La anexión de Colombia a Estados Unidos

La anexión de Colombia a Estados Unidos
Fidel Castro Ruz
Sábado 07 de Noviembre de 2009

Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales. En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.

Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.

Noviembre 6 de 2009
10 y 39 a.m.

"Nadie tiene nada que reprocharme"

Él y su esposa Gloria Arenas ahora están “en el movimiento que lucha por vías pacíficas”
“Conquistamos nuestra libertad con la lucha jurídica”, dice Jacobo Silva Nogales
Blanche Petrich
Sábado 31 de octubre de 2009, p. 15

Gloria Arenas y Jacobo Silva nunca negaron su pertenencia a un grupo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), obtuvieron su libertad precisamente porque esgrimieron un artículo del Código Penal –el 137– que reconoce la figura de rebelión, al estipular que hechos de sangre ocurridos en el contexto de un combate no son actos delictivos. Ayer, unas horas después de su excarcelación, después de permanecer una década en penales de máxima seguridad, Silva Nogales afirma: “Considerando que tuve toda la razón para alzarme en armas: nadie tiene nada que reprocharme. Ni siquiera si ahora decidiera reincorporarme a la guerrilla”.

Él y su esposa Gloria aclararon, sin embargo, que la circunstancia de haber pasado un largo periodo en la cárcel los ubica “automáticamente” en el movimiento social que lucha por vías pacíficas. Ambos militan en la otra campaña, red de movimientos que se identifican con el zapatismo. “Antes teníamos armas de fuego, hoy tenemos las armas de la razón”, expresaron.

Detenidos el 19 y el 22 de octubre de 1999, respectivamente, un tribunal de Chilpancingo los juzgó y declaró culpables por la muerte de un civil durante una emboscada del ERPI al Ejército Mexicano en Guerrero en 1998. Recibieron una sentencia de 51 años, la que apelaron en distintas instancias hasta que el año pasado lograron una reducción de la pena.

Silva Nogales fue fundador del Ejército Popular Revolucionario. Él y Gloria Arenas se separaron para formar otra organización, el ERPI –que también sigue activo– en 1998. Pese a las fuertes rivalidades entre las dos organizaciones, Silva expresó ayer el compromiso de luchar contra los actos represivos del Estado y la tortura, incluida la desaparición forzada de los dos dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, secuestrados en Oaxaca en 2007.

Sin que se les notificara con anticipación, Arenas fue excarcelada el miércoles por la noche del penal de Chiconautla, estado de México, y Silva, el jueves en la tarde, del reclusorio de máxima seguridad de Tepic. De la prisión, a él lo condujeron directamente a la terminal de autobuses. Llegó al Distrito Federal a primeras horas de la mañana. Al mediodía se presentaron ante la prensa y decenas de militantes de derechos humanos que los saludaron calurosamente y aplaudieron cada una de sus intervenciones.

Entre ellos estaba la madre de Jacobo, Inés Nogales, con sus 87 años a cuestas. “Este Jacobo me salió fuerte, ¿verdad? Debe ser por el gusano del mezcal de Minatitlán”, comentó tras escuchar embelesada a su hijo. También estaba la hija de la pareja, Leonor Silva Arenas, y la hermana, Elizabeth Silva Nogales, que fue el sostén de la familia y el motor de la solidaridad durante estos años.

Una conquista de la lucha social

En la rueda de prensa, Jacobo Silva señaló que “nuestra libertad no es una concesión graciosa del gobierno. La conquistamos palmo a palmo con la lucha jurídica”. Explicó su estrategia en el proceso de defensa que él mismo condujo: “Nos acusaron de homicidio e intento de homicidio. Si no hubiéramos sido rebeldes, eso habría sido un delito. Pero en el Código Penal, conforme al artículo 137, los hechos que se dan en el contexto de una rebelión no son delitos. Nosotros ni siquiera tuvimos que demostrar que éramos rebeldes, el mismo Estado así lo tipificó, porque nos acusó de rebelión. En tanto que rebeldes, no somos delincuentes. Yo nunca lo negué ante quienes me interrogaron: era guerrillero, me descuidé y me agarraron. Gloria y yo cometimos actos de rebelión, yo sí hice daño en propiedad ajena, no lo niego. Mi esposa no”.

Con el rapado de cabello típico de los reclusos de máxima seguridad y un rostro que refleja los años de penurias, Silva agregó: “Si no hubiera caído seguiría siendo guerrillero. Mi corazón está con el ERPI y otros grupos armados cuyos nombres ni siquiera se conocen pero que existen. Pero el hecho de haber pasado por la cárcel automáticamente nos ubica dentro del movimiento popular abierto. Éste se va a convertir en nuestra montaña. Los árboles son ustedes, entre ustedes me escondo y me camuflajeo”.

Estar preso

Durante esta década tras las rejas, Silva nunca pudo conceder una entrevista periodística. Ayer habló de su experiencia carcelaria. “Los años de estar preso me colocan en posibilidad de hablar de una realidad que es necesario que se conozca. En las prisiones se infligen lesiones a la dignidad humana, incluso ocurren homicidios que quedan impunes. A mí me tocó estar cerca de uno, un reo asesinado por un funcionario de la prisión. Presenté una demanda penal y no se hizo nada. Un [agente del] Ministerio Público me fue a ver pero no investigó nada”.

Habló de una perspectiva muy personal: “Diez años sin poderme ver en un espejo, sin tener una imagen de mi identidad. En Almoloya se produce un proceso de despersonalización. En ese mundo se es subhumano, se sobrevive sacando fuerzas de flaqueza, inventando nuevas formas de lucha que uno ni siquiera sabía que existían. Sin saber que podía pintar, pinté. Sin saber que podía escribir, escribí. Sin conocer de derecho asumí mi defensa. Eso nos ayudó y yo espero que ayude a otros presos: puede ser que esa sea la ruta que los lleve a la salida.

“La cárcel es una experiencia colectiva; adentro uno sobrevive gracias a la famosa solidaridad. No sé qué habría pasado si ustedes desde aquí no hubieran estado pendientes de nosotros”.

Habló de sus primeras impresiones en libertad: “Oír la voz de un niño, tocar una mano afectuosa, hablar cara a cara de lo que uno quiera, caminar sin que le digan a uno que agache la cabeza, mirar el sol sin cuadritos… ¡es lo máximo!”Durante los primeros años de su sentencia, como terapia ocupacional, Jacobo Silva empezó a dibujar. Pronto se reveló con un fuerte sentido del arte naif. Logró crear cerca de 300 obras, muchas de ellas óleos, que fueron expuestas en 2004 en el Poliforum Siqueiros y en 2006 en la sala de arte Siqueiros. Ayer mismo –sin que se contemplara incialmente que el autor de la obra estuviera presente– se inauguró por la tarde otra muestra de sus pinturas en la Casa de la Cultura de la Delegación Azcapotzalco.

Cacería de estudiantes... y los que sigan

Califican al procurador general de incompetente, luego del caso de Ramsés Villanueva
Temen que la PGR emprenda cacería de estudiantes por las explosiones en el DF
Alfredo Méndez
Viernes 09 de octubre de 2009

El pasado 30 de septiembre, cuando Ramsés Villareal Gómez, de 27 años de edad, declaraba como indiciado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los fiscales que investigan a los responsables de los ataques con explosivos a bancos y otros establecimientos comerciales del Distrito Federal en septiembre, le mostraron una fotografía de un joven tres años menor que él.

La autoridad ministerial creía que el de la foto era Ramsés, pero en realidad se trataba de Víctor Cilia Ocampo, estudiante de la carrera de sicología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y activista de la Plataforma Antitaurina México, quien el 5 de febrero de 2005 fue detenido varias horas, tras participar en una manifestación en contra de las corridas de toros en la Plaza México.

Ese mismo día, luego de aclarar la confusión, la fiscalía propuso a Villareal Gómez convertirse en “testigo protegido” para responsabilizar a Cilia Ocampo y a otros 14 estudiantes de las explosiones ocurridas en septiembre.

–Ya sabemos que no eres tú, que tu nombre no está entre los manifestantes detenidos en la Plaza de Toros.

“El de la foto se llama Víctor Cilia. Tu di que él colocó las bombas (entre el primero y 22 de septiembre) y a ti ya no te va a pasar nada, te quedas como testigo protegido”, le propusieron los fiscales a Villareal Gómez.

Como no aceptó la propuesta, la PGR ejercitó acción penal en su contra, el 2 de octubre, pero sólo consiguió que estuviera preso 20 horas en el Reclusorio Sur.

Ayer, la señora Verena Ocampo Rabadán, madre de Víctor Cilia, acudió a las instalaciones de La Jornada para expresar su preocupación, pues teme que a su hijo, a los dos hermanos de su hijo y, en general, a los estudiantes de escuelas públicas, les pueda suceder lo mismo que a Villarreal.

“Mi hijo es inocente. Que se hagan todas las averiguaciones necesarias, sí, pero con transparencia, sin inventar pruebas ni culpables, y con estricto apego a la legalidad”, sostuvo Ocampo, quien aseguró que personas allegadas a Villareal Gómez le platicaron lo que ocurrió el 30 de septiembre, en el interior de la subdelegación de la PGR de Camarones, día en que fue detenido el joven egresado de la carrera de sociología de la UAM.

La mujer agregó que está preocupada por la seguridad de su hijo, “porque quedó demostrado, con el caso de Ramsés, que la policía en México primero detiene y después averigua”.

En su edición del pasado martes, este diario dio a conocer, citando documentos ministeriales, que al menos 15 estudiantes de escuelas públicas se encuentran en un listado elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como sospechosos de los ataques a bancos y negocios el mes pasado.

Ayer por la noche, Verena Ocampo repartió a diversos medios de comunicación una carta firmada por ella, en la que hizo las siguientes reflexiones: “seguramente el silogismo de la PGR es: si no estás de acuerdo con las corridas de toros, entonces tú pusiste las bombas contra la tienda de pieles de lujo en Polanco.

“Por supuesto Ramsés se negó a un arreglo con la PGR, pero vaya lógica perversa la de los hombres del procurador: si asistes a una manifestación contra la crueldad hacia los animales, luego entonces te conviertes, automáticamente, en sospechoso. Y sin que haya indicio vinculado al hecho que se persigue, el procurador ordena tu captura y te hace ‘confesar’ o hace que otros te confiesen.

“¿Así es como usted, señor procurador, pretende resolver el tema de las explosiones?, ¿fabricando culpables, sin mas fundamentos que el hecho de que el indiciado haya asistido hace cuatro años a una marcha en contra de las corridas de toros?

“Con la detención de Ramsés ya demostró su incompetencia e ilegalidad, procurador. ¿Ahora se va a desquitar con Víctor Cilia Ocampo?, ¿va a tomar como rehenes a nuestros otros hijos, o a todos los universitarios?”

http://www.radioformula.com.mx/personalidades/audio_notas/5504/

http://javiersolorzano.radiotrece.com.mx/?s=ramses+villareal

La represión genera más inconformidad...

Sindicatos y seguridad nacional
Carlos Montemayor
Sábado 10 de octubre de 2009

Cartón: Helguera

A menudo los gobiernos mexicanos traducen toda movilización popular como manipulación y toda solución como represión. Este rasgo, típico de viejos gobiernos priístas, se ha agudizado en la administración de Felipe Calderón. Seguridad Nacional podría ser uno de los contrapesos naturales para medidas gubernamentales desprovistas de una ponderación social; podría generar una útil información de vastos alcances políticos de reconocer que no deben desdibujarse las condiciones sociales que las acciones gubernamentales producen. No debe ser un apoyo para el endurecimiento público, sino un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen medidas gubernamentales de índole política o económica que puedan estar poniendo en peligro la seguridad del país entero. Creer que detrás de todo movimiento campesino o urbano, que detrás de todo descontento social, hay un grupo que manipula y que explica a satisfacción el descontento social o sindical, sin suponer que hay errores graves en la conducción política o económica del país, es un error de seguridad nacional.

Si Seguridad Nacional cumpliera a cabalidad su función, incluiría la detección de los posibles detonantes de la inconformidad social, detonantes que podrían abarcar desde decisiones del Presidente de la República hasta decisiones del agente del Ministerio Público presionado por el poder o el soborno. Las tareas de Seguridad Nacional no implican, como quizás desean algunas autoridades, que sus reportes confirmen que sólo aquellos pobres, indígenas o sindicatos insumisos tienen la culpa de la catástrofe del país.

Desde 2007 se inició un gran despliegue militar en muchas zonas rurales y urbanas del país en una lucha aparentemente a fondo contra el narcotráfico. Sin embargo, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Tamaulipas los contingentes del Ejército estuvieron operando como fuerzas de reacción, sin un plan de inteligencia. En regiones de Guerrero o Oaxaca se efectuó un desplazamiento encubierto del Ejército para hostigar a bases sociales inconformes o a bases posibles guerrilleras. En esta lucha contra el narcotráfico en zonas rurales de Guerrero o de Chihuahua el Ejército mostró un comportamiento igual al de la guerra sucia de los años setenta en perjuicio de la población civil; es decir, el terror, la tortura, las desapariciones forzadas de personas, se convirtieron en rasgos característicos de una búsqueda de información que los servicios de inteligencia no podían obtener por otras vías más acordes con una estrategia que pudiéramos llamar, precisamente, inteligente.

La insuficiencia estratégica y operativa en los servicios de seguridad nacional se deben a un error de análisis, pero también se acentúan por el sometimiento de las funciones de Seguridad Nacional a los intereses políticos de los grupos de poder en turno.

Las medidas represivas policiales o militares no siempre han logrado frenar los movimientos populares de inconformidad social. El 18 de mayo de 1967, en Atoyac, en la sierra de Guerrero, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese año, en agosto, la masacre de veintisiete copreros en Acapulco desencadenó las acciones de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La represión policial y militar desplegada del 26 al 29 de julio de 1968 no frenó las pugnas estudiantiles, sino que dio origen al movimiento estudiantil de 1968. La represión del 10 de junio de 1971 en la ciudad de México y en el estado de Nuevo León no detuvo la inconformidad popular; por el contrario, provocó el surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), organización esta última que en las décadas finales del siglo XX aportó la base de trabajo de la que surgió en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La respuesta a la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, en Guerrero, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. Posiblemente conectada con el conflicto social de Oaxaca del año 2006, la desaparición forzada el 25 de mayo de 2007 en perjuicio de dos militantes eperristas, Eduardo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, provocó devastadores atentados del EPR a oleoductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato los días 5 y 10 de julio de ese mismo año.

Ahora, con el país vuelto al revés por una lucha contra el narcotráfico mal conducida y sin salida; con la economía en recesión y un proyecto de egresos para 2010 sin seso y sin corazón, el ataque abierto al Sindicato Mexicano de Electricistas, en medio de la complaciente alianza con lacras sindicales del magisterio, Pemex y del Congreso del Trabajo, es un peculiar alarde del “poder del Estado”. No se escatima esfuerzo por apartar la inteligencia y la Seguridad Nacional de las decisiones políticas. No se escatima esfuerzo por alejar la paz y la justicia social en el presente y en el futuro inmediato del país. Difícil entender por qué al gobierno federal le bastan las campañas mediáticas y no los análisis de inteligencia. ¿Una nueva visión de Estado? ¿Una nueva demostración de que el Estado se derrumba?

Si no es por las buenas, será por las malas...

Fuerza e ilegalidad

Editorial de La Jornada del Domingo 11 de octubre de 2009

Mal andan las cosas en Los Pinos para que hayan decidido, al más viejo estilo priísta, escenificar un bochornoso sabadazo, asaltando con miles de agentes de la Policía Federal las principales estaciones y subestaciones de Luz y Fuerza del Centro. Con esa medida, el Ejecutivo federal da una muestra cabal de su talante dialogador y asume íntegramente la actitud ilegal y golpeadora del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Más de una hora después del asalto, la Secretaría de Gobernación anunció la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Así de sencillo.

Más allá de lo que pueda suceder en las próximas horas con el servicio que da Luz y Fuerza del Centro –los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron desalojados de sus puestos de operación–, el asalto de los federales que comanda el hombre fuerte del país, Genaro García Luna, culmina una semana de avalancha mediática que buscaba, precisamente, legitimar un acto ilegal a todas luces.

Se trataba de hacer ver ante la ciudadanía que los trabajadores del SME son una bola de corruptos y privilegiados que someten a la población a un mal servicio y a unos cobros desorbitados. Ciertamente el servicio no es lo bueno que debiera, pero eso obedece fundamentalmente a cuestiones que pasan por la decisión oficial de empobrecer Luz y Fuerza por la vía de dejar en ceros las inversiones. También es verdad que los recibos están, en la mayoría de los casos, fuera de la razón, pero ello no se debe a los electricistas, sino a quienes dirigen la paraestatal.

A la tarea se dedicaron con entusiasmo sin límites leedores de noticias, columnistas y, en general, casi todos los llamados líderes de opinión de prensa, radio-televisión y escrita, personas que en situaciones como ésta asumen una línea informativa sospechosamente coincidente.

Servida la mesa, Felipe Calderón decidió ampliar su guerra al narco abriendo un nuevo frente: los sindicatos rijosos, los que no se pliegan a las necesidades de Los Pinos serán sometidos por las heroicas tropas del general sin estrellas, García Luna.

El mensaje es claro: para los sindicatos cuyos líderes son ejemplo de corrupción sin límites, pero pactan lo mismo con el PRI que con el PAN, la mano tendida y generosa. Para las Gordillo y los Romero Deschamps, reconocimientos a granel por sus servicios a la patria: para los demás, plomo y cárcel.

El jueves pasado, en el contexto de una pacífica y multitudinaria manifestación en defensa de Luz y Fuerza y del SME, los líderes del sindicato fueron recibidos en Los Pinos por Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón. Se abrió ahí un compás de espera mutuamente acordado. Todo resultó ser una gran mentira: la decisión ya estaba tomada antes de que los dirigentes del SME entraran en Los Pinos.

Este sabadazo, que coincide además con el jolgorio popular por el pase del Tri al Mundial de Sudáfrica, despeja cualquier duda sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo con quienes enfrentan sus políticas. Si no es por la buenas, será por las malas. Tal es el mensaje que a partir de hoy locutores y plumíferos del oficialismo machacarán en sus espacios.

Este sábado 10 de octubre pasará a la historia como el día en el que un gobierno de derecha encabezado por Acción Nacional se brincó la autonomía sindical y, de ese modo, dijo al país entero que quien no comulga con sus ideas será combatido con la fuerza de su estado.

Extradición y Ficha Roja

EXTRADICIÓN IMPROCEDENTE
José Enrique González Ruiz en Rebelión
¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!

Una petición inesperada
No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hubiese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Sucumbíos durante el ataque del 1 de marzo del 2008, se maneja como“prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la convertiría en“terrorista” y “narcotraficante”.

La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba viviente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a supervivientes del bombardeo que realizó la aviación del país andino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de –entre otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un Politécnico) pretenden criminalizarla.

Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es este país, que solicitó al gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz argumento de que–con su presencia en Sucumbíos- atentó contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en guerrillero.

De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar la estrategia criminalizadora de Álvaro Uribe (quien pasea su impunidad por los23 asesinados en el campamento de las FARC).

Una solicitud infundada
La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes.

Usan las autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseveración deque Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Estado: a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acceder una novata; y b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército de Colombia.

Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pidió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió.

Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen improcedente la extradición:

1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado en armas, eso tiene un aclara connotación política. Clausewitz decía correctamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente su extradición.
2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl Reyes, comandante delas FARC. El gobierno de México no podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a padecer la tortura.
3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no actuó en nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra la seguridad de ese Estado?

El gobierno mexicano incumple sus deberes legales
En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México –a diferencia del de Ecuador–no ha defendido a sus nacionales demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus cómplices ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco Arzac y Antonio Ortega.

En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió devolver a éste el expediente con la sugerencia de que “perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett.

Una “comedia” de equívocos
Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de equívocos:

a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la prensa al servicio del eje del mal: USA – Colombia – México.
b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en “pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes.
c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecuatorianos“pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos.
d) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país “reportaba” a los militares estadounidenses).
e) La Corte ecuatoriana avaló una solicitud de extradición basada en“argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a un panteón fuéramos muertos.
f) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menéndez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del pueblo mexicano.
g) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso cuchillo de una investigación contra Lucía, con base en recortes de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y Antonio Ortega le presentaron como pruebas.
h) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en ceder porciones de soberanía nacional.
i) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política exterior a la dictadura del imperio del norte.
j) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos del área que se oponen a sus políticas depredadoras.
k) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido como Alto Dignatario.

La batalla será larga, pero al final triunfará la razón.

Ficha Roja

La Interpol vuelve a hacer el juego a quienes persiguen por razones políticas
José Enrique González Ruiz
Rebelión

Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.

La Interpol actúa facciosamente
En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.

Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.

Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.

La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.

Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.

El complicado contexto geopolítico

El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.

Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.

En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.

Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe

A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.

Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.

La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Mano con Mano... depojo y represión.

ENTREVISTA (AUDIO)

En esta entrevista a los compas del Colectivo Extremo Vacio Teatro, de Tampico, nos dan información reciente sobre el caso del desalojo de los colonos de Mano con Mano. Son mas de 700 familias que habitan un predio que les fue cedido legalemente desde hace mas de 15 años, del que ahora el gobierno de Oscar Perez Inguanzo los pretende despojar y desalojar violentamente, y reubicarlos a una localidad a más de 35 kilometros de distancia, alejando a las familias de sus fuentes de trabajo. La colonia se encuentra actualmente rodeada por la policía, y muchas casas ya han sido destruidas.

http://radiodigna.laotraensenada.org.mx/?p=385

Fuente: Enlace Zapatista y JRA

El día domingo 27 de septiembre compas de Derechos Humanos adherentes compas de La Otra Campaña tuvieron acceso y oportunidad de hablar con algunos colonos detenidos y familiares de los mismos en la cárcel de Ciudad Madero y se recabo la siguiente información basada en las denuncias que hacen los habitantes desalojados violentamente de la colonia Mano con Mano:

Hechos:
*Desde el jueves 17 de septiembre del 2009 llegaron funcionarios del ITAVU (Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanización) y empezaron a tirar casas sin orden de desalojo o documento legal alguno. Y desde ese día empezaron las amenazas y el acoso policiaco. Se secuestraron a varios colonos y se golpearon a otros tantos (Erick Vidal Pérez y Filiberto Alvarado Rivera secuestrados por policías metropolitanos, vendados de los ojos y golpeados con macanas y a patadas en un basurero por el único delito de defender la colonia; Alejandro Herrera Vargas lo detuvieron y desaparecieron por varios días por defender a una señora de la tercera edad a quien le derribaron la casa y esposaron, él apareció severamente golpeado y grave por citar dos ejemplos con datos y nombres; se desconoce el paradero de una mujer de nombre Cirila).

*Hubo un uso desmedido de la fuerza policiaca hacía todos los colonos que se encontraban en la colonia Mano con Mano el jueves 24 de septiembre (2009): los que se querían reubicarse, los que no se querían reubicar y los que sólo querían sacar sus pertenencias de las casas que estaban a punto de ser derrumbadas. Cerca de 400 policías (incluyendo a elementos de la PFP) detuvieron sin distinción a hombres, mujeres y menores de edad además de ancianos. A TODOS los trataron con golpes de macanas, patadas y hubo un menor de edad que al ver la violencia se tiró al río para cruzarlo y le dispararon en repetidas ocasiones gritando entre ellos (la policía) que lo mataran. El niño se salvó y fue aprendido y golpeado. Actualmente por ser menor de edad está en libertad.

*La prensa escrita y electrónica que estaba en el lugar se encontraba en el acceso principal donde unos vecinos tenían barricadas para ya no dejarse secuestrar o golpear, de allí se tomaron las fotografías y videos que circularon a nivel nacional de la represión, sin embargo, lo peor ocurrió dentro de la colonia donde no hubo más testigos que las própias víctimas y los policías represores. Allí fue donde se atacó despiadadamente a todo lo que se moviera: a la gente que estaba dentro de su casa, a los que aceptaron la reubicación y se encontraban sacando sus cosas y a los que se encontraban trabajando en el río.

*Hubo muy pocos policías que no querían golpear a la gente y fueron amenazados por los mandos en el operativo y les decían “o les das o te damos a tí cabrón” y todos participaron en las violaciones a los derechos humanos (una mujer policía fue arrestada por desobedecer al mando y no golpear a la gente, y actualmente le dieron una sanción administrativa que consta de 60 días de suspensión de labores).

*Los bomberos de Tampico también fueron a la zona, y en vez de apagar las casas en llamas lanzaron chorros de agua a presión a los colonos que se defendían. A ninguno de los heridos lo atendieron médicamente en el lugar, a pesar que la cruz roja llegó al final.

*El helicóptero que sobrevolaba la colonia recibió la orden por radio de parte de funcionarios de ITAVU para que lanzara bombas incendiarias sobre las casas que quedaban de pie (Gobernador: " ¿cuantás quedan chavo?", Funcionario de ITAVU: "120 señor". Gobernador: "Dales en la madre a todas...", fue la breve conversación por radio para que enseguida el helicóptero lanzara una lluvia de proyectiles incendiarios) . La brutal represión continuaba en las calles de la colonia, en donde arrastraban y pateaban a la gente (incluyendo a mujeres y ancianos) para llevarla hasta las unidades donde fueron trasladados a las celdas preventivas de Tampico y Madero.

Detenidos:

*No sabemos con exactitud cuántas personas fueron detenidas ese día. Se contabilizan más de 80, de las cuales la mayoría ha quedado en libertad.

*Actualmente quedan 27 detenidos:
1.Nora Hilda Molar Narváe. 2.José del Carmen Cruz. 3.Roberto Salazar Pérez.
4.Guadalupe Martínez Martínez. 5.Víctor Teodoro Alarcón Ovando. 6.Rogelio Cruz del Angel.
7.Arturo Castro Godoy. 8.Juan Santiago Pérez. 9.Jonatan Arturo Castro Suárez.
10.Natalio Escudero Balleza. 11.Erik Vidal Pérez. 12.Patricio Zúñiga Castañeda.
13.Gerónimo Cruz. 14.José Hernández Méndez. 15.Diego Cruz Blanco.
16.Martín Felipe Hernández Cruz. 17.Domingo Ávila. 18.Juan Carlos Andrade Nieto.
19.Héctor Gabino Ovando Cruz. 20.Santos Gómez Ramírez. 21.Marcelo Carrier García.
22.Manuel García Rodríguez. 23.Juan Alberto Aguilar Calles. 24.Rafael Antonio Andati
25.Iván Castro Suárez. 26.Dionisio Flores Martínez. 27.Nery Martínez Silverio.
28.José Antonio Hernández Balleza.

Los acusan de motín, ataques a las vías de la comunicación, lesiones, desobediencia a una autoridad, impedimiento de una obra pública, pandillerismo y agresión a funcionarios públicos. Les piden una fianza de 10 mil pesos por persona, pero la mayoría de las víctimas y sus familiares se quedaron sólo con lo que tenían puesto y perdieron todo: dinero, ropa, casa, objetos personales, documentos, calzado, etc. Por lo tanto no tienen ni para cubrir pasajes por ejemplo. Hay cinco personas que acumulan otros cargos inventados y les cobran 27 mil pesos de fianza por cada uno. Cabe de mencionar que todos son incocentes, pero que hay personas que no eran de la colonia y sólo porque estaban cerca del lugar y ser pobres los detuvieron y les inventaron cargos.

*Algunas personas nos indican que llegaron detenidos muy golpeados, con chorros de sangre en la cara que no los reconocieron, incluso se confirmó una persona severamente golpeada de la cabeza que sufrió convulsiones y no se tiene los datos ya que fue sacada de la celda y no sabemos su estado. No localizamos a quien nos pudiese dar más información. Se confirman como mínimo tres personas muy lastimadas: uno con el brazo roto (la radiografía así lo demostraba), otra persona con la muñeca muy lastimada y otro colono con la cabeza rota (tiene 12 puntadas). Los tres están en la celda con los demás, y no reciben atención médica ni medicinas.

*La situación jurídica: el término constitucional para un auto de formal prisión o de libertad es el viernes dos de octubre a las 12 del día.

Denuncias:

*Han amenazado a los colonos para que no digan nada ante los medios de comunicación.

*La policía se encuentra vigilando las 24 horas el predio que ahora contiene puros escombros ya que todas las casas fueron derribadas, saqueadas y quemadas. No hay permiso a nadie (ni medios, ni vecinos) para entrar al lugar.

*Los elementos de la policía metropolitana que se encuentran en dicho lugar se han dedicado a pepenar los escombros para robar los objetos de valor, así como llevarse en las unidades policiacas la lámina galvanizada para ser vendida.

*Algunos que preguntan por la reubicación les han dicho que ya no hay casas y a los detenidos los están obligando a firmar bajo amenazas documentos donde “el gobierno” les ha dado un paquete de ayuda consistente en blocks de concreto, sacos de cemento y unas láminas, todo a pesar de que no han recibido nada.

*No basta con que “detengan” a tres elementos por abusos policiacos, pues prácticamente todos los policías golpearon salvajemente a la gente.

*Los policías en varios momentos expresaron que todo era una orden de arriba, del alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo y del gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores.

*Algunos habitantes de colonias contiguas (sector Moscú y Francisco villa) han sido amenazados por personal del ITAVU de que ahora “siguen ellos” en el sentido de que también les despojaran de sus casas.

*La mayoría de la gente que “reubicaron” cerca del ejido Santa Amalia, (Municipio de Altamira Tamaulipas) no pertenece a la colonia Mano con Mano, sino son acarreados del perredista Ausencio Eng Miranda quien entregó listas con firmas apócrifas al ITAVU y al municipio para avalar la represión, ya que el discurso oficial es sólo eran unos cuantos vecinos los que no querían “reubicación”.

*Cuando realizamos el trabajo al hablar con los detenidos, policías metropolitanos increparon a un compañero y de forma prepotente y sin respetar el gafete de derechos humanos le obligaron a entregar su cámara fotográfica y le borraron todo el material de imagen y video que se había recabado con los detenidos.

Por lo tanto nos pronunciamos:

*Libertad inmediata a tod@s l@s detenid@s

*Castigo a todos los responsables del operativo que saqueo, destruyó y quemó para así borrar del mapa a la colonia Mano con Mano, en especial a los principales culpables: Eugenio Hernández Flores (que dice gobernar a Tamaulipas) y al criminal alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo a quien le urge entregar los terrenos a la sociedad del poder para que haga sus campos de golf y sus atracaderos de yates en el río.

*Indemización y regularizació n a todos los vecinos que fueron despojados de todo lo que tenían.

*Alto a las amenazas a los compañeros de la Otra Campaña.

La Otra Campaña en Tamaulipas.

PD La última info que recabamos con las víctimas es la siguiente:

*Ya salieron libres bajo fianza tres colonos:
28.José Antonio Hernández Balleza.
4.Guadalupe Martínez Martínez.
3.Roberto Salazar Pérez.

*Nos comunican algunos vecinos que a algunos presos los están obligando a firmar papeles en blanco pero se han negado a hacerlo.

*El abogado que llevan no les consiguió una reducción de fianza con el argumento del juez que sin ambages expresó: "si le bajo la fianza a uno le tengo que rebajar a todos y si se la bajo a todos a mi me chingan los de arriba". Estaremos al pendiente de esto.

Nota: El juez es el Lic. Noe Urestí Martínez, teléfono 01 (833) 215 40 66 ext.1626. En el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Juzgado de Primera Instancia de lo Penal. Segundo Distrito, ubicado en calle 1 ro. de Mayo entre Saltillo y Sonora Colonia Lázaro Cárdenas de Cd. Madero Tamaulipas México.

Información de hace rato, de las 2:25pm del lunes 28 de septiembre 2009.

12 Estados, 12 Presos...

Miembros del FPDT se reunen con familiares de víctimas de la masacre de Acteal
Comenzó en Acteal segunda etapa de
Libertad y Justicia para Atenco
Llaman a condenar criminalización de movimientos sociales en el país
Elio Henríquez
Corresponsal
Sábado 12 de septiembre de 2009

Fotos: Blog del FPDT y Campaña Libertad y Justicia Atenco

Acteal, Chis., 11 de septiembre. Con la exigencia de que sean liberados los 12 presos “políticos” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), y que se cancelen las órdenes de aprehensión contra otros dirigentes de esa organización del estado de México, entre ellos América del Valle y Adán Espinoza, comenzó en esta comunidad tzotzil la segunda etapa de la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, que cuenta ya con el respaldo de 217 organizaciones nacionales e internacionales y distintas personalidades.

Coincidentemente, integrantes del Ejército Mexicano y de la policía estatal colocaron un retén en el crucero de Las Limas, paso obligado para llegar a Acteal.

Con sus característicos machetes, “símbolo de trabajo, no de armamento”, los integrantes de la comisión designada por el FPDT para arrancar la campaña llegaron por la mañana a esta comunidad del municipio de Chenalhó para sostener un encuentro con familiares, sobrevivientes y compañeros de los 45 tzotziles asesinados hace casi 12 años.

Una integrante del FPDT leyó el manifiesto en el que afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el pasado 13 de agosto propició la liberación de 20 acusados de haber participado en la masacre de Acteal, Chiapas, “produjo el mismo efecto que las emitidas en el caso de la represión estudiantil de 1968 y 1971, en contra de la reforma indígena, por el caso de Lidia Cacho, el de San Salvador Atenco y otros, que demuestran que las instituciones encargadas de impartir justicia en todos los niveles cumplen el papel de garantizar protección e impunidad a los gobernantes y a sus políticas represivas”.

En el acto, que congregó a más de 100 indígenas, la organización de la sociedad civil Las Abejas exigió al gobierno que “como primera medida precautoria” para evitar más hechos de sangre en la zona, “no libere a los 37 paramilitares que todavía están en la cárcel”, acusados de haber participado en la matanza, y sobre cuyo caso habrá de pronunciarse la SCJN próximamente.

Damián Camacho, uno de los 12 miembros de la comisión del FPDT, explicó que con esta iniciativa “lo que buscamos es un puente de articulación entre la lucha por la liberación de los presos con las luchas locales. La situación que se vive en el país y particularmente en Chiapas es similar a la de Atenco, pero además los de la justicia, de derechos humanos y libertad de presos políticos no son los únicos importantes, y de ahí la necesidad de impulsar y visibilizar otros esfuerzos, como la lucha contra las altas tarifas de luz”, agregó.

Dijo que la primera etapa de la campaña, que comenzó en febrero y terminó en mayo, logró su objetivo: “visibilizar a los presos políticos de Atenco”, ya que uno de los riesgos de cualquier lucha atacada por el gobierno es quedarse en el olvido.

El FPDT hizo un llamado “urgente” a la sociedad civil de Chiapas, nacional e internacional, a participar en la segunda etapa de la campaña para demandar la liberación de los 12 presos políticos, detener la persecución política en contra de otros dirigentes y condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.

Simultáneamente a este acto, integrantes del FPDT sostuvieron en Ocosingo un encuentro con familiares de presos, y por la noche se efectuó un foro en San Cristóbal de las Casas

Más notas sobre los encuentros entre el FPDT y las comunidades zapatistas:

http://www.jornada.unam.mx/2009/09/14/index.php?section=politica&article=013n1pol
La lucha por la libertad de sus presos, tema central de la gira de atenquenses
Abreva el FPDT en la vida zapatista en intenso encuentro en el caracol de Oventic
Hermann Bellinghausen

http://atencofpdt.blogspot.com Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

http://www.atencolibertadyjusticia.com/new/ Campaña por la libertad de los presos de Atenco

http://www.atencolibertadyjusticia.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=194:convocatoria-segunda-etapa&catid=3:newsflash&Itemid=65 Segunda Etapa de la campaña y recorrido del FPDT

Ejército hondureño ataca con gases la embajada de Brasil

Noticias urgentes del Frente de Resistencia a la Golpe en Honduras:

· El ejército ha cortado todas las comunicaciones con la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, se teme por la vida de las personas que están adentro.

· El ejército está atacando con un neurotóxico a la Embajada, hay varias personas sangrando y con nauseas

Desde España se están poniendo en contacto con la FIDH para pedir actuación inmediata.

Prohiben ingreso de Cruz Roja en la Embajada...

http://hablahonduras.com/2009/09/25/prohiben-ingreso-de-cruz-roja-en-la-embajada-brasilena/

Andres Pavon de DDHH de Honduras denuncia impedimentos para el ingreso de atención medica a la Embajada de Brasil

25 de septiembre, 2009 11.35 am

El Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón requirió a un Oficial de la Policía Nacional que deje entrar al personal de la Cruz Roja a quienes se les ha negado el ingreso a la Embajada. El Oficial se negó y dijo que debía ser personal de la Cruz Roja Internacional.

Pavón reportó que en 4 días, desde el lunes; se reportan oficialmente 18 heridos de bala directa, 32 personas lesionadas graves, 70 personas con lesiones leves (toleteadas), 2 muertes calificadas y más de 600 detenidos.

Acciones terroristas de la dictadura política militar
http://hablahonduras.com/2009/09/25/urgente-se-denuncia-guerra-quimica-contra-la-embajada-de-brasil/

Los militares hondureños gasean la embajada donde se refugia Zelaya
http://www.publico.es/255279/lanzan/gases/embajada/brasil/honduras

Rafael Alegría: "Exigimos una acción concreta de la ONU"http://www.publico.es/internacional/255067/rafael/alegria/exigimos/accion/concreta/onu

Estado de la represión en Honduras al retorno de Zelaya.

Minga Informativa de Movimientos Sociales
Brutal represión en Honduras: se reportan dos muertes
*Por parte de las autoridades de facto
Comunicaciones - Vía Campesina en Honduras

Foto: AP

El presidente del Comité para la defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), Andrés Pavón, informó a través de Radio Globo, a las 8:45 de la mañana de hoy Martes 22 de Septiembre del 2009, minutos antes de llegar a la embajada de Brasil para ir a constatar cómo se encontraba el mandatario Manuel Zelaya Rosales y sus acompañantes que se encuentran acorralados en el interior de esta embajada. Entre tanto, ya se reportan dos personas fallecidas, más de 30 heridos y cientos de detenidos, producto de la brutal represión que fue objeto hoy a tempranas horas del día las y los manifestantes de la resistencia que se encontraban afuera de la embajada de Brasil.

El defensor de los derechos humanos en nuestro país hizo un llamado urgente a los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que vengan a Honduras a ver y verificar las constantes violaciones a los derechos humanos de nuestros compatriotas, para que actúen conforme a ley.

Por otra parte, se informó que el estadio Chochi Sosa, ubicado en la colonia Villa Olímpica de la capital, está siendo utilizado por la policía para llevar a los cientos de personas miembros de la resistencia que están siendo capturados. Aún no se ha precisado la cantidad de detenidos, mucho menos los desaparecidos, luego de este otro brutal atentado criminal contra el pueblo hondureño que está defendiendo sus derechos.

Esdras Amado López, periodista de Canal 36 que en estos momentos se encuentra solo funcionando el audio, informó que el ejército hondureño tomó por asalto las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por tanto son muchas las comunidades y municipios que se encuentran sin el servicio de energía eléctrica y sin agua potable; así, este régimen militar tiene sometida a toda una población indefensa.

El abuso de la policía es increible en estos momentos. Muchos ciudadanos están denunciando a través de Radio Globo que la persecución es tanta, que llegan a las casas y no solo están capturando a personas que están cerca de la embajada, pues ya se dispersó la mayor parte de gente; ahora están yendo a barrios y colonias capitalinas, principalmente donde viven maestros y personas de la resistencia para capturarlos. De última hora, se supo que capturaron a la abuela de la resistencia, doña Dionisia Díaz, la anciana de 75 años que desde hace 86 días ha estado apoyando incansablemente, acompañando a la resistencia en las diferentes actividades, y sin respetar su condición de anciana le violentaron sus derechos, le amedrentaron, la llevaron presa no se sabe para donde.

Se informó que una de las personas fallecidas era un empleado del Instituto Nacional Agrario (INA); la otra persona aún no se sabe de quién se trata. También la ciudadanía hondureña está denunciando que muchos de los heridos están siendo sacados por la policía de los hospitales públicos y no se sabe a donde los están llevando. La comunicación esta difícil: los pocos medios que informan a la población, a cada momento son sacados del aire.

La consigna de la resistencia es *PATRIA, RESTITUCIÓN O MUERTE* http://movimientos.org/show_text.php3?key=15686

Más información sobre la resistencia al golpe de Estado en Honduras: http://www.movimientos.org/honduras.php

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La Parota suspendida... no confiarse del Estado

Los de Abajo
Piden no confiar
Gloria Muñoz Ramírez
Sábado 19 de Septiembre de 2009

No deben echarse las campanas al vuelo por haber sido postergada la construcción de la hidroeléctrica La Parota, en el municipio de Acapulco, Guerrero. La suspensión temporal” de los trabajos se debe, según información oficial, a la crisis económica que enfrenta el país. Así es que, por lo pronto, uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio de Vicente Fox no se llevará a cabo, lo cual no indica que esté cancelado ni que el gobierno federal, por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya desistido.

A partir del anuncio de la construcción de la hidroeléctrica se integró el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), movimiento de comuneros de la región que logró, gracias a la fuerza y determinación para defender sus tierras, que pararan los trabajos que la CFE había comenzado. Hoy, luego de que fue anunciada la suspensión, los campesinos llaman a “mantener la vigilancia y a no confiarse”, pues las autoridades de Acapulco insisten en que la obra se reactivará el próximo año, cuando las finanzas nacionales se hayan recuperado.

El multimillonario proyecto de la presa tiene prevista la inundación de 17 mil hectáreas de tierras cultivables de los bienes comunales de Cacahuatepec, localidad ubicada al norte de la zona urbana de Acapulco, con lo que desaparecerían aproximadamente 30 pueblos, 25 mil campesinos serían afectados de manera directa y más de 70 mil de forma indirecta.

El Cecop recibió con escepticismo la noticia de la postergación de las obras (que algunos medios alternativos difundieron, como la “cancelación” de la misma, dando por hecho el triunfo del movimiento). El Consejo advirtió que se trata de un “buscapiés” del gobierno federal, por lo que llamó a la sociedad civil nacional a mantenerse alerta y a los comuneros a no confiarse.

La posibilidad de que los defensores de las tierras “se queden dormidos” después de la noticia, es muy preocupante, pues el propio gobierno ha reiterado que el proyecto no se ha tirado a la basura. De acuerdo con el programa de la CFE, los trabajos deberían haber empezado en abril pasado sobre el río Papagayo, para concluirse el 30 de agosto de 2015, con una inversión de mil 100 millones de dólares.

En 2003, en silencio criminal y sin contar con autorización de las comunidades ni con el permiso de la Semarnat, la CFE ingresó a Cacahuatepec con la maquinaria para ampliar caminos, rastrear, realizar perforaciones y talar árboles. Los gobiernos federal y estatal impulsaron falsas asambleas y hasta falsificaron firmas para obtener los permisos. De nada les sirvió, pues el movimiento en contra de La Parota se consolidó y más de seis años después sigue vigente.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Una posibilidad, un intento... pero no es un fantasma

¿APPO?... ¿APPO?... ¿Cuál APPO?
Gustavo Esteva
MIÉRCOLES 09 de Septiembre de 2009

Sigue corriendo la sangre en Oaxaca. El incidente en San Pedro Jicayán, una agresión priísta a maestros de la sección 22, puso a flor de piel la indignación y aparecieron de nuevo marchas y barricadas para desafiar la impunidad, la represión, la destrucción sistemática del estado de derecho. En el papel, se ganó esta baza. Traicionando a los suyos, el gobierno devolverá 58 escuelas a la sección 22, librará órdenes de aprehensión contra los agresores y desaparecerá poderes en los municipios involucrados.

Todo esto es expresión de la normalidad nacional. Prosigue el dominó invertido, la hipótesis que resolvería el supuesto enigma de la permanencia de Ulises Ruiz. Varios gobernadores y el propio Felipe Calderón se estarían diciendo: si fue posible sostener al impresentable Ulises, cerrando filas con él, será igualmente posible sostenerme…

Nada de eso es novedad. Pero la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ¿qué hay de la APPO? ¿Cuál APPO salió de nuevo a la calle?

Se discute aún si lo ocurrido en 2006 fue mera revuelta popular, que se extinguió, o un movimiento de movimientos que podría reactivarse en cualquier momento.

Fueron las dos cosas. En 2006 estalló el descontento en una erupción espectacular. La represión apagó la erupción, pero el magma volcánico sigue hirviendo en las entrañas sociales y quedan las huellas de la lava que se desbordó en el estallido y se extendió ampliamente.

La revuelta fue expresión de diversos movimientos sociales (los que emergen del tejido social oaxaqueño y las manifestaciones locales de movimientos nacionales e internacionales). Estos movimientos se articulan y desarticulan continuamente, por una variedad de motivos y circunstancias. La de 2006 habría sido una de sus articulaciones más extensas y espectaculares.

Caracterizar a la APPO no es asunto teórico, sino práctico. Desde que nació transcurre en el conflicto entre dos corrientes políticas e ideológicas que se expresan vigorosamente en su seno. Ambas intentan dar a la APPO la configuración y orientación que a su entender son las apropiadas. Y así disputan y conciertan interminablemente acuerdos inestables.

Por éste y otros motivos, la APPO no ha llegado a existir. No es organización ni movimiento. No “somos todos”: ni están todos los que son ni son todos los que están. Tampoco cabe reducirla a sus mecanismos de articulación.

La corriente orientada de forma convencional a la “toma del poder” se enfrentó a cada paso a otra, sumamente heterogénea. Emanada de la experiencia de los pueblos indios, no de un grupo de iluminados, una ideología, un líder o un partido, la unificaban la desconfianza hacia los esquemas cupulares de acción política y las estructuras organizativas verticales y centralizadas, así como un gran desencanto con los procesos electorales, la democracia formal y las instituciones existentes. Intentaba proyectar al conjunto de la sociedad la forma de existencia social y organización política de las comunidades indígenas. Se articuló en torno a la asamblea, la figura que dio nombre a la APPO, pero no la veía sólo como mecanismo de toma de decisiones o ejercicio ritual, sino como componente central de la lucha misma y del régimen político que surgiría de ella: era un dispositivo que evitaba la separación de medios y fines y mantenía el ejercicio autónomo en todo el proceso. Esto planteaba un requerimiento de innovación que no ha podido resolverse, pero ha dado lugar a continua experimentación, particularmente en lo relativo a la tensión y contradicción entre presencia y representación.

La APPO ha sido hasta hoy una posibilidad, un intento. No tiene aún existencia ni realidad. Pero no es un fantasma. A su manera atropellada y dispersa, lo que seguimos llamando APPO expresa el vigor y la vitalidad de una manera de ser y pensar que forma una tendencia política profundamente enraizada en los pueblos de Oaxaca.

Por su origen, como intención y esperanza, la APPO tiende a ser una asamblea de asambleas. Para que lo sea realmente, se necesita primero que las comunidades indígenas, los barrios mestizos y todos los grupos que forman el abigarrado tejido social actual de Oaxaca se constituyan en asambleas capaces de expresar apropiadamente la voluntad colectiva, y que todas esas asambleas se aglutinen en una que las articule democráticamente a todas, conforme al principio del Congreso Nacional Indígena: ser red cuando estamos separados y asamblea cuando estamos juntos, no conforme al principio de representación. En ese camino podrá desaparecer el membrete tautológico, entre otras cosas para contribuir a la reconciliación en una sociedad agudamente polarizada.

Se requerirán aún grandes esfuerzos para que todos los empeños que avanzan en esa dirección se generalicen y para que todos confluyan en la APPO, es decir, que decidan conjunta y simultáneamente darle realidad plena a ese sueño ampliamente compartido.

gustavoesteva@gmail.com

Violencia como control social...

Paramilitarismo
Carlos Fazio
Lunes 07 de Septiembre de 2009

A la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los casos más sonados en estos últimos meses de vértigo en México, son los de la comunidad mormona de Lebarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes “desechables” perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa.

En julio, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Lebarón por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una “policía comunitaria” provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para hacer justicia por propia mano llamó la atención, porque Chihuahua es la entidad más militarizada del país y está virtualmente en estado de sitio. En ese contexto, el 1º de septiembre un comando de cuatro hombres irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los ultimó con ráfagas de AK-47. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en un “semillero” de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados “desechables”. Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de “exterminio”.

El 29 de agosto, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a 10 jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Los sicarios llegaron al tradicional punto de reunión para adolescentes los fines de semana, y sin decir palabra dispararon sus AK-47 contra el grupo. En el lugar quedaron 95 casquillos. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por “escuadrones de la muerte”. Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron “mensajes” adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas de “ratas”.

Ambas matanzas reúnen elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de “jóvenes desechables” por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como “limpieza social”. Con un antecedente adicional: en mayo, un periódico capitalino entrevistó al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. El comando de ajusticiamiento privado actúa desde hace 12 años, y habría surgido del “hartazgo ciudadano” ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. “Hacemos justicia donde el Estado no la aplica.” Una justicia anónima, vengativa, extralegal. Según la fuente, a algunos “monstruos” los alcanza “Dios”. El método puede ser un tiro en la cabeza y “hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle” (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?

El Grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento con tomas fotográficas y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican, entre ellos, la tortura. A él se sumarían Los Linces, Los Matazetas y otros inventos. Marcela Gómez Zalce consignó que Felipe Calderón recomendó en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, por lo que su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización de facto del paramilitarismo. El ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.

Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la “colombianización” de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una “tercera fuerza” que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70 –donde hay entre ellos muchos mandos castrenses y policiales– nutrieron la nueva generación de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.

Continúa el asedio contra las comunidades zapatistas

Amenazan dos fracciones pro gubernamentales: la Aric “oficial” y la Unión de Uniones
Por quitarles un predio, intensifican acoso a bases zapatistas de municipio autónomo
Afectados dicen que el gobierno aprovecha confusión para confrontar a las comunidades
Hermann Bellinghausen
Enviado
Domingo 06 de septiembre de 2009

Ocosingo, Chis. 5 de septiembre. La hostilidad y las amenazas contra las bases de apoyo zapatistas del municipio autónomo San Manuel establecidas en el predio Casa Blanca, entre los ejidos Santo Tomás y Las Tacitas, se agudizaron en semanas recientes, por parte de miembros de dos fracciones pro gubernamentales de la Asociación Rural de Interés Colectivo, (Aric), la llamada “oficial”, y la Unión de Uniones (UU), quienes pretenden despojarlos de las tierras que ocupan.

Recuperadas en 1994 después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y desde 1997 trabajadas por los autónomos, son reclamadas por los oficialistas, quienes argumentan que Casa Blanca fue vendido al gobierno en 1993 por el terrateniente que la poseía. Según zapatistas del municipio autónomo San Manuel, esa venta nunca ocurrió, pero la confusión es aprovechada ahora por el gobierno para confrontar a las comunidades.

Las diferencias que culminaron el pasado primero de septiembre en un “enfrentamiento” entre zapatistas y ariqueros, fueron atizadas –dijeron los primeros– por dirigentes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), procedentes de comunidades ajenas al problema. Proporcionaron armas de fuego a los de Aric, y otras las usaron ellos mismos durante el ataque del día primero. Los priístas de las tres organizaciones casi triplicaban en número a los zapatistas. Y eso que éstos no eran pocos: unos 60.

Ataque previo

Los pobladores ya habían sido atacados un mes atrás, así que los acompañaba una guardia de bases zapatistas enviada por las autoridades autónomas, como suelen hacer cuando hay comunidades amenazadas. Lo han hecho en los casos de 24 de Diciembre, Bolón Ajaw, Agua Clara, Zinacantán y muchos más, en las regiones de las cinco juntas de buen gobierno (JBG).

Estas guardias, que en ocasiones se caracterizan como plantón, o campamento, siempre son civiles y pacíficas. Pero esta es la primera que es agredida por un gran número de personas (unas 150) provistos de machetes, palos y armas de fuego.

Antes y después de los hechos del día primero, los dirigentes de las Aric oficial y Unión de Uniones se dijeron partidarios del diálogo con los zapatistas, pero nunca lo intentaron. Según declaró ayer la JBG de La Garrucha, “estaban diciendo que quieren dialogar pero sus gentes nunca dejaron de provocar, quiere decir que los dirigentes no tienen control de sus gentes”.

Sin fundamento alguno, han dicho a la prensa local que el “responsable” de la violencia en Santo Tomás es “el Frayba”, siendo que este centro de derechos humanos llegó por primera vez a la zona después de los hechos del pasado martes, como parte del grupo de organismos civiles que acudió al lugar, a la vez que representantes del gobierno y los dirigentes de las Aric, para gestionar la liberación de siete indígenas zapatistas detenidos y torturados en el ejido. Dichas “declaraciones” parecen más bien elaboradas en alguna oficina de gobierno o de inteligencia, pues es la tónica últimamente en columnas periodísticas y boletines oficiales.

La JBG identificó a “los malos dirigentes y los meros provocadores” de las Aric y de Opddic. Entre los primeros, César Ruiz Mendoza, Jacinto Hernández Gómez, Feliciano Ruiz Santiz, Francisco Clara Méndez, Mario Ruiz Santiz y Juan López Gómez, todos de Santo Tomás. El líder de Opddic, Caralampio Álvarez Gómez, fue el principal instigador de la violencia, según testimonios de los zapatistas. Y con él, Mariano Ruiz Toledo, Benito Álvarez Gómez, Vicente Álvarez Gómez, Luis López Hernández, Martín Santiz Gómez y Roberto Santiz López.

La agresión del día primero se dio en varios sitios, pues fue en realidad una persecución contra los autónomos, a quienes habían rodeado. Allí resultó muerto Manuel Santiz Clara, de la Aric UU, y hubo 16 heridos zapatistas y ocho de Aric y Opddic. Todos los indicios muestran que los autónomos, impedidos para huir, debieron defenderse de los balazos, machetazos y garrotazos de sus atacantes.

Qué pasa por las calles de Honduras...

A 68 días de lucha:

Centrales obreras hondureñas acuerdan nuevo paro nacional
Comunicaciones - Vía Campesina en Honduras

Hoy amanecieron en paro de labores las empresas estatales como: la empresa Nacional de energía eléctrica (ENEE), El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y otras empresas más del Estado, cuyos empleados están afiliados a las tres centrales obreras que hay en el país, para participar en las protestas de la resistencia.

Los empleados que mantienen tomadas estas instalaciones expresaron que están siendo seriamente afectados por las autoridades que nombró este gobierno de facto de Roberto Micheletti, pues están despidiendo a muchos empleados que laboran desde hace muchos años y están contratando nuevos empleados recomendados por estas nuevas autoridades de facto que está manejando la empresa del pueblo.

Por otra parte, todo el pueblo hondureño está a la expectativa de los resultados de la reunión que sostendrá el presidente Zelaya en Washington con la secretaria de Estado Hillary Clinton. Lo que espera la resistencia es que este país del Norte reconozca de una vez por todas el golpe de Estado que se le dio al pueblo hondureño el 28 de Junio del presente año y les impongan medidas drásticas a los golpistas para que abandonen el poder lo más pronto posible.

La protesta de hoy Jueves 3 de Septiembre de 2009, fue multitudinaria ya que se incorporaron los maestros y muchos empleados públicos que acordaron no laborar durante dos días para participar en las actividades del frente de resistencia contra el golpe y darle más fortaleza a este movimiento que surgió para defender los derechos de los ciudadanos honestos y que se oponen a este régimen de facto que nos han impuesto.

Lo importante de mantener las protestas permanentemente por parte del frente de resistencia, según sus dirigentes, es que cada día la resistencia contra el golpe de Estado incrementa y se expande por todo el país. Son muchas las personas que cada día integran al frente de la resistencia a nivel nacional.

El frente de resistencia contra el golpe de Estado, en los últimos días, ha estado implementando nuevas estrategias para atraer a más simpatizantes. Una de las estrategias es visitar barrios y colonias para informarles a los ciudadanos lo que está pasando en el país. Es curioso observar cómo en las colonias más pobres, es donde se incorpora la mayor parte de pobladores a las marchas y muchas amas de casa salen de sus casas a saludar a los manifestantes y a expresarle su apoyo a la resistencia. Son muchos los ciudadanos que están interesados en formar parte del frente de resistencia, pero que por alguna razón no se habían incorporado a la lucha; pero al visitarles en sus colonias, se motivan y se unen a la lucha.

El panorama cambia cuando en las protestas se visitan las colonias de clase alta, donde vive la oligarquía. Sus pobladores cierran las puertas de sus hogares. Además, estas zonas permanecen totalmente militarizadas. Muchos de los pobladores no salen, solo observan por algunos lugares no visibles, pero de igual forma, el mensaje de concientización se les está llevando a ellos también.

En otras noticas hoy, en horas del medio día, se informó que el gobierno de Estados Unidos suspendió toda la ayuda no humanitaria a Honduras; además el gobierno estadounidense no reconocerá a las personas que resulten electas en Noviembre de este año en Honduras en las elecciones generales, por proceder de un gobierno de facto, ya que esto significaría reafirmar a Roberto Micheletti en el poder. Se esperan en las próximas horas más represiones contra este régimen golpista.

A 68 DIAS DE LUCHA, AQUI NO SE RINDE NADIE

Acteal. Los rastros de la impunidad exhibidos

Regreso a Acteal: la huella de Zedillo
Luis Hernández Navarro
Martes 01 de septiembre de 2009

No es sopechosismo. Es el peso de las evidencias. Después de muchos años en que la matanza de Acteal se encontraba en el limbo político y jurídico, súbitamente el caso se comenzó a volver un tema de la agenda política nacional a partir de los comicios presidenciales de 2006. De manera simultánea, se trató de rescribir la historia del crimen de Estado para exculpar ante la opinión pública a sus responsables intelectuales.

La secuencia de los hechos es incontrovertible. Primero se firmó una alianza en 2006 para apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón y la asociación política Encuentro Social. Punto central de ese pacto fue “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.

Segundo, el dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicó dos artículos en la revista Nexos, que fueron el banderazo de salida en la empresa de construir una nueva versión de la masacre. Casi un año después, la misma revista divulgó, como parte de su proyecto revisionista, una nueva crónica de los hechos.

Tercero, en diciembre de 2006 el CIDE informó que había asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso.

Cuarto, el 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de 20 de los paramilitares culpados del crimen, porque no se les siguió debido proceso.

Uno de los actores claves de esta historia es Hugo Eric Flores. En 1999 fue asesor del presidente Ernesto Zedillo, señalado como principal responsable intelectual de la matanza. Aunque él lo niega, en ese mismo año ofreció a los abogados de los presos interceder ante el mandatario y su secretario particular.

El 17 de agosto de 2009, el dirigente de Encuentro Social dijo, en entrevista con Carmen Aristegui, que su interés por el caso de Acteal proviene de una visita que realizó en el año 2000 a la ermita donde se produjo la matanza. En ella el pastor evangélico Manuel Arias le informó que personas inocentes se encontraban presas por el crimen, y él se percató de que las tablas del templo no tenían impactos de bala y supo que no habían sido cambiadas. Allí le nació el interés de investigar y documentar con pruebas periciales si había sucedido lo que se dijo que pasó. A partir de entonces se comprometió con la defensa de los presos.

Flores Cervantes aseguró a Aristegui que él nunca trató el asunto de Acteal con el presidente Zedillo. “¿Alguna vez conversaste con Ernesto Zedillo sobre el tema antes, durante o después de tu decisión de investigar el caso?”, le preguntó la periodista. El respondió: “nunca”. Y aseguró que tampoco trató el asunto con algún miembro del gabinete.

Arturo Farela Pacheco tiene una versión radicalmente distinta de los hechos. Y las pruebas que la demuestran. Afirma que, desde 1999, Flores Aguilar se involucró en el tema siendo asesor de Zedillo. Así lo dijo el 24 de agosto de 2009 en el programa Relieves, de Radio Educación, conducido por Lenica Ávila. El licenciado Farela sabe de lo que habla. Fue integrante del equipo jurídico de la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas Cristianas (Confraternice), abogado de los presos acusados de ser responsables de la matanza entre enero de 1999 y 2003 y una de las figuras relevantes de este caso.

De acuerdo con su testimonio, en los primeros meses del último año de la administración de Zedillo, Hugo Eric Flores se acercó al despacho de la confraternidad para preguntar sobre el caso Acteal. “Estaba enterado –narra– que el despacho de Confraternice llevaba la defensa. Le explicamos una serie de violaciones al procedimiento, abundantes, y nos pidió que le hiciéramos una especie de síntesis para llevarla a Ernesto Zedillo. En ese entonces Hugo Eric era su asesor. Desde luego que nosotros de inmediato accedimos a entregarle tres o cuatro carpetas donde venían enlistadas, detalladas, especificadas las violaciones al procedimiento. Él las recibió y dijo: ‘de inmediato se las hago entregar al doctor Zedillo y, a su vez, también, a Liébano Sáenz’. Tengo entendido que él nos dijo que ése fue el conducto por el que llegó él a ser asesor de Ernesto Zedillo.”

Confraternice dio a Flores Cervantes los documentos. Con frecuencia los abogados le preguntaban si ya lo había consultado. Y, según Farela Pacheco, Hugo Eric Flores “dijo que sí, que el doctor Ernesto Zedillo sí recibió las carpetas que nosotros le entregamos con todas las violaciones al procedimiento, pero que al final prefirió ya no tocar el asunto porque estaba a punto de entregar la presidencia. Así fue como sucedió. Finalmente, la información que le entregamos le fue útil, en parte, para lo que publicó en su libro”.

En dos ocasiones previas a la intervención del CIDE, la Suprema Corte fue requerida para que atrajera el caso. El 16 enero de 1998, la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta presentó la primera solicitud de atracción; un mes después fue rechazada. Más adelante, a raíz de un amparo y de una revisión de éste, Confraternice llegó a la Corte y solicitó la atracción, argumentando violaciones al procedimiento penal que obra en actuaciones. La petición fue nuevamente rechazada.

El CIDE reconoce que quienes involucraron a la institución en la defensa de los presos de Acteal fueron Hugo Eric Flores y Alejandro Posadas, pero asegura que no se enteraron de la alianza de ellos con Felipe Calderón “hasta tiempo después” (La Jornada, 28/8/08). O sea, que en el mejor de los casos, los directivos del centro de investigación de excelencia ni leen los periódicos ni son capaces de medir el impacto político de las aventuras en las que se (o los) embarcan.

Quienes defienden el comportamiento del CIDE y de la Corte en el caso de la matanza de Acteal y la liberación de los asesinos aseguran que su actuación se rigió conforme a derecho. Niegan el sesgo político del caso. Dicen guiarse por una ley que, como dijo Anatole France, “en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.