lunes, 9 de septiembre de 2013

Colombia: Paro Agrario

Colombia se paraliza en defensa del campo
Los manifestantes denuncian que el gobierno “carece de voluntad y acción política” para atender las exigencias del sector agrario, no hay garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y se sigue estigmatizando a los marchantes como “aliados de grupos terroristas”.
SERVINDI Y DESDE ABAJO
Fuente: Desinformémonos



Colombia. En las principales ciudades del país, miles de personas se concentran por las noches para solidarizarse con los campesinos y los demás sectores que participan en el paro nacional, iniciado el 19 de agosto, y para rechazar que la respuesta a los reclamos sociales sea la brutalidad policial, que ya cobró la vida de tres manifestantes y ha dejado decenas de heridos de bala, torturados, detenidos ilegalmente y una violación sexual. El presidente Juan Manuel Santos decretó la militarización del país.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció una marcha pacífica (minga) para los días lunes 2 y martes 3 de septiembre en la ciudad de Popayán en rechazo a los tratados de libre comercio (TLC) y en defensa del territorio y el agro colombiano.

El pliego petitorio de los campesinos colombianos incluye: la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria; acceso a la propiedad de la tierra; reconocimiento a la territorialidad campesina; la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera; la adopción de medidas reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural; así como inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

El defensa de la tierra y el agro

Lo que el libre comercio y la apertura produjeron en Colombia en 20 años en la seguridad alimentaria nacional ha sido un aumento descomunal de la vulnerabilidad. En 1989, el agro colombiano suministraba el 90 por ciento  de los bienes agropecuarios demandados por industrias y hogares, en 2006 ya se importaban cerca de 5 millones de toneladas. Con relación al consumo nacional, equivalían al 95 por ciento  del trigo, al 100 por ciento  de la cebada; al 75 por ciento  del maíz; al 90 por ciento  de la soya; al 90 por ciento  del sorgo; al 33 por ciento  del fríjol y al 100 por ciento  de la lenteja, del garbanzo y de la arveja seca. El área algodonera sembrada se redujo de más de 200 mil hectáreas a menos de 30 mil. Para los últimos años, el número de toneladas importadas de productos del ámbito agropecuario se ha duplicado, rodeando los 10 millones, y para 2013, con el TLC con Estados Unidos, puede superarlo, al crecer en el 81 por ciento  las provenientes de ese país, tan sólo para el primer semestre.

Ante tal avalancha, estimulados por promesas oficiales, muchos agricultores, pequeños, medianos y grandes, se refugiaron en géneros presentados como “promisorios” en la globalización agrícola. Las principales guaridas fueron el café, la panela y el cacao, fomentados en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la leche, la palma de aceite, las hortalizas, las frutas y la papa. Unos bienes tropicales y otros de más difícil transacción.

¿Cuál es la novedad? Que las importaciones de tales productos también comenzaron a dispararse. En café, en los últimos años, sin contar contrabando, han oscilado ente 500 mil y un millón de sacos; en cacao, alcanzan cerca del 10 por ciento  de la producción nacional y un porcentaje algo mayor en aceites de palma, lo que contribuye a que las compras externas totales de aceites y grasas de origen vegetal y animal ya sumen más de 600 millones de dólares; las de lácteos y huevos, entre 2011 y 2012, crecieron 144 por ciento  (¡¡), de casi 50 millones de dólares a cerca de 120. Las de azúcar, sin contar, el ingreso de sustitutos como el jarabe de maíz, pasan de 300 mil toneladas, aproximadamente el 15 por ciento  de la producción nacional, impactando toda la cadena del dulce, incluida la panela. Con relación a la papa, hay una avalancha de producto procesado; entre 2010 y 2012, se ha duplicado hasta 20 mil toneladas, equivalentes a más de 200 mil de papa fresca, perdiéndose el mercado industrial con la competencia foránea.

Es un proceso que a campesinos, productores y empresarios rurales los ha acorralado a punta de importaciones y ya no queda renglón posible ni acceso fácil a recursos financieros para sostenerse. Esta es, además del alza exponencial de los costos de producción principalmente por insumos, fertilizantes y semillas, combustibles y energía, la explicación del estallido generalizado que en varias regiones causó movilizaciones ciudadanas multitudinarias.

Se suman los indígenas

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció una marcha pacífica (minga) para los días lunes 2 y martes 3 de septiembre en la ciudad de Popayán en rechazo a los tratados de libre comercio (TLC) y en defensa del territorio y el agro colombiano.

La decisión fue adoptada por el CRIC y sus 120 autoridades tradicionales el miércoles 28 de agosto y las movilizaciones de carácter pacífico se realizarán en el marco de las jornadas del paro nacional agrario.

Asimismo, expresará el rechazo a la “grotesca declaración” del presidente Santos que intenta minimizar las marchas ante los medios masivos y llegó al colmo de afirmar que “el paro nacional agrario no existe” y que “los bloqueos son minúsculos”.

El CRIC consideró justa la lucha de los campesinos y campesinas de Colombia y remarcó que el Cauca es uno de los departamentos del país productores de café, frutales, hortalizas, papa, leche y otros productos agrícolas. Por lo tanto también está siendo afectado con la problemática actual.

Indican que el territorio caucano como en el resto de país, también está siendo amenazado por la explotación minera, la implementación de megaproyectos, la constante militarización e intervención territorial.

Denuncian que el gobierno nacional “carece de voluntad y acción política” para atender las exigencias del sector agrario, no hay garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y se sigue estigmatizando a los marchantes como “aliados de grupos terroristas”.

Destaca que el paro agrario ha hecho visible la crítica situación de los productores del campo, la falta de una verdadera política agraria nacional, la falta de inversión para la producción, la ausencia de garantías para la comercialización de productos campesinos y las desmedidas importaciones.

El TLC en cuestión

El CRIC sostuvo que el movimiento indígena alertó al país en marzo de 2004 sobre las nefastas consecuencias que tendría el TLC para el sector agrario nacional.

En tal sentido recordó que la Consulta Popular y Ciudadana en seis municipios indígenas del Cauca dio como resultado un rechazo del 90 por ciento a la firma del TLC con Estados Unidos.

El paro en las ciudades

Para sorpresa de propios y extraños, Colombia sintió este jueves 29 de agosto la energía de la solidaridad y la identidad juvenil y de los trabajadores con los campesinos en paro.

Convocados por una plataforma plural de organizaciones, entre ellas la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) y las Centrales Obreras, que habían citado con anterioridad al país nacional para protestar contra la política económica y educativa en marcha, esta citación coincidió con el paro campesino que ya se acerca a las dos semanas de agitación rural, suburbana y urbana.

La citación obtuvo eco. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Pereira y otras más, miles de personas desfilaron entonando consignas que demandan solución oficial a las reivindicaciones de los campesinos.

Muchas de estas marchas, que en sus inicios fueron tranquilas, se tornoran en el curso o final de las mismas en intensas confrontaciones entre los Escuadrones antimotínes y los marchantes, de las cuales resultaron cientos de heridos, en su mayoría: los inconformes; los detenidos también se suman por decenas.

En el caso de Bogotá, donde desde primeras horas del día se sintió la reducción del transporte público y era notable el ambiente de tensión que cubría la urbe, con menos gente y vehículos automotores en las vías que la circundan, sin estudio en los colegios y universidades, las protestas también se presentaron en localidades como Ciudad Bolívar, Engativá, Suba y Bosa, y la aledaña Soacha, municipio adscrito al departamento de Cundinamarca.

La protesta social allí escenificada se tradujo en un cuasi alzamiento social, donde los miles de inconformes se dirigieron con toda su bronca contra edificios de entidades bancarias y contra los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En su enfurecida protesta, también salieron afectados pequeños y medianos comercios, hurtados por oportunistas que vieron la ocasión para hacerse a uno pesos, a pesar de afectar a otros semejantes.

De estas protestas y confrontaciones los heridos y detenidos se cuentan por decenas, sin dejarse de relacionar los muertos que para el caso de Bogotá son dos: uno en Engativá y otro más en Suba. Un tercer manifestante asesinado se presentó en Soacha.

La respuesta oficial

 Es extraño, por decir lo menos, la versión oficial sobre lo sucedido el día 29 de agosto. Todos los reportes aluden a la “violencia de los vándalos”, al “irrespeto sobre la policía”, sin embargo, en los reportes de heridos quienes están registrados son, en su mayoría, civiles; solamente en Soacha se registran (3) policías heridos a bala; para el caso de los muertos, como se anotó arriba, todos son civiles.

Al finalizar el día jueves 29, el alto Gobierno se dio cita en Consejo extraordinario de ministros para evaluar la situación del país. La militarización de Bogotá y la orden de desplegar una cacería de brujas fue lo concluido en el mismo. Se acerca, por tanto, tiempos sombríos para el activismo social.

Publicado el 02 de septiembre de 2013

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