A diez años. Una mirada en el presente Parte 6

UNAM: regresa el cobro de cuotas
Autor: Paulina Monroy
19 Abril 2009
Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009

A 10 años de iniciada la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan los cobros y la falta de representación.

De las exigencias de los estudiantes agrupados entonces en el Consejo General de Huelga (CGH), ninguna se ha cumplido a cabalidad: abrogación del Reglamento General de Pagos, desmantelamiento del aparato policiaco, derogación de las reformas de 1997 a los reglamentos de inscripción y exámenes y realización de un congreso democrático y resolutivo.

Valeriano Ramírez, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, advierte que las debilidades de la máxima casa de estudios del país, identificadas desde 1986, siguen vigentes. Describe que luego de la campaña de desprestigio contra la institución, hace una década, fue necesario replantear un nuevo proyecto educativo.

En ese contexto se definieron tres puntos medulares por analizar: la vinculación entre los bachilleratos y la licenciatura, la gratuidad de la educación superior y la politización de los estudiantes.

Lejos de los pagos que se pretendían imponer en 1999 –inscripciones por 20 salarios mínimos para licenciatura y 15 para bachillerato–, actualmente existen cuotas que se elevan 21 veces más por maestrías y diplomados, aun cuando, advierten especialistas, ello contraviene el artículo tercero constitucional y los propios acuerdos firmados en el año 2000 por el entonces rector Juan Ramón de la Fuente.

Según alumnos y docentes, existen grupos de choque en la máxima casa de estudios, mientras que se hostiga y reprime la lucha estudiantil a través del Tribunal Universitario. También advierten la falta de representatividad de la comunidad estudiantil en las decisiones del Consejo Universitario.

Las cuotas en posgrados

El Reglamento General de Pagos, vigente desde 1966, no define cuotas para maestrías. Sólo establece que los pagos para cursos especiales o de graduados serán propuestos por los directores de facultades o escuelas, previa aprobación del Patronato y la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario.

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) cobra, por sus maestrías en administración, finanza y auditoría, 20 salarios mínimos diarios vigentes (SMV) por concepto de “proceso de admisión” (alrededor de 1 mil 100 pesos), 20 más por “inscripción semestral” y otros 20 por cada asignatura que el alumno quiera cursar. Esas cuotas deben ser cubiertas también para los cursos propedéuticos en administración, economía, derecho, contabilidad y matemáticas, “recomendados” por la dirección a los aspirantes a posgrado.

El pago total por maestría asciende así a 23 mil 16 pesos con el SMV para la zona geográfica A. En tanto cada uno de los 18 diplomados, con opción a titulación, cuestan 9 mil pesos, así como los tres diplomados impartidos en línea.

Sin especificar qué cuotas deberán ser cubiertas para el doctorado en ciencias de la de administración, la página de internet de la facultad sólo indica que el costo por proceso de admisión, que no es reembolsable, es también de 20 salarios mínimos; para extranjeros el precio se eleva a 60. Lo mismo sucede con las cuotas para las especialidades en alta dirección, fiscal, dirección en recursos humanos y mercadotecnia.

Hugo Aboites, doctor en educación por la Universidad de Harvard, señala que desde el punto de vista constitucional las cuotas son ilegales. “No sólo eso, también violenta el paquete propuesto por el exrector De la Fuente en 2000 y aprobado por el Consejo Universitario para remediar la huelga”, apunta.

El especialista en temas de educación y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana refiere que en esa propuesta se cancelaba el aumento de colegiaturas: “Por dos razones estas cuotas que se cobran a nivel de posgrado caerían en la ilegalidad. El posgrado es parte de la vida universitaria, no es impartido por ninguna otra institución. En ese sentido, se trata de educación superior pública y autónoma”.

El también miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa opina que la necesidad de especialización se está convirtiendo en un requisito laboral: “Lo que era la educación elemental a principios del siglo XX, ahora es la superior; así, el posgrado es ahora lo que la secundaria entonces”.

El autor de Viento del norte: TLC y privatización de la educación superior en México sugiere que el Reglamento General de Pagos también es ilegal, pues así sean 20 centavos de inscripción, es un cobro a la educación pública y atenta contra la Constitución. “Las cuotas no tienen efectos en la institución, financieramente hablando, porque se ha visto en otras universidades que cobran colegiaturas muy altas y que éstas representan un porcentaje muy pequeño de lo que requieren las instituciones”.

A su parecer, los argumentos sobre la necesidad de fondos que tiene la universidad carecen de fundamentos. Indica que los pagos por servicios educativos no son una fuente sustancial de ingresos, pues se necesitarían colegiaturas de 30 o 40 mil pesos semestrales para que tuvieran un impacto importante.

Califica como un abuso el hecho de que algunas facultades cobren por impartir maestrías: “Es necesario que cada facultad defina el alcance del mandato constitucional o el alcance del Consejo Universitario. Es responsabilidad de los directivos dictar una política conjunta.

Hay un vacío, que no debería existir, de definición clara e institucional respecto del propio acuerdo del Consejo Universitario, pues es algo que los propios universitarios concertaron”.

La Ley Orgánica de la UNAM en su artículo primero enuncia que la máxima casa de estudios es una “corporación pública –organismo descentralizado del Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad”.

Abuso en cobros

Leslie Castillo Cruz estudia el primer semestre de informática en la FCA de la UNAM. Comenta que sus compañeros han pagado más de 100 pesos de inscripción por ignorancia, pues, al momento de ingresar, las autoridades les piden el recibo del banco, “y ellos no saben que pueden hacerlo directamente en cajas”. Explica que las autoridades cambian, incluso, las fechas de cobro para obligar a los alumnos a concluir el trámite en el banco.

Como requisito para su licenciatura, Leslie deberá cubrir una cuota de 1 mil 500 pesos al semestre por concepto del idioma inglés. Deberá alcanzar un nivel de comprensión y traducción de textos y tendrá que pagar seis niveles para lograrlo. Y por las clases de boxeo que desea tomar, deberá pagar una donación “voluntaria” de 400 pesos.

Leslie tendrá que pagar un curso en Visual Basic, pues tiene dificultades con el programa y no está tan adelanta da como sus compañeros. Su maestro le indicó que el curso se imparte en la Facultad de Ingeniería. Si lo pagara en una sola exhibición, por semestre desembolsará 1 mil pesos; si lo hace cada mes el costo se eleva hasta 2 mil pesos: “Son áreas que tendrían que enseñarte aquí, desde lo más básico y llevarte paso a paso”.

No puede siquiera pensar en ahorrar para el proceso de titulación, cuando su carrera como profesionista no sólo le exige estar titulada, sino tener un posgrado o especialidad para poder acceder a un mejor salario. Expresa que “es frustrante que por factores económicos no puedas dar ese salto a la profesionalización”.

La alumna no ve reflejadas las percepciones por cuotas en mejoras para la facultad; por el contrario, observa que los salones son insuficientes, pues hay hasta 60 alumnos tomando clases de pie en las aulas.

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