Gobierno federal recorta
inversión
en regiones indígenas
16. septiembre, 2012
Autor: Mariela Paredes
Publicado en Revista Contralínea
Fotos: David Cilia y Contralínea
Durante 2009 y 2010 el gobierno
mexicano redujo hasta en un 50 por ciento las inversiones en el sector de
desarrollo humano en las regiones indígenas. Durante 2008 la inversión en este
sector fue de 5 mil 497 millones de pesos, mientras que para 2010 fue tan sólo
de 2 mil 780 millones de pesos. Es decir, se destinaron 50.7 por ciento menos
recursos para atender necesidades de salud, educación y previsión social en
comunidades indígenas de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y
Veracruz
Las comunidades indígenas de
siete entidades de México sufren los azotes de la enfermedad, la falta de
educación y el hambre. Las condiciones de vida de estas comunidades indígenas
mantienen una amplia brecha respecto de la población no indígena. De acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), el 77.7 por ciento de la población de los 125 municipios
con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) habla una lengua indígena. Es
decir, los habitantes de las poblaciones más pobres de México pertenecen
mayoritariamente a los pueblos indios. Esto representa 1 millón 553 mil 433
personas, de acuerdo con datos del Inegi.

Las dependencias responsables de
asignar y vigilar que los recursos destinados al sector de desarrollo humano
sean suficientes son: el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Secretaría de
Desarrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud,
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las responsables de inversión
en infraestructura son: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de
Energía. En el sector de inversión productiva las instancias responsables de la
asignación de recursos son: el Fideicomiso Instituido con Relación a la
Agricultura; Nacional Financiera; la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía,; la
Secretaría de la Reforma Agraria, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
A decir de Jesús Mena Vázquez,
cada una de estas dependencias debiera articular sus programas y amalgamarlos
con los tres niveles de gobierno. Es decir, se requiere voluntad política de
los gobiernos locales, estatales y federales para conseguir que los programas
destinados a coadyuvar a las comunidades indígenas logren ser efectivos. La
doctora Mirna Aragón, directora general de Planeación y Consulta de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) agrega que se
necesita “armonización legislativa” para solventar los problemas que viven las
comunidades indígenas de México.
Educación y campo, sectores
debilitados
Entre 2000 y 2010 se redujo tan
sólo 9 por ciento, aproximadamente, el rezago educativo en los 125 municipios
con menor Índice de Desarrollo Humano. Mirna Aragón, de la Cdi, destaca a la
educación como el tema más importante que habría que atender, específicamente
la calidad de los profesores. Abel Barrera Hernández, director y fundador del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincide en que hoy es
incluso oneroso acceder a la educación pública. Los padres de familia tienen
que sostener los centros educativos mediante cuotas y no hay profesores
suficientes ni de calidad.
En entrevista con Contralínea, el
antropólogo señala que otro sector en abandono es el campo. Se requiere mayor
apoyo a la producción de maíz y frijol, pues actualmente muchos se han visto
obligados a dejar este tipo de siembra por una ilícita, la de la amapola: “No
es redituable ya sembrar maíz en la Montaña”. Estas actividades lo llevan a
sentenciar que el saldo de la actual administración panista que está por
concluir arroja “nulas expectativas a las nuevas generaciones”.
La inversión en salud ha mostrado
algunas mejorías. El documento Condiciones sociales de la población indígena e
inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano,
de Jesús Mena Vázquez, señala que formalmente “el Estado mexicano provee
cobertura casi universal tanto en educación básica (seis a 14 años) como en
salud para los indígenas de estos municipios”. Sin embargo, no se puede asegurar
una cobertura total para los ciudadanos mexicanos, indígenas o no indígenas.
De acuerdo con datos del censo
2010 del Inegi, hubo una disminución del porcentaje de personas que no se
atienden medicamente. Por ejemplo, en Chiapas durante el año 2000 no se atendía
el 22.10 por ciento de la población. Para 2010 sólo fue el 10.45 porciento. En
Veracruz, del 5.03 por ciento en 2000 se redujo a 1.81 por ciento para 2010.
En cuanto a las condiciones
básicas de vivienda, actualmente más del 93 por ciento de la población indígena
de Nayarit no cuenta con un refrigerador, un electrodoméstico básico para la
conservación de alimentos y la prevención de enfermedades causadas por
descomposición; y más del 81 por ciento de las comunidades indígenas de Nayarit
no cuentan con sistema de drenaje. Las condiciones de higiene con las que viven
estas comunidades ponen en riesgo su salud y calidad de vida.
Hacia programas más efectivos
A decir de Abel Barrera, el
gobierno mexicano aún tiene una agenda pendiente con los pueblos indígenas.
Para conseguir mejores condiciones de vida e igualdad entre la población
indígena y no indígena es necesario que se respete su patrimonio, sus territorios
y su derecho a la libre determinación. El director de Tlachinollan, cuya labor
de defensa de derechos humanos se realiza en una de las zonas más pobres de
México, explica que “el modelo de desarrollo comunitario no necesita de
proyectos privatizadores para explotar sus recursos” para ser exitoso.
La consulta a los pueblos
indígenas y el respeto a su forma de organización son clave para promover el
desarrollo de estos pueblos, insta la directora general de planeación y
consulta de la Cdi. De acuerdo con su análisis, los programas federales que se
han emprendido para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades han
sido favorables, no obstante, necesitan ser mejor focalizados y requieren de
una coordinación adecuada entre los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, programas que
solventen problemáticas inmediatas o de corto plazo no serían la única
solución. Jesús Mena, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública de la Cámara de Diputados, asegura que para mejorar las condiciones de
vida de los pueblos indígenas se requiere una planeación a largo plazo, y mayor
inversión en infraestructura para poder acceder a nuevos mercados y promover
así actividades que permitan generar más y mejores ingresos para estas
comunidades. Además, el éxito de los programas de gobierno depende de la
evaluación que se haga de los mismos para redirigirlos hacia las nuevas
necesidades de estos pueblos.
Programas como Procampo u
Oportunidades no serían suficientes para las 125 comunidades indígenas con
menor Índice de Desarrollo Humano en México, pues sus condiciones de vida aún
no son favorables ni en alimentación, salud, educación y otras áreas. Abel
Barrera sentencia que “se han negado las condiciones para vivir dignamente en
esta región”.
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