Contra los pueblos indígenas, la verdadera guerra del gobierno mexicanoUn reporte especial
Suplemento Ojarasca, No. 158
Hace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio contra los pueblos de México. Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene) cajas de resonancia lo negaron una y otra vez. No podía ser de otro modo: el régimen priísta-panista resulta responsable directo de dicha guerra, que sí lo es en el sentido más estricto y literal que el atribuido por el calderonismo a su “guerra” contra el crimen organizado. El poder político y económico disputa a los pueblos originarios sus territorios, sus culturas, su derecho a la vida, y les niega la autonomía, la autodeterminación, los derechos culturales y políticos. Ante la abundancia de hechos graves registrados en la primavera de este año, el equipo editorial de Ojarasca elaboró el presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente nos quedamos cortos.
Hace ya más de doce años que los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que existía una guerra de exterminio contra los pueblos de México. Los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sus vocingleras (cuando les conviene) cajas de resonancia lo negaron una y otra vez. No podía ser de otro modo: el régimen priísta-panista resulta responsable directo de dicha guerra, que sí lo es en el sentido más estricto y literal que el atribuido por el calderonismo a su “guerra” contra el crimen organizado. El poder político y económico disputa a los pueblos originarios sus territorios, sus culturas, su derecho a la vida, y les niega la autonomía, la autodeterminación, los derechos culturales y políticos. Ante la abundancia de hechos graves registrados en la primavera de este año, el equipo editorial de Ojarasca elaboró el presente reporte, que simplemente registra los hechos más relevantes de esta ofensiva contra los pueblos en las recientes semanas. Seguramente nos quedamos cortos.
Los paramilitares no existen (1): Oaxaca
Sobran elementos en Oaxaca para confirmar la existencia de grupos paramilitares en franca guerra contra comunidades triquis y mixtecas. Sus acciones criminales, sobre todo en la sierra Mixteca, se han recrudecido en meses recientes, bajo una consistente protección del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz. Ataques de grupos armados siempre con armas de uso exclusivo del Ejército, y en ocasiones uniformados de negro, sólo en mayo afectaron a comunidades enteras en Chalcatongo de Hidalgo y Zimatlán, además del mucho mejor conocido caso del municipio autónomo San Juan Copala, sitiado desde hace medio año por un grupo armado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El gobierno priísta de Oaxaca nunca ha aceptado la existencia de grupos paramilitares, del mismo modo que ocurre en Chiapas desde 1995. Así es la flagrante actuación de miembros de Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) como grupo “civil” armado, entrenado y organizado, que mantiene sitiado San Juan Copala a tiros, con la impávida anuencia gubernamental. El candidato priísta a gobernador, Eviel Pérez Magaña, rubricó la versión de Ruiz y dijo que es un conflicto que lleva 150 años, y nada de que hay paramilitares.
Además de varios asesinatos recientes, en menos de un mes murieron emboscados por Ubisort la activista Betty Cariño y el observador de paz Jyri Jaakkola (27 de abril), y luego fue ejecutado el líder del multi y parte el gobierno municipal autónomo bajo sitio de San Juan Copala, Timoteo Ramírez, junto con su esposa Cleriberta Castro. Esto llamó la atención nacional e internacional, y una segunda caravana de paz intentó romper el cerco el 8 de junio. Pero no ha sido el único caso. El 5 de mayo, según el reportero Roger Valle, “más de 50 integrantes del grupo paramilitar que comanda Freddy Eucario Morales Arias bajaron de la comunidad de Los Reyes, sitiando La Paz y Reforma Chalcatongo”. El grupo colocó barricadas en los caminos, “dejando incomunicado a los pobladores, y ha amenazado con matar a los que pretendan salir”, declaró Isidro Jiménez, presidente de bienes comunales de Chalcatongo de Hidalgo.
“Los paramilitares, con armas de alto poder, bajaron de su comunidad realizando disparos al aire, tratando de sembrar el terror en La Paz y Reforma, lo que originó que los pobladores se encerraran en sus casas para evitar ser asesinados.”
Los paramilitares, dijo Jiménez, “exigen la liberación de su líder preso Morales Arias, así como de Aurelia García García, detenida en días pasados acusada de asesinar a Epifanía Ruiz Ruiz en 1996, y que en caso de no dárseles la libertad, se estaría asesinando a los pobladores”.
Fructuoso Román Mendoza Cortés, agente de policía rural de La Paz, mencionó que “que los pobladores temen ser asesinados durante la noche”. Por su parte Rufino Benítez Sánchez, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, expuso: “En el paraje Los Reyes se encuentra refugiado el grupo paramilitar. Las autoridades locales, estatales y nacionales han sido informadas de estos sucesos mediante denuncias formales y peticiones”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 177 personas de Santo Domingo Ixcatlán (municipio vecino) “en grave situación de peligro por la amenaza que representa el grupo paramilitar que opera en dicha zona de la Mixteca Alta”. Esto evidencia “que en Oaxaca existen grupos paramilitares que cuentan con la protección del Estado, ya que actúan de manera reiterada y cada vez más violenta, en total impunidad, sin que la procuración de justicia sea eficaz e imparcial”.
Cabe mencionar que Chalcatongo, tierra natal de Ulises Ruiz, es un municipio mixteco que lo repudió oficialmente en 2006. También que el cacique de Santo Domingo Ixcatlán, ex-edil y cabecilla paramilitar, Morales Arias, es parte del grupo de protegidos del gobernador y los sucesivos secretarios de Gobierno. Como funcionarios, alcaldes o legisladores, han asolado distintas regiones y municipios de Oaxaca. Chalcatongo y Santo Domingo son sólo un par de casos. Hay otros.
El 29 de mayo los reporteros regionales Ricardo García y Roger Valle informaron que hombres encapuchados y con armas de alto poder dispararon contra los pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, también en la Mixteca, “generando terror”. La gente buscó refugio “para no ser el blanco de los disparos que dejaron heridos y varias casas quemadas”.
Nicanor Jiménez García, suplente del agente municipal de Zimatlán dijo que más de 150 personas “fuertemente armadas y vestidas de negro” atacaron a la población: “Los disparos provienen de los cerros que rodean a la comunidad”. Aquí también la población se vio obligada a buscar refugio para no ser blanco de los paramilitares apostados en los cerros”. En las escuelas se suspendieron las clases.
Los más de 150 paramilitares que han rodeado Zimatlán pertenecen a la comunidad San Sebastián Nopalera. El gobierno estatal, al tanto de la situación, “no da respuesta al problema, lo que pone más tensión, y los pobladores temen que durante la noche los paramilitares bajen de los cerros e inicien ejecuciones”.
Una explicación posible de este recrudecimiento está en el actual proceso electoral, que para estos políticos profesionales significa el Aleph: ganar, ganar, ganar elecciones cueste lo que cueste. El verdadero trasfondo de este ensañamiento con los pueblos es la intención del poder de arrebatar sus tierras a los indígenas. En ellas existen recursos minerales y forestales, tierras de cultivo, o habrán de transformarse en autopistas. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán, los paramilitares atacan donde hay agua, potenciales polos turísticos, o también potenciales rutas para el narco y los polleros.
Una temporada de abusos
Según el informe en 2010 de Amnistía Internacional (AI) El estado de los derechos humanos en el mundo, “en México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en tareas policiales y por policías federales, estatales y municipales”.
Amnistía Internacional añade: “Familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares fueron amenazados, y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos”. Además, continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro. “Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Doce periodistas fueron asesinados, y algunos activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos”.
Un ejemplo de cómo se desfonda la institucionalidad es el programa de “Focos rojos” de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de retribución (o “indemnización” injustificada) a quienes por años invadieron tierras con lujo de violencia. Ya habían perdido los litigios en tribunales agrarios. En la Sierra Huichola, por citar un caso, se instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto). Ello restó autoridad a los tribunales y afianzó a caciques (“poderes fácticos”), que recibieron una inyección en efectivo para operar, sin que ningún tribunal pueda impedirlo.
Los principales afectados son los huicholes y sus asambleas. Ahora deben demostrar nuevamente que son las legítimos dueños del territorio invadido. En los polígonos que “sobran” cuando las brigadas institucionales hacen mediciones, literalmente “inventan tierra donde no hay” o permiten “indemnizar” a invasores que sólo rentaban, y que las comunidades ya habían corrido. Las asambleas se enfrentan a caciques, incrustados en las propias comunidades, que promueven la venta del bosque antiguo, sagrado para los wixaritari: Maye Niuhue, el corazón de la Sierra. Según Semarnat, existen allí 22 especies en peligro de extinción. Hasta 2000, la comunidad de San Sebastián (Jalisco) resistió la tala y frenó al invasor Francisco Quintanilla y su empresa Triplay y Maderas del Norte. Ahora, el comisariado de bienes comunales accedió a la tala de Maye Niuhue, a los precios ridículos (475 pesos el metro cúbico de madera en pie) que paga el empresario duranguense Enrique Adame, quien en la más reciente asamblea propuso de nuevo que los wixaritari hicieran tratos con Francisco Quintanilla.
Y mientras se malbarata el bosque sagrado en San Sebastián, sin que los comuneros tengan vías legales para evitarlo, en Bancos de San Hipólito (Durango), el Ejército federal irrumpió el 2 de junio en los campamentos de limpieza ambiental de la comunidad, instalados para aprovechar, con permiso de Semarnat, un millar de árboles caídos por las tormentas y nevadas de meses anteriores. Las tropas federales decomisaron ¡tres rifles .22!
De igual manera, el 29 de mayo habían sido “desarmados” en Jalisco cazadores wixaritari de San José Hayukarita, en la comunidad de San Andrés Cohamiata, y de Ciruelillo, en Santa Catarina Cuexcomatlán. Lo mismo ocurrió en Ciénega de los Osos, dentro del territorio tepehuano de Santa María Ocotán, (Durango). En todos los casos, esto representa un hostigamiento a los trabajos ceremoniales indígenas.
Los paramilitares no existen (2): Ostula
En Santa María Ostula, en la costa nahua de Michoacán, la situación es descrita así por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos: Las comunidades enfrentan “una serie de ataques por parte de grupos paramilitares, en represalia ante la recuperación el 29 de junio de 2009 de mas de mil hectáreas invadidas hace 40 años por supuestos pequeños propietarios de La Placita”. Ese mismo día, 200 comuneros desarmados fueron atacados por paramilitares con rifles AK 47.
El pasado 23 de febrero, Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles fueron desaparecidos por un comando armado mientras se encontraban en un restaurante del municipio de Aquila. El 20 de abril, un comando paramilitar fuertemente armado de aproximadamente 20 personas sitió la casa del presidente del comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel, a quien secuestró y llevó “con rumbo desconocido”.
El 7 de mayo, unos 150 encapuchados, portando armas de alto poder, incursionaron en la cabecera comunal de Ostula, y la encargatura de El Faro en la comunidad de Coire, “con el objetivo de sembrar el terror en la población y tratar de secuestrar a un comunero, transitado después por la carretera federal con absoluta impunidad”.
La Red también subraya la impunidad con que operan estos grupos en la zona, donde hay una fuerte presencia del Ejército federal, la Armada y el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, “por lo que resultan alarmantes la situación y la omisión de las autoridades”.
Desde junio de 2009 han sido violentamente asesinados ocho comuneros nahuas de Ostula, Coire y Pómaro “sin que los crímenes hayan sido investigados por alguna autoridad gubernamental, a pesar de que la comunidad ha denunciado en varias ocasiones la presencia de poderosos cárteles de droga, que gozan de una completa impunidad y que se han puesto al servicio de los supuestos pequeños propietarios para atacar a la población indígena”. Desde meses atrás, el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha venido denunciando lo que ocurre en Ostula y sus comunidades hermanas.
En medio de una conflictiva agraria causada por el propio gobierno, la Red señala que esta situación se da “en medio de una fuerte presión para imponer ambiciosos proyectos trasnacionales que no han sido consultados con las comunidades nahuas, como el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán, la nueva carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y proyectos mineros”.
Minería brutal: el proyecto de los depredadores
Las corporaciones echan mano de la manga ancha de la jurisdicción nacional como ventaja comparativa para la inversión extranjera. Por eso les funciona “liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas, campesinas”, muchas, comunidades en resistencia, de acuerdo al informe del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio (3 de junio).
“El reordenamiento territorial consiste en despejar regiones de alto interés para las transnacionales y los proyectos de gobierno, desplazando a las poblaciones por medio de la migración forzada o concentrándola en núcleos urbanos, como el programa gubernamental Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas. De este modo, regiones con alta concentración de recursos quedarán disponibles para las empresas en alianza con los gobiernos.
“La consigna parece ser ‘limpiar el terreno’, arrasar el modo de vida campesino-indígena para dar lugar al ‘desarrollo’”. El informe apunta “dos maneras de aplicar esta lógica de reordenamiento territorial para el despliegue del capital”. Una coercitiva, por medio del desalojo, la militarización o paramilitarización de las comunidades. “Otra, más silenciosa, propiciando condiciones para el desplazamiento forzado de la población” por la migración o “reacomodo en centros urbanos”.
Así, “la privatización y venta de tierras comunales y la instauración de megaproyectos abonan el abandono del campo”. Para miles de personas, su modo de vida campesina “no encuentra cabida frente al saqueo del territorio”. Lo que subyace es un “cambio de uso de suelo”. La milpa y la comunidad se hacen a un lado y dan paso a proyectos ecoturísticos, carreteras, represas, monocultivos, agrocombustibles y mineras, siempre bajo el disfraz del desarrollo y el combate a la pobreza”, concluye CIEPAC.
Nadie más rampante que las mineras. Paramilitarización, desplazamiento, emboscadas y terror acompañan a muchos de los proyectos mineros, que —según el investigador Andrés Barreda— “pasaron de la perforación de túneles a la minería a cielo abierto, que entraña un despanzurramiento de la región en pos de mucho menores cantidades de mineral, a cualquier costo social y ambiental”.
Un caso ejemplar es la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Aunque el tribunal federal de justicia fiscal falló contra sus operaciones, sigue funcionando. Juan Carlos Ruiz Guadalajara explica (nota de Angélica Enciso, La Jornada, 28 de abril): “Ahora la compañía canadiense labora sin permiso ambiental y argumenta que lo hace al amparo de la norma oficial mexicana 155 de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual determina los requisitos para los sistemas de lixiviación de minerales. La minera, en una zona semidesértica, utiliza diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro, líquido que no podrá ser reutilizado”.
La empresa declara que existe medio gramo de oro por cada tonelada de corteza terrestre. “Con ese método de explotación a tajo abierto, cuesta 180 dólares una onza de oro, la cual, posteriormente, vende en mil 200 dólares. Por cada 28 gramos de oro, se destruyen 56 toneladas de montaña”.
Ya en mayo de 2007, La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá, documento del autor colectivo Mandeep Dhillon, afirmaba: “El debilitamiento de los derechos laborales y el amordazamiento de los movimientos sociales son requisitos para que prosperen los proyectos mineros en México. Los informes de la industria minera no dejan lugar a dudas. La ‘estabilidad política’ que mencionan los informes de las empresas canadienses y del gobierno no es la estabilidad social sino el control de los movimientos con mano dura, de la militarización del campo y el desplazamiento de las comunidades locales” tal como se dan actualmente en México. Esto permite “la implementación y protección de las inversiones corporativas. Oaxaca cuenta con abundantes recursos naturales que han estado en la mira de las empresas extranjeras durante años”.
Continuum Resources, de Vancouver, tiene 10 proyectos en Oaxaca, en más de 70 mil hectáreas, y “consolida su dominio en terrenos aun mayores”. En septiembre de 2006, la empresa Chesapeake Gold Corp. anunció haber cedido en Oaxaca casi la totalidad de dos proyectos a Pinnacle Mines.
“La Horseshoe Gold Mining, adquirió 60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, en Oaxaca. La Linear Gold Corp de Halifax también es dueña de un proyecto minero en marcha”.
El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San Juan Copala aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento de las compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril, era una activista contra la minería.
El intento de doblegar al municipio autónomo triqui de San Juan Copala aplica el mismo esquema de paramilitarización-desplazamiento de las compañías mineras. Irónicamente, Betty Cariño, caída en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a Copala en abril, era una activista contra la minería.
Desalojos “ecológicos” contra la autonomía comunitaria
El 26 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó un informe sobre las situación de las garantías de los pueblos de Chiapas en el último año. Sus hallazgos son aplicables a todos los procesos de autodeterminación y autonomía que se desarrollan actualmente en México, “demuestran que la autonomía es un camino que se construye, reinterpreta y resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias; se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos, en contraposición a la lógica capitalista y de desarrollo, basada en la sobreexplotación de pueblos y recursos naturales”.
Planes como el Proyecto Mesoamérica, que promete infraestructura, inversión turística y empleo con apoyo militar, “constituyen la continuidad de una política de despojo, esclavitud y exclusión que no valora la vida humana ni la naturaleza”. El gobierno, considera el Frayba, pretende despojar de la tierra a los pueblos, “lo cual supone la venta de la gran diversidad biológica y cultural, en beneficio de inversionistas internacionales y nacionales”.
La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “fomentan conflictos” en diferentes regiones. Por ejemplo, “otorgando tierras recuperadas por los zapatistas a peticionarios afines al proyecto de privatización, valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”.
En Chiapas (como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros), “los gobiernos federal, estatales y municipales utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales”. La represión contra los pueblos que históricamente poseen la tierra “ha aumentado”.
La estrategia de despojo pretende imponer “la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades”. Sin embargo, los pueblos indígenas se organizan, movilizan y ejercen su derecho al territorio”.
Ante las luchas a nivel nacional contra el calentamiento global y por la protección ambiental, los gobiernos estatales promueven presuntas alternativas “ecológicas y sociales”, como agrocombustibles y maíz transgénico. Apoyan el monocultivo argumentando que es “una oportunidad para el desarrollo de las comunidades más pobres”.
El cultivo de maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria. El objetivo consiste en que los pueblos dependan de las transnacionales para su sobrevivencia y se inserten en la lógica consumista. Esto representa un peligro para el medio ambiente y los derechos fundamentales.
El gobierno mexicano continúa practicando el “desplazamiento interno”, confirma el Frayba. El 21 y 22 de enero fueron desalojadas de Montes Azules las comunidades El Suspiro y Laguna San Pedro, ésta última de bases zapatistas pertenecientes al caracol de La Garrucha. Y el 2 de mayo, la junta de buen gobierno de La Realidad denunció la intención oficial de nuevos desalojos que afectarían, entre otros, a bases del EZLN que ejercen su derecho a habitar la selva racional y legítimamente.
Ante las demandas de autonomía de la población indígena, “el Estado se limita a ofrecer subvenciones paternalistas, mediante programas que crean dependencia para el control político y contrainsurgente”. La libre determinación “implica que los pueblos asuman el control de su territorio y la procuración de justicia, y ejerzan formas de autogobierno para definir su propio modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos de sus territorios”.
A miles de kilómetros, en el extremo norte del país, el 19 de mayo, las fuerzas armadas detuvieron en el mar de California a los pescadores cucapá Emilio Hurtado Valenzuela y Juan Antonio Guerra Hurtado, por llevar en su panga una totoaba de 12 kilos. El ministerio público los consignó por, presuntamente, pescar en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado, donde los cucapá han vivido y trabajado durante siglos.
El juez José Ávalos Cota dictó auto de formal prisión a los indígenas, sin derecho a fianza, “como si fueran criminales”, como lo expresaron sus hermanos cucapá. Ahora podrían alcanzar penas de hasta nueve años por pescar en sus costas ancestrales.
Del mismo modo, los peregrinos wixaritari enfrentan amenazas equivalentes en Virikuta (Desierto de Coronado, en San Luis Potosí), territorio sagrado que durante siglos han sabido cuidar mucho mejor que las voraces autoridades “legales”, corroídas hoy por la corrupción.
Los paramilitares no existen (3): Chiapas
En Chiapas, los paramilitares “no existen” desde 1995. Ni siquiera fueron reconocidos por el gobierno tras la masacre de Acteal en 1997. Mucho menos en la ola criminal desatada por Paz y Justicia en la zona chol. La actuación de esos u otros grupos contrainsurgentes contra las bases de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus municipios autónomos se ha sucedido desde entonces.
Alrededor de 2000, diversas ramificaciones de la Opddic —agrupación priísta, como todos los grupos contrainsurgentes armados en México—, han protagonizado agresiones contra comunidades de los municipios autónomos San Manuel, Comandanta Ramona y Ricardo Flores Magón, cuando menos.
El pasado 10 de mayo, la junta de buen gobierno del caracol de La Garrucha denunció la desaparición de nueve indígenas, bases de apoyo del EZLN, y de cinco más, “detenidos” en el ejido Peña Limonar por miembros de un grupo armado, de corte paramilitar, responsable de dos asesinatos en la comunidad de Amaytik en 2002. En marzo, estos “asesinos” habían ocupado por la fuerza tierras de Amaytik, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón.
La junta El Camino del Futuro destacó que las bases zapatistas “son perseguidas por la seguridad pública y los paramilitares, cerrando todos los pasos y entradas en los caminos para vigilar qué hacen y a dónde van los compañeros, y los asesinos tranquilamente paseando”.
Las mujeres, “en sus entradas y salidas de la comunidad”, se encuentran amenazadas por los paramilitares, que además “quieren desalojar” el poblado. El grupo paramilitar ha sido vinculado por la propia junta a la Opddic.
De esta manera, las mismas autoridades gubernamentales que han solapado a los asesinos durante ocho años, detuvieron sin motivo a cinco campesinos zapatistas, y los entregaron a la policía, que los condujo a la cárcel para “ser procesados”. Fueron liberados el 12 de mayo, pero la amenaza paramilitar en Amaytik y otras comunidades zapatistas y de la Otra Campaña en Chiapas sigue en pie.
En un episodio más, el 12 de marzo Opddic amenazó con atacar la comunidad zapatista Casa Blanca, o Santo Domingo, perteneciente al caracol Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, en La Garrucha. Y en Bolón Ajaw, municipio autónomo Comandanta Ramona, el 9 de febrero hubo un ataque armado de ejidatarios de Agua Azul, identificados desde hace años como “opdiqueros”, y que a fines de enero habían invadido tierras de la comunidad autónoma sobre las cuales no pueden invocar ningún derecho, pues son tierras recuperadas por los zapatistas.
Sin embargo, y como siempre, los paramilitares “no existen” en los territorios chiapanecos intensamente militarizados desde el gobierno de Ernesto Zedillo, no tanto para combatir militarmente a los zapatistas (no hasta ahora) como para implementar una amplia estrategia contrainsurgente que ha incluido sistemáticamente grupos civiles armados. Paramilitares, o bien bandas criminales, “leales” al Ejército, las policías y el gobierno estatal.
Coda: El cerco de Copala, una vergüenza nacional
El desenlace, si se le puede llamar así, de la segunda caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala el 8 de junio, confirma que el gobierno de Ulises Ruiz puede hacer, o permitir que se haga cualquier cosa en Oaxaca sin que pase nada. El territorio triqui es el escenario donde el Estado mexicanolibra hoy mismo una batalla más de su guerra contra los pueblos.
Conformaban el frustrado cortejo centenares de personas, en 20 autobuses. Indymedia registró entre los participantes a miembros del municipio autónomo triqui sitiado, la Otra Campaña, diputados del PRD y PT e integrantes del movimiento indígena nacional. De AMAP, MAIZ, Ucizoni, FIOB, SME, FNIC, RMALC; de la iglesia católica; grupos de derechos humanos y ambientalistas del DF, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Decenas de comunicadores de medios alternativos y comerciales. Observadores de varios países europeos.
La policía estatal, que presuntamente los venía protegiendo, les impidió llegar a su destino, argumentando que no podía comprometerse a defenderlos, no había condiciones.
En la cercanía de San Juan Copala, Ubisort bloqueaba el paso con grandes rocas trasladas por maquinaria pesada. Una concentración de indígenas priístas, encabezada por su líder Rufino Juárez y decenas de hombres armados, esperaba a la caravana para impedirle el tránsito.
A la entrada del paraje Agua Fría, la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, comunicó a los caravaneros que la “condición” que puso Rufino Juárez, dirigente de Ubisort, para dejarlos pasar “es que también dialoguen con ellos” (El Universal, 9 de junio).
Defensores de derechos humanos señalaron de que no se podía dialogar con una persona que está señalada en una averiguación previa como responsable de la emboscada, “y no hay siquiera una orden de presentación”. La procuradora se zafó replicando que existen órdenes de aprehensión para militantes de las tres organizaciones de la zona triqui (MULT, Ubisort, MULTI), pero no se ejecutan porque “no queremos vernos como un Estado represivo y creemos que la ayuda de ustedes puede coadyuvar al diálogo”.
La caravana humanitaria dio marcha atrás, según informó el propio secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Y que en el paraje La Pavimentada, última desviación hacia San Juan Copala, se escucharon disparos de arma de fuego.
Convertido además en botín electoral de los partidos, el municipio autónomo de San Juan Copala lleva meses secuestrado a punta de cañón, ante los ojos del mundo. ¿Alguien dijo paramilitares?
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