Acteal. Los rastros de la impunidad exhibidos

Regreso a Acteal: la huella de Zedillo
Luis Hernández Navarro
Martes 01 de septiembre de 2009

No es sopechosismo. Es el peso de las evidencias. Después de muchos años en que la matanza de Acteal se encontraba en el limbo político y jurídico, súbitamente el caso se comenzó a volver un tema de la agenda política nacional a partir de los comicios presidenciales de 2006. De manera simultánea, se trató de rescribir la historia del crimen de Estado para exculpar ante la opinión pública a sus responsables intelectuales.

La secuencia de los hechos es incontrovertible. Primero se firmó una alianza en 2006 para apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón y la asociación política Encuentro Social. Punto central de ese pacto fue “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.

Segundo, el dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicó dos artículos en la revista Nexos, que fueron el banderazo de salida en la empresa de construir una nueva versión de la masacre. Casi un año después, la misma revista divulgó, como parte de su proyecto revisionista, una nueva crónica de los hechos.

Tercero, en diciembre de 2006 el CIDE informó que había asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso.

Cuarto, el 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de 20 de los paramilitares culpados del crimen, porque no se les siguió debido proceso.

Uno de los actores claves de esta historia es Hugo Eric Flores. En 1999 fue asesor del presidente Ernesto Zedillo, señalado como principal responsable intelectual de la matanza. Aunque él lo niega, en ese mismo año ofreció a los abogados de los presos interceder ante el mandatario y su secretario particular.

El 17 de agosto de 2009, el dirigente de Encuentro Social dijo, en entrevista con Carmen Aristegui, que su interés por el caso de Acteal proviene de una visita que realizó en el año 2000 a la ermita donde se produjo la matanza. En ella el pastor evangélico Manuel Arias le informó que personas inocentes se encontraban presas por el crimen, y él se percató de que las tablas del templo no tenían impactos de bala y supo que no habían sido cambiadas. Allí le nació el interés de investigar y documentar con pruebas periciales si había sucedido lo que se dijo que pasó. A partir de entonces se comprometió con la defensa de los presos.

Flores Cervantes aseguró a Aristegui que él nunca trató el asunto de Acteal con el presidente Zedillo. “¿Alguna vez conversaste con Ernesto Zedillo sobre el tema antes, durante o después de tu decisión de investigar el caso?”, le preguntó la periodista. El respondió: “nunca”. Y aseguró que tampoco trató el asunto con algún miembro del gabinete.

Arturo Farela Pacheco tiene una versión radicalmente distinta de los hechos. Y las pruebas que la demuestran. Afirma que, desde 1999, Flores Aguilar se involucró en el tema siendo asesor de Zedillo. Así lo dijo el 24 de agosto de 2009 en el programa Relieves, de Radio Educación, conducido por Lenica Ávila. El licenciado Farela sabe de lo que habla. Fue integrante del equipo jurídico de la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas Cristianas (Confraternice), abogado de los presos acusados de ser responsables de la matanza entre enero de 1999 y 2003 y una de las figuras relevantes de este caso.

De acuerdo con su testimonio, en los primeros meses del último año de la administración de Zedillo, Hugo Eric Flores se acercó al despacho de la confraternidad para preguntar sobre el caso Acteal. “Estaba enterado –narra– que el despacho de Confraternice llevaba la defensa. Le explicamos una serie de violaciones al procedimiento, abundantes, y nos pidió que le hiciéramos una especie de síntesis para llevarla a Ernesto Zedillo. En ese entonces Hugo Eric era su asesor. Desde luego que nosotros de inmediato accedimos a entregarle tres o cuatro carpetas donde venían enlistadas, detalladas, especificadas las violaciones al procedimiento. Él las recibió y dijo: ‘de inmediato se las hago entregar al doctor Zedillo y, a su vez, también, a Liébano Sáenz’. Tengo entendido que él nos dijo que ése fue el conducto por el que llegó él a ser asesor de Ernesto Zedillo.”

Confraternice dio a Flores Cervantes los documentos. Con frecuencia los abogados le preguntaban si ya lo había consultado. Y, según Farela Pacheco, Hugo Eric Flores “dijo que sí, que el doctor Ernesto Zedillo sí recibió las carpetas que nosotros le entregamos con todas las violaciones al procedimiento, pero que al final prefirió ya no tocar el asunto porque estaba a punto de entregar la presidencia. Así fue como sucedió. Finalmente, la información que le entregamos le fue útil, en parte, para lo que publicó en su libro”.

En dos ocasiones previas a la intervención del CIDE, la Suprema Corte fue requerida para que atrajera el caso. El 16 enero de 1998, la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta presentó la primera solicitud de atracción; un mes después fue rechazada. Más adelante, a raíz de un amparo y de una revisión de éste, Confraternice llegó a la Corte y solicitó la atracción, argumentando violaciones al procedimiento penal que obra en actuaciones. La petición fue nuevamente rechazada.

El CIDE reconoce que quienes involucraron a la institución en la defensa de los presos de Acteal fueron Hugo Eric Flores y Alejandro Posadas, pero asegura que no se enteraron de la alianza de ellos con Felipe Calderón “hasta tiempo después” (La Jornada, 28/8/08). O sea, que en el mejor de los casos, los directivos del centro de investigación de excelencia ni leen los periódicos ni son capaces de medir el impacto político de las aventuras en las que se (o los) embarcan.

Quienes defienden el comportamiento del CIDE y de la Corte en el caso de la matanza de Acteal y la liberación de los asesinos aseguran que su actuación se rigió conforme a derecho. Niegan el sesgo político del caso. Dicen guiarse por una ley que, como dijo Anatole France, “en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.