Dominio del terreno campesino por mineras canadienses
Carlos A. Rodríguez Wallenius
Fuente: La Jornada del Campo

Desde 1980 los gobiernos federales han impulsado políticas neoliberales que afectan a la población indígena y campesina, en particular con las modificaciones al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria en 1992, que permitieron la venta de las tierras de propiedad social (de ejidos y comunidades), terminaron el reparto agrario y propiciaron el aumento de las extensiones en la propiedad privada.

Los cambios en materia agraria formaban parte de un amplio programa de privatización de bienes públicos y colectivos: una ofensiva que buscaba despojar de terrenos y recursos a los indígenas y campesinos. Eso se puede observar con los cambios a la Ley Minera en 1993, que abrió este sector a las empresas extranjeras en áreas antes reservadas al capital nacional, además de que dio preferencia a la explotación y el beneficio de los minerales sobre cualquier otro tipo de usos del suelo, y aumentó la duración de las concesiones por explotación a 50 años con posibilidad de prórroga.

Finalmente, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, incluyó un amplio conjunto de medidas que facilitaron la entrada a nuestro país a inversiones y productos de Estados Unidos y Canadá.

Los cambios en el marco jurídico y medidas de política económica posibilitaron la ofensiva del capital en regiones que tienen yacimientos de minerales, sobre todo a inicios del siglo XXI, cuando empiezan a incrementarse los precios de las materias primas y en particular de los metales, por el aumento de la demanda mundial, específicamente por las necesidades de China y de la India.

La minería y la desposesión.

El modelo de explotación en el que se basan muchas empresas mineras se inscribe en lo que David Harvey llama “acumulación por desposesión”: un mecanismo de acumulación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y comunitarios; un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad, pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; es decir, que responde a la necesidad de insertar plenamente en el mercado capitalista aquellos bienes y recursos que están en territorios bajo la soberanía de los campesinos.

Lo que ha reactivado la explotación de los minerales en el mundo se debe a un espectacular incremento en los precios de los metales, pero en especial de los metales preciosos, que se han encarecido notablemente desde el año 2000. Por ejemplo, en los diez años recientes el oro aumentó en 325 por ciento y la plata en 412. Ello se debe a varios factores como el crecimiento de la demanda (sobre todo de China e India). A partir del 2008, la crisis financiera global y la depresión de la economía de Estados Unidos hicieron que los inversionistas y especuladores financieros se refugiaran en estos metales.

Este auge trajo como práctica extractiva la técnica de tajo a cielo abierto, que se caracteriza por excavar y mover grandes cantidades de material térreo para trasladarlos a patios en los que se extrae el mineral. Esta técnica es barata y reduce los tiempos para obtener el metal, pero es altamente destructiva del medio y requiere del uso intensivo de recursos como el agua, para acelerar los procesos de extracción del mineral, usando patios de lixiviación, en los que se aplican químicos como el cianuro para extraerles el mineral de oro.

Este proceso implica la destrucción del hábitat pues modifica la morfología del terreno y altera las microcuencas; se elimina la flora y fauna, y se remueve la capa fértil, lo que impide el cultivo posterior de plantas y árboles. Los materiales de desecho alteran los cauces naturales de los escurrimientos de aguas. También existen problemas por la contaminación en los suelos y mantos freáticos.

Las mineras canadienses y las comunidades campesinas.

En las décadas recientes, las empresas mineras canadienses han cobrado una importancia cada vez mayor a escala mundial. En especial, en México han privilegiado sus inversiones y han hecho énfasis en el control de los metales preciosos (oro y plata). El 75 por ciento de sus inversiones mineras están en los proyectos de exploración y producción de estos dos metales.

Carlos Montemayor caracterizó la forma en que las empresas empezaban a controlar el territorio nacional: “las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra los pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México”. No andaba errado ya que estamos hablando de que los recursos minerales de México están siendo despojados por las corporaciones globales más importantes del mundo. Entre ellas están Goldcorp, Kinross, Yamana Gold, Agnico Eagle Mines, solamente por mencionar aquellas que están enlistadas en la Revista Fortune dentro de los dos mil corporativos más importantes del mundo. Pero las empresas canadienses que operan en México son más amplias y representan el 77 por ciento de las corporaciones extranjeras registradas en el sector minero, es decir, son 198. Nombres como Excellon, New Gold, Fortuna Silver, Blackfire, Alamos Gold, Minefinders se adicionan a las empresas ya conocidas.

Los canadienses se han centrado en el ramo de los metales preciosos, lo que implica que de las 11 unidades mineras más importantes de oro, ocho sean de Canadá, y que 11 de las 14 minas de plata más productivas estén en sus manos. Para 2010-2012, de los 738 proyectos de exploración registrados en el país 553 pertenecen a compañías canadienses.

En un documento reciente, la Cámara Minera de México reivindica la prioridad que le otorgan las leyes a la actividad minera en un tema central para el desarrollo de sus empresas: el de la tenencia de la tierra. Su argumentación se basa en la Ley Minera, que establece que la explotación de los minerales serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, pero que en los hechos las controversias suscitadas con los superficiarios (ejidos y comunidades agrarias) son frecuentes y en los años recientes han colocado a la industria en una muy difícil situación, deteniendo inversiones y el desarrollo de proyectos.

Por su parte, Kevan Cowan, directivo del Toronto Stock Exchange, comenta que las dificultades por la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad, son “uno de los problemas más importantes que se enfrenta en México para la colocación de empresas y proyectos mineros”, y es que los requerimientos de minerales de las empresas canadienses está enfrentando cada vez más la resistencia de las comunidades y los pueblos campesinos, que protestan e impiden que las minas se establezcan en sus tierras. Esto tienen que ver con el reparto agrario logrado por comunidades indígenas y campesinas, con el que lograron tener un poco más de la mitad del país (105 millones de hectáreas) bajo propiedad social, en las que viven y trabajan cinco millones de ejidatarios y comuneros.

Donde quiera que exploren y ubiquen yacimientos de minerales, las empresas mineras se enfrentan al hecho que están debajo de terrenos que son propiedad ejidal o comunal. Esto plantea la base de muchos de los conflictos en los territorios rurales de México, pues en reiteradas ocasiones los campesinos prefieren mantener su forma de vida a tener que rentarle o cederle sus tierras a las empresas trasnacionales. Ello ha desatado una serie importante de conflictos esparcidos en todo el país. Como los casos de New Gold, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; de Goldcorp, en Mezcala, Guerrero; de Blackfire en Chicomuselo, Chiapas; de Fortuna Silver Mines, en Ocotlán, Oaxaca; de Carrizal Mining, en Zimapán, Hidalgo; de Vista Gold, en La Concordia-Paredones Amarillos, Baja California Sur; entre otros.

Disputas con las comunidades.

Las altas inversiones y la posibilidad de jugosas ganancias en estos proyectos mineros han reforzado la estrategia de las empresas por la apropiación de los territorios donde se ubican los yacimientos minerales, implementando una serie de mecanismos que aseguren las condiciones de estabilidad para sus capitales.

Esto se muestra en el caso de Goldcorp en Mezcala, en donde hay importantes reservas auríferas: Mediante diferentes arreglos apoyados por los gobiernos federal y estatal, la empresa minera fue controlando el territorio y sus recursos, a costa de una irreversible devastación ambiental y del paisaje, debido al gigantesco cráter excavado por sistema de tajo abierto, que destruye las posibilidades futuras de la producción campesina en por lo menos 25 por ciento de las tierras ejidales y comunales de la zona.

El mecanismo que utilizó Blackfire para poder extraer los vastos depósitos de barita en el ejido Grecia, del municipio de Chicomuselo, obligó a la empresa a establecer mecanismos de prebendas con las autoridades estatales, municipales y ejidales. Sólo la lucha social de los campesinos pudo detener este despojo, después del asesinato del líder comunitario Mariano Abarca.

Este es el escenario que, poco a poco, se va perfilando en regiones con recursos minerales: desde la destrucción de los territorios campesinos, por las actividades extractivas realizadas por empresas trasnacionales, hasta la resistencia popular que posibilita la continuidad de ejidos y comunidades.