lunes, 16 de febrero de 2009

Héctor y Antonio Cerezo Contreras, Llibres.


HÉCTOR Y ANTONIO CEREZO CONTRERAS, PRESOS DE CONCIENCIA, SIN LA CONCIENCIA PRESA.

Por Tlilcoatl

Hoy, 16 de febrero de 2009, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, recuperaron su libertad física después de pasar 7 años y medio como presos de conciencia del Estado mexicano en penales de máxima seguridad, destinados a delincuentes de alta peligrosidad. Además del periodo mencionado, a los Cerezo les robaron tres días más de sus vidas, ya que el 13 de febrero era la fecha en la cual se terminaba la condena, pero una treta legal los mantuvo presos políticos hasta el día de hoy. El caso de los hermanos Cerezo es una muestra fehaciente de lo parcial y clasista de la justicia aplicada por el Estado mexicano, de la nula preocupación por los derechos humanos fundamentales cuando se trata de dar “lecciones” a la gente que lucha por una sociedad justa, y de la incapacidad del sistema para proveer de justicia social, en sintonía con los casos de Atenco, de Oaxaca, de Ernestina Asencio, por citar algunos.

Los detuvieron la madrugada del 13 de agosto de 2001 acusados de haber perpetrado las explosiones en una sucursal de Banamex el 08 de agosto del mismo año. Después de haber sido torturados, los presentan a los medios al día siguiente, acusándolos de pertenecer a una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). En el momento de la detención, los agentes de la PJF dijeron haber encontrado en el domicilio “171 mil 366 dólares ocultos en compartimientos secretos dentro de uno de los inmuebles; 6 armas de fuego cortas, calibres 9 mm., 380 y 38 súper; 460 cartuchos útiles de diversos calibres; cinco dispositivos electrónicos para artefactos explosivos; vestimenta tipo militar; una computadora personal y dos portátiles; un equipo profesional para fotografía, audio, video y de edición; cinco teléfonos celulares y seis radiolocalizadores”[1] Sin embargo, según consta en la página electrónica del Comité Cerezo, “en el momento de las declaraciones judiciales, los testigos que firmaron el acta circunstanciada niegan haber visto las cosas que la PGR dice haber encontrado y señalan que se les obligó a firmarla. Dicha declaración consta en el expediente judicial”[2].

Al momento de su detención fueron acusados de terrorismo, daño en propiedad ajena, violación a la ley de delincuencia organizada, transformación y acopio de artificios explosivos, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército. En el juicio, son absueltos del delito de daños en propiedad ajena (referente a las explosiones por petardo en la sucursal de Banamex) y en la apelación de la sentencia son absueltos del delito de terrorismo. Por tanto, con la absolución de los delitos señalados también quedaron sin cargos por el delito de transformación y acopio de artificios explosivos.

El delito por el cual son procesados es delincuencia organizada, que según las palabras de Alejandro Cerezo, quien también fue detenido y liberado cuatro años después, “ese delito tiene tres modalidades: Terrorismo, narcotráfico o transportación y tráfico de armas. Pero no nos ponen ninguna modalidad. No nos ponen delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo. Nos ponen delincuencia organizada en el sentido de que “pensábamos organizarnos para cometer un acto delictivo”.[3]

La sentencia dictada fue de 13 años y medio en una primera instancia, la cual disminuyó mediante el recurso de apelación a 7 años y medio. Durante el lapso de su sentencia han sido objeto de múltiples violaciones legales a sus derechos, que van desde ser detenidos en Centros de máxima seguridad, ser trasladados a varios penales en diversos estados de la República, además de que su representante legal, Digna Ochoa, fue asesinada, lo que constituye otro caso paradigmático de la aplicación de la justicia en México, ya que las conclusiones de la investigación por parte de las autoridades indicaron que se trató de un suicidio.

En síntesis, dado el transcurso del proceso legal y de lo endebles de las acusaciones, queda claro que lo que hay detrás de su detención y posterior encarcelamiento es la venganza y persecución del Estado Mexicano a luchadores sociales, ya que Héctor, Alejandro y Antonio son señalados de ser hijos de Francisco Cerezo y de Emilia Contreras, supuestos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. Su caso demuestra la naturaleza del Estado de Derecho en una estructura social diseñada para la explotación, que en lugar de impartir justicia, premia a los delincuentes y criminaliza la protesta y resistencia social. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la barbarie policial en Atenco confirma este dicho.

Si quieres saber más sobre el caso, te dejo las siguientes ligas:

Comité Cerezo: http://espora.org/comitecerezo/
La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2001/08/15/caen.html

AUDIO DE ENTREVISTAS CON LOS HERMANOS CEREZO
http://javiersolorzano.radiotrece.com.mx/?s=cerezo

[1] Periódico La Jornada, 15 de agosto de 2001. Nota de Gustavo Castillo García
[2] Expediente de Derechos Humanos de los Hermanos Cerezo. Página Electrónica del Comité Cerezo http://espora.org/comitecerezo/spip.php?article268
[3] Entrevista con Alejandro Cerezo.

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