Colombia se paraliza en defensa del campo
Los manifestantes denuncian que el gobierno “carece de voluntad y
acción política” para atender las exigencias del sector agrario, no hay
garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y se sigue estigmatizando
a los marchantes como “aliados de grupos terroristas”.
SERVINDI Y DESDE
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Fuente:
Desinformémonos
Colombia. En las principales
ciudades del país, miles de personas se concentran por las noches para
solidarizarse con los campesinos y los demás sectores que participan en el paro
nacional, iniciado el 19 de agosto, y para rechazar que la respuesta a los
reclamos sociales sea la brutalidad policial, que ya cobró la vida de tres
manifestantes y ha dejado decenas de heridos de bala, torturados, detenidos
ilegalmente y una violación sexual. El presidente Juan Manuel Santos decretó la
militarización del país.
El Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) anunció una marcha pacífica (minga) para los días lunes 2 y martes
3 de septiembre en la ciudad de Popayán en rechazo a los tratados de libre
comercio (TLC) y en defensa del territorio y el agro colombiano.
El pliego petitorio de los
campesinos colombianos incluye: la implementación de medidas y acciones frente
a la crisis de la producción agropecuaria; acceso a la propiedad de la tierra;
reconocimiento a la territorialidad campesina; la participación efectiva de las
comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y
desarrollo de la política minera; la adopción de medidas reales para el
ejercicio de los derechos políticos de la población rural; así como inversión
social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías.
El defensa de la tierra y el agro
Lo que el libre comercio y la
apertura produjeron en Colombia en 20 años en la seguridad alimentaria nacional
ha sido un aumento descomunal de la vulnerabilidad. En 1989, el agro colombiano
suministraba el 90 por ciento de los
bienes agropecuarios demandados por industrias y hogares, en 2006 ya se
importaban cerca de 5 millones de toneladas. Con relación al consumo nacional,
equivalían al 95 por ciento del trigo,
al 100 por ciento de la cebada; al 75
por ciento del maíz; al 90 por
ciento de la soya; al 90 por ciento del sorgo; al 33 por ciento del fríjol y al 100 por ciento de la lenteja, del garbanzo y de la arveja
seca. El área algodonera sembrada se redujo de más de 200 mil hectáreas a menos
de 30 mil. Para los últimos años, el número de toneladas importadas de
productos del ámbito agropecuario se ha duplicado, rodeando los 10 millones, y
para 2013, con el TLC con Estados Unidos, puede superarlo, al crecer en el 81
por ciento las provenientes de ese país,
tan sólo para el primer semestre.
Ante tal avalancha, estimulados
por promesas oficiales, muchos agricultores, pequeños, medianos y grandes, se
refugiaron en géneros presentados como “promisorios” en la globalización
agrícola. Las principales guaridas fueron el café, la panela y el cacao,
fomentados en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la
leche, la palma de aceite, las hortalizas, las frutas y la papa. Unos bienes
tropicales y otros de más difícil transacción.
¿Cuál es la novedad? Que las
importaciones de tales productos también comenzaron a dispararse. En café, en
los últimos años, sin contar contrabando, han oscilado ente 500 mil y un millón
de sacos; en cacao, alcanzan cerca del 10 por ciento de la producción nacional y un porcentaje
algo mayor en aceites de palma, lo que contribuye a que las compras externas totales
de aceites y grasas de origen vegetal y animal ya sumen más de 600 millones de
dólares; las de lácteos y huevos, entre 2011 y 2012, crecieron 144 por
ciento (¡¡), de casi 50 millones de
dólares a cerca de 120. Las de azúcar, sin contar, el ingreso de sustitutos
como el jarabe de maíz, pasan de 300 mil toneladas, aproximadamente el 15 por
ciento de la producción nacional,
impactando toda la cadena del dulce, incluida la panela. Con relación a la
papa, hay una avalancha de producto procesado; entre 2010 y 2012, se ha
duplicado hasta 20 mil toneladas, equivalentes a más de 200 mil de papa fresca,
perdiéndose el mercado industrial con la competencia foránea.
Es un proceso que a campesinos,
productores y empresarios rurales los ha acorralado a punta de importaciones y
ya no queda renglón posible ni acceso fácil a recursos financieros para
sostenerse. Esta es, además del alza exponencial de los costos de producción
principalmente por insumos, fertilizantes y semillas, combustibles y energía,
la explicación del estallido generalizado que en varias regiones causó
movilizaciones ciudadanas multitudinarias.
Se suman los indígenas
El Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) anunció una marcha pacífica (minga) para los días lunes 2 y martes
3 de septiembre en la ciudad de Popayán en rechazo a los tratados de libre
comercio (TLC) y en defensa del territorio y el agro colombiano.
La decisión fue adoptada por el
CRIC y sus 120 autoridades tradicionales el miércoles 28 de agosto y las
movilizaciones de carácter pacífico se realizarán en el marco de las jornadas
del paro nacional agrario.
Asimismo, expresará el rechazo a
la “grotesca declaración” del presidente Santos que intenta minimizar las
marchas ante los medios masivos y llegó al colmo de afirmar que “el paro
nacional agrario no existe” y que “los bloqueos son minúsculos”.
El CRIC consideró justa la lucha
de los campesinos y campesinas de Colombia y remarcó que el Cauca es uno de los
departamentos del país productores de café, frutales, hortalizas, papa, leche y
otros productos agrícolas. Por lo tanto también está siendo afectado con la
problemática actual.
Indican que el territorio caucano
como en el resto de país, también está siendo amenazado por la explotación
minera, la implementación de megaproyectos, la constante militarización e
intervención territorial.
Denuncian que el gobierno
nacional “carece de voluntad y acción política” para atender las exigencias del
sector agrario, no hay garantías para el libre ejercicio de la protesta social,
y se sigue estigmatizando a los marchantes como “aliados de grupos
terroristas”.
Destaca que el paro agrario ha
hecho visible la crítica situación de los productores del campo, la falta de
una verdadera política agraria nacional, la falta de inversión para la producción,
la ausencia de garantías para la comercialización de productos campesinos y las
desmedidas importaciones.
El TLC en cuestión
El CRIC sostuvo que el movimiento
indígena alertó al país en marzo de 2004 sobre las nefastas consecuencias que
tendría el TLC para el sector agrario nacional.
En tal sentido recordó que la
Consulta Popular y Ciudadana en seis municipios indígenas del Cauca dio como
resultado un rechazo del 90 por ciento a la firma del TLC con Estados Unidos.
El paro en las ciudades
Para sorpresa de propios y
extraños, Colombia sintió este jueves 29 de agosto la energía de la solidaridad
y la identidad juvenil y de los trabajadores con los campesinos en paro.
Convocados por una plataforma
plural de organizaciones, entre ellas la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
(Mane) y las Centrales Obreras, que habían citado con anterioridad al país
nacional para protestar contra la política económica y educativa en marcha,
esta citación coincidió con el paro campesino que ya se acerca a las dos semanas
de agitación rural, suburbana y urbana.
La citación obtuvo eco. En
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Pereira y
otras más, miles de personas desfilaron entonando consignas que demandan
solución oficial a las reivindicaciones de los campesinos.
Muchas de estas marchas, que en
sus inicios fueron tranquilas, se tornoran en el curso o final de las mismas en
intensas confrontaciones entre los Escuadrones antimotínes y los marchantes, de
las cuales resultaron cientos de heridos, en su mayoría: los inconformes; los
detenidos también se suman por decenas.
En el caso de Bogotá, donde desde
primeras horas del día se sintió la reducción del transporte público y era
notable el ambiente de tensión que cubría la urbe, con menos gente y vehículos
automotores en las vías que la circundan, sin estudio en los colegios y
universidades, las protestas también se presentaron en localidades como Ciudad
Bolívar, Engativá, Suba y Bosa, y la aledaña Soacha, municipio adscrito al
departamento de Cundinamarca.
La protesta social allí
escenificada se tradujo en un cuasi alzamiento social, donde los miles de
inconformes se dirigieron con toda su bronca contra edificios de entidades
bancarias y contra los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En
su enfurecida protesta, también salieron afectados pequeños y medianos
comercios, hurtados por oportunistas que vieron la ocasión para hacerse a uno
pesos, a pesar de afectar a otros semejantes.
De estas protestas y
confrontaciones los heridos y detenidos se cuentan por decenas, sin dejarse de
relacionar los muertos que para el caso de Bogotá son dos: uno en Engativá y
otro más en Suba. Un tercer manifestante asesinado se presentó en Soacha.
La respuesta oficial
Es extraño, por decir lo menos, la versión
oficial sobre lo sucedido el día 29 de agosto. Todos los reportes aluden a la
“violencia de los vándalos”, al “irrespeto sobre la policía”, sin embargo, en
los reportes de heridos quienes están registrados son, en su mayoría, civiles;
solamente en Soacha se registran (3) policías heridos a bala; para el caso de
los muertos, como se anotó arriba, todos son civiles.
Al finalizar el día jueves 29, el
alto Gobierno se dio cita en Consejo extraordinario de ministros para evaluar
la situación del país. La militarización de Bogotá y la orden de desplegar una
cacería de brujas fue lo concluido en el mismo. Se acerca, por tanto, tiempos
sombríos para el activismo social.
Publicado el 02 de septiembre de
2013
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