Presos políticos de La Otra Campaña

Permanecen en prisión 8 adherentes a la otra campaña pese a irregularidades en su proceso
Acusan a las autoridades chiapanecas de fabricar delitos para encarcelar a líderes
Ejidatarios de San Sebastián Bachajón esperan fallo favorable a un recurso de apelación
El maestro Alberto Patishtán sigue privado de su libertad desde el gobierno de Albores Guillén
Hermann Bellinghausen
Enviado
Lunes 29 de Junio de 2009

San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de junio. Existen en Chiapas presos considerados “políticos” aunque su encarcelamiento se justifique con presuntos delitos comunes, que en determinados casos no se han demostrado o se han fabricado investigaciones para sustentar sentencias erróneas. Ocho de ellos son adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Siete son los ejidatarios de San Sebastián Bachajón encarcelados desde abril por defender sus derechos territoriales en las márgenes del río Agua Azul, amenazadas por planes turísticos de gran envergadura y sin autorización de los campesinos tzeltales que las habitan. Hoy permanecen en el penal El Amate, y esperan esta semana una respuesta del juez al recurso de apelación que presentaron el 22 de junio.

El octavo preso de la otra campaña, Alberto Patishtán Gómez, es el único miembro de la Voz del Amate que permanece tras las rejas. Ahora prosigue su larga condena en la cárcel de Los Llanos, en San Cristóbal de las Casas. Respetado maestro tzotzil en el municipio El Bosque, de manera inverosímil hace nueve años fue culpado de participar en una emboscada a policías, acusación que permitió al entonces gobierno de Roberto Albores Guillén dar carpetazo al asunto, que era grave.

Estos ocho indígenas siguen presos, mientras el gobierno de Juan Sabines Guerrero otorgó 55 liberaciones el pasado sábado 13, mediante recursos de sentencia suspendida o beneficios de preliberación por motivos de edad y salud. El gobierno está tan satisfecho con los resultados de la mesa de reconciliación donde se revisaron los expedientes, que ya envió al Congreso del estado un decreto por el esa instancia queda como un órgano permanente.

Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, mediante su defensa, presentaron un recurso de apelación, demandando la nulidad de las declaraciones ministeriales, que además de haber sido obtenidas bajo coerción o tortura, contravienen al artículo 2 constitucional. No tuvieron traductor ni abogado “que conozca su cultura y su idioma”.

La apelación deberá ser resuelta antes del próximo viernes por el Supremo Tribunal de Justicia del estado, presidido por Juan Gabriel Coutiño Gómez, antes asesor del gobernador Juan Sabines Guerrero, quien lo propuso para presidir el tribunal, y fue ratificado por la legislatura local.
En un nuevo clamor por su libertad, el profesor Patishtán Gómez expone: “Con la gran violencia de persecuciones, atro- pellos, muertes, entre otros que se dieron en El Bosque, conocido internacionalmente como zona de conflicto a consecuencia de lo que sufrieron las comunidades Chavajeval y Unión Progreso (1998) por parte de los gobiernos que tratan y trataron de eliminar a las comunidades organizadas”.

Posteriormente, continúa, “en estos mismos años, un 19 de junio de 2000, fui detenido injustamente y hasta hoy en día soy un rehén político del gobierno, que me acusa de varios delitos. Verdaderamente la causa de mi delito fue y es defender el derecho de los habitantes de la zona, (quienes) habían sido objetos de maltrato por el alcalde Manuel Gómez Ruiz, y en vísperas de ser removido de su cargo me prefabricaron el delito (por) la emboscada ocurrida en el tramo El Bosque-Simojovel el 12 de junio.

“Siete días después me señalan como una pieza en la participación, como estrategia para calmar los problemas de la región y con ello quieren justificar la justicia y la paz en Chiapas, cosa que es absurda ante el pueblo y de los que luchan por la verdad. Doy a conocer y saber que jamás me callaré por exigir mi libertad y la de todos los presos políticos del país”, concluye.

Como a Patishtán se le acusa de delitos federales, el gobierno chiapaneco argumenta que no puede liberarlo, pues necesita que la Federación transfiera el caso a Chiapas. Algo equivalente hizo el gobierno de Tabasco al transferir al de Chiapas a dos presos zapatistas que permanecieron más de una década en un penal tabasqueño y que al llegar a este estado en 2008, salieron de prisión.