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viernes, 5 de abril de 2013

En clave Mapuche


En clave mapuche
Raúl Zibechi
05 de abril de 2013
 


Afines de enero una comisión de solidaridad con el pueblo mapuche, integrada por chilenos y latinoamericanos, visitamos a los presos Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo en el penal El Manzano, en las afueras de Concepción, y en la cárcel de Angol, unos 50 kilómetros al sur. El motivo de la visita fue denunciar la situación de los presos que llevaban 79 días en huelga de hambre, así como visibilizar la realidad de un pueblo perseguido en una Araucanía militarizada.

La comisión estaba integrada por cinco premios nacionales, el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana, el presidente del Colegio Médico, un ex juez y un diplomático, dirigentes estudiantiles y sindicales, diversos intelectuales, la Pastoral Mapuche y la Comisión Ética contra la Tortura.

Llaitul y Llanquileo pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, focalizada en la recuperación de tierras ancestrales en manos de corporaciones forestales y de latifundistas. Los presos pusieron fin a la huelga de hambre el 28 de enero, cuando la comitiva se comprometió a poner en pie una comisión nacional e internacional de observación de los derechos humanos del pueblo mapuche que visitará el país en octubre.

El 3 de enero se difundió la Cuarta Declaración de Historiadores respecto de la Cuestión Nacional Mapuche, firmada por cientos de intelectuales en la que recuerdan que los hechos de violencia, que a menudo se atribuyen sólo a los mapuches, “tienen su punto de partida en la mal llamada ‘pacificación de la Araucanía’ realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825)”.

Los historiadores señalan que “el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones”. Debe recordarse que sólo a los militantes mapuches se les aplica la ley antiterrorista del régimen de Augusto Pinochet por acciones que nada tienen que ver con esa figura, como la quema de plantaciones o de camiones que transportan madera.

La solidaridad nacional ha crecido sostenidamente en Chile, en particular desde la huelga de hambre de Patricia Troncoso entre octubre de 2007 y enero de 2008. Destaca la solidaridad de los estudiantes secundarios con las comunidades mapuche, quienes han creado una comisión para trabajar los vínculos abajo-abajo entre ambos movimientos. Pero el apoyo internacional es escaso, por eso es necesario dar un salto para romper el cerco de desinformación que ha tejido la democracia chilena contra los que resisten el modelo.

Pese al buen ánimo de los presos mapuche y del conjunto del movimiento, es fácil dejarse ganar por el desánimo al comprobar las divisiones, reproches y críticas cruzados que se escuchan en las diversas instancias que agrupan al pueblo mapuche, ya sea en las comunidades rurales o en los espacios urbanos. No es cuestión de reproducir aquí los motivos y argumentos de la fragmentación del mundo mapuche en resistencia, sino apenas constar un hecho y, sobre todo, intentar hacer una lectura distinta a la que realizan las academias y los partidos políticos.
Lo primero es constar que no hay ninguna organización, ni siquiera un espacio de coordinación, que aglutine a todo el pueblo mapuche. Se trata de un caso bien diferente de los que conocemos en el mundo andino, donde los quichuas ecuatorianos y los quechuas y aymaras bolivianos (además de los pueblos de tierras bajas) han construido grandes organizaciones representativas de sus pueblos. ¿Se trata de una ventaja o una desventaja del pueblo mapuche?

Lo segundo es que desde la década de 1990 nuevas generaciones han creado un sinfín de organizaciones urbanas y rurales, en lo que el historiador Gabriel Salazar denomina la “sexta época” de la guerra mapuche, iniciada en 1981 cuando arreciaron las protestas callejeras contra la dictadura. Esta nueva generación entronca con una larga historia que dice que el pueblo mapuche fue el único de este continente que derrotó a los incas y a los españoles, a quienes forzó a detenerse al norte del río Bio Bio.

Desde que fundaron el Consejo de Todas las Tierras y más tarde la Coordinadora Arauco Malleco, organización que se define autónoma y anticapitalista, nacieron decenas de organizaciones: de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, deportivas, culturales, de historiadores, de pescadores, de comunicación; pequeñas y locales, con vínculos cara a cara, sin llegar a crear una gran organización que aglutine a todos.

Tercero, hacen política de una manera diferente, que se traduce en soberanía o autonomía, como bien recuerda Gabriel Salazar. No se miran en el espejo del Estado, ni para conquistarlo ni para construir organizaciones a su imagen y semejanza. Quizá, seguramente, porque el Estado siempre fue algo externo al pueblo mapuche. Nunca se sintieron, ni se sienten, chilenos. No enarbolan la bandera de Chile sino la propia, la que heredaron de sus antepasados. Su lucha se referencia en “una memoria de sí mismo casi sin paragón en el mundo, en la que se estratifican no sólo una sino cinco a seis épocas de guerra a lo largo de seis o más siglos de historia” ( Movimientos sociales en Chile, Gabriel Salazar, p. 119).

Llegados a este punto, podríamos decir: “pese a la fragmentación, resisten”. ¿No será al revés? Porque no crearon un aparato único (estadocéntrico) es que siguen siendo uno de los pueblos que resisten la cooptación de derechas e izquierdas. ¿Será cierto que la unidad y homogeneización facilitan la domesticación de los movimientos antisistémicos? ¿Tendrá razón el EZLN? La historia del pueblo mapuche enseña que para luchar, y para vencer, hace falta voluntad comunitaria de lucha; pero no un aparato que encumbre caudillos, anule las diferencias y las autonomías.

domingo, 13 de diciembre de 2009

Chile: "Civilización o Barbarie"...

La guerra contra los mapuches
Marcos Roitman Rosenmann
Sábado 12 de diciembre de 2009
Foto: AP
Las noticias que llegan de Chile no son alentadoras. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios. Pero esto no es nuevo. Durante el mandato de Jorge Alessandri, en los años 60 del siglo XX, un terrateniente perteneciente a la vieja escuela permitió a sus pares seguir con la usurpación de los territorios mapuches. Igualmente, bajo su gobierno, se consumó el exterminio de los indígenas patagones. Desaparecieron sin que se derramase una lágrima. Salvo en documentales, nadie recuerda su existencia. Algo similar ocurre con los indígenas onas en el extremo austral. Su población disminuye constantemente. Pero esto sigue y suma. En el periodo dictatorial, al tiempo que se tortura, asesina y desarticulan las organizaciones indígenas, se enajenan las tierras comunales, distribuyéndose entre los hacendados pinochetistas. En los años 90, cuando muchos saludaban el fin de la dictadura y auguraban tiempos mejores, el pueblo mapuche seguiría acosado y perseguido. Se criminalizan sus reivindicaciones y se da rienda suelta a una de las más feroces represiones ejercidas por gobiernos electos democráticamente. Su impulsor será el entonces ministro de agricultura de Patricio Alywin, Juan Agustín Figueroa, gran latifundista y con intereses económicos en los territorios mapuches, donde tiene sus propiedades. Fue el inductor de aplicar las leyes antiterroristas que han llevado a la cárcel a más de 50 lonkos y justificado la tortura a manos de las fuerzas de orden público. Esta política siguió bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, con la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco. Su puesta en funcionamiento acabaría por destruir el patrimonio cultural de los pehuenches, dejando bajo sus aguas una parte fundamental de su arquitectura, cementerios y centros de culto. El etnocidio se consuma. Fueron presionados, violentados y obligados a trasladarse a las regiones altas de la cordillera de los Andes con temperaturas inferiores a cinco grados bajo cero en invierno. No sólo les quitaron sus pertenencias y territorios, han roto su ecosistema y profundizado su pobreza. Endesa, la empresa propietaria, se lava las manos amparándose en las leyes vigentes que avalaron el proyecto.

Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, los estrategas chilenos estudiaron posibles conflictos emergentes. En un viaje de Estado, se presentaron en México acompañados por el embajador de Chile. Se reunieron con las autoridades de Gobernación para empaparse de la estrategia contrainsurgente desplegada en Chiapas contra el EZLN. Había que estar prevenidos y tomar ejemplo. Las autoridades chilenas siguieron las instrucciones al pie de la letra. No se cortaron un pelo, militarizaron la región buscando desarticular las comunidades y encarcelar a sus líderes naturales. De paso crearon organizaciones bastardas con las cuales negociaron la venta y el desalojo de los territorios pehuenches. Un diseño sin fisuras. Tras la inauguración de la presa, los nuevos asentamientos no tienen luz eléctrica y su costo es prohibitivo. La presa Ralco no iba a producir electricidad para la población, se trataba de beneficiar a las industrias contaminantes de la minería y la celulosa de papel. El daño al medioambiente de la región es irreversible.

Pero este robo y expropiación de las tierras a los pueblos originarios no es nuevo en la sociedad chilena, y se remonta al siglo XIX con el proceso de pacificación de la Araucanía. Eduardo Mella en el excelente libro publicado por editorial LOM Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, señala su significado: “la ocupación de la Araucanía implicó para el Estado la anexión de casi 5 millones de hectáreas y para los mapuches la reducción a menos de 5 por ciento de lo que fue su territorio ancestral (…) con la reducción territorial, alrededor de 40 mil mapuches no fueron radicados en territorio alguno. El mapuche fue obligado a subsistir en pequeños espacios de superficies, inferiores a 6.18 hectáreas por persona promedio”. Así, la pacificación consolida la usurpación desconociendo de los derechos de posesión y propiedad del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. En consonancia, reconoce títulos de propiedad fraudulentos a los nuevos colonos y viejos terratenientes.

Hoy, cuando la presidenta Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Bachelett ha superado a Ricardo Lagos en su política de “nuevo trato” a los mapuches. Da una vuelta de tuerca y deja impunes a los autores del acoso a los niños mapuches. Ahora, intimidados, se les hace presenciar las palizas a sus padres, se les esposa, golpea y maltrata. Se les amenaza con matarlos si no delatan a los defensores de los derechos del pueblo mapuche en su comunidad. Existen más de una docena de casos contrastados por Naciones Unidas. Un ejemplo es el acaecido en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas. Allí el menor de 14 años F. P. M. fue tiroteado con perdigones, golpeado, subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba los nombres de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defiende con estos argumentos: “algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y mujeres como escudos”. Versión similar a la aportada por el general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía. “Los menores atacan a carabineros o han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales”. Seguramente la máxima del gobierno de Bachelet no dista de la acuñada por las oligarquías del siglo XIX para justificar el exterminio de los pueblos originarios: civilización o barbarie.