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NO TENEMOS DERECHO A PERDER LA ESPERANZA"¡Aquí estamos! . . . somos los hombres
de siempre, los rebeldes tenaces
enemigos de la injusticia"
Ricardo Flores Magón, en
Regeneración 31 de Enero de 1914
El CIPO-RFM somos el resultado de un largo proceso organizativo y lucha en comunidades y organizaciones que se remonta a los años 80's, donde cada uno de nosotros participó con diversas aspiraciones, en distintos tiempos y formas contra el mismo enemigo.
Este actuar nos llevo a conocernos, tratarnos, discutir e intentar actividades coordinados. Así fue como nos juntamos muchos pueblos y las organizaciones CODECI, CODEP, FIOB, OIDHO y UCIZONI para formar una alianza estratégica y el ideal de formar, con el tiempo, una sola organización.
El CIPO-RFM nació primero como alianza de organizaciones la mañana del 18 de Noviembre de 1997, pero al paso de los años, las ideas, historias y practicas de cada una de las organizaciones; la represión que nos tocó enfrentar, las condiciones del movimiento indígena nacional y estatal, la madurez y propuestas de nuestros pueblos, el desarrollo, intereses, problemas y proyecto de cada una de las organizaciones y pueblos fundadores del CIPO-RFM hizo que en 1998 se retiraran FIOB y UCIZONI, en 1999 CODECI, a mediados de 2001, primero CODEP y después OIDHO.
Con la salida de estas últimas organizaciones el gobierno pensó que el proyecto del CIPO-RFM estaba liquidado, pero las comunidades que tomamos el camino Magonista, decidimos sostener el proyecto del CIPO-RFM como una organización de comunidades y ya no como alianza de organizaciones.
Como tal nos manifestamos el 18 de Noviembre del 2001 demostrando, a quienes intentaron destruir al CIPO-RFM, que habían fracasado. Como siempre, los que hoy somos el CIPO-RFM respetamos a las organizaciones que un día fueron parte del CIPO-RFM y para nosotros seguirán siendo hermanas y nunca las intrigas, las calumnias o el rencor hará nido en nuestro corazón.
En el CIPO-RFM estamos muchachas/os, niñas/os y abuelitas/os: campesinas/os, obreras/os, bandas, estudiantes, artistas, anarko punk´s, comuneras/os, maestros, curanderas/os, etc.,que sin distinción de edad sexo, creencia religiosa, nivel educativo, oficio, ocupación, preferencia sexual, color de piel o lengua, juntamos lo que cada uno tiene: experiencia, capacidad, voluntad de servicio, deseo y esfuerzo por encontrar caminos que nos permitan terminar nuestro sufrimiento y ayuden a construir mundos donde nos vaya bien a todas/os Las/os, Chatinas/os, Triquis, Chinantecas/os, Mazatecas/os, Mixes, Mixtecas/os, Tacuates, Zapotecas/os, Negras/os y Mestizas/os que nos juntamos en el CIPO-RFM, estamos convencidos que hablando juntos, trabajando juntos y luchando juntos podemos lograr mas pronto y mejor lo que queremos.
En el CIPO-RFM tienen un lugar todas/os aquellas/os que estén dispuestos a poner sus capacidades, habilidades y todo aquello que nazca de su corazón para la causa indígena Magonista y asuman la lucha por:
-Promover que los pueblos y trabajadores/as se organicen de manera libertaria, aunque no lo hagan con el CIPO-RFM.
-Difundir, promover capacitar y defender organizadamente los derechos humanos: sociales, económicos, políticos y culturales del pueblo en general y el de las/os indígenas, las mujeres, las/os minusválidas/os, las/os niñas/os y las/os migrantes en particular.
-Asesorar, apoyar y acompañar a las comunidades, organizaciones e individuos, indígenas, que luchando por la reconstitución y libre asociación de los pueblos soliciten nuestro apoyo.
-Impulsar el desarrollo integral de nuestros pueblos, indígenas o no, con proyectos productivos, de comercialización, industriales, de exportación y sustentables: local, regional y estatalmente, cuidando, rescatando y conservando los ecosistemas de nuestras comunidades.
-Revalorar la cosmovisión y formas de convivencia, organización, trabajo, producción, ciencia, y todas las expresiones culturales de nuestras comunidades.
-Realizar investigación, documentación análisis y difusión de los movimientos y luchas sociales locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales, que por su importancia, trascendencia, impacto, innovaciones o experiencias, apoyen el proceso organizativo de los pueblos y eleven su toma de conciencia.
-Defender, promover y difundir el cuidado de los ecosistemas y recursos naturales.
-Mediante la Acción Directa construir alternativas económicas comunitarias que logren convertirse en contrapoderes.
-Detener la militarización, represión y toda forma de autoritarismo, para hacer ahora y con lo que tenemos, la sociedad del mañana, donde la autogestión, la autoorganización, y el apoyo mutuo sean la base.
POLICIA COMUNITARIA DE LA COSTA CHICA Y LA SIERRA DE GUERRERO
http://www.policiacomunitaria.org/
Situación Estatal
Por la mitad de la década de los noventa Guerrero vivió una crisis que se agudizó más aún con la masacre de 39 campesinos en Aguas Blancas, perpetrada por policías “motorizados”. A raíz de este hecho, el gobernador Rubén Figueroa se vio obligado a pedir licencia, entrando el gobernador interino Ángel Aguirre Rivero.
Situación Regional
Con la crisis del aparato judicial se crea un vacío en los tres poderes y en la Montaña se desencadena una gran ola delictiva por la delincuencia organizada de tal forma que carreteras, caminos, veredas e incluso las mismas comunidades son objeto de innumerables robos, asaltos, violaciones sexuales y asesinatos. Todas las autoridades fueron completamente rebasadas por la delincuencia, principalmente por complicidades con los delincuentes, omisiones, negligencias o -en el mejor de los casos- incapacidad y decisión firme para combatirla.
LA FORMACIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Uno de los principales factores del surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria fue la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad publica del Estado. La gran ola de violencia que se presentaba en los caminos de la Montaña (lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia) y la Costa Chica (San Luís Acatlán-Marquelia) de Guerrero en la década de los ochenta e inicio de los noventas movió a los habitantes de algunas comunidades de la región a organizarse para combatirla. En este suceso, las organizaciones y sociedades de produccion, principalmente cafetaleras, eran también afectadas por la inseguridad en el traslado de sus productos y recursos económicos.
De 1992 a 1995 se vivió la más despiadada ola de violencia pues los asaltos eran perpetrados casi a diario, las mujeres y las niñas eran violadas delante de sus padres y esposos, y los asaltantes frecuentemente llegaban al asesinato de las personas que se le resistían.
Al ver la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico que se resistía a investigar y tras el pago de “mordidas” rápidamente dejaba libres a los delincuentes, en 1993 y 1994 los afectados de este problema de inseguridad y violación de sus derechos fundamentales, apoyados por las organizaciones sociales y la Iglesia local, empezaron a convocar a reuniones para discutir el asunto. En estas asambleas, a las cuales participaban pobladores de toda la región, autoridades comunitarias, profesores, se denunciaban los delitos padecidos.
En 1995 se realizaron tres grandes asambleas; en la tercera, la mayoría de asambleístas constataron que las autoridades gubernamentales jamás asistieron a ninguna reunión a las que habían sido invitadas, demostrando con dicha actitud que no les interesaba resolver los problemas de los pueblos. En esta reunión, celebrada en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, se decidió crear la Policía Comunitaria, definiendo que la actividad de dicha policía, integrada por voluntarios sin sueldo de las mismas comunidades, sería recorrer los caminos donde sucedían los delitos y en caso necesario detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de la autoridad.
Con la presencia de los Comunitarios la delincuencia disminuyó en manera muy considerable; sin embargo no se pudo erradicar el problema, pues se hizo aún más evidente la ineficacia y la corrupción de las autoridades encargadas de aplicar y administrar justicia. Fue por esto que en 1998 decidimos dotarnos de nuestras propias autoridades regionales para la procuración y impartición de justicia (CRAC).
El proceso de formación de la organización, que se construyó a través de discusiones en las asambleas locales, y luego en las Asambleas Regionales, refleja la importancia del consenso y del ámbito colectivo para los pueblos que vivimos en la región.
La justicia que imparten nuestras autoridades regionales también se centra en este espíritu comunitario: es una justicia publica y colectiva, donde son varios los ojos que evalúan quienes cometen errores.
En nuestras comunidades los conflictos más graves siempre se resuelven en el seno de la asamblea: es todo el pueblo que determina las sanciones, legitimando la actuación en términos de justicia de las autoridades. Estas son las que finalmente se hacen responsables de impartir la justicia, pero cuentan con el respaldo, además que de la asamblea, también del consejo de ancianos o principales, las personas de mas sabiduría y respeto. Tales formas de organización nos han servido como modelo para construir nuestra institución regional: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es como el cuerpo de los principales, mientras en la Asamblea Regional se llevan los casos mas difíciles para que las resoluciones se tomen colectivamente: esto para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia.
Dado que nació y se fortalece de la asamblea, la Coordinadora se articula con ella de manera horizontal. Sus principios son: investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social, impartir una justicia pronta y expedita.
La búsqueda de la conciliación, la gratuidad de la justicia, la posibilidad de hablar en nuestras lenguas, caracterizan este nuevo derecho de los pueblos que estamos construyendo; es un derecho distinto al derecho que el estado nos impone y que no nos sirve para resolver los problemas que tenemos que enfrentar. Es por tales motivos que se nos ha impuesto la necesidad de construir una justicia y un derecho que retomen lo que nuestros pueblos han hecho antes pero ajustado a las condiciones actuales.
En la construcción de este derecho nuestro, antiguo y nuevo a la vez, en las practicas para la impartición y procuración de justicia, en la reeducación comunitaria, estamos de hecho construyendo un sistema autónomo, que no depende de las instituciones para su funcionamiento. A pesar de que siempre los gobiernos estatales trataron de desintegrar las estructuras de gobierno y de organización indígena, estas siempre se mantuvieron vivas en las comunidades, y son las que ahora dan contenido, fuerza y legitimidad a nuestro Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria.
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