Se movilizan 800 policías comunitarios en Guerrero
Luego de que las
autoridades del municipio de San Luis Acatlán detuvieron a un coordinador de la
Policía Comunitaria, la asamblea dispuso la detención de cinco funcionarios del
ayuntamiento y movilizó a sus bases.
JAIME QUINTANA
GUERRERO
Fuente: Desinformémonos
México. El territorio en el que
tiene presencia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía
Comunitaria (CRAC–PC) de Guerrero, se declaró en alerta y movilizó a más de 800
policías comunitarios “por lo que pueda pasar”, señaló Valentín Hernández,
asesor y abogado de la CRAC, en entrevista con Desinformémonos, luego de que
las autoridades del municipio de San Luis Acatlán detuvieron a uno de sus
representantes regionales y, como consecuencia, la asamblea dispuso la
detención de cinco funcionarios del ayuntamiento.
La policía ministerial de San
Luis Acatlán detuvo el 28 de agosto a Máximo Tranquilino Santiago, miembro y coordinador de la Casa de Justicia de la
CRAC, acusado de privación ilegal de la libertad, cuando salía de su casa en la
comunidad de Yoloxóchitl y se dirigía a sus oficinas en San Luis Acatlán.
Momentos después, la asamblea regional, autoridad máxima de los pueblos, ordenó
a su policía comunitaria detener al juez de lo penal, al Ministerio Público de
San Luis Acatlán y a otros tres funcionarios.
Una de las experiencias autónomas
más notables en México, en cuanto a sistemas de impartición de justicia
comunitarios, la protagonizan más de 80 comunidades de la Costa Chica y Montaña
de Guerrero, quienes desde hace casi 17 años se hacen cargo de su seguridad,
logrando disminuir la delincuencia hasta en un 90 por ciento.
En este contexto, Abel Barreda,
director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, advierte
en entrevista telefónica que “existe una intención deliberada para acabar con
el trabajo que han realizado a pulso los pueblos de la Montaña y para colocar a
los integrantes de la CRAC como personas
que violentan los derechos humanos”.
En un comunicado difundido por la
Coordinadora Regional se explica que “la agencia del Ministerio Público y el
Juzgado de Primera Instancia con sede en esta ciudad, le dieron curso a una
averiguación previa y a la causa penal 76/2012-II, en contra de los compañeros
coordinadores regionales Máximo Tranquilino, Pablo Guzmán, Asunción Ponce
Ramos, Claudio Carrasco, y los comandantes regionales Melquiades Simón
Santiago, Aureliano Martínez Tomas, Andrés Panuceno Germán y Felicito Clemente
Quintero, acusados de privar de la libertad a Silvino Encarnación Gabino,
vecino de la comunidad de Yoloxóchitl, quien se encuentra detenido en proceso
de reeducación del sistema comunitario, acusado de haber asesinado a un vecino
de la comunidad de Yoloxochitl. Derivado de esta denuncia, el juez liberó las órdenes
de aprehensión en contra de nuestros compañeros, y hoy la policía ministerial
llevó a cabo la detención de nuestro compañero Máximo Tranquilino Santiago”.
Como respuesta, la organización
de la Montaña y Costa Chica ordenó la detención de Filomeno Vázquez Espinoza,
José Luis Bernabé Fernández, Omar Sandoval León y Napoleón Hernández Garibo,
juez mixto de Primera Instancia, secretario de acuerdos penales del Juzgado
Mixto de Primera Instancia, agente titular del Ministerio Público y agente
auxiliar del Ministerio Público, respectivamente, “ya que han incumplido los
acuerdos de no agresión a nuestro sistema comunitario, violentando el derecho y
cultura de los pueblos y comunidades originarias del estado de Guerrero”.
“No existe la intención de
reconocer el aporte profundo de estos pueblos en el tema de la procuración de
justicia y de sus sistemas normativos. Siempre están al acecho los policías
ministeriales y el ejército para desarticular esta experiencia”, explica Abel
Barrara, defensor de los derechos humanos de la Montaña.
En los últimos meses se ha
agudizado el hostigamiento a los pueblos de la CRAC, y como ejemplos están el
encarcelamiento de Agustín Barrera
Cosme, las amenazas de muerte en contra de Cirino Plácido Valerio, el desconocimiento
como asesor de Valentín Hernández Chapa; el agudizamiento del conflicto agrario
entre Tilapa y Tierra Colorada, que ocasionó la muerte del comisario municipal
de Tilapa, Crisóstomo Bruno Peñaloza; la presencia creciente de grupos de la
delincuencia organizada que están sembrando el terror y la inseguridad en toda
la población. “Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y
las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar
su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de
nuestros recursos minerales y naturales”, se advierte en el comunicado.
Barrera expone: “están entrando
otros actores, como la violencia organizada, para generar conflictos en las
comunidades con la finalidad de que la Policía Comunitaria tenga que enfrentar
a estos actores armados solapados por las autoridades estatales. La Comunitaria
se ha visto orillada a asumir una responsabilidad contra el crimen organizado
al detener a personas con droga y quemarla, negando la entrega de estas
personas al ejército”.
La reciente detención del
integrante de la CRAC se da en el marco de la próxima incorporación de siete
comunidades de la Montaña Alta al sistema de justicia autónoma, el 2 de
septiembre, y de otras treinta comunidades que asistirán para solicitar su
ingreso. En recientes comunicados, la Coordinadora Regional anunció que en
total aproximadamente 60 comunidades estarían solicitando su incorporación a la
organización este año.
Para Abel Barrera, las
detenciones no son un acto aislado, sino “parte de la lógica de año y medio del
gobierno de Ángel Aguirre, de una estrategia de desdibujar a las organizaciones
criticas e independientes que defienden sus derechos con las protestas”.
“Es la misma política de los
gobierno de Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), es decir, ofrecen una mano abierta y con la otra
el puño, dan un saludo y con la otra un golpe, establecen acuerdos pero dan
traición. Es un juego maquiavélico de un estilo de gobernar”, denuncia Barrera.
“Nosotros sabemos que con la
movilización y el apoyo solidario de las organizaciones sociales fraternas
podemos parar esta ofensiva”, señala por su parte Valentín Hernández Chapa,
asesor de la CRAC.
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