigación con productos tóxicos o por “una ofensiva de la gran minería trasnacional”, lo cual también “va acompañado de militarización”, como indica el ex ministro Camilo González Posso, presidente del Instituto de Paz (La Jornada, 30/5/10).

Uribe y Santos son responsables de la violencia, cuya criminalidad se manifiesta en hechos recientes, como el macabro hallazgo de una fosa clandestina con miles de cadáveres; la revelación de los llamados falsos positivos, tema que ha significado para los militares recibir “compensaciones de guerra” asesinando a jóvenes, a quienes disfrazan de guerrilleros; la reactivación de grupos paramilitares que cometen atrocidades inimaginables. El terrorismo de Estado en Colombia ha provocado mayor inseguridad, pobreza, desempleo y constantes amenazas a los movimientos sociales, sin que el narcotráfico, que dicen combatir, disminuya en ese país.

Una de las gravísimas violaciones al derecho internacional y a las garantías fundamentales cometidas por el régimen de Uribe es el ilegal ataque militar a Ecuador el primero de marzo de 2008. La invasión, apoyada por la CIA y con los recursos estadunidenses de la base militar de Manta (Ecuador), fue una provocación para regionalizar el largo conflicto colombiano, creando el problema geopolítico más grave de la historia reciente de América Latina. Diez sofisticadas bombas de fragmentación de 500 libras fueron dirigidas satelitalmente para causar la muerte.

Se cometieron flagrantes violaciones a tratados internacionales, incluso en situaciones de guerra, ya que se mató por la espalda a heridos; se torturó, vejó sexualmente y abandonó a las sobrevivientes, quienes hoy son testigos de delitos de lesa humanidad. Esta agresión nos afectó directamente, pues entre las 26 personas asesinadas están los mexicanos Juan González, Verónica Velásquez, Soren Avilés y Fernando Franco. Lucía Morett, quien fue herida y torturada por militares colombianos, enfrenta una feroz persecución política de Uribe y sus aliados en varios países (incluido México).

Uribe y Santos reconocen haber ordenado el ataque a Ecuador, por tanto, son asesinos confesos. En su guerra preventiva no hay razones legales, son actos de poder y de fuerza, al amparo del gobierno más poderoso del planeta.

Hoy, en los debates por la presidencia colombiana, el tema de la masacre de Sucumbíos ha estado presente. Santos reiteró que se siente orgulloso de esa incursión y señaló que la repetiría, con lo que muestra que la legalidad y el derecho internacional le importan muy poco.

¿Qué legalidad y legitimidad moral tiene el gobierno colombiano para haber formulado en Bogotá un proceso judicial contra Lucía Morett en ausencia, sin su conocimiento y sin el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, según información de ésta? ¿Qué derecho tiene Colombia a juzgar a una ciudadana mexicana por su presencia en Ecuador?

¿Qué jurisdicción y legalidad tiene Colombia para haber pedido la circular roja de Interpol contra Lucía Morett? ¿Por qué esta circular se mantiene vigente mientras Interpol ha rechazado la solicitud ecuatoriana de ficha roja contra Santos, aduciendo motivos políticos en el pedido?

Santos está a punto llegar a la presidencia de su país, mientras Lucía Morett, sin la efectiva protección de nuestro gobierno, sigue bajo la incertidumbre de ser apresada y enfrenta de manera desproporcionada la violencia del Estado colombiano y de todos aquellos a los que éste ha comprado, incluyendo a seudoperiodistas.
*Padre de Lucía Morett, sobreviviente al ataque del ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador.

lunes, 14 de junio de 2010

Pueblos indígenas: La verdadera guerra del Estado mexicano

Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicano
Un reporte especial
Suplemento Ojarasca, No. 158

Hace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio contra los pueblos de México. Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene) cajas de resonancia lo negaron una y otra vez. No podía ser de otro modo: el régimen priísta-panista resulta responsable directo de dicha guerra, que sí lo es en el sentido más estricto y literal que el atribuido por el calderonismo a su “guerra” contra el crimen organizado. El poder político y económico disputa a los pueblos originarios sus territorios, sus culturas, su derecho a la vida, y les niega la autonomía, la autodeterminación, los derechos culturales y políticos. Ante la abundancia de hechos graves registrados en la primavera de este año, el equipo editorial de Ojarasca elaboró el presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente nos quedamos cortos.
Los paramilitares no existen (1): Oaxaca

Sobran elementos en Oaxaca para confirmar la existencia de grupos paramilitares en franca guerra contra comunidades triquis y mixtecas. Sus acciones criminales, sobre todo en la sierra Mixteca, se han recrudecido en meses recientes, bajo una consistente protección del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz. Ataques de grupos armados siempre con armas de uso exclusivo del Ejército, y en ocasiones uniformados de negro, sólo en mayo afectaron a comunidades enteras en Chalcatongo de Hidalgo y Zimatlán, además del mucho mejor conocido caso del municipio autónomo San Juan Copala, sitiado desde hace medio año por un grupo armado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El gobierno priísta de Oaxaca nunca ha aceptado la existencia de grupos paramilitares, del mismo modo que ocurre en Chiapas desde 1995. Así es la flagrante actuación de miembros de Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) como grupo “civil” armado, entrenado y organizado, que mantiene sitiado San Juan Copala a tiros, con la impávida anuencia gubernamental. El candidato priísta a gobernador, Eviel Pérez Magaña, rubricó la versión de Ruiz y dijo que es un conflicto que lleva 150 años, y nada de que hay paramilitares.

Además de varios asesinatos recientes, en menos de un mes murieron emboscados por Ubisort la activista Betty Cariño y el observador de paz Jyri Jaakkola (27 de abril), y luego fue ejecutado el líder del multi y parte el gobierno municipal autónomo bajo sitio de San Juan Copala, Timoteo Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro. Esto llamó la atención nacional e internacional, y una segunda caravana de paz intentó romper el cerco el 8 de junio. Pero no ha sido el único caso. El 5 de mayo, según el reportero Roger Valle, “más de 50 integrantes del grupo paramilitar que comanda Freddy Eucario Morales Arias bajaron de la comunidad de Los Reyes, sitiando La Paz y Reforma Chalcatongo”. El grupo colocó barricadas en los caminos, “dejando incomunicado a los pobladores, y ha amenazado con matar a los que pretendan salir”, declaró Isidro Jiménez, presidente de bienes comunales de Chalcatongo de Hidalgo.

“Los paramilitares, con armas de alto poder, bajaron de su comunidad realizando disparos al aire, tratando de sembrar el terror en La Paz y Reforma, lo que originó que los pobladores se encerraran en sus casas para evitar ser asesinados.”

Los paramilitares, dijo Jiménez, “exigen la liberación de su líder preso Morales Arias, así como de Aurelia García García, detenida en días pasados acusada de asesinar a Epifanía Ruiz Ruiz en 1996, y que en caso de no dárseles la libertad, se estaría asesinando a los pobladores”.

Fructuoso Román Mendoza Cortés, agente de policía rural de La Paz, mencionó que “que los pobladores temen ser asesinados durante la noche”. Por su parte Rufino Benítez Sánchez, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, expuso: “En el paraje Los Reyes se encuentra refugiado el grupo paramilitar. Las autoridades locales, estatales y nacionales han sido informadas de estos sucesos mediante denuncias formales y peticiones”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 177 personas de Santo Domingo Ixcatlán (municipio vecino) “en grave situación de peligro por la amenaza que representa el grupo paramilitar que opera en dicha zona de la Mixteca Alta”. Esto evidencia “que en Oaxaca existen grupos paramilitares que cuentan con la protección del Estado, ya que actúan de manera reiterada y cada vez más violenta, en total impunidad, sin que la procuración de justicia sea eficaz e imparcial”.

Cabe mencionar que Chalcatongo, tierra natal de Ulises Ruiz, es un municipio mixteco que lo repudió oficialmente en 2006. También que el cacique de Santo Domingo Ixcatlán, ex-edil y cabecilla paramilitar, Morales Arias, es parte del grupo de protegidos del gobernador y los sucesivos secretarios de Gobierno. Como funcionarios, alcaldes o legisladores, han asolado distintas regiones y municipios de Oaxaca. Chalcatongo y Santo Domingo son sólo un par de casos. Hay otros.

El 29 de mayo los reporteros regionales Ricardo García y Roger Valle informaron que hombres encapuchados y con armas de alto poder dispararon contra los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, también en la Mixteca, “generando terror”. La gente buscó refugio “para no ser el blanco de los disparos que dejaron heridos y varias casas quemadas”.

Nicanor Jiménez Garcí­a, suplente del agente municipal de Zimatlán dijo que más de 150 personas “fuertemente armadas y vestidas de negro” atacaron a la población: “Los disparos provienen de los cerros que rodean a la comunidad”. Aquí también la población se vio obligada a buscar refugio para no ser blanco de los paramilitares apostados en los cerros”. En las escuelas se suspendieron las clases.

Los más de 150 paramilitares que han rodeado Zimatlán pertenecen a la comunidad San Sebastián Nopalera. El gobierno estatal, al tanto de la situación, “no da respuesta al problema, lo que pone más tensión, y los pobladores temen que durante la noche los paramilitares bajen de los cerros e inicien ejecuciones”.

Una explicación posible de este recrudecimiento está en el actual proceso electoral, que para estos políticos profesionales significa el Aleph: ganar, ganar, ganar elecciones cueste lo que cueste. El verdadero trasfondo de este ensañamiento con los pueblos es la intención del poder de arrebatar sus tierras a los indígenas. En ellas existen recursos minerales y forestales, tierras de cultivo, o habrán de transformarse en autopistas. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán, los paramilitares atacan donde hay agua, potenciales polos turísticos, o también potenciales rutas para el narco y los polleros.

Una temporada de abusos

Según el informe en 2010 de Amnistía Internacional (AI) El estado de los derechos humanos en el mundo, “en México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en tareas policiales y por policías federales, estatales y municipales”.

Amnistía Internacional añade: “Familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares fueron amenazados, y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos”. Además, continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro. “Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Doce periodistas fueron asesinados, y algunos activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos”.

Un ejemplo de cómo se desfonda la institucionalidad es el programa de “Focos rojos” de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de retribución (o “indemnización” injustificada) a quienes por años invadieron tierras con lujo de violencia. Ya habían perdido los litigios en tribunales agrarios. En la Sierra Huichola, por citar un caso, se instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto). Ello restó autoridad a los tribunales y afianzó a caciques (“poderes fácticos”), que recibieron una inyección en efectivo para operar, sin que ningún tribunal pueda impedirlo.
Los principales afectados son los huicholes y sus asambleas. Ahora deben demostrar nuevamente que son las legítimos dueños del territorio invadido. En los polígonos que “sobran” cuando las brigadas institucionales hacen mediciones, literalmente “inventan tierra donde no hay” o permiten “indemnizar” a invasores que sólo rentaban, y que las comunidades ya habían corrido. Las asambleas se enfrentan a caciques, incrustados en las propias comunidades, que promueven la venta del bosque antiguo, sagrado para los wixaritari: Maye Niuhue, el corazón de la Sierra. Según Semarnat, existen allí 22 especies en peligro de extinción. Hasta 2000, la comunidad de San Sebastián (Jalisco) resistió la tala y frenó al invasor Francisco Quintanilla y su empresa Triplay y Maderas del Norte. Ahora, el comisariado de bienes comunales accedió a la tala de Maye Niuhue, a los precios ridículos (475 pesos el metro cúbico de madera en pie) que paga el empresario duranguense Enrique Adame, quien en la más reciente asamblea propuso de nuevo que los wixaritari hicieran tratos con Francisco Quintanilla.

Y mientras se malbarata el bosque sagrado en San Sebastián, sin que los comuneros tengan vías legales para evitarlo, en Bancos de San Hipólito (Durango), el Ejército federal irrumpió el 2 de junio en los campamentos de limpieza ambiental de la comunidad, instalados para aprovechar, con permiso de Semarnat, un millar de árboles caídos por las tormentas y nevadas de meses anteriores. Las tropas federales decomisaron ¡tres rifles .22!

De igual manera, el 29 de mayo habían sido “desarmados” en Jalisco cazadores wixaritari de San José Hayukarita, en la comunidad de San Andrés Cohamiata, y de Ciruelillo, en Santa Catarina Cuexcomatlán. Lo mismo ocurrió en Ciénega de los Osos, dentro del territorio tepehuano de Santa María Ocotán, (Durango). En todos los casos, esto representa un hostigamiento a los trabajos ceremoniales indígenas.

Los paramilitares no existen (2): Ostula

En Santa María Ostula, en la costa nahua de Michoacán, la situación es descrita así por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos: Las comunidades enfrentan “una serie de ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas invadidas hace 40 años por supuestos pequeños propietarios de La Placita”. Ese mismo día, 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares con rifles AK 47.

El pasado 23 de febrero, Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles fueron desaparecidos por un comando armado mientras se encontraban en un restaurante del municipio de Aquila. El 20 de abril, un comando paramilitar fuertemente armado de aproximadamente 20 personas sitió la casa del presidente del comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel, a quien secuestró y llevó “con rumbo desconocido”.

El 7 de mayo, unos 150 encapuchados, portando armas de alto poder, incursionaron en la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El Faro en la comunidad de Coire, “con el objetivo de sembrar el terror en la población y tratar de secuestrar a un comunero, transitado después por la carretera federal con absoluta impunidad”.

La Red también subraya la impunidad con que operan estos grupos en la zona, donde hay una fuerte presencia del Ejército federal, la Armada y el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, “por lo que resultan alarmantes la situación y la omisión de las autoridades”.

Desde junio de 2009 han sido violentamente asesinados ocho comuneros nahuas de Ostula, Coire y Pómaro “sin que los crímenes hayan sido investigados por alguna autoridad gubernamental, a pesar de que la comunidad ha denunciado en varias ocasiones la presencia de poderosos cárteles de droga, que gozan de una completa impunidad y que se han puesto al servicio de los supuestos pequeños propietarios para atacar a la población indígena”. Desde meses atrás, el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha venido denunciando lo que ocurre en Ostula y sus comunidades hermanas.

En medio de una conflictiva agraria causada por el propio gobierno, la Red señala que esta situación se da “en medio de una fuerte presión para imponer ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido consultados con las comunidades nahuas, como el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y proyectos mineros”.

Minería brutal: el proyecto de los depredadores

Las corporaciones echan mano de la manga ancha de la jurisdicción nacional como ventaja comparativa para la inversión extranjera. Por eso les funciona “liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas”, muchas, comunidades en resistencia, de acuerdo al informe del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio (3 de junio).

“El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración forzada o concentrándola en núcleos urbanos, como el programa gubernamental Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas. De este modo, regiones con alta concentración de recursos quedarán disponibles para las empresas en alianza con los gobiernos.

“La consigna parece ser ‘limpiar el terreno’, arrasar el modo de vida campesino-indígena para dar lugar al ‘desarrollo’”. El informe apunta “dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial para el despliegue del capital”. Una coercitiva, por medio del desalojo, la militarización o paramilitarización de las comunidades. “Otra, más silenciosa, propiciando condiciones para el desplazamiento forzado de la población” por la migración o “reacomodo en centros urbanos”.

Así, “la privatización y venta de tierras comunales y la instauración de megaproyectos abonan el abandono del campo”. Para miles de personas, su modo de vida campesina “no encuentra cabida frente al saqueo del territorio”. Lo que subyace es un “cambio de uso de suelo”. La milpa y la comunidad se hacen a un lado y dan paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza”, concluye CIEPAC.

Nadie más rampante que las mineras. Paramilitarización, desplazamiento, emboscadas y terror acompañan a muchos de los proyectos mineros, que —según el investigador Andrés Barreda— “pasaron de la perforación de túneles a la minería a cielo abierto, que entraña un despanzurramiento de la región en pos de mucho menores cantidades de mineral, a cualquier costo social y ambiental”.

Un caso ejemplar es la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Aunque el tribunal federal de justicia fiscal falló contra sus operaciones, sigue funcionando. Juan Carlos Ruiz Guadalajara explica (nota de Angélica Enciso, La Jornada, 28 de abril): “Ahora la compañía canadiense labora sin permiso ambiental y argumenta que lo hace al amparo de la norma oficial mexicana 155 de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual determina los requisitos para los sistemas de lixiviación de minerales. La minera, en una zona semidesértica, utiliza diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro, líquido que no podrá ser reutilizado”.

La empresa declara que existe medio gramo de oro por cada tonelada de corteza terrestre. “Con ese método de explotación a tajo abierto, cuesta 180 dólares una onza de oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200 dólares. Por cada 28 gramos de oro, se destruyen 56 toneladas de montaña”.

Ya en mayo de 2007, La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá, documento del autor colectivo Mandeep Dhillon, afirmaba: “El debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los movimientos sociales son requisitos para que prosperen los proyectos mineros en México. Los informes de la industria minera no dejan lugar a dudas. La ‘estabilidad política’ que mencionan los informes de las empresas canadienses y del gobierno no es la estabilidad social sino el control de los movimientos con mano dura, de la militarización del campo y el desplazamiento de las comunidades locales” tal como se dan actualmente en México. Esto permite “la implementación y protección de las inversiones corporativas. Oaxaca cuenta con abundantes recursos naturales que han estado en la mira de las empresas extranjeras durante años”.

Continuum Resources, de Vancouver, tiene 10 proyectos en Oaxaca, en más de 70 mil hectáreas, y “consolida su dominio en terrenos aun mayores”. En septiembre de 2006, la empresa Chesapeake Gold Corp. anunció haber cedido en Oaxaca casi la totalidad de dos proyectos a Pinnacle Mines.
“La Horseshoe Gold Mining, adquirió 60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, en Oaxaca. La Linear Gold Corp de Halifax también es dueña de un proyecto minero en marcha”.
El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San Juan Copala aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento de las compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril, era una activista contra la minería.

Desalojos “ecológicos” contra la autonomía comunitaria

El 26 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó un informe sobre las situación de las garantías de los pueblos de Chiapas en el último año. Sus hallazgos son aplicables a todos los procesos de autodeterminación y autonomía que se desarrollan actualmente en México, “demuestran que la autonomía es un camino que se construye, reinterpreta y resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias; se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos, en contraposición a la lógica capitalista y de desarrollo, basada en la sobreexplotación de pueblos y recursos naturales”.

Planes como el Proyecto Mesoamérica, que promete infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, “constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza”. El gobierno, considera el Frayba, pretende despojar de la tierra a los pueblos, “lo cual supone la venta de la gran diversidad biológica y cultural, en beneficio de inversionistas internacionales y nacionales”.

La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “fomentan conflictos” en diferentes regiones. Por ejemplo, “otorgando tierras recuperadas por los zapatistas a peticionarios afines al proyecto de privatización, valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”.
En Chiapas (como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros), “los gobiernos federal, estatales y municipales utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales”. La represión contra los pueblos que históricamente poseen la tierra “ha aumentado”.

La estrategia de despojo pretende imponer “la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades”. Sin embargo, los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio”.

Ante las luchas a nivel nacional contra el calentamiento global y por la protección ambiental, los gobiernos estatales promueven presuntas alternativas “ecológicas y sociales”, como agrocombustibles y maíz transgénico. Apoyan el monocultivo argumentando que es “una oportunidad para el desarrollo de las comunidades más pobres”.

El cultivo de maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria. El objetivo consiste en que los pueblos dependan de las transnacionales para su sobrevivencia y se inserten en la lógica consumista. Esto representa un peligro para el medio ambiente y los derechos fundamentales.

El gobierno mexicano continúa practicando el “desplazamiento interno”, confirma el Frayba. El 21 y 22 de enero fueron desalojadas de Montes Azules las comunidades El Suspiro y Laguna San Pedro, ésta última de bases zapatistas pertenecientes al caracol de La Garrucha. Y el 2 de mayo, la junta de buen gobierno de La Realidad denunció la intención oficial de nuevos desalojos que afectarían, entre otros, a bases del EZLN que ejercen su derecho a habitar la selva racional y legítimamente.

Ante las demandas de autonomía de la población indígena, “el Estado se limita a ofrecer subvenciones paternalistas, mediante programas que crean dependencia para el control político y contrainsurgente”. La libre determinación “implica que los pueblos asuman el control de su territorio y la procuración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos de sus territorios”.

A miles de kilómetros, en el extremo norte del país, el 19 de mayo, las fuerzas armadas detuvieron en el mar de California a los pescadores cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, por llevar en su panga una totoaba de 12 kilos. El ministerio público los consignó por, presuntamente, pescar en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado, donde los cucapá han vivido y trabajado durante siglos.

El juez José Ávalos Cota dictó auto de formal prisión a los indígenas, sin derecho a fianza, “como si fueran criminales”, como lo expresaron sus hermanos cucapá. Ahora podrían alcanzar penas de hasta nueve años por pescar en sus costas ancestrales.

Del mismo modo, los peregrinos wixaritari enfrentan amenazas equivalentes en Virikuta (Desierto de Coronado, en San Luis Potosí), territorio sagrado que durante siglos han sabido cuidar mucho mejor que las voraces autoridades “legales”, corroídas hoy por la corrupción.
Los paramilitares no existen (3): Chiapas

En Chiapas, los paramilitares “no existen” desde 1995. Ni siquiera fueron reconocidos por el gobierno tras la masacre de Acteal en 1997. Mucho menos en la ola criminal desatada por Paz y Justicia en la zona chol. La actuación de esos u otros grupos contrainsurgentes contra las bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus municipios autónomos se ha sucedido desde entonces.

Alrededor de 2000, diversas ramificaciones de la Opddic —agrupación priísta, como todos los grupos contrainsurgentes armados en México—, han protagonizado agresiones contra comunidades de los municipios autónomos San Manuel, Comandanta Ramona y Ricardo Flores Magón, cuando menos.
El pasado 10 de mayo, la junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha denunció la desaparición de nueve indígenas, bases de apoyo del EZLN, y de cinco más, “detenidos” en el ejido Peña Limonar por miembros de un grupo armado, de corte paramilitar, responsable de dos asesinatos en la comunidad de Amaytik en 2002. En marzo, estos “asesinos” habían ocupado por la fuerza tierras de Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

La junta El Camino del Futuro destacó que las bases zapatistas “son perseguidas por la seguridad pública y los paramilitares, cerrando todos los pasos y entradas en los caminos para vigilar qué hacen y a dónde van los compañeros, y los asesinos tranquilamente paseando”.

Las mujeres, “en sus entradas y salidas de la comunidad”, se encuentran amenazadas por los paramilitares, que además “quieren desalojar” el poblado. El grupo paramilitar ha sido vinculado por la propia junta a la Opddic.

De esta manera, las mismas autoridades gubernamentales que han solapado a los asesinos durante ocho años, detuvieron sin motivo a cinco campesinos zapatistas, y los entregaron a la policía, que los condujo a la cárcel para “ser procesados”. Fueron liberados el 12 de mayo, pero la amenaza paramilitar en Amaytik y otras comunidades zapatistas y de la Otra Campaña en Chiapas sigue en pie.

En un episodio más, el 12 de marzo Opddic amenazó con atacar la comunidad zapatista Casa Blanca, o Santo Domingo, perteneciente al caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, en La Garrucha. Y en Bolón Ajaw, municipio autónomo Comandanta Ramona, el 9 de febrero hubo un ataque armado de ejidatarios de Agua Azul, identificados desde hace años como “opdiqueros”, y que a fines de enero habían invadido tierras de la comunidad autónoma sobre las cuales no pueden invocar ningún derecho, pues son tierras recuperadas por los zapatistas.

Sin embargo, y como siempre, los paramilitares “no existen” en los territorios chiapanecos intensamente militarizados desde el gobierno de Ernesto Zedillo, no tanto para combatir militarmente a los zapatistas (no hasta ahora) como para implementar una amplia estrategia contrainsurgente que ha incluido sistemáticamente grupos civiles armados. Paramilitares, o bien bandas criminales, “leales” al Ejército, las policías y el gobierno estatal.

Coda: El cerco de Copala, una vergüenza nacional

El desenlace, si se le puede llamar así, de la segunda caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala el 8 de junio, confirma que el gobierno de Ulises Ruiz puede hacer, o permitir que se haga cualquier cosa en Oaxaca sin que pase nada. El territorio triqui es el escenario donde el Estado mexicanolibra hoy mismo una batalla más de su guerra contra los pueblos.

Conformaban el frustrado cortejo centenares de personas, en 20 autobuses. Indymedia registró entre los participantes a miembros del municipio autónomo triqui sitiado, la Otra Campaña, diputados del PRD y PT e integrantes del movimiento indígena nacional. De AMAP, MAIZ, Ucizoni, FIOB, SME, FNIC, RMALC; de la iglesia católica; grupos de derechos humanos y ambientalistas del DF, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Decenas de comunicadores de medios alternativos y comerciales. Observadores de varios países europeos.
La policía estatal, que presuntamente los venía protegiendo, les impidió llegar a su destino, argumentando que no podía comprometerse a defenderlos, no había condiciones.

En la cercanía de San Juan Copala, Ubisort bloqueaba el paso con grandes rocas trasladas por maquinaria pesada. Una concentración de indígenas priístas, encabezada por su líder Rufino Juárez y decenas de hombres armados, esperaba a la caravana para impedirle el tránsito.

A la entrada del paraje Agua Fría, la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, comunicó a los caravaneros que la “condición” que puso Rufino Juárez, dirigente de Ubisort, para dejarlos pasar “es que también dialoguen con ellos” (El Universal, 9 de junio).

Defensores de derechos humanos señalaron de que no se podía dialogar con una persona que está señalada en una averiguación previa como responsable de la emboscada, “y no hay siquiera una orden de presentación”. La procuradora se zafó replicando que existen órdenes de aprehensión para militantes de las tres organizaciones de la zona triqui (MULT, Ubisort, MULTI), pero no se ejecutan porque “no queremos vernos como un Estado represivo y creemos que la ayuda de ustedes puede coadyuvar al diálogo”.

La caravana humanitaria dio marcha atrás, según informó el propio secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Y que en el paraje La Pavimentada, última desviación hacia San Juan Copala, se escucharon disparos de arma de fuego.

Convertido además en botín electoral de los partidos, el municipio autónomo de San Juan Copala lleva meses secuestrado a punta de cañón, ante los ojos del mundo. ¿Alguien dijo paramilitares?

jueves, 3 de junio de 2010

México: Las tentaciones del paramilitarismo...

La tentación del paramilitarismo
Autor: Jorge Luis Sierra
Fuente: Contralínea 184 - 30 de mayo de 2010
Cartón: Rocha (La Jornada, 03 de junio de 2010)


El Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, una localidad de apenas 900 habitantes, está en el centro de una vorágine paramilitar, que busca aislar a sus dirigentes con emboscadas, asesinatos y hostigamientos armados.

Lo mismo ha sucedido en otras comunidades del país, ubicadas en territorios donde prevalece la pobreza extrema y en donde movimientos sociales, grupos políticos-caciquiles y los restos de movimientos rebeldes armados están en colisión permanente.

No se trata sólo de conflictos locales que surgen del enfrentamiento entre fracciones rivales de una comunidad ni tampoco de disputas limítrofes, aunque algunos de estos elementos suelen estar presentes. Se trata de conflictos locales con repercusiones de alcance nacional que han sido explotados por agencias de seguridad estatales y federales y en las que suele haber una intervención castrense. Esta relación ha quedado documentada en versiones de los planes militares de contrainsurgencia en Chiapas, que han llegado a manos de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, y en reportes de inteligencia estadunidenses desclasificados mediante el Acta de Libertad de Información.

Las estructuras de seguridad resultantes se han reproducido principalmente en el sureste mexicano y están ancladas en organizaciones de poder local, utilizadas, entrenadas y financiadas como grupos paramilitares. Los documentos desclasificados recientemente muestran que estas organizaciones, al menos en el caso de Chiapas, sirven como instrumentos de control territorial y están apoyadas en la información, entrenamiento y protección de unidades secretas de inteligencia militar.

La operación del 17 de abril, en la que murió una defensora de derechos humanos y un observador internacional finlandés, atribuida a elementos de la organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, fue una emboscada que demostró capacidad operacional, formación planificada y una pericia relativa en la ubicación de tiradores. Estas capacidades sólo pueden desarrollarse cuando existe personal entrenado en el uso profesional de las armas.

Con la deserción masiva de soldados y el despliegue clandestino de unidades de inteligencia militar, no es difícil que estas capacidades lleguen a manos de grupos de poder en las regiones indígenas. Hasta ahora, la lucha contra el narcotráfico atrae la atención nacional en materia de seguridad, pero la situación en las comunidades indias del sureste mexicano ha ido deteriorándose por la acción de grupos paramilitares.

La situación en San Juan Copala debe estarse revisando con detalle y profundidad en las oficinas del alto mando militar en la ciudad de México. La emboscada del 17 de abril contra la caravana de observadores nacionales e internacionales, cometida en las inmediaciones del Municipio Autónomo, ha sido el peor ataque paramilitar desde la matanza de Acteal en diciembre de 1997. Y el potencial de violencia sigue latente y puede ocurrir de nuevo otra acción similar.

Los observadores de derechos humanos están organizando una nueva caravana que tendría lugar el 8 de junio; sólo que ahora hay nuevos elementos, pues la palabra del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, está comprometida.

El presidente Calderón ofreció a Tarja Halonen, presidenta de Finlandia, una investigación exhaustiva sobre la muerte del activista finlandés Jyri Jaakkola en esa emboscada. Para cumplir su palabra, el Ejecutivo necesita revisar todo el andamiaje político, policial y militar que soporta las operaciones paramilitares en Oaxaca y de paso en todo el país.

Los militares mexicanos siguen trabajando con la hipótesis de que la amenaza de grupos rebeldes y movimientos armados sigue presente en el sureste mexicano. De ahí la necesidad del gobierno mexicano de multiplicar los grupos civiles “de alto sentido patriótico” que sigan colaborando con las Fuerzas Armadas para apoyar las operaciones militares y obstruir el vínculo entre las “guerrillas locales” y la población. Esa doctrina, sustentada como parte del plan de operaciones militares para contener el alzamiento zapatista en Chiapas, es consistente con los manuales de guerra irregular que el propio Ejército produjo en 1995, y que siguen vigentes a la fecha.

Con frecuencia, los grupos de derechos humanos están reportando acciones de hostigamiento para comunidades identificadas como simpatizantes de movimientos armados por el puro hecho de organizarse como comunidades autónomas. Hechos similares a los de San Juan Copala se han registrado, por ejemplo, en los poblados chiapanecos de Jotolá, San Cristóbal de Las Casas, Bolón Ajaw, Las Rosas, Comitán y Chicomuselo.

El problema de fondo es que los grupos paramilitares persisten, y con ellos todo el andamiaje estatal, federal y militar, a pesar de que el gobierno mexicano ha logrado neutralizar por muchos medios a los movimientos armados y que sus operaciones han quedado reducidas a acciones propagandísticas, con posibilidades escasas de uso de la violencia. Los grupos de naturaleza paramilitar que fueron formados en la parte final de la década pasada, para debilitar el vínculo entre las supuestas organizaciones de masas y la dirección militar de los movimientos armados, quedaron vivos, sin que ahora sea evidente ninguna utilidad, más allá del desbordamiento de las agresiones contra organizaciones comunitarias.

En lugar de ser desmantelados, los grupos paramilitares mexicanos siguen funcionando como un mecanismo de contrainsurgencia permanente de carácter preventivo. Es evidente que, hasta ahora, al gobierno mexicano le conviene más tener plagado al sureste mexicano con grupos paramilitares que ayuden al control poblacional, que resolver las demandas de comunidades que simplemente están buscando nuevas formas de organización o de resistencia civil.

Pero el presidente ha dado su palabra para actuar y vamos a ver ahora hasta dónde está dispuesto a investigar y qué estructuras dañinas de seguridad está dispuesto a desmantelar.