"Aún en ausencia de combates formales, el combate oficial contra los pueblos autónomos es integral"

Guerra contra la experiencia zapatista

La autonomía no descansa

La experiencia zapatista es real y por eso los poderes utilizan tanta guerra para detenerla. Para su frustración, los pueblos zapatistas les muestran que la lucha sigue, que sus formas de gobierno se desarrollan y funcionan con solvencia democrática, gracias a una legitimidad y un compromiso que los malos gobiernos han perdido por completo.

Herman Bellinghausen

Fuente: Desinformémonos

Chiapas, México. Pronto serán 17 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las montañas de Chiapas. Es un lapso grande que abarca cuatro gobiernos federales; resulta fácil olvidar, o distraerse respecto al hecho de que todo ese tiempo, día a día, centenares de comunidades indígenas han vivido en una guerra continua, cuidadosamente diseñada por los altos mandos federales, en sus elementos propiamente castrenses y en las estrategias de contrainsurgencia. Aún ahora que el país entero se militariza y los puestos y controles del Ejército federal ya no son exclusivos de los territorios indígenas (incluyendo Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz), el territorio autónomo zapatista sigue siendo la región más abrumadora y permanentemente militarizada de todo México.

En estas condiciones adversas, las comunidades rebeldes de Chiapas se las han arreglado para construir una autonomía profunda y realista, con formas de gobierno originales y democráticas que funcionan mejor y con más transparencia que los malos gobiernos dominantes en México, los administrados por la clase política que se reparte en un puñado de partidos que, para fines prácticos, son iguales. Los “gobernantes profesionales” se alían o venden cuando conviene, los principios no son su fuerte. Están en un buen mercado, les reditúa. Tarde o temprano resultan prevaricadores, interesados, autoritarios, mentirosos. Todos (¿hay excepciones?), dispuestos a practicar la represión como método de sobrevivencia. Su relación con las luchas y movimientos sociales, aún cuando logran hacerla clientelar y mediatizadora, busca controlar y desmantelar cualquier alternativa de autonomía, autogestión y democracia comunal. También imponer barreras a lo reclamos de los pueblos indígenas como entidades de la Nación, como mexicanos con todos los derechos, incluyendo el de ser ellos mismos, no importa qué tan “diferentes”.

El logro de la experiencia zapatista de gobiernos autónomos no reside sólo en su prolongada duración de tres lustros y la permanente voluntad pacífica hacia sus hermanos no zapatistas, sino en la construcción, desde la raíz, de sistemas educativos, de salud, de producción agrícola y comercialización de productos, impartición de justicia, comunicación. Todo de manera independiente al deteriorado sistema político. Está abierta a un permanente aprendizaje de su “mandar obedeciendo”. Han materializado una propuesta de cambio en tiempos de conservadurismo, indolencia y mala fe de las estructuras de gobierno. Un mensaje de que las cosas se pueden hacer de otro modo, y bien.

Pero así como la creación y evolución de la autonomía no descansa, tampoco lo hace la guerra contra ella de los gobiernos federal y estatal, que emplean para tal propósito la plenitud de sus recursos bélicos, tecnológicos, policiacos, propagandísticos y económicos, determinados por la elaboración intensiva de lo que se da en llamar “inteligencia”, con explícitos fines de “contrainsurgencia”.

En la presente etapa de esta guerra continua contra los pueblos mayas zapatistas, “de baja intensidad” se le llamaba antes (concepto hoy en desuso, ¿será que su intensidad ya no es tan “baja”?), se expulsa de sus casas y tierras a decenas de familias, bases de apoyo zapatistas. Están los casos de las comunidades tzeltales El Pozo (San Juan Apóstol Cancuc) en julio pasado, y el 9 de septiembre San Marcos Avilés (municipio oficial Chilón, en los límites con Sitalá). Tan sólo en este último fueron obligados a dejar casas y pertenencias 170 personas, bases de apoyo zapatistas organizadas con el caracol de Oventik. ¿La razón? Dicen los expulsores del PRI, el PRD y el Verde Ecologista que “por construir una escuela autónoma”. Y que sólo podrán regresar si dejan de ser zapatistas.

Además de estos “puntos rojos”, donde la violencia se ha desbordado a últimas fechas, permanece invisible, pertinaz, puntual, la presencia de decenas de bases de operaciones del Ejército federal en la selva Lacandona, los Altos, la zona Norte y la selva fronteriza. Ello implica la ocupación militar de porciones importantes del territorio tzotzil tzeltal, chol, tojolabal, y también zoque y mame –sus campos, pueblos, caminos, fuentes de agua-. Las múltiples bases de operaciones de las Fuerzas Armadas brindan además, tácita o descarada protección para los grupos hostiles a la autonomía, paramilitarizados o no.

No pocas veces la contigüidad entre tropas federales y simpatizantes de grupos como Opddic, Paz y Justicia o Ejército de Dios es literal, lo cual ocurre en las bases de Monte Líbano, Toniná, Jotolá y Rancho Nuevo, por ejemplo. Tan sólo en San Pedro Polhó, cerca de Acteal, la ocupación miliar es asfixiante y afecta, hace ya 13 años, a miles de desplazados zapatistas que después de la matanza en Chenalhó durante 1997 ya no regresaron a sus tierras.

La conflictiva “inter” e “intracomunitaria”, creada y fomentada por las autoridades federales, estatales y municipales (oficiales) se “explica” por artificiales argumentos religiosos, o bien agrarios, de pago de servicios, permisos para autopistas, explotación turística, recursos hídricos, la construcción de una escuela; por quita de ahí estas pajas.

La prospección de hidroeléctricas se cierne sobre los ríos Tulijá, Bascán, Usumacinta. Junto con los desarrollos turísticos y la minería, promueve la invasión de grandes empresas nacionales y extranjeras que buscan imponerse aprovechando la guerra en las tierras zapatistas de Chiapas. Para eso las “ciudades rurales”, desintegradoras por reducción a la antigüita (son las Reservaciones del Milenio), brutalmente pro consumistas y al fin, contrainsurgentes. Ya quedó concluida una en Santiago el Pinar, en el corazón de la montaña tzotzil, y ahora se programa otra en San Pedro Chenalhó. Allí, Las Abejas y las organizaciones parroquiales católicas denunciaron que el gobierno de Juan Sabines Guerrero pretende edificar otra “ciudad rural” sin aprobación de la población indígena. A ello el gobierno chiapaneco respondió con virulencia, negándolo declarativamente y acusando a dichas organizaciones de “enemigas de la paz”. No obstante, ahora en septiembre la denuncia fue reiterada por la parroquia pedrana y sus comités eclesiales.

Una guerra con todos los medios

Todo lo expresado hasta aquí, cabe señalar, ocurre en este preciso momento, mientras usted lector, lectora, pone su atención en estas líneas. En Chiapas la guerra sigue.

Aún en ausencia de combates formales, el combate oficial contra los pueblos autónomos es integral. Esto es, incluye de manera destacada campañas mediáticas en base a falsedades, no importa cuan tontas o inverosímiles resulten, ya no digamos verificables. También este frente ha recrudecido de unos meses y semanas a esta parte. No tanto contra el proceso autonómico como contra los mandos zapatistas. Se han vuelto recurrentes las insidias, lucubraciones espectaculares o meras indirectas en las columnas políticas al servicio del gobierno o los consorcios televisivos, sugiriendo que el subcomandante Marcos y/o un fantasmagórico “comando guerrillero” habrían secuestrado al político y magnate panista Diego Fernández de Cevallos, asunto que, en medio del silencio, lleva cuatro meses revulsionando los bajo fondos del poder político nacional.

Los medios en general son bombardeados con informaciones e inserciones pagadas del gobierno de Chiapas. Y por su parte, la academia se lleva su tajada, al precio poco académico de construir sus propias fantasías y sus conclusiones racistas y contrainsurgentes. Disfrazados de hada madrina, figuras del Colegio de México, CIDE o CIESAS “cumplen” con oponerse a la autogestión y autonomía de los pueblos. Su éxito intelectual ha sido pobre y su efecto real, nulo hasta ahora, pero han hecho su luchita por cubrir su cuota de participación en esta guerra integral, elaborando argumentos “científicos” contra los pueblos en resistencia.

En otro episodio, y con naturalidad falsaria, sin el menor escrúpulo profesional, el diario Reforma inventó en abril pasado para su primera plana “revelaciones” trasnochadas sobre la “identidad” del subcomandante Marcos (que resultó corresponder un conocido cooperante italiano) y de la “comandancia” rebelde (quienes eran personas de la sociedad civil también conocidas). La especie fue claramente desmentida, pero el diario en cuestión nunca rectificó ni publicó las versiones que contradecían sus imaginativos reportajes, ampliamente gráficos. Todo fue un chiste vacacional.

Con la misma naturalidad sin fundamento ni pruebas, diversos columnistas tiras (esos sí que son “investigadores”) llevan algunas semanas fabricando una confusa ensalada de especulaciones que revuelven el secuestro de Fernández de Cevallos, las declaraciones del señor La Barbie sobre sus tratos comerciales con las FARC y los clamores dizque destemplados de la señora Hillary Clinton sobre la “insurgencia” en México, que ella atribuye al narco pero es suficientemente imprecisa como para servir a lo que sea. El Reporte Índigo tomó al vuelo esta ensalada en su portal electrónico, y montó un cerro de patrañas delirantes con el fondo musical, tan aterrador supongo, de “El pueblo unido jamás será vencido” en versión de Inti Illimani.

El parlanchín señor La Barbie habría delatado a sus contactos colombianos para surtirse de cocaína. Se supone que ya cayeron presos, y aunque ninguno resultó relacionado con la guerrilla de ese país. Ante la autoridad moral del narcodeclarante y la inocencia pueblerina de la señora Clinton, los columnistas no se arredran, ignorando con heroísmo cualquier verdad que no cuadre con el guión volador que les dictaron. Para lo que pueda ofrecerse.

Entre el clamor de hojalata del Bicentenario y la “guerra” desquiciada y sin fondo del presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el “crimen organizado”, que tiene en llamas al país, ¿quién está mirando hacia los pueblos indígenas?

La despiadada guerra de exterminio contra el pequeño municipio autónomo triqui de San Juan Copala, Oaxaca, se pretende definitiva. Allí también, como en Chiapas, los indígenas se inspiran en los incumplidos Acuerdos de San Andrés. Nuevamente, un proyecto autonómico fuera de Chiapas resulta intolerable y se le combate con todo. El gobierno de Ulises Ruiz realmente ha puesto de su parte para que está destrucción se concrete. Así sucedió antes con los proyectos de autonomía en Guerrero, Morelos, Veracruz y Michoacán.

Las difusas fronteras entre instituciones gubernamentales, sistema financiero, empresas trasnacionales y el llamado crimen organizado, hoy son menos discernibles que nunca. A su modo, todos estos actores juegan a la guerra. Participan en el despojo a los pueblos, fabrican migrantes sin esperanza, exprimen los suelos, ríos y aires de las comunidades en liquidación.

En este contexto hostil, persisten los municipios autónomos rebeldes zapatistas, sus cinco Juntas de Buen Gobierno y las comunidades en resistencia de Chiapas. Confirman el alcance de la resistencia y su poder de contradicción constructiva: su guerra es por la paz; para ser plenamente mexicanos y defender nuestra soberanía en riesgo exigen que se reconozcan su particularidad y sus derechos culturales, lingüísticos, políticos; incluso cuando callan dicen mucho más que todo el parloteo de la clase política; en tiempos de globalización, proponen un mundo donde quepan muchos mundos.

La experiencia zapatista es real, dura mientras avanza. Por eso dedican los poderes para detenerla tanta guerra de balas, de billetes, de asfalto y cemento, de falsas promesas, papel y éter televisivo. Para su frustración, los pueblos zapatistas les muestran que la lucha sigue, que sus formas de gobierno se desarrollan y funcionan con solvencia democrática (donde “el pueblo manda”), gracias a una legitimidad y un compromiso que los malos gobiernos han perdido por completo.