El
estado del Conflicto Armado
Interno en Chiapas
FUENTE: CGT CHIAPAS
No
hay espacio del Estado que se salve de la corrupción y da evidencia de una
democracia inexistente, ante un gobierno del espectáculo, que pretende enajenar
a la población en general, para que ésta asuma sus dictados de juegos de
intereses.
Autor:
Pedro Faro Fuente
CGT
CHIAPAS
Este Centro de Derechos Humanos ha
monitoreado el Conflicto Armado Interno en Chiapas, dado cuenta de las diversas
coyunturas desde las situaciones que ha documentado en los diversos momentos
álgidos del conflicto, la cual se ha caracterizado por una política de
contrainsurgencia de los gobiernos federal y estatal en contra de Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), esta se agudiza cuando se trata de
cambio de estafeta y reparto del control del político del sistema de partidos,por
lo que hemos ubicado un patrón de violencia recurrente en cuando los cambios
electorales, se desatan los enconos y conflictos entre los diversos grupos de
poder por los puestos de gobierno en disputa y una vez establecido el escenario
esencial se desprenden acciones para golpear al enemigo, en esta circunstancias
es especifico la disputa por los territorios recuperados del EZLN.
A partir de los últimos meses de mayo a
septiembre de 2012 hemos monitoreado y documentado la continua estrategia de
confrontación comunitaria que los gobiernos a través de sus tres niveles
(municipal, estatal y federal) realizan en contra de las comunidades autónomas
zapatistas, por medio de los grupos de poder local comunitario, los cuales se
benefician de protección y que desde el 2000 se ha ido construyendo una Guerra
Integral de Desgaste. A la par sostienen un sistema de información a través de
medios de comunicación masivos para tergiversa los que esta pasando frente a
los desplazamientos forzados o las agresiones armadas, hostigamientos que hoy
en día están recibiendo las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (BAEZLN), nexos que corroboramos a partir de los actos en contra del
Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Marcos Avilés, Comandante
Abel, Jechvo y en la comunidad de Banavil.
En estos meses
confluyeron las campañas electorales en el ámbito federal y estatal, en el cual
pudimos documentar la presión política que se ejerció en contra de hombres y
mujeres de los pueblos y comunidades de Chiapas, con la finalidad de que
votaran por los partidos políticos, fue desde los dictados de elite del poder
político de Chiapas, la decisión de votar, mediante la compra de votos y otros
medios clásicos de corrupción electoral, por la Alianza: Partido Verde de
México (PVM), Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza
(NA), la consecuencia no sólo es que haya arrasado PVM-PRI-NA en el estado con
sus candidatos y convirtiéndose el PVM es la primer fuerza política, dejando en
lo local una profunda fragmentación en las comunidades.
En el aspecto político se mantiene la estrategia del doble discurso: por
un lado, el gobierno federal invisibiliza al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y por el otro, el gobierno estatal expresa atender a las demandas
del EZLN, desmarcándose de ser actor contendiente en el conflicto y se presenta
como administrador de los escenarios del conflicto y como mediador de los
conflictos calificados como “intercomunitarios”
Sin embargo es
evidente que el gobierno estatal juega un rol fundamental, en la implementación
de la estrategia de Guerra Integral de Desgaste, especialmente en el uso de los
recursos económicos para la confrontación, cooptación de organizaciones o
comunidades que resisten al sistema sobre todo en el ámbito de servicios y de
la estructura política.
La utilización y compra de los medios
masivos de comunicación por parte de los gobiernos, tergiversa y trata de
bloquear la postura del EZLN y de organizaciones que difieren de las políticas
gubernamentales. Imponiendo el gobierno su opinión o desviando la atención con
publicidad turística o difusión de proyectos y los logros y avances en el
gobierno que así mismo se nombra de “vanguardia”, siendo que se da continuidad
a la política de descolocar el proceso autonómico y de las luchas de
resistencia civil y pacifica construida a partir del cese al fuego en la
apuesta de dar cumplimiento de manera unilateral a los Acuerdos de San Andrés,
desconocidos por el gobierno mexicano.
Como hemos
manifestado la estrategia de contrainsurgencia se ha operado de manera muy
patente en las incursiones armadas de grupos de corte-paramilitar que se llevó
acabo en la comunidad del MAREZ Comandante Abel que dio como consecuencia el desplazamiento
forzado de 87 personas.
A pesar de que los gobiernos locales
como el de Chiapas trata de ocultar las consecuencias de esta política
gubernamental de violencia, utilizando un discurso desde la concepción
hegemónica de los derechos humanos, a
través de reformas legislativas que en la práctica son leyes muertas e
instituciones como la del Consejo Estatal de Derechos Humanos, estos sirven al
sistema como operadores políticos bajo los intereses del gobierno y a que
avalan y mantienen en impunidad las violaciones a derechos humanos.
Los escenarios
están dados para la estrategia de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad
de América del Norte (ASPAN) a través de la Iniciativa Mérida, esta la presencia
militar desplegado en el territorio de Chiapas, con todo y sus retenes
permanentes e itinerantes que violan el derecho a la libertad de tránsito, con
particular presencia en la zona fronteriza y el territorio zapatista, en el
cual se dirime el control territorial, la confrontación con las organizaciones
sociales, comunidades y pueblos que habitan este espacio territorial.
El gobierno para
controlar e inhibir a los movimientos de resistencia a implementando programas
sociales para la división comunitaria, inmovilizando a los pueblos mediante la
ocupación militar y las acciones de autoridades gubernamentales en complicidad
con organizaciones sociales de la región, organizaciones de corte paramilitar,
grupos ligados al gobierno de Juan Sabines, con la finalidad de golpear a las
comunidades en resistencia ya los pueblos que luchan y ejercen su autonomía.
Para
ejemplificar es sobre la situación de reactivación de los grupos armados: Con
un patrón de confrontación directa de organizaciones progubernamentales que
tienen en su historial integrantes paramilitares, tal como lo es en Sabanilla
el actuar del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia que sigue amenazando
y agrediendo con armas de fuego a la comunidad Comandante Abel, antes San
Patricio, Marez, La Dignidad.
Desplazados
internos a causa del conflicto armado y los organismos internacionales
Este Centro de
Derechos Humanos ha documentado la situación del desplazamiento forzoso,
situación no atendida en el marco de la normatividad de los derechos humanos
por los gobiernos federal y estatal, en estos 18 años de conflicto armado
interno.
En el curso de
los años por parte de las autoridades gubernamentales se ha negado el
desplazamiento por consecuencia de la guerra en Chiapas y como consecuencia la
existencia de desplazados como efecto de la política gubernamental de la
contrainsurgencia.
Una acción
contradictoria y utilitaria fue que por iniciativa presentada por Juan Sabines
el congreso aprobó el 14 de febrero de 2012 una Ley para la Prevención y
Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, con el apoyo del
Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) a través del Programa
Conjunto por una Cultura de Paz (PCCP) con la intención de atender esta
problemática históricamente pendiente por el Estado mexicano y que ha dejado
una herida abierta y perdidas irreparables e impunidad.
Sin embargo, testimonios
recibidos, por este Centro de Derechos Humanos, señalan que el programa del
PNUD y la UNESCO en las regiones del conflicto armado interno ha causado
división comunitaria, debido a que es la continuidad de una política
contrainsurgente, que han impulsado los gobiernos federal y estatal para la
confrontación comunitaria y exclusión de los grupos de desplazados internos y
desplazados-retornados, ya que estos han insistido en una atención
integral,bajo los principios rectores del desplazamiento de las Naciones
Unidas.
Por otra parte el
PNUD junto con el gobierno de Chiapas tienen un censo de atención de desplazados
por una cifra que oscila de 24 mil a 30 mil personas; censo creado por el
gobierno de grupos cercanos a él, que en realidad son solicitantes de tierra y
que tienen una historia de exclusión y marginación diametralmente distinta a
quienes padecieron el desplazamiento forzado a causa de la política de
contrainsurgencia del Estado mexicano. Por lo tanto las instituciones involucradas
buscan la tergiversación de lo sucedido en los crímenes de lesa humanidad
cometidos en la zona Altos y Selva de Chiapas, hechos que siguen en la
impunidad.
En el ejido San Marcos Avilés, Chilón,
fueron desplazados de manera forzada desde el 09 de septiembre de 2010, que dio
como consecuencia: 50 mujeres, 43 hombres y 77 entre niñas y niños integrantes
BAEZLN. Actualmente se encuentran desplazados de sus tierras de trabajo y bajo
constantes amenazas de nuevos desplazamiento a otras tierras donde actualmente
viven.
El 4 de
diciembre de 2011, en el ejido Banavil, Tenejapa, hubo una agresión física por
parte de un grupo del PRI lo cual dejó como resultado, la muerte del Sr. Pedro
Méndez López, la agresión y desaparición forzada del Sr. Alonso López Luna, la
detención y agresión de Lorenzo López Girón y el desplazamiento forzado de
cuatro familias.
En el lapso de
transición desde el gobierno de Pablo Salazar al de Juan Sabines se perpetró un
desplazamiento forzado que resultó en la Masacre de la comunidad de Viejo
Velasco. Ésta fue ocasionada por grupos de corte paramilitar OPDDIC e
integrantes de la comunidad Lacandona, quien es iban acompañados por 300
elementos de la entonces Policía de Seguridad Pública el 13 de noviembre de
2006. Actualmente hay 36 personas desplazadas, 7 muertos y 2 desaparecidos.
Situación que aún siguen en la impunidad.
Asimismo, días
antes, el 09 de noviembre de 2006 en la comunidad Busiljá, Ocosingo, se
desplazaron 7 familias además de fabricarles delitos a 12 personas que injustamente
estuvieron detenidas. En el 2008 fueron liberadas y no pudieron retornar a sus
tierras. Fue en el 2010 cuando decidieron retornar a sus tierras sin ninguna
garantía de parte de las autoridades gubernamentales debido a no actuación del
gobierno para solucionar la problemática. Ante esta situación el 7 de diciembre
de 2011, los familiares del Sr. Elías Sánchez Gómez de Busiljá fueron
desplazados de manera forzosa de nueva cuenta por la OPDDIC integrantes del
PRI.
Elías fue
torturado y se encuentra detenido en el Centro Estatales para la Reinserción
Social de Sentenciados (CERSS no.17) ubicado en Catazajá, Chiapas. En ese misma
región fue desaparecida la niña Gabriela Sánchez Morales, el 17 de junio de
2011.
Actualmente
sigue La desaparición de Gabriela, desplazamiento forzado de 4 familias y la
detención arbitraria de Elías, sin que el gobierno del estado de Chiapas de
respuesta a estas graves violaciones a derechos humanos, a pesar de que existes
medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos por la desaparición de Gabriela.
Otra situación de constante amenaza e
incertidumbre en la posesión de tierras que históricamente son las que sufren
los pobladores de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, los cuales
están asentados en la cuenca del río Negro, en el municipio de Ocosingo, y a
través de la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones
Independiente y Democrática (ARICUUID) se han defendido en contra del
desplazamiento forzado por lo menos tres sexenios de malos gobiernos que
pretende desalojarlos.
Las poblaciones
amenazadas a pesar que desde hace 35 años de conflictividad agraria entre los
Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) y tres poblados mencionados, llegaron a
una cuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario, no obstante
los intereses de los gobiernos federal y estatal persisten exigiéndoles que
desalojen sus tierras.
Otros de los
eventos denunciados son los ocasionados por integrantes del grupo paramilitar
Desarrollo Paz y Justicia los cuales operan en la zona Norte del estado en los
municipios de Sabanilla, Tila y por otros grupos de antecedente paramilitar en
el municipio de Chenalhó.
Este Centro de
Derechos Humanos enfatiza que las personas desplazadas nunca fueron atendidas
como desplazados del conflicto armado interno. Todos estos eventos tienen una
constante, son ocasionados por la violencia generalizada, derivada de los
efectos del conflicto armado no resuelto.
También hemos
manifestado en diferentes ocasiones su preocupación ya que el fenómeno del
desplazamiento interno no es un evento aislado, sino una manifestación más de
la estrategia militar y contrainsurgente aplicada en Chiapas y que vulnera
directamente el territorio de lo pueblos indígenas. En este sentido, el
desplazamiento interno tiene que ver fundamentalmente con el objetivo de
controlar los territorios de la población que lucha por una alternativa
distinta al sistema neoliberal que los está despojando.
Por otro lado,
por su derecho a la cultura originaria, los indígenas, no sólo tienen el
derecho a la vivienda sino también a la tierra y el territorio que les fue
violentado. Los derechos de los pueblos indígenas protegen de manera particular
diversos derechos económicos, sociales y culturales por la situación de
vulneración en la que vive esta población, además de todos los derechos
contemplados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, los cuales radican particularmente en la concepción de
derechos colectivos.
A manera de
Conclusión: En un Estado de simulación democrática, como el de México, donde de
facto persiste la lógica de un Estado de excepción y contrainsurgente contra
los pueblos organizados, que evocan el derecho a la rebelión como último medio
de vida. El gobierno de México se resquebraja ante sus cuestionables
instituciones y su representatividad política. No hay espacio del Estado que se
salve de la corrupción y da evidencia de una democracia inexistente, ante un
gobierno del espectáculo, que pretende enajenar a la población en general, para
que ésta asuma sus dictados de juegos de intereses.
Chiapas sigue
estando militarizado en su territorio, sobre todo en las comunidades indígenas
preferentemente en zona de influencia del EZLN, el cual es el objetivo a
destruir, esto se entiende en la lectura del proceso de la estrategia
contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano y sus diversos énfasis,
según los gobiernos en el poder que va desde la confrontación directa de
fuerzas regular ese irregulares y la implementación de proyectos sociales que
junto con organismos intergubernamentales como el PNUD han sido cómplices y la
ONU en este último sexenio apremiado a Juan José Sabines por su labor
contrainsurgente.
La guerra se ha
afinado, adecuada a las nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas
tácticas de la guerra integral de desgaste; ha utilizado los argumentos con un
lenguaje en pro de los derechos humanos, con énfasis en los derechos colectivos
de los pueblos indígenas y de un discurso en reverencia de respeto que forma
una plataforma falsa, vacía de contenidos, ya que la intención es la
apropiación de los recursos naturales y la implementación de proyecto sociales
por los gobiernos en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) utilizados
para fines clientelares, en la profundización de divisiones y enfrentamientos
en las comunidades.
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